Las comunidades Garífunas en la costa caribe de Honduras vienen siendo abandonadas, especialmente la juventud y niñez, que han emprendido el incierto camino hacia “el norte”, generando un vaciamiento de los territorios, ante la severa crisis que afecta el país.

Mientras tanto la administración Trump y su política de “cero tolerancia”, ha dado lugar al surgimiento de campos de concentración y a la separación de miles de hijos de sus padres, hasta el punto que se desconoce el paradero de más de 2400 menores de edad.

A casi diez años del golpe de estado de 2009, Honduras se encuentra bajo una nube permanente de gas lacrimógeno con la cual el cartel que controla el Estado pretende disipar su irremediable fracaso; siendo su único sostén el apoyo irrestricto que viene brindando la administración de Donald Trump.

En los últimos diez años, el Estado ha sido saqueado por los políticos y sus allegados, los que se han dedicado a legislar para conculcar de derechos y repartirse el botín. Mientras tanto la pobreza se ha disparado al mismo tiempo que las reformas neoliberales de rigor, vienen privatizando las instituciones demolidas; por otro lado se coloca la biodiversidad y el territorio nacional en subasta, a través de las “ciudades modelo” (ZEDE).

La atomización de los títulos comunitarios, impulsada a través de las municipalidades y avalada por los juzgados, ha sido uno de los catalizadores del incremento de la pérdida del territorio ancestral; situación que sumada a la taza de un 90% de desempleo en las comunidades Garífunas, forman un sombrío coctel, dando lugar a un enorme incremento de la migración, por no decir estampida.

El corredor de la costa caribe, se convirtió a partir del golpe de estado en un feudo de diferentes capos, que asociados con los amos de las administraciones gubernamentales de turno, se apoderaron de los organismos de seguridad, de las municipalidades y del sistema de aplicación de justicia. La violencia se convirtió en una forma de control social administrado por el crimen organizado, situación que ha culminado con una estampida generalizada.

Además de las precarias condiciones de país, existe el catalizador de las redes sociales, que conducen a un contagio social, que predispone a un éxodo que se viene dando en grupos, sin alcanzar la notoriedad de las caravanas mediáticas del año pasado.

Si bien los Garinagu poseemos un bagaje cultural de pueblo horticultor recolector, que nos predispone a la migración, la estampida que se dio desde finales de 2013 a mediados de 2014, fue como un ensayo del éxodo que enfrentamos este 2019.

Todo parece indicar que es la misma administración Trump con su apoyo incondicional al actual gobierno de Honduras, el que ha venido promoviendo y manipulando el éxodo, con propósitos electorales tal como sucedió con la caravana hondureña, surgida previa a las elecciones de término medio.

La política de tolerancia cero de Trump que ha causado la separación de miles de progenitores y sus vástagos, ha generado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, las que no llegan a tener la cobertura de las caravanas mediáticas, pasando desapercibidos los campos de concentración en que son internados sobre todo los menores no acompañados.

El pasado mes de mayo, fueron detenidos 11,507 menores no acompañados. La cifra da lugar a pensar, que este año el número de menores no acompañados superará a los más de 70,000 detenidos en el 2014, cuando se dio lo que se puede denominar la primera cruzada. Si bien para el 2015 la cifra descendió, es a partir del año pasado que se dispara la detención de menores, en su mayoría provenientes de los países centroamericanos.

La detención de ilegales en Estados Unidos se ha convertido en un gran negocio para las compañías privadas que cobran cantidades exorbitantes al gobierno estadounidense. La cifra de 750 dólares diarios por cada detenido en el Tornillo -infame campo de concentración, localizado en Texas, y que fue clausurado a finales del año pasado, es una muestra del lucrativo negocio. En la actualidad hay más de 15.000 menores detenidos por el ICE, a los cuales les espera la deportación tan pronto cumplan los 18 años.

El éxodo masivo en Centroamérica es provocado por la violencia estructural en la que mucho tiene ver los organismos de seguridad y carteles del crimen organizado, los que cada se parecen más. El estrepitoso fracaso de la guerra contra las drogas es demostrado por la simbiosis existente entre partidos políticos, maras (bandas) y carteles, los que se han encargado de socavar la incipiente democracia que existía en los países del Triángulo Norte.

En la actual reclasificación promovida por el emperador Trump, Honduras pasó de república bananera a país “shit hole”, y es de suponer que, para el actual emperador, las hordas de migrantes desesperados no llegan a la condición de humanos, sin embargo al final de cuentas “la crisis en la frontera” se ha convertido en un pingue negocio para sus allegados.

Es importante tener en cuenta que el triunfo electoral de Trump en 2016, en cierta medida fue inspirado por Steve Bannon y el alt right, que despertaron el recóndito racismo existente entre la futura minoría blanca, dando lugar a un rechazo al otrora alabado multiculturalismo.

El “tambaleante” gobierno de Honduras logra mantenerse en el poder, ante la enorme militarización a la que ha recurrido, con el apoyo estadounidense y su nuevo e íntimo socio, Israel, a través de su cuestionado y demandado presidente Benjamin Netanyahu.

El arsenal israelita que incluye helicópteros, aviones de combate, drones, globos y app de espionaje, además del supuesto arribo de tropas que no son precisamente utilizadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino para amedrentar un pueblo desesperado que se enfrenta con una dictadura represiva que ha desmantelado la institucionalidad del país.

La Ceiba 20 de Junio del 2019

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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