El debate sobre la reforma constitucional ha levantado voces desde distintos ángulos políticos. Se han hecho presentes la visión de los empresarios, de los políticos, de la juventud, de la comunidad de la diversidad sexual y los fundamentalistas religiosos señalando sus preocupaciones o presentado sus demandas.

Algunos presentan su opinión sobre cuál sería la mejor fórmula para hacer realidad la reforma constitucional. Ese es el caso del artículo del Roberto Alfaro E. “Reformas: paralela u originaria.” (La Prensa, 29 de diciembre de 2019, p. 8A).

El autor del artículo opina que “existe un grupo de ciudadanos organizados en asociaciones, sindicatos y federaciones de corte socialista que protestan y exigen con vehemencia realizar una “Constituyente Originaria”, que en la actualidad no está contemplada en nuestra Constitución y sería, por tanto, inconstitucional tratar de imponer esa clase de reformas. Su propuesta radica en modificar totalmente la Constitución para cambiar nuestro fracasado sistema “neoliberal” de libre empresa y de respeto por la propiedad privada, por uno de mayor control del Estado, y de expropiación de industrias, fincas, medios de comunicación y empresas privadas”.

¿De qué documento, entrevista pública o cualquier otra fuente se informó el señor Alfaro para sostener sus opiniones? Durante el presente debate nacional sobre la reforma, ninguna de las organizaciones populares o sociales ha hablado de “expropiación de industrias, fincas, medios de comunicación y empresas privadas.”

Las demandas que han presentado las organizaciones populares y sociales del país están dirigidas a que el Estado deje de ser el botín de guerra política de la partidocracia y las élites económicas pasada las elecciones generales. La búsqueda de una mayor democracia que quiebre y cambie la institucionalidad pública plagada de corrupción y favoritismo para las élites políticas y las familias pudientes del país, garantizar derechos económicos y sociales para la población y una institucionalidad que otorgue bienestar a todo nivel.

Treinta años después de la llamada “vuelta a la democracia” la economía de libre mercado lo que ha logrado es más desigualdad social, más pobreza, más inseguridad, más violencia social, más destrucción ambiental. Esta realidad es la que el señor Alfaro quiere cubrir con el manto de la falsedad ideológica de sus opiniones.

Si hay una gran y real preocupación nacional sobre la reforma constitucional por parte del pueblo panameño, no es la de que se va a instaurar el “socialismo del siglo XXI” sino que este refleje la gran aspiración nacional de que los derechos económicos y sociales de la población serán reconocidos y reflejado en su articulado, es decir, que tengan rango constitucional.