Los intereses económicos del imperialismo, las transnacionales mineras y petroleras, la burguesía comercial, bancaria y las oligarquías locales, impulsores del Golpe de Estado cívico-político-policial-militar del pasado 10 de noviembre en Bolivia, han comenzado a implementar el plan de subasta de los recursos naturales, las empresas nacionalizadas y recuperadas y desmontar la industrialización del gas y el litio en el marco de la liberalización conservadora en la que coincidieron de facto los sectores acomodados y medios de las ciudades, incluida la izquierda cipaya, para frenar el proceso de liberación nacional implementado en los últimos catorce años.

Si bien existieron limitaciones, contradicciones y problemas en los ritmos y profundidad en el proceso nacionalista y antiimperialista encabezado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), los movimientos sociales populares y Evo Morales Ayma, los avances de independencia y soberanía, de control de la economía boliviana con un éxito de crecimiento económico promedio del 5% anual del PIB, de integración latinoamericana y bolivariana, de redistribución de la riqueza, de retroceso del racismo, la pobreza, la marginalidad, la discriminación, la desigualdad, la exclusión y de avances de la democracia participativa y deliberativa han sido fundamentales y se han encarnado en el pueblo boliviano.

La liberalización de la economía boliviana ha sido la consigna de las principales autoridades del gobierno de facto y de los dirigentes políticos que han impulsado y ejecutado el Golpe de Estado, en desmedro del fortalecimiento del Estado Boliviano como gestor, impulsor y ejecutor del proceso de independencia económica que vigorizó el mercado interno y estableció el modelo nacionalista del capitalismo de estado para asegurar un proceso de desarrollo liberador y con alto grado de autonomía ante las presiones y crisis internacionales del capitalismo mundial.

Hidrocarburos y litio en riesgo

En el sector petrolero, el más importante y sostén de la economía nacional en los últimos quince años, nacionalizado el 1 de mayo de 2006 por el presidente Evo Morales y el Ministro de Energía e Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, el actual Ministro del sector, Victor Hugo Zamora, ha anunciado el pasado 11 de febrero que cambiarán las reglas de juego dando mayores “incentivos” a la inversión extranjera (léase transnacionales) a través de una nueva ley ya que “la nacionalización de los hidrocarburos tuvo un efecto perverso para el país porque se ahuyentó la inversión de las empresas petroleras, tanto en exploración como en explotación”.

A su vez, el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, informó de la reunión con las empresas operadoras y manifestó “queremos que vuelvan a invertir en Bolivia” operadoras de otros países como Shell y Repsol; y el boletín de YPFB informó que “las empresas coincidieron en que la ley de incentivos no tuvo ningún efecto positivo y se requieren nuevos instrumentos legales y solicitaron mecanismos más ágiles para la recuperación de sus costos operativos y simplificar los mecanismos de fiscalización”

En el caso de la industrialización del gas, se tiene en una situación muy preocupante la planta de producción de fertilizantes, urea y amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba, puesto que la misma se encuentra desde hace tres meses con la producción suspendida, realizando únicamente tareas de mantenimiento y en grave riesgo de una paralización total que significaría un retroceso histórico al respecto. Las autoridades que inicialmente manifestaron la necesidad del traslado de la planta hacia Santa Cruz, ahora han desistido de este propósito.

El destino del proceso de industrialización del litio del Salar de Uyuni, el mineral estratégico más importante con el que cuenta Bolivia con miras a tener una incidencia mundial en relación a su uso tecnológico y científico y era considerado un proyecto estrella del anterior gobierno, es incierto no solamente por la ruptura del contrato con la empresa alemana ACI System por parte del gobierno de Morales, el pasado 4 de noviembre, por presión del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), sino porque Juan Carlos Zuleta, un duro crítico al proyecto en curso, ha sido nombrado Gerente Ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB).

A su vez el Viceministro Energías Alternativas, Humberto Leigue, señaló el pasado 21 de enero que se buscará “una salida amigable para disolver la sociedad constituida por el gobierno del MAS entre YLB y ACI System para explotar el litio del Salar de Uyuni”.

Triunfo de terratenientes de la soya

En el ámbito agrario, los reiterados anuncios realizados desde el pasado año por los ministros-empresarios de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, José Luis Parada, de Economía y Finanzas, y Wilfredo Rojo, de Desarrollo Productivo, de “liberalizar las exportaciones bolivianas como regalo de navidad”, como dijo el segundo, y de “liberar la economía y atraer inversiones extranjeras” como declaró el primero, se han cumplido con el Decreto Supremo anunciado el pasado 24 de enero por Añez en la sede de la Cámara de Exportadores (CADEX) de Santa Cruz que determina la liberalización de las exportaciones anulando cinco decretos del gobierno anterior que establecían cupos y controles en función del abastecimiento interno. .

Los grandes favorecidos son principalmente los productores de soya y torta de soya, muchos de ellos terratenientes agrícolas y agroindustriales, asociados con capitales brasileños, paraguayos y norteamericanos y sectores de banca privada. Los riesgos están en el desabastecimiento interno, la subida de precios en el mercado nacional y el cambio en la paridad de la moneda.

Parada fue gerente de varias empresas de Santa Cruz y se destacó como Secretario de Economía de la Gobernación de ese departamento y Rojo fue Presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) y Vicepresidente de la poderosa Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Santa Cruz.

De la misma manera, los agroexportadores y los ganaderos exportadores de Beni y Santa Cruz fueron favorecidos con la ampliación de la propiedad de la tierra, particularmente en la expectativa de la exportación de carne a China, país con el que se abrió un mercado mayor, así como la ampliación de la exportación de soya y otros hacia el mercado chino y otros mercados. La actual Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco es propietaria de varios fundos en la rica región de San Julián en Santa Cruz.

Telecomunicaciones y aerolíneas en la mira

En lo que corresponde a las empresas de servicios estratégicos como las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y el transporte urbano por aire (teleféricos), la situación es preocupante no solamente por los hechos de corrupción, sino por la política que se ejecuta al respecto con la finalidad de favorecer a las operadoras privadas de telefonía móvil con mayores ganancias, así como a empresas privadas de viajes aéreos.

Por una parte los casos de corrupción en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), por pagos indebidos, compras de celulares, uso de aviones y hoteles y la huida a Estados Unidos de su Gerente general, Elio Montes; por otra parte, el nombramiento de personal de una empresa aérea privada para administrar la estatal Boliviana de Aviación (BOA) poniendo en riesgo su futuro y, finalmente, la pésima administración del Teleférico de la ciudad de La Paz asoman el peligro de repetir la privatización de las empresas públicas, como en la década de los noventa.

El responsable del sector, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Iván Arias, se ha visto confundido en estos casos de corrupción y colusión de intereses en estos sectores bajo tuición de su despacho.

Por otra parte, El Banco Unión de administración estatal y con una cartera millonaria de recursos es vista como una oportunidad de los bancos privados para conseguir manejar esos importantes recursos económico-financieros, tomando en cuenta que en los últimos quince años han tenido importantes ganancias y actividades.

Golpe de estado y disputa del excedente

La experiencia reciente de Bolivia demuestra que los Golpes de Estado, como el del 10 de noviembre pasado, contra procesos democráticos patrióticos, antiimperialistas y de liberación nacional en América Latina, están amarrados a una estrategia integral de dominación regional y explotación de los recursos naturales por las grandes corporaciones transnacionales y sus aliados de las burguesías comerciales y oligarquías internas y a la disputa del excedente que o sirve al país y su desarrollo o se exporta a las metrópolis del centro capitalista.

En ese sentido la geopolítica de los recursos naturales estratégicos como litio, oro, plata, plomo, zinc, estaño, hierro con los que cuenta Bolivia, como otros existentes en los países de América Latina y el Caribe, se convierten en un codiciado botín del imperialismo norteamericano y también de las potencias económicas mundiales como China, India, Unión Europea o Rusia. Solamente la integración emancipadora y bolivariana de la región puede cambiar el destino de nuestros pueblos.

- Eduardo Paz Rada es Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.