II parte

El sistema judicial colombiano, aún no ha podido dar respuesta a lo sucedido con las familias campesinas que, en más de 50 años de guerra interna, han sido víctimas de una sistemática política de violación de sus derechos civiles y humanos, de los despojos y desplazamientos que han sufrido y sufren de sus tierras y que van a parar a manos de los terratenientes y de los narco-paramilitares, con la complicidad de los agentes del Estado.

Judicialmente no se toman medidas, ni se aclaran los hechos y más grave aún, a quienes reclaman, los asesinan y desaparecen a sus familias. Estos despojos y crímenes sucedían en el gobierno de Uribe y Santos, y suceden en el actual gobierno de Duque, a pesar de la llamada ley de Justicia y Paz.

No ha quedado claro para la opinión publica colombiana e internacional, lo sucedido con el asalto al Palacio de Justicia en 1985 y con los responsables que decidieron el ataque con el uso de 10 blindados Urutú y 6 tanques de guerra Cascabel, ametralladoras de alto calibre y cañones cal. 57 mm, un excesivo uso de fuerza y medios de guerra para combatir a un comando de apenas una veintena de combatientes

El mensaje del Consejero de Estado, Reinaldo Arciniegas, a quien el comando del M-19 comisionó para trasmitir al Presidente decía: “Los guerrilleros desean que se envié a un periodista y a un miembros de la Cruz Roja y expresan su voluntad de dialogar”. Los militares recibieron el mensaje y le aseguraron al Consejero que lo harían llegar al Presidente; el mensaje solo llegó al presidente Betancourt después de que los militares habían terminado su horroroso, desproporcionado y criminal ataque al Palacio de Justicia.

Los militares nunca aceptaron el diálogo, ni la búsqueda de una solución política para impedir una masacre, que era la orden del Presidente. Ellos violaron la Constitución por unas horas, al mantener desinformado al presidente Belisario Betancourt, eso explica las razones para retardar la entrega del mensaje del M-19, una prueba palpable de lo que se escondía y aún esconden, de aquel trágico e histórico suceso. Se desconoce qué acciones tomó el poder judicial contra los militares que ocultaron o no hicieron llegar en tiempo el mensaje al Presidente.

Existen fuertes versiones en Colombia, de que el alto mando militar estaba informado previamente de este asalto y que todo fue una trampa para golpear al M-19 y mediante este ataque, justificar la quema de documentación que comprometían a altos oficiales militares con los carteles de la droga y masacres en el Magdalena Medio.

La pregunta aún sin respuesta: ¿Fue solo el coronel Plaza Vega quien tomó esa decisión? Plaza solo cumplió unos meses en una “cómoda prisión militar”. Hay que decir que en ese irracional acto de guerra murieron casi un centenar de personas, entre ellos, 9 magistrados de la Corte Suprema, 3 magistrados auxiliares, 12 empleados de la Corte, 4 escoltas de los magistrados y 67 rehenes, entre ellos parte del comando. La Justicia nunca ha aclarado el caso de Irma Franco, guerrillera y asaltante al Palacio, que se unió a un grupo de rehenes evacuados, pero fue identificada por un oficial de las Fuerzas Militares y separada del grupo de rehenes, ella debió ser entregada a la justicia, pero fue desaparecida.

El exterminio de la Unión Patriótica (UP), organización popular con militancia progresista y de izquierda en la década del 80, ha sido otra de las intolerantes y crueles acciones llevadas a cabo por la misma oligarquía liberal-conservadora, que no admite contrarios. Se calcula que fueron asesinados un poco más de 5000 dirigentes locales, comunales, sindicalistas, periodistas, dirigentes comunistas y combatientes de las FARC-EP, del ELN, del EPL. Las víctimas de ese holocausto, aún esperan por la aplicación de la justicia.

En ese periodo 1980-90 también fueron asesinados los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongomez, todos candidatos de la izquierda. La política de exterminio contra la oposición que podía poner en peligro el poder de la oligarquía, es la fórmula violenta que durante todos estos años ha venido aplicando un poder bipartidista que no admite oponentes.

Otro ejemplo claro de tal política fueron los asesinatos del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, firmes defensores de eliminar de la política a los sectores vinculados a los carteles de la droga, especialmente el cartel de Medellín. Por si firme oposición esas mafias, fueron asesinados; sobre este caso, se sabe que algunos ejecutores fueron apresados, pero la Justicia colombiana, al menos que se sepa, no ha profundizado en identificar y quienes fueron los autores intelectuales.

Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez se cometieron graves violaciones a la Constitución de la República, en el primer caso con la firma y puesta en práctica del Plan Colombia, solo acordado para combatir el flagelo de narcotráfico, pero que se convirtió en un plan contrainsurgente, y eso viola lo establecido en la Constitución.

El gobierno de Uribe profundizó esas relaciones, es público y denunciada la participación de oficiales y mandos militares norteamericanos del Comando Sur en el Plan Patriota y Consolidación. Y fue más lejos en su segundo mandato, cuando, también violando la Carta Magna, firmó con el presidente Barack Obama el establecimiento de siete bases militares norteamericanas, por lo que puede considerarse que Colombia hoy es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos, acción que amenaza muy seriamente a los países vecinos, especialmente a Venezuela.

El poder Judicial, en particular la Corte Constitucional, sobre estas graves violaciones del poder ejecutivo, nunca se ha pronunciado, incluso ni cuando se produjo el 1 de marzo del 2008 el ataque al campamento del comandante de las FARC-EP Raúl Reyes, ubicado en la profundidad del territorio ecuatoriano y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador, Venezuela y Nicaragua con Bogotá.

Solo la actuación del presidente venezolano Rafel Chávez Fría, y la buena disposición del presidente Correa, logró solventarse la crisis de Ecuador, aún queda pendiente que el poder judicial colombiano se pronuncié, teniendo en cuenta la magnitud y gravedad de los hechos y la reparación de las víctimas, incluido los ciudadanos mexicanos y ecuatoriano que presentaron sus demandas y esperan respuesta.

Esa acción colombiana en Ecuador provocó la muerte de 25 guerrilleros y 3 extranjeros (1 ecuatoriano y 2 mexicanos), incluida la muerte de Reyes, que, según declararon públicamente dos de las escoltas que sobrevivieron al ataque, cayó herido en manos de las Fuerza Militares y luego estas le dieron muerte. Un hecho que debe ser investigado, los crímenes de guerra no prescriben.

Otro ejemplo muy preciso lo tiene el pueblo colombiano con los gravísimos hechos de los falsos-positivos, el caso de las fosas clandestinas conteniendo decenas de cadáveres en Dabeiba y que complican al ex presidente Uribe Vélez, según la propia prensa colombiana, no se aclara y la justicia no se pronuncia, un hecho que pone en duda la probidad del ex presidente y actual senador.

En realidad, la política de “falsos-positivos” en el gobierno de Uribe Vélez llevó a la muerte de inocentes jóvenes colombianos que, se estima, serían entre 3000 y 5000, lo que está considerado como un delito de Lesa Humanidad; aún el pueblo colombiano espera que se tomen medidas y sanciones para los máximos responsables de aquellos criminales hechos.

Una acción violatoria del derecho internacional y que las leyes consideran un crimen de guerra, constituyó el asesinato del comandante en jefe de las FARC-EP Alfonso Cano, ordenado por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, cuando el jefe guerrillero cayó prisionero en una emboscada del ejército en el Cauca. La primera denuncia sobre el asesinato de Cano la realizó el obispo de Cali, y el propio presidente, en un acto público, le dio a conocer al hermano de Alfonso Cano que él había dado la orden de ejecutarlo, igualmente se lo dio a conocer a la agencia de noticias CNN.

Sobre este hecho, según fuentes bien informadas en Colombia, se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero tampoco el Poder Judicial colombiano se ha pronunciado, pues Cano debió ser presentado ante el sistema judicial y juzgado de acuerdo a las leyes. Ninguna autoridad civil o militar puede tomarse la justicia por sus manos.

Terminaré con una tercera entrega de este análisis, la mayoría de los temas abordados hoy los corrobora el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La Habana, Cuba, 4 de marzo del 2020

Tony López R.

Periodista, politólogo y analista internacional