Los efectos directos e indirectos del Covid-19 y medidas de política económica y social que se ejecuten para compensar empresas y personas, por perdida de producción, empleos e ingresos, son, hasta el momento, impredecibles e incuantificables. Sin embargo, asumiendo que gran parte de los países aprenderán unos de otros para aplanar la curva de contagio y muertes, un problema mayor está por venir: ¿Cómo hacer frente a los pagos por servicio de la deuda pública externa?; especialmente deuda de los gobiernos con los organismos financieros multilaterales, ya que, en el caso de la deuda bilateral, una “solución” en marcha es que el G-20 autorice una suspensión de pagos de créditos bilaterales oficiales.

Todavía no existe un pronunciamiento contundente de estos organismos sobre el tema del endeudamiento multilateral de los países, y la respuesta es asignar mayores recursos para enfrentar la pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto a disposición de países miembros, 50,000 millones de dólares de rápido desembolso, de los cuales 10,000 millones de dólares (20%) pueden ser utilizados por los más pobres sin costo alguno; esperaría capitalizar además el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC) de 200 millones de lempiras en carácter de donaciones a los países. En el caso del grupo del Banco Mundial, se habla de 14,000 millones de dólares para apoyar a las empresas y los países, incluyendo, curiosamente, el reforzamiento de los sistemas nacionales de salud, cuando hace poco el discurso era de privatización y terciarización de los servicios; estos recursos pueden aumentar hasta 150,000 millones en los próximos 15 meses.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispone de hasta 2,000 millones de dólares para apoyar los países, orientados básicamente a fortalecer los sistemas de salud pública, muchos de los cuales se encuentran colapsados por la falta de médicos, equipos, infraestructura y medicamentos; igual, busca reasignar recursos no utilizados para combatir el avance del Covid-19 y evaluar los efectos e impactos en las economías para destinar más recursos de préstamo. Para los países de la región centroamericana, incluyendo Belice, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dono 8 millones de dólares (1 millón por país) para atender la emergencia de la pandemia en salud, y espera conformar un fondo para apoyar a las empresas y los gobiernos en lo que respecta a perdida de producción, empleos e ingresos monetarios.

En este marco, todo apunta a que la solución del endeudamiento latinoamericano es una moratoria de pagos temporales, empezando por las deudas bilaterales que son las menos, y avanzar después con moratorias de deudas multilaterales por país (caso por caso). Un problema es que, contrario a las medidas adoptadas por los países, como ejemplo la asignación y reasignación de recursos públicos al fortalecimiento del sistema de salud, compensación monetaria a  personas que han perdido sus empleos, moratoria en pagos de impuestos y servicios públicos para empresas y personas, y el acceso a los alimentos básicos para familias en cuarentena (especialmente las que dependen de un salario o venta de productos en mercados informales),  las moratorias de deuda ( bilaterales y multilaterales) están tardando mucho, y mientras tanto el endeudamiento sigue ya que no hay una orden para una fecha de congelamiento de los pagos.

“Al cierre del segundo trimestre de 2019, la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de América Latina asciende, en promedio, al 43,2% del PIB, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales del PIB en comparación con el cierre de 2018. El endeudamiento público ha crecido tanto en América del Sur como en Centroamérica, y en junio de 2019 se ubica en torno al 45% y el 41% del PIB, respectivamente. En ese sentido se destacan la Argentina y el Brasil como los dos países con mayor endeudamiento en la región, con un 80,7% y un 78,7%, respectivamente. (CEPAL: 2020)”.

Aunque ya se había advertido de la “desaceleración” de las economías latinoamericanas, estimándose un crecimiento promedio menor de 2% en 2020, el aumento de la deuda publica es un factor de inestabilidad económica, financiera y social, ya que los gobiernos tienen que dedicar gran parte de sus recursos al pago del servicio de la misma, sin que se visualicen perspectivas de un mayor crecimiento del PIB con base a diversificación productiva, innovación empresarial,  tecnológica y empleos de buena calidad. La apuesta antes de Covid-19, seguía siendo en muchos países, la maquila, minería extractiva, productos tradicionales y no tradiciones de exportación, turismo y servicios; muy poco en nuevos productos y subproductos de mayor valor agregado y aumentos rápidos en productividad. El Covid-19 agrava esta situación, ya que los ingresos por exportaciones captados serán insufientes para enfrentar la demanda de importaciones, baja la inversión extranjera y aumentos de pagos del servicio de la deuda.

Esta situación se verá agravada por la resistencia de los OFIs a aceptar-por más tiempo-políticas expansivas de demanda frente a una insuficiencia de ingresos fiscales por la contracción de oferta, lo que implica que, en países latinoamericanos con alto niveles de deuda, las tasas de interés y encajes legales cero no durarán mucho, y más bien  generará mayor inestabilidad por el ataque especulativo de las monedas, a efecto de compensar la pérdida de ingresos (divisas) que causa la cuarentena y discontinuidad temporal en las cadenas de suministros, en especial de alimentos y rubros de exportación como café. Los bajos niveles de producción, exportaciones e ingresos por divisas, es una brecha creciente, pero además las pedidas de empleo, ingresos monetarios de las familias, mayores personas en riesgo de inseguridad alimentaria y pobreza, ejercerá una presión desmedida sobre los fondos públicos y de la cooperación externa, no sostenible a mediano plazo.

Sumado a ello, está latente el riego de nuevo ajuste Shock de la economía, que hace posible que las medidas de política de corte neoliberal se profundicen en tiempo de desastres naturales o pandemias (Naomi Klein: 2007). Ello se desprende de las declaraciones de David Malpess, presidente del Grupo Banco Mundial, ya que “es necesario que los países pongan en marcha reformas estructurales para reducir el tiempo de recuperación y generar la confianza de que los niveles de recuperación pueden llegar a ser elevados. En el caso de aquellos países que presentan el obstáculo de tener demasiadas regulaciones, subsidios, regímenes de licencia, protección comercial o litigiosidad, trabajaremos con ellos para promover mercados, decisiones y perspectivas de crecimiento más acelerado durante la recuperación”. (Banco Mundial, 23/3/2020).

Para países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Honduras, Uruguay, El Salvador y Ecuador (mayor deuda/PIB), el servicio de la deuda externa constituye desde ya un gran peso para sus economías, sin que se visualicen alternativas de solución en la coyuntura actual (suponiendo que la pandemia dura poco y el virus es eliminado en menos de 1 año), más que la urgencia de la moratoria. Es más, aunque dicha moratoria se dé y la deuda total se reestructure para el pago del servicio en periodos más largos, las economías seguirán adoleciendo de recursos para enfrentar los llamados retos del desarrollo, incluyendo el acceso de la población a los alimentos, salud, educación, trabajos y viviendas dignas, en condiciones de libertad democrática. 

Una alternativa más sostenible y humana, es la condonación de la deuda externa soberana latinoamericana, como política regional financiera que, a partir de la moratoria de dos (2) años que puedan otorgan el G-20 y los organismos multilaterales, se pueda avanzar en la condonación total. Esta iniciativa ya está en marcha, y en el marco del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), un grupo de intelectuales, dirigentes políticos y economistas, instan a las Naciones Unidas para que convoque a países miembros para identificar un mecanismo de integración y participación conjunta (países deudores, países acreedores y organismos de crédito) para posibilitar la creación de un marco legal que conlleve a la condonación efectiva de dicha deuda.

Hay que tener en cuenta no solo la perdida de empleos y el aumento de familias en pobreza que generará la pandemia del Covid-19, sino también el proceso de descapitalización de las economías por la fuga de capitales y la caída de la inversión en sectores productivos, sumado a la desvalorización de los ingresos monetarios de aquellos que dependen de una renta fija, salario o bonificación social, causada fundamentalmente por la devaluación de las monedas.  En suma, una oportunidad para revitalizar las economías y repensar el desarrollo, y fortalecer los sistemas de atención y protección social a las personas, bajo una nueva forma de gobernanza que potencie el rol del Estado y la integración de organizaciones sociales para la reivindicación de derechos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales.

A finales de los años 90,s, y en la propuesta de condonación de la deuda para países pobres severamente endeudados (HIPC), un criterio importante fue el de utilizar los recursos de la condonación para reducir sustancialmente los niveles de pobreza en un periodo de quince (15) años (2000-2015); pero solo abarcó a pocos países de Latinoamérica (Honduras, Nicaragua, Belice, Bolivia y Guyana); hoy, se suma el aumento del hambre, sequias, deforestación, desempleo/subempleo, migraciones, falta de agua potable, violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que se han generalizado. En un grupo de países, debe sumarse además el narcotráfico y la corrupción, como dos flagelos que obstaculizan los esfuerzos por una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Una parte de la deuda soberana latinoamericana es ilegítima (CADTM:2019), por lo que la condonación puede ayudar también a conformar una nueva agenda de trabajo conjunta entre países deudores, acreedores y organismos financieros, rescatando, entre otras cosas, los compromisos adquiridos inicialmente en la Declaración Paris.

Tegucigalpa, DC, 25 de marzo de 2020