Las tendencias a la baja de los índices delictivos en México, reconfirmados en marzo pasado y dados a conocer el 24 de abril en plena epidemia del coronavirus en su fase tres que oficialmente se declaró tres días antes, si bien fueron registrados por los medios pasaron a un tercer plano ante la crisis sanitaria y económica globales, misma que sin mediar más argumentos que su verbosidad Denise Dresser endilga la responsabilidad al presidente Andrés Manuel.

También fueron desplazados los logros porque en dos temas básicos como son homicidios dolosos y feminicidios los avances son claros, pero más bien modestos, pues el asesinato de mujeres por el hecho de serlo se “mantiene en la línea histórica”, esto es: en febrero de este año se registraron 92 casos de feminicidio y para marzo la cifra bajó a 78, lo que Alfonso Durazo estimó que fue “un ligero descenso de 14 casos”.

Como antecedente importa rescatar de lo dicho por el secretario de Seguridad Ciudadana que, en diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de López Obrador, a marzo de 2020, el feminicidio se redujo en 22% y la cifra de este delito bajó en 15.22% de marzo de este año con respecto a febrero pasado. Porcentajes nada despreciables para un problema mayúsculo y acaso por ello mismo algunos organismos feministas de la llamada cuarta ola, rijosos y estridentes (“Verga violadora a la licuadora”, es una de sus consignas) subestimaron el 8 y 9 de marzo pasados.

Y justo ahora cuando más se requiere la presencia y participación de las feministas en tiempos de confinamiento y, por ello, de mayores riesgos de violencia intrafamiliar, brillan por su ausencia debido a la borrachera y la cruda de marzo que las llevó a la soberbia triunfalista, de la que muchas hicieron gala como lideresas, arquitectas y estrategas.

Otro indicador son los homicidios dolosos, en donde Durazo Montaño con mayor claridad expositiva reconoció “tuvimos un ligero incremento que llega a 3 mil; no obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención”. Correcto, pero no bajan los índices mensuales y el epicentro del problema se ubica en Guanajuato, uno de los estados con mayor crecimiento económico desde hace años y donde el procurador Carlos Zamarripa Aguirre ya cumplió una década en el cargo y va por nueve años más como fiscal carnal, gracias al Partido Acción Nacional y con este desastre en seguridad pública.

Existen otros indicadores en los que la baja es muy pronunciada y que no es pertinente desestimar. En robo de vehículos, la Cuarta Transformación recibió en poco más de 15 mil y bajó a poco más de 10 mil. En secuestro eran en diciembre de 2018 un total de 188 y en marzo pasado fueron 92. Es una cifra que va también, afortunadamente, de manera sensible a la baja.

 En porcentajes las cosas son de la siguiente manera: robo de vehículo menos 16.55, robo a transeúntes -15.9, robo en transporte público colectivo -36.8, robo a casa habitación -7.9, robo a negocios -15.9, robo de ganado -21.5, robo a transporte público individual -20.2 y robo a transportistas -33.3%.

Resultados que los adversarios que actúan como enemigos sistémicos de la 4T subestiman hasta ignorarlos. Algo semejante sucede con la inmensa mayoría de los paisanos que se desentienden de su ingesta alimenticia y que en forma directa e indirecta genera gravísimos problemas de salud pública que más temprano que tarde desembocaron en 622 mil fallecimientos anuales, de los 773 mil que se producen en México.

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