“A Juan Orlando Hernández no le gusta lo que hace el CNA ni el IAIP, por lo que cree conveniente contar con su propia institución”

Omar Menjívar, Abogado Penalista

Honduras enfrenta un ascenso de casos Covid-19, los impactos negativos del huracán y tormenta tropical ETA, y aumento de los casos de dengue; pero además espera a IOTA, otra tormenta tropical que puede convertirse en huracán grado cuatro (4) e impactar negativamente en la mayoría de los departamentos del país, sumándose a ETA. Habrá que agregar inseguridad alimentaria, deterioro ambiental, pobreza y violencia; pero también desequilibrios fiscales, financieros y endeudamiento poco sostenible.

No obstante, seguimos de la mano con el flagelo de la corrupción, con lo cual resulta poco probable que los problemas anteriores tengan solución, por lo menos en lo que resta del gobierno del Partido Nacional iniciado en enero de 2010, donde los dirigentes políticos tienen una gran culpa. Se estima que la corrupción representó el 12.5%/PIB en 2018, unos 65 mil millones de lempiras (FOSDEH: 2020).

La corrupción azota Honduras desde hace muchos años, incluso desde 1865 cuando se decidió construir un Ferrocarril Nacional, que uniría la costa norte con el pacífico de Honduras, pero cuyos fondos fueron drenados por comisionistas y diplomáticas en Europa, igual de un soborno de 2.5 millones de dólares a un Jefe de Estado y ministro por una Compañía Frutera, con el propósito de bajar el impuesto a la exportación de banano. Se habla también del negocio de la Corporación Hondureña del Banano (COHBANA) en los gobiernos militares, donde un grupo de empresarios accedieron a recursos del Estado que no pagaron, apareciendo como grandes “potentados” una vez que el caso fue cerrado.

Al igual que con el problema de los huracanas que azotan al país cada 20 o 22 años, Honduras no aprende con el problema de la corrupción. Lo más evidente ha sido la débil capacidad institucional, con escasos recursos y alta politización, que abarca incluso al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que ha sido descubierto su parcialismo en el caso de la compra de hospitales móviles por un monto de 1,100 millones de lempiras, adquiridos a precios sobrevalorados y, que, para perjuicio de los “dolientes”, solo se ha instalado uno de ellos, pero que no funciona. El resto está en proceso de instalación según el gobierno, o se encuentran en un barco que viene de medio oriente y llegará el 24 de diciembre de 2020.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), creado en 2001 después del paso del Huracán y Tormenta Tropical Mitch, ha sido la excepción, incluso posterior a la liquidación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por el gobierno, Congreso de la República y Organización de Estados Americanos con Almagro a la cabeza. Esta decisión de liquidar la MACCIH, fue una decisión preventiva y protección frente a futuras investigaciones, una vez que el Partido Nacional deje el poder en 2021. El CNA creado con un amplio respaldo de la colectividad nacional y cooperación internacional, ha venido dando la cara con las denuncias de actos de corrupción por los funcionarios públicos, no solo en el uso de los fondos de la pandemia Covid-19, sino también en el manejo de fondos para el agro nacional, municipalidades, obras de infraestructura, medio ambiente y canalización de recursos por diputados del Congreso Nacional a las comunidades.

Recién el gobierno de la República, mediante decreto ejecutivo PCM 111-2020 del 6 de noviembre de 2020, creo la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT), la cual será la institución “líder” en coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción (articulo 1). Ello, no solo genera mayor inestabilidad e incertidumbre entre instituciones públicas con competencias privativas en este campo y actores privados y sociales, sino que profundiza una práctica violatoria de la Constitución de la República, donde decretos ejecutivos emitidos por el presidente de la República en Consejo de Ministros, están por encima de una ley emitida por el Congreso de la República, caso particular de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada mediante decreto legislativo 170-2006, en diciembre de 2006.

Una de las competencias que se viola con la creación de la Nueva Secretaria es lo que respecta a la formulación de la política nacional de transparencia que recae en el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) que ya fue aprobada por el gobierno de la República y se encuentra en plena vigencia, al pretender que la institución tenga igual competencia privativa. A criterio de la nueva Ministra de Transparencia, María Matamoros, la institución será “el ente rector de una nueva política nacional de transparencia e integridad, que abre espacios para la veeduría social y para una participación ciudadana beligerante…(..). La idea es prevenir la corrupción. Fortalecer los controles internos dentro de cada institución. Implementar el Gobierno Digital y modernizar el Estado". Se invitará a formar una mesa multisectorial con la participación de la sociedad civil, organismos multilaterales y cooperantes para construir una estrategia de transparencia”. (Nota de Prensa, gobierno de la República).

Una Política Pública podría definirse como una norma constitucional aceptada por varios actores, pero también como un curso de acción a seguir para solucionar uno o varios problemas que involucran a la institucionada pública, pero también a los actores privados, sociales e incluso políticos. Estos actores que debieron participar de la formulación de la política pública para la trasparencia y acceso a la información pública, se han pronunciado en contra de la creación de dicha Secretaria de Estado.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) argumenta que no deben crearse instituciones que duplican funciones y recursos, y generan burocracia por que existe el IAIP con amplias competencias en este campo. Para el IAIP, es una Institución que viola la Constitución y las funciones otorgadas por el Estado, ya que se cercenan parte de sus competencias. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) “considera que la misma provocará la afectación de la estructura presupuestaria en tiempos en que el país atraviesa un estado de emergencia. Además, porque ya existen instituciones independientes con rango constitucional y dependencias adscritas a ese Poder del Estado que realizan acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y control interno, que lejos de promover una dualidad de funciones, convendría su fortalecimiento” (pronunciamiento TSC).

La pastoral Caritas, igual se pronuncia en contra de esta nueva estructura institucional, ya que se considera una medida extemporánea porque existen instituciones con competencias en este campo, y lo recomendable es fortalecerlas, como se exige en la demanda de aumento del presupuesto del CNA. Con la nueva institución, se disminuyen las capacidades actuales del IAIP, TSC y CNA, al pretender cercenar su presupuesto y reasignarlo en 2021, pero también montar una paralela al CNA, con la creación de Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, conformado por organizaciones de sociedad civil, que ya se había hecho con el nuevo Foro Nacional de Convergencia (FNC) que funciona al margen de las acciones que ejecuta el CNA en el tema de las auditorias sociales y preventivas.

Los alcaldes también están desorientados, ya que no saben si seguirán presentando sus informes de transparencia y rendición de cuentas al IAIP o a la nueva Secretaría de Estado, en tanto se le atribuyen también estas funciones.

Otro problema adicional es que la nueva ministra de la Secretaria de Trasparencia, es hija de Comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), generándose un conflicto de intereses, por lo que, para los abogados entendidos en la materia, uno de ellos debe renunciar a su cargo. Igual, ciertos dirigentes de los partidos de oposición, consideran que este nuevo elefante blanco, es un distractor del gobierno para que la población se olvide del mal manejo de la pandemia Covid-19 y ETA, donde muchas vidas pudieron hacerse salvado si hubiera actuado a tiempo y con medidas preventivas y de protección social, tal como lo hizo Nicaragua y Cuba.

El gobierno de la República recibió también la mala noticia de que Honduras no califica a la Cuenta del Milenio, un programa “gringo”, que da acceso a 250 millones de dólares anuales, si se cumplen los requisitos exigidos, uno de ellos reducción de la corrupción, lo que no se ha logrado, ya que más bien se ha retrocedido en un 18%. En esto, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y social es crucial, no su debilitamiento. La falta de transparencia y la corrupción ahuyenta la inversión extranjera directa, pero además resta credibilidad a las acciones que ejecuta el gobierno para enfrentar la pandemia Covid-19 y los efectos negativos de ETA, muchas de las cuales necesitan de recursos públicos, caso de la compra de alimentos, reparación de la infraestructura y siembra de cultivos.

Los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID, BCIE), han decidido integrar esfuerzos con los gobiernos de la región centroamericana (Honduras, Nicaragua, Guatemala) para enfrentar los efectos e impactos negativos de ETA con intervenciones de mediano y largo plazo, lo que implica la canalización de mayores recursos de préstamos en condiciones blandas. De los 2,500 millones de dólares aprobados por el Congreso Nacional como techo para endeudamiento público 2020-2021, se ha contratado más del 1,304 millón de dólares a octubre de 2020 (SEFIN: noviembre de 2020), de los cuales el 78% es con estos organismos.

Es importante que presten mayor atención al tema de la corrupción y ser más enérgicos en el uso de los fondos aprobados, caso contrario, este flagelo seguirá presente y afectará el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos financiados; es decir, la corrupción afecta el monto de los recursos, la productividad y calidad del gasto, por lo que hay que dar paso a un principio de condicionalidad donde un gobierno no tiene acceso a más recursos de crédito concesional, sino demuestra que los fondos otorgados fueron utilizados en forma transparente y eficiente, especialmente los destinados a combatir la pandemia de Covid-19, efectos e impactos negativos de ETA y IOTA.

La decisión de crear una nueva Secretaría de Estado más bien impactará negativamente en dichas acciones del gobierno, ya que la ciudadanía cree que no tendrá los resultados esperados, y solo servirá para ocultar información y ladrones.

Tegucigalpa, DC, 16 de noviembre de 2020