A Paco Saravia sin Más

La pandemia del Covid-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA ha impactado negativamente en la economía y sociedad hondureña. Hay un consenso entre gremios e incluso prensa y sociedad en general, que el gobierno de la República ha gestionado mal la pandemia. Más allá del deterioro de la infraestructura de atención básica en salud y hospitales de especializaciones, no se ha podido determinar un aproximado creíble de la población contagiada por Covid-19 en las ciudades urbanas, mucho menos en las zonas rurales. Las pruebas para detectar a los contagiados siguen siendo insuficientes, el número de población sube y también los muertos. Se espera que ello se resuelva con la llegada de la vacuna, en el segundo trimestre de 2021, después de las elecciones internas convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los huracanes han sumado más de 2 millones de personas afectadas, cerca de 100 muertos, destrucción de la infraestructura vial y casas, y pérdidas de cultivos de exportación y alimentarios como frijoles, arroz, frutas y legumbres, con cifras preliminares de 2,750 millones de dólares según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Frente a este panorama, el gobierno de la República presentó las bases de un Plan de Reconstrucción Sostenible en áreas como infraestructura vial, agro, vivienda, desarrollo social e industria. También presentó una hoja de ruta de las acciones a ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo, con el concurso de países amigos y organismos internacionales como BCIE, BANCO MUNDIAL y BID, y de instancias regionales y multisectoriales como SICA y G-16, que agrupa organismos, agencias cooperantes y países.

Otra acción importante, derivado de la experiencia habida con el paso del huracán Mitch en 1998, donde el BID asumió el liderazgo principal, es la conformación de un Grupo Consultivo para la Reconstrucción Nacional, que integran destacados economistas que fungieron como ministros o viceministros, presidentes de banco central y directores de proyectos, a los que se suman empresarios y miembros de la Asociación de Maquiladores de Honduras; pero también se agrega el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

Es una instancia asesora al gabinete de gobierno de reconstrucción nacional que se apoya en organismos multilaterales, gobiernos y países, que lidera o debería liderar el Ministro de Coordinación General de Gobierno (SCGG), marginado en el diseño de políticas, estrategias y planes de desarrollo que sirvan de orientación a las acciones que ejecutan las demás Secretarias de Estado y organizaciones privadas, gremiales y sociales.

Ha habido varias críticas a la conformación de este grupo de hondureños “notables” como Consejo Consultivo por el gobierno. La primera es que no se sabe cuál es el rol y funciones que debe cumplir, por lo que debe promulgarse un decreto ejecutivo o ley, pero sobre todo su modalidad de trabajo y coordinación con los técnicos del gobierno y organismos cooperantes.

La segunda es que es un Consejo Consultivo bipartita que integran connotados dirigentes y funcionarios públicos miembros del Partido Nacional Y del Partido Liberal, sin tomar en cuenta la participación de los partidos de oposición política como LIBRE, PINUD-SD y el lado “no oscuro” del Partido Liberal que coordina Luis Zelaya. Incluso se deja por fuera a la opinión y representación de los partidos emergentes, caso del Partido Salvador de Honduras que, según las encuestas, tiene una fuerte militancia.

La tercera crítica es que no existe representación de la Academia, o sea de las Universidades, caso particular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que cuenta con el recurso humano calificado en estos temas, y carreras relacionadas como economía, ingeniería, arquitectura, desarrollo local, sociología, ordenamiento territorial y manejo de riesgos. A ello se suma, la poca participación de gremios y organizaciones de sociedad civil con pensamiento independiente caso del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) y Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), entre otros.

Igual se aduce que el Plan de Reconstrucción tiene un “rezago” anunciado, referido a que muchos de los programas y proyectos de inversión a ejecutarse ya están siendo concertados entre el gobierno, empresarios y alcaldes, sin que se respete el criterio técnico de la asignación racional de recursos a las verdaderas prioridades nacionales, donde la punta de lanza es y deber seguir siendo la satisfacción de las necesidades de la población de menos recursos que ha sido duramente golpeada.

El gobierno anuncio con apoyo de empresarios de la zona norte del país, la construcción de las represas El “Tablón”, “Los Llanitos” y “Jicatuyo”, para evitar las inundaciones en el Valle de Sula al desbordarse los ríos; sumando a ello, se contempla construir represas en la zona sur, incluyendo la represa Morolica. El costo de construcción de las represas en el norte se estima en más de 1,300 millones de dólares, sumado al costo de reconstrucción y mantenimiento de los bordes de contención y alivio. Funcionarios públicos esperan que los empresarios e Institutos de Pensiones inviertan en las represas, ya que es poco probable que el gobierno asuma todo el costo.

En este sentido, es de destacar en el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), elaborado después de Mitch, las áreas temáticas en orden de prioridad: a) combate de la pobreza y desarrollo humano; b) reactivación económica con empleo productivo; c) protección sostenible de los recursos naturales; d) fortalecimiento de la participación democrática. Ello implicó una priorización de las intervenciones orientadas a la generación de empleos sostenibles, producción alimentaria, viviendas y reactivación de la infraestructura económica, sumado a la gobernabilidad democrática y protección de los derechos humanos. Pero, sobre todo, definir una hoja de ruta donde las obras físicas y los recursos asignados eran manejados por los propios cooperantes, caso particular de la construcción de puentes.

Lo preocupante es la no convocatoria al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para integrarse al Consejo Consultivo o gabinete de reconstrucción nacional como veedor y supervisor interno de las acciones ejecutadas por el gobierno, uso y destino de los recursos a movilizarse. El gobierno sigue confiando en la nueva Secretaria de Transparencia creada, pero que no tiene las competencias privativas para ello, al estar superpuestas a las de Instituto de Acceso a la Información Pública. Se integra al FONAC, que ha perdido credibilidad en el tema de asignación de fondos Covid-19 y uso de los mismos.

La transparencia es fundamental para el éxito en la ejecución del Plan de Reconstrucción Nacional y Agenda de Trabajo con la cooperación internacional; por tanto, debería ser un eje fundamental de dicho instrumento, una vez que los técnicos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), concluyan el informe de evaluación de los daños, tal como sucedió con el huracán Mitch en 1998. De acuerdo al Ministro de Coordinación General de Gobierno, Carlos Madero, estos técnicos ya se encuentran en el país, y se espera que el informe esté listo en tres (3) semanas.

Finalmente, dirigentes de oposición manifiestan que lo de Grupo Consultivo es una iniciativa del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) para tener credibilidad frente a la cooperación internacional, y acceder a fondos para la reconstrucción nacional, pero que su ejecutor será el propio gobierno. El Grupo Consultivo, según el criterio de Maribel Espinoza, dirigente del Partido Liberal, es un espaldarazo a la cruzada reeleccionista, ya que le permitirá contar con más fondos externos por la experiencia de los miembros en el manejo de las finanzas y, parte de ellos, haber sido también funcionarios o consultores de organismos internacionales. Existen diputados del partido de gobierno que recomiendan suspender las elecciones generales en 2021 y nombrar un triunvirato para la transición con JOH a la cabeza, pero el presidente dice que no estará ni un día más en el poder.

Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2020