A la fuerte “campaña de denuncia” en redes sociales, Bukele sumó ayer una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, a quienes dijo que la democracia está en grave peligro si prospera la iniciativa de apartarlo del cargo.

Lo actuado por el mandatario está cargado de ironía porque, más que los despistados diputados opositores que buscaron el peor momento para promoverle un antejuicio (a casi dos semanas de las elecciones), es él quien atenta en forma sistemática, permanente y descarada contra la separación de poderes, el estado de derecho y las reglas democráticas.

El asalto militar al palacio legislativo el 9 de febrero del año pasado es el ejemplo más contundente de la conducta autoritaria y antidemocrática de Bukele. Sin embargo, lo son también sus desacatos a órdenes judiciales, lo cual representa una especie de golpe de estado contra el Órgano Judicial.

La no entrega de los fondos FODES a las alcaldías es también un tipo de golpe del Ejecutivo contra las municipalidades, para citar otro caso emblemático del grave irrespeto presidencial a la institucionalidad.

A lo anterior se suma la reprobable instrumentalización política de las Fuerzas Armadas y la desnaturalización de la Policía Nacional Civil (PNC), hija predilecta de los Acuerdos de Paz que terminaron con doce años de guerra civil y cinco décadas de dictadura militar.

No es que los diputados de oposición sean unos democráticos, pero en este momento es el presidente la peor amenaza para la democracia y la convivencia pacífica en el país. Bukele es el golpista que denuncia un golpe, es -dicho con una frase popular muy común- un “burro hablando de orejas”.

En relación a la moción parlamentaria de enjuiciar a Bukele, coincidimos con el periódico digital El Faro que plantea -en su editorial de esta semana- que la Asamblea “no es el mejor espacio para frenar la descomposición” debido a su debilidad y falta de credibilidad, sino que es la sociedad civil la llamada a luchar contra los desmanes antidemocráticos del gobierno.

En tal sentido, reiteramos nuestro respaldo a la solicitud de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares a la Fiscalía General de la República de investigar a Bukele y a sus cómplices por los delitos cometidos en el intento de golpe contra el Parlamento el 9F.

Como bien dice la referida petición, nadie -ni el presidente- está por encima de la ley y quien violente la institucionalidad debe ser procesado. Así que corresponde a la Fiscalía, como instancia encargada de investigar los delitos y defender la legalidad, tramitar el correspondiente desafuero para que el mandatario pueda ser enjuiciado.

Ojalá que así sea.