1. INTRODUCCION

Un tema que ha resultado invisible para los analistas políticos e intelectuales es la privatización de la política, el complemento perfecto de la política del despojo neoliberal lumpen burgués y de las corporaciones trasnacionales. Se trata de la política colonial en un país riquísimo donde, sin embargo, los pueblos viven en la miseria. Este proceso comenzó en la economía, con las privatizaciones empresariales por Fujimori en los 90, mas tarde continuaron con el interminable despojo de los “bienes baratos” (territorios, recursos naturales, aguas, bosques, amazonia, mares, espacio aéreo, etc.), siguieron los servicios financieros, educativos, de salud, pensiones y otros. Para cerrar el entramado de traspaso estructural necesitaban las instituciones y lo que se conoce como sociedad civil: poderes estatales (judicial, Banco central, Congreso, organismos electorales, fuerzas armadas y policiales) y partidos, sindicatos, ONG, etc. Todo quedaría sellado y garantizado con la Constitución de 1993 y cambios en la legislación civil y penal.

La educación y los medios se encargaron de buscar la hegemonía necesaria al proyecto y se centró en justificar el saqueo usando las políticas de shock, combatir la resistencia manejando el exitoso uso que tuvo para combatir a la rebelión armada de la década de los 80 y utilizar la pobreza como herramienta clientelar. Este proceso paso por seis administraciones gubernamentales corruptas y cada cual se fue apoderando de algún segmento del poder hasta cumplir su ciclo. Con Fujimori se reinicio y se generalizó la tradicional corrupción del poder político, empresarial y militar. Se calcula que, con los procesos del 2001 en adelante, quedaron presos 200 de cuatro mil gobernantes, empresarios, funcionarios y militares en redes delincuenciales, que con el tiempo se fueron rearticulando en defensa de todo un conglomerado de mafiosos. Alan García (en sus dos administraciones) y PPK-Vizcarra, agregaron nuevas mafias a las anteriores.[1]

El poder económico con la CONFIEP a la cabeza, las FFAA e instituciones fueron la estructura mas permanente y los protagonistas de la gran política. De este modo los poderes políticos (judicial, ejecutivo, congreso) contaminados e instrumentalizados se privatizaron y fragmentaron. Con ellos los partidos se convirtieron en franquicias; las ONG se politizaron en favor de segmentos del poder; el congreso quedó en manos de varios patrones; los asesores, consultores, firmas de abogados, académicos caviares se vendieron al mejor postor; las fuerzas armadas y policiales buscaron fuentes ilegales de ingresos; las instituciones podían ser compradas. Esta telaraña del poder hoy se nos presenta como la privatización de la política con sus funestas secuelas.                             

Hoy en día, ha corrido mucha agua bajo el puente y el despojo y la corrupción, develan un antisistema político permanentemente reconstruido por el poder colonial reestablecido, en medio de la pandemia y la crisis de un Estado neoliberal, deslegitimado e inerme, pero, activo en su descomposición y a la defensiva frente a la amenaza de la prisión de sus ineficaces protegonistas.  Las confrontaciones entre catervas, inherentes a su naturaleza mafiosa, pretenden resolver la crisis tratándola como hechos y soluciones coyunturales, cuando los problemas son estructurales e históricos. Por otro lado,   sus avances en el dominio y la sumisión popular, con alcances represivos, han logrado formas de sociabilidad individualistas y consumistas, racializadas y feminicidas, religiosas y conservadoras; han impedido la conformación de un sujeto con organización popular, de resistencia articulada en el plano nacional.

Sin embargo, lo realmente posible, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hace su propia historia. La dimensión activa de la lucha define, una zona de transición entre lo que es material, social e históricamente posible y lo que no. Un campo que pueden aparecer como materialmente imposible, pero su realización depende de la práctica humana concreta. Esta práctica no emerge ni automática ni simultáneamente de la existencia de esa posibilidad material. Por lo tanto, la realidad histórico-material es siempre una totalidad abierta, una totalidad incompleta, que incluye desarrollos posibles diferentes. Algunas de estas posibilidades se realizarán, otras no. Nada es más ajeno al marxismo que el fatalismo histórico o el determinismo mecánico y economicista, tan ajeno como el voluntarismo. Pero lo realmente posible, a su vez, solo está parcialmente predeterminado. Esto se debe a que la sociedad produce sus propias vidas de la misma manera que hacen su propia historia. De allí la importancia de la teoría, que no nace de las especulaciones librescas, sino de la praxis. Estas perspectivas deben basarse en un análisis correcto de la realidad y no en fantasías, deben partir de un análisis de las contradicciones socioeconómicas reales y revelar su dinámica, deben examinar si y por qué estas contradicciones disminuyen o, por el contrario, se intensifican, y no partir de un desarrollo abstracto y deseado.

Se avecinan las elecciones generales entre nubarrones, amenazadas por la anti política del voto en blanco viciado y el abstencionismo, por el voto obligado, por la indecisión, por la acechanza del fraude, por candidatos impresentables que van por la defensa de la impunidad y continuar con el saqueo, por que las listas están plagadas de corruptos, por que casi todos los candidatos a la presidencia son neoliberales, por que  Keiko tiene al menos tres candidatos y por que el poder económico bajo la dirección de la CONFIEP controlan el proceso.    

2. LA GUERRA ENTRE CARTELES POLÍTICOS POR EL CONTROL DEL ESTADO COLONIAL  

Muchos han llegado a pensar que el futuro no esta en el sufragio, en las elecciones, sino en los levantamientos, insurrecciones, en las calles y caminos, y que la esperanza viene desde abajo. Examinemos el por que de una desconfianza marcada por las reducidas posibilidades de que las fuerzas progresistas ganen en una segunda vuelta, e incluso, de lograrlo, creen que continuaran las políticas prevalecientes impuestas por la economía.

La realidad peruana, es un complejo de incertidumbres donde se entrecruzan tendencias que apuntan y posibilitan estrategias diferenciadas de acuerdo con la conjunción de intereses particulares, cuya matriz común es el neoliberalismo y su complemento: la corrupción. Cuando llega la crisis o cuando los pueblos se mueven, los poderes tienen miedo, se organizan, se movilizan y los corruptos se dotan de un plan alternativo. Uno es el del poder en general, del sistema, otros son los de las fracciones de clase en el poder.  En esas estamos desde hace años, desde la apertura del caso Lava Jato, el 2017. Un sistema político o un régimen, si se prefiere, podría continuar su degradación durante un largo periodo mientras no exista una alternativa que lo sustituya. Esta alternativa puede surgir al parecer, únicamente, desde el exterior mediante el poder destituyente, de una ruptura que puede ser pacífica o violenta; sin desconocer, que el poder monopoliza esta violencia y que las violencias generadas por ella son su subproducto. Marx ha sido capaz de observar que la violencia excedente en la historia, originariamente motivada por la escasez, ha generado instituciones que, cosificadas, la legitiman y prolongan más allá de la época histórica en que pudo tener algún sentido,  y la presentan falsamente como paz. La principal y central de esas instituciones en Perú es el Estado colonial y sus FFAA. El otro lado de la moneda es la posición dominante sobre el mercado, en la definición usada por Milciades Ruiz,  quien puntualiza que la dominancia requiere poder en y sobre el mercado y que exista un comportamiento independiente en grado suficiente. Sin embargo, lo mas importante será el control de un poder político que obstaculice el desarrollo de la competencia efectiva o potencial que supongan una amenaza para su negocio.[2] Es el falso libre mercado de los países recolonizados.

Los dueños del Perú pese a sus cíclicas renovaciones y contradicciones internas y a su confrontación con la dispersa oposición al neoliberalismo, se mantiene en el poder como lo veremos a continuación. Sumamos seis expresidentes, poderes institucionalizados, miles de funcionarios gubernamentales en todos los niveles, trasnacionales y grandes empresarios, militares, etc. corruptos, que teniendo diverso origen y distintas ideologías en la practica van organizando defensas para cada coyuntura y así, evitar llegar a la cárcel. Este escándalo histórico de corrupción protagonizada por la empresa Odebrecht, constructora brasileña que forma a la vez parte del Caso Lava Jato, marca la vida política de las últimas décadas. Involucra a políticos, funcionarios y empresarios en coimas en licitación de obras públicas a favor de las constructoras cometiendo delitos de formación de organizaciones criminales, hasta lavado de activos cometiendo ilicitos de cohecho, colusión,  trafico de influencias, puertas giratorias, negociación incompatible, asociación ilícita, financiación de campañas y tráfico de influencias. El último escándalo del negociado de las vacunas es una nueva expresión genocida de una enorme capacidad para organizar mafias criminales en poco tiempo, sin importar las decenas de miles de muertos. El problema menor es que se hayan vacunado el Presidente y su cilentela política, que no deja de tener una enorme gravedad etica. El estado en su carácter subsidiario es protegido para que no cambie; de allí que las medidas sanitarias sean coyunturales: contratos temporales via service de médicos y otro personal de salud, compra de oxigeno por tiempos definidos, etc. No se proyecta un cambio radical en salud, lo mismo en educación, vivienda, salarios. Primero es la empresa, la inversión privada, el resto es inaceptable.       

Desde hace tres décadas, la historia se repite bajo el mismo formato, siempre como farsa, el fujiaprismo y Lava Jato (2017-2021), siguen definiendo la coyuntura y la izquierda oficial mantiene su ambigüedad. Las siguientes cuatro páginas narran hechos que muestran la complicidad de las corporaciones y el poder político delincuencial, pedimos disculpas por insertar tan larga narrativa de este enredoso y vomitivo proceso. Políticos, partidos, poderes como el ejecutivo, judicial, electoral, Congreso forman parte de las instituciones capturadas por la lumpen burguesía y trasnacionales a través de organizaciones criminales. Una institución clave es la de justicia (y la propia Constitución) al garantizar impunidad: Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), Fiscalía General de la Nación, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Ministerio de justicia, Corte Suprema. Junto a ellas esta el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva que asegura contar con el apoyo estatal sin pagar impuestos; y el Ministerio de transporte y obras públicas que garantizan que el Estado sea subsidiario de las corporaciones. Con este Estado recolonizado, este chiquero fallido, la política es un asco, no existen opciones oficiales, sin proyecto de país, no hay esperanza en la supervivencia como nación. Prevemos que continuaran el genocidio, ecocidio, los privilegios, la desigualdad, la discriminación. El complejo periodo de creciente saqueo y corrupción 1990-2016 lo dejaremos a un lado; solo describiremos el lustro coyuntural que redefine los conflictos en la pequeña política.       

Odebrecht le dio a la Comisión Bartra información sobre contratos de PPK que dispararon su renuncia. La familia Fujimori y la organización criminal de Vizcarra, estando implicados en la delincuencia política fomentada por Odebrecht usaron información para las vacancias. Luego de hacerse pública información que lo vinculaba con la empresa brasilera Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente el año 2016, enfrentó dos intentos de vacancia por incapacidad moral, impulsados desde el Parlamento fujiaprista. En el primero, Kuczynski logró mantenerse en el cargo gracias al retiro de diez parlamentarios de Nuevo Perú del hemiciclo y al voto en contra de otros diez fujimoristas, liderado por Kenji Fujimori, a cambio del indulto a Alberto Fujimori. El 24 de diciembre del 2017, Fujimori quedó en libertad. Poco después, salió más información del caso Lava Jato, que relacionaba a Kuczynski con esta empresa durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y se planteó una segunda moción de vacancia. Se desató el escandalo cuando se difundió un video grabado por el hoy difunto Moisés Mamani, congresista leal a Keiko Fujimori, que registró al ministro Bruno Giuffra negociando un intercambio con los fujimoristas: sacar del cargo a Saavedra para frenar la reforma educativa. La moción fue presentada por el Frente Amplio, coincidiendo con Fuerza Popular, pero por motivos diferentes. El interés de Keiko era conseguir la presidencia y por ello los ambiguos sectores de izquierda llamaron a una marcha contra el golpe. Recordemos que Gorriti, Glatzer Tuesta, ambos de IDL asesoraron a PPK.

El video obligó a renunciar a Kuczynski y asumió su lugar el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.  A Kuczynski viejo político de prestigio como tecnócrata, se le recordó todo un prontuario delictivo contra el Estado desde fines de los sesenta. Se utilizó información hasta ese momento oculta, como el apoyo a la petrolera trasnacional USA, la IPC, 50 años atrás. Se supo que fue lobista toda su vida, trabajo para las empresas norteamericanas contra el Perú.  Primer ministro y ministro de Economía de Alejandro Toledo, prófugo en EE. UU., con una orden de captura en su contra por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. A Kuczynski se le acusa por haber recibido dinero de esta empresa como una forma de ganar sus favores y facilitar la entrega de obras públicas de gran envergadura. La forma en que Kuczynski habría recibido sobornos sería mediante la contratación de consultorías con la empresa personal del exministro.[3] Como en el caso Vizcarra, las acusaciones fueron por delitos menores, las causas no fueron seguidas con celeridad. Ambos siguen libres, como otros dos expresidentes: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.   

Martín Vizcarra, hijo de aprista y ex gobernador de Moquegua, asumió el cargo de Presidente a fines de marzo de 2018, necesitaba tiempo para limpiar sus expedientes y buscaba legitimidad, tomo riesgos y desde el inicio chocó con la mafia fujiaprista:  el 11 de julio de 2018,  anunció la  reforma del Poder Judicial y en fiestas patrias -28 de julio- propuso un referéndum sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y una superficial reforma política sobre no reelección, financiamiento y bicameralidad y aspectos electorales menores. Dos poderes ejecutivos en uno. El Congreso fujiaprista no acataba el referéndum y en su lugar blindaba al juez Hinostroza y al fiscal Chávarry, presuntos jefes de los Cuellos Blancos que controlan parte importante del poder judicial. Vizcarra anunció entonces la presentación de una cuestión de confianza logrando que el Congreso apruebe los proyectos en octubre de 2018. ​ El referéndum finalmente se realizó el 8 de diciembre de 2018, en el que la ciudadanía aprobó tres de los proyectos, incluida la reforma judicial. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. El pleno del Congreso aprobó el proyecto el 1 de febrero de 2019. Y el​ 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley Orgánica de la JNJ, creando ese organismo. La guerra estaba decidida. Gano Vizcarra dando la apariencia de combatir al crimen políticamente organizado, pero Keiko y sus Cuellos Blancos estaban agazapados esperando o creando la oportunidad.   

La privatización del sistema judicial queda al desnudo parcial, al conocerse a los implicados en el caso CNM-Audios[4]: el juez César Hinostroza, luego que el Congreso le destituyera, huyó a España, donde fue capturado. Walter Ríos en prisión preventiva. Chávarry fue removido de su cargo de Fiscal de la Nación, aunque siguió siendo fiscal supremo, pese a las denuncias constitucionales que pesaban sobre él. El Presidente esperaba una vendetta y sufrió la oposición del Congreso fujimorista, llegando a tal antagonismo que se decidió por el cierre del Congreso  y su  abierto  apoyo al Equipo Especial Lava Jato, ganándose como potenciales enemigos a los propietarios de varios partidos políticos -mas bien organizaciones para el delito- involucrados en las jugosas coimas  de las constructoras brasileñas a cambio de un posterior favorecimiento en la concesión y después las adendas de grandes obras.​ El 30 de septiembre de 2019, decidió disolver el Congreso, ante la decisión de Keiko de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, generando crisis. También la convocatoria a elecciones y las reformas judicial y política, y principalmente el cierre del congreso, y el uso de los medios, le otorgo un apoyo a Vizcarra que le duro 13 meses, pues antes de su caída solo mantuvo legitimidad con enormes gastos en publicidad y encuestas. Es así como, teniendo como enemigos a la red mafiosa de Keiko, a parte del Club de la Construcción, a los dueños de las lucrativas universidades y otros adversarios ocultos; en medio de la pandemia, meses después, en septiembre de 2020, el Congreso tomo venganza mediante otros personajes. Congresistas liderados por Acción popular, que mantenía una imagen positiva por el recuerdo del Presidente Paniagua que logró apresar a 200 (5% aprox.) delincuentes políticos de la red mafiosa de Fujimori-Montesinos, inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por haber  obstruido las investigaciones del Ministerio público y el propio Congreso, y por sus recurrentes falsas declaraciones. Este intento ocurrió el 18 de septiembre y mes y medio después consiguieron vacarlo, con los ​105 votos antes referidos.

El Perú, el 26 de enero 2020, eligió un Congreso tan corrupto como el anterior; de los 130 congresistas, 68 con juicios abiertos, mas del 50% tienen, con casos pendientes en el Poder Judicial: muchos de ellos por delitos graves. En su mayoría son miembros de Podemos, UPP y APP. Podemos busca obstruir y descarrilar las investigaciones que han generado una orden de detención para uno de sus fundadores, José Luna Gálvez. La cabeza de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, tiene 36 procesos y apoyó la vacancia esperando que el nuevo presidente libere a su líder, Antauro Humala, preso por liderar una confusa asonada, con el saldo de varios policías muertos. Impresentables como Daniel Urresti, con 23 procesos incluyendo el asesinato del periodista Pedro Bustíos y la violación a mujeres campesinas o Meléndez, del partido Alianza para el Progreso (APP), con el record de 85 casos fiscales abiertos por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa y lavado de activos. Esta organización política, es un verdadero nido de delincuentes, tiene el mayor número de parlamentarios con procesos abiertos.[5] Con la salida de Vizcarra, quien quedó a cargo de la presidencia del Congreso legislativo, Manuel Merino, militante AP. Apoyado por APP, liderado por César Acuña, dueño de un conglomerado de universidades privadas. El fujimorismo espera boicotear las investigaciones contra Keiko Fujimori y toda una tendencia política nacional de corruptos en todos los niveles de la administración pública y empresas.

 En un juego perverso tipo bumerang, Vizcarra se arriesgo al apoyar abiertamente al Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, uno de cuyos miembros, el fiscal José Pérez, encargado de los casos de Keiko, Fujimori, Alan García y Kuczynski (caso Odebrecht), se mostró inusualmente activo, recibiendo la simpatía popular. Los medios le recordaron a Pérez que como fiscal en Moquegua habría sido protector de Vizcarra, que no repercutió por su alta aceptación. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por recibir dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht durante las campañas electorales de 2011 y 2016 (caso Cócteles). El juez Richard Concepción Carhuancho hizo suya la tesis del fiscal y ordenó detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en octubre de 2018. ​Dos años después ya conocemos la represalia.

Perú vivió una verdadera guerra de mafias. Los viejos y nuevos empresarios mafiosos financian y ponen congresistas para la defensa de sus intereses. Los congresos y los gabinetes de Vizcarra y Merino fueron los canales de sus intereses y de la corrupción. Merino, como Vizcarra y otros no tienen respaldo partidario, compraron sus nominaciones. Merino fue producto de cinco mil votos, colocó como primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4% de los votos.  Los congresistas que llevaron a Merino a la presidencia buscaban terminar con investigaciones judiciales. Los financistas del poder y de la política peruana arriesgan desestabilizar su Estado de derecho con tal de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios. Parece que el objetivo principal de la coalición de la vacancia fue desmantelar al ejecutivo y mantener sus privilegios e impunidad. Casi todos los titulares de las carteras ministeriales están ligados a estudios de abogados “de alcurnia”, o forman parte de acreditados núcleos conservadores. Flores Araoz, el titular del Gabinete tiene oscuros antecedentes, fue ministro de Toledo, y de García. Estuvo involucrado en la represión de Bagua que dejo como estela, decenas de muertos. Abogado, además, de Telesud, esa Universidad-lucro que buscó engañar al país construyendo la fachada en una institución académica. Y abogado también del rector de la Universidad Garcilaso, famoso porque ganaba dos millones de soles (60 mil dólares-mes).   

Por eso el objetivo inmediato y desesperado de las mafias coordinadas por la CONFIEP era nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y ejercer su pleno control del poder judicial. No son prácticas defensivas, pues paralelamente luchan por seguir manejando el presupuesto público para el 2021, el BCR y el Ministerio de economía. Ambos bandos se disputaban las Fuerzas Armadas y policiales, que hace mucho han dejado de lado la defensa de la soberanía, ahora solo son defensoras de las corporaciones y en su tiempo libre colaboran en el orden público.

Vizcarra, también contaba con un apoyo condicionado de la CONFIEP y los grandes mineros. Estos y todos los extractivistas, siempre a salvo; siguen sosteniendo que la minería es el único sector económico genuino, aunque su participación en el valor agregado total del país sea ridícula, lo mismo que en la generación de empleo total, con una tasa de informalidad laboral escandalosa. No acepta la imposición de mayores gravámenes por su ventaja productiva natural al acceder a bienes “baratos”. Los mitos derivados de la “gracia divina” de la extraordinaria dotación de factores naturales, no justifica que algunos propietarios de esa riqueza y sus dirigentes crean que por eso son los dueños del país. Sin embargo, a la CONFIEP no le agradaba el apoyo de Vizcarra a las investigaciones que afectaban a todo su sistema de poder: el caso Lava Jato, amenazas de investigación a Graña y otros constructores privados. El proceso al lavado de dinero de los Romero y otros grupos, la intervención de la Fiscalía en sus cuentas, al descubrirse aportes a KeIko no declarados; su renuencia a liberar Tía María, Conga y otras inversiones. Vizcarra se sentía útil y necesario, pero la CONFIEP ya no confiaba en el, de allí que en septiembre del 2019 apoyaron abiertamente el golpe parlamentario de Mercedes Araoz. Estos dueños del país cuentan con el apoyo indeclinable del mafioso grupo El Comercio de José Graña Miro Quesada, uno de los principales acusados, que forma opinión pública con sus noticias falsas, mitos y fetiches.

Los nuevos ricos son los que quieren parte del poder. El propósito es usar a su favor el estado de derecho y sus instituciones, un negocio de los mas rentables en este capitalismo colonial es la educación y en ella, las universidades privadas de mala calidad. El Congreso y gabinete de Merino empezaron el debate sobre la derogación de la ley universitaria, la autorización de cinco universidades, el licenciamiento de las no calificadas. Luchan por liberarse de una reforma universitaria que los limita en su fraudulento crecimiento. El partido Acción Popular, uno de cuyos líderes principales es Raúl Diez Canseco, magnate dueño de universidades; el abogado Flores-Araoz ha defendido a la universidad Telesup, cuyos dueños poseen el partido llamado Podemos. Tras ellos, hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias y ONG contra la “ideología de género”, conservadores aristocráticos y otros populares, etc.

El sistema político se ha transparentado y podemos identificar con Francisco Durand los tres pivotes de la elite económico-política que gobierna el país desde las sombras desde 1990, aunque, cada vez se vea mas obligada a exponerse. Incluye a todos los presidentes influenciados, controlados, financiados, es decir capturados (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Merino) por ellos, recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el manejo de la economía sea dirigido por tecnocracias, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros. Encargados de servir a las grandes corporaciones de la minería, agroindustria, finanzas, servicios y las obras subsidiarias estatales. Decididos a rebajar los requisitos y controles de la inversión y la tributación, acabar con los estándares de regulación ambiental, impedir la formación de sindicatos, generar amnistías tributarias, buscando siempre mayores rentas e intereses, con el objeto de “estimular el crecimiento” por encima de todo.

Estos tres pivotes son: Uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros. Dos, la tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Véase la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de “puerta giratoria”: fue del grupo Apoyo al MEF, del MEF a Backus, de Backus de vuelta al MEF, y ahora en Intercorp. Tres, los grandes medios de comunicación de masas (El Comercio, Cadena Correo, RPP, Wilax, este último muy comprometido con el golpe) que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre un cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial. Estado de derecho, dicen. Su Estado, su derecho.[6]

3. LA LUMPEN BURGUESÍA NEOLIBERAL CONTINÚA PRIVATIZANDO LA POLÍTICA. DE LA ILEGALIDAD DE VIZCARRA AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN.

Este caso es único en la historia reciente del país. Nunca un presidente de la República en ejercicio había sido investigado por la fiscalía y la procuraduría, que cuentan con testimonios y delaciones de coimas recibidas en las múltiples veces que fue funcionario público y otros delitos como obstrucción de la justicia e influir en la política para conseguir sucesores “confiables”. De hecho, Intervino descaradamente en el Ministerio Público para colocar o Zoraida Ávalos y usó a un grupo de fiscales adeptos para perseguir a sus adversarios. Incluso el cierre del Congreso y las amenazas veladas de intervención de las fuerzas armadas en su favor, de ocurrir la vacancia. Sus errores lo obligaron a la suspensión de funcionarios, cambios de magistrados y burócratas judiciales y a la reiterada mentira. Se convirtió en símbolo de inestabilidad política. Solo en la administración de la pandemia, tuvo tres ministros de Salud, cuatro del Interior y tres jefes de gabinete. Los audios, como los videos de Fujimori, fueron contundentes pruebas de manejar una organización criminal formada hace una década en Moquegua. Vizcarra solicito ser investigado y su amiga Zoraida Avalos, de la JNJ en un acto de colusión agravada, accedió, pero condicionado a que sea después del 28 de julio 2021.

Vizcarra se vinculó con la corrupción desde que era presidente regional de Moquegua. Como ministro de transportes favoreció a las empresas que le dieron coimas en su región. Ahora que se conoce mas de su recorrido, podemos deducir que no había obra de la que no obtuviese réditos. El ingeniero José Manuel Hernández, exministro de Agricultura 2016-2018, confesó ante el fiscal del equipo Lava jato, Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación del Club de la Construcción, según La República, corroborando la existencia de una coima, hasta por S/ 1.3 millones que había pactado el empresario Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA (asociado con INCOT), con Martín Vizcarra Cornejo por la obra del Hospital Regional de Moquegua por S/ 123.5 millones (18/12/13) durante su gestión como presidente regional de Moquegua (2011-2014). La historia viene desde el 2005 hasta el 2011 cuando la empresa del presidente y sus hermanos C y M Vizcarra se convirtió en proveedor del consorcio Conirsa, conformado por Odebrecht, ICCGSA y Graña y Montero a cargo del tramo 2 y 3 de la Interoceánica del Sur. Luego de un conflicto de competencias creado por Avalos

El fiscal Juárez, abrió investigación directa a Martín Vizcarra, dejando de lado a la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, que había dispuesto que sea la fiscalía Anticorrupción, los fiscales Omar Tello y Elmer Chirre quiénes investiguen este explosivo caso. Ante este conflicto de competencias, según la norma, tendría que dirimir un Fiscal Supremo -que no incluye a la Fiscal de la Nación- por lo que serían: Pablo Sánchez o Betsabé Revilla que estaban por que siga investigando el equipo Lava jato. Vizcarra firmó el contrato con el consorcio ICCGSA-INCOT, el 18/12/2013 - que también, como el de Obrainsa-Lomas de Ilo y otras tres obras de su gestión en la región- y creyó estar a salvo por haber sido fue certificadas por la agencia de las Naciones Unidas (UNOPS), cuyo funcionario Fernando Cotrim participó del proceso. Un hombre clave en la relación de las empresas del Club de la Construcción con UNOPS es Aldo Belaunde Gensollén, implicado en el caso Vladimiro Montesinos- Congreso 2002), sindicado además por el colaborador eficaz de la brasileña OAS, Valfredo de Assis, en el caso Hospital Lorena del Cuzco como el "operador de UNOPS" que les habría cobrado el 8% del presupuesto de esta obra para repartirlos entre los actores claves que facilitarían que la agencia internacional les allanará el camino hacia la buena pró.[7]

El hospital fue la gran obra de la gestión de Vizcarra en Moquegua. El gerente general del gobierno regional era el ingeniero Edmer Trujillo, exministro de Vivienda y Transporte 2016-2019, que fue el que autorizó los desembolsos, mientras que el jefe del proyecto del hospital era Carlos Estremadoyro, también ministro de ese rubro, que fuera sindicado como "el cajero" por la exsecretaria del presidente Karen Roca. Así tenemos que, Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro, José Manuel Hernández, funcionarios de la UNOPS, los hermanos Tejeda de Obrainsa, funcionarios de Odebrecht, Aterpa, (que aporto a la campaña de Toledo) todos los presidentes regionales de la promoción "Martín Vizcarra" 2011-14, que recurrieron a estas artimañas, salvo el de Madre de Dios, y otros están en calidad de sentenciados, presos, fugados, o a punto de la condena. Forman parte de esta organización criminal y se los asocia principalmente con las empresas constructoras CASA, ICCGSA y OBRAINSA, COSAPI, Constructora Durán SA (Codursa), miembros VIP del Club de la Construcción y la española Construcciones y Promociones Balzola, que fueron favorecidas cuando Vizcarra ocupó el ministerio de Transporte 2016-18.[8]  

Vizcarra, como presidente, siguió con sus actos ilícitos, a pesar de denuncias y testimonios que lo involucran. En tiempos de pandemia más imputaciones aparecen, en la compra de pruebas rápidas, material medico y la denuncia sobre las vacunas VIP y los negociados con las mismas. Reparto de apoyo a grandes empresarios, dispendio incontrolado de fondos públicos. El fiscal Reynaldo Abia, a cargo del caso, indica que Vizcarra se reunió con la ministra de Economía y otros altos funcionarios para decidir esa compra, la direccionaron. No se compraron pruebas moleculares, las únicas que detectan la enfermedad. En la corrupción está la respuesta. Luego mintió sobre acuerdos con los fabricantes de vacunas y cerca de fines del 2020 nos enteramos de que no existen acuerdos.

Este mandatario convocó a elecciones para abril de 2021. Se inició una secuencia de confrontaciones, incluyendo la censura al gabinete Cateriano, los pedidos de interpelación a los titulares de Educación y Economía y Finanzas, y las denuncias por el caso Swing y el intento fallido de vacancia. El Jurado Nacional de Elecciones sentenció que Vizcarra interfería en los comicios. En febrero 2020 declaró que apoyaría a candidatos afines a sus ideas. Al desacreditar la política con psicosociales contra el Congreso, logró que la gente odie aun mas a los parlamentarios. Fueron 24 las organizaciones políticas en carrera electoral para el 2021; casi todas son solo logos colocados en el mercado. La corrupción campeó desde un inicio, se encarceló a los opositores y se arruinó la economía. Se estima que el PBI caerá 14.8%. El mal manejo de la pandemia colocó al Perú como el primer país con más muertos por millón del planeta. En febrero 2021 busca la impunidad del congresista, postulando a ser parte del Congreso.

Vizcarra se fue con una supuesta aprobación de mas del 50%, pero no se dice que el ministerio del interior con sus prefectos y gobernadores son un instrumento político del Ejecutivo y que gastó decenas de millones en los medios para lograr que en el papel aparezca legitimado. Entre el 2018 y el 2020 habría gastado alrededor de 70 millones de dólares en publicidad, según Transparencia Economía[9] Al margen de las maniobras de otros mafiosos, el país no podía continuar siendo gobernado por un corrupto que persistía en actos delictivos, continuaba impune e inmune, y su mayor tiempo lo dedicaba a borrar las huellas de su prontuario de ilícitos. El hecho de que otra mafia lo impugnara y pidiese la vacancia distorsionó la clamorosa demanda de que se vaya. Vizcarra entendió los tiempos políticos y se centro en su legitimidad e imagen, como bien anota Monereo:

El mundo del capitalismo financiero concede poco a la política y prefiere a gestores de imagen y potentes aparatos de comunicación. Los tiempos están cambiando y lo harán más, mucho más y rápidamente. La figura que emerge es el intelectual sistémico. Su papel es definir lo políticamente correcto; lo que se puede debatir y lo que no; sacar de la esfera pública los intelectuales críticos, condenarlos al ostracismo y vetar su presencia en los medios. Sus instrumentos son emitir discursos disciplinarios, criminalizar al disidente y etiquetarlos.[10]

Perú vive un enfrentamiento entre piratas y corsarios modernos de la economía y la política. Son la llamada gran burguesía y la nueva burguesía, ambas dedicadas al saqueo. Con naturales intereses de grupos: unos en el extractivismo de abolengo histórico: banca, minería, agroindustria (el neolatifundismo esclavista), pesca, servicios y cervecerías y otro sector inversor en competencia en sectores lucrativos: cemento, educación, servicios, comercio, correspondiente a la industria marginal, periférica, de alimentos y artículos de consumo cotidiano como refrescos o leche. Mientras estos últimos están agrupados en una sociedad de medianos empresarios Asociación de Empresas Familiares del Perú -AEP- bajo el liderazgo del grupo Añaños, entre otros.

Los primeros concentran su poder en la CONFIEP – fundada en 1986, que incluye a las corporaciones extranjeras y a las viejas sociedades: SIN-industria, CCL-comercio, ADEX-exportadores, SNMPE-minería.  Son mas continuidad que ruptura con el mundo colonial, del cual provienen, como todo. En este nuevo ciclo de recolonización neoliberal, estos pillos están a ambos lados de la legalidad. Estos viejos y experimentados piratas son los Romero, Brescia, Rodríguez-Pastor, Benavides, Graña, etc. Controlan la banca y finanzas, el sector extractivo y urbano-industrial. El control del MEF y el BCRP es fundamental para todos ellos. Los políticos son “construidos” (Fujimori, los Kucsinsky, los García, los Toledo, Vizcarra) o absorbidos (Humala, Villarán) por ellos y algunos ingresan a su férula como la familia del difunto Alan García (accionista del grupo Rodríguez Banda) o la familia Fujimori en grandes mineras como Antamina, Volcán y Morococha.

            Los que nacieron como piratas, fueron después corsarios y cuando es necesario retoman la piratería, ocupan nichos de inversión “innovadores”, algunos ingresan a la política y terminan con cuentas off shore. Son los Añaños, los Acuña y su red de universidades, los jefes militares y policiales involucrados con los narcos, los mineros ilegales, los nuevos empresarios, comerciantes, constructores, etc. Dedicados a las actividades informales o ilegales, las transforman en lo contrario. Los corsarios -antes piratas y luego, después, parte del Estado, lo que es la verdadera puerta giratoria- actúan con permiso estatal, buscan controlar el Estado desde el ejecutivo y los otros poderes, ocupan las instituciones, crean partidos y financian sicarios. Al ingresar a los poderes del Estado los piratas se convierten en corsarios, acumulan de lo que robaron y continúan defraudando al país, en relaciones personales y de grupo con el poder judicial, el Congreso o la presidencia. 

Ambos campos forman una cambiante lumpen burguesía, tienen objetivos comunes y otros discrepantes, nombran presidentes, manipulan al Congreso, al sistema judicial y las instituciones; con las grandes corporaciones manejan la economía, las relaciones bancarias, financieras, fiscales, tributarias y; forman opinión pública con los medios. A través de los “cuellos blancos” tomaron el poder judicial, pero además con su capacidad de financiamiento pueden elegir a gran parte del Congreso y con ello elaborar la Constitución, institucionalizar y proteger la propiedad privada y estar siempre cubiertos. Al tener como únicas actividades económicas estatales las obras y servicios subsidiarios para las grandes corporaciones como la construcción o el de otorgar concesiones, utilizan al “club de la construcción”, para repartirse las obras y las correlativas adendas; entregan las minas, tierras, mares y bosques – territorios íntegros- para el despojo. Pero los nuevos empresarios, los nuevos piratas, quieren mas, quieren el Ministerio de Educación, el de Transportes y Comunicaciones, etc. Y ese es el caso de Manuel Merino y su grupo de congresistas dueños de universidades.[11]      

El nuevo Congreso, producto de las elecciones de enero del 2019, después de un intento por vacar a Vizcarra lo consiguió con 105 votos contra 19 y el resto abstenciones, el 9 de noviembre y un día después asumió el mando quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino. Este conformó un gabinete de abogados ligados a despachos de defensa de probados corruptos y otros recalcitrantes neoliberales o conservadores de derecha. El Premier Antero Flores Araoz, abogado de Telesud, Universidad-lucro que buscó engañar a la SUNEDU con la foto de una fachada y también del corrupto rector de la Universidad Garcilaso, ministro de Toledo y de García. Responsable de la represión en Bagua con un saldo de decenas de muertos.[12] La renuncia del presidente Manuel Merino, gracias a las enormes marchas populares del 12-14 de noviembre es consecuencia de la destitución del presidente Martín Vizcarra, a su vez, continuación del cierre del Congreso bajo dominio de la familia Fujimori, que a su vez estuvo precedida de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del otro ex presidente Alan García Pérez. Todos implicados en el caso Lava Jato. Este gobierno duró solo 5 días y después del debate congresal fue electo por el mismo Congreso.

Este es un sistema político que esta en descomposición y atraviesa una crisis en todos sus agentes y clases, incluyendo las instituciones electorales. Un sistema privatizado y mercantilizado ha afectado a derecha e izquierda, hasta hacer sus diferencias mínimas. Nos referimos a que los partidos son empresas electorales, de franquicias, cuyos propietarios convocan a emprendedores políticos que invierten en su negocio, solicitan los permisos correspondientes y entran al mercado publicitario. El negocio personal consiste en competir para seleccionar a quienes vivirán del Estado por toda la vida, se impone a las ideologías y proyectos políticos. Ser gobernador o alcalde, puede ser un mejor negocio, aunque signifique mas trabajo y riesgo. Aquí los negocios se establecen desde la concesión de obras (negociando el diezmo y las adendas) y dar facilidades a las grandes corporaciones para apoderarse de territorios y bienes baratos. Hoy, ya no existen lealtades y el mejor ejemplo es Vizcarra que luego de hacer de las suyas como Gobernador de Moquegua, con un saldo de 48 procesos, traicionó a su amigo PPK que le había encargado sus negocios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que fracasó en la operación aeropuerto de Chincheros, alejándose en la embajada de Canadá. Volvió para reemplazar a PPK, ante su renuncia frente a su anunciada vacancia.  

            El objetivo neoliberal mas destacado fue la inversión y el crecimiento económico, que mejoraron, debido a las innumerables concesiones mineras y altos precios de las materias primas; que permitió que las grandes corporaciones, CONFIEP y sus corifeos tecnócratas, funcionarios, los medios, fetichicen el crecimiento económico e impongan el mito del progreso. Con ello el poder logra que la política solo sirva a esta exigencia y los candidatos se desvinculan de los reales problemas sociales. Montesinos, el ideólogo del fujimorismo, fue un militar y agente de la CIA que supo percibir lo que realmente era el Estado peruano y sobre esa base inicio un nuevo ciclo de recolonización y ocupación de los poderes. Un cuarto de siglo después el sistema llegó a sus límites y se expreso en la Operación Lava Jato, todo un sistema de sobornos de constructoras brasileñas que comprometió a representantes del gobierno y partidos de izquierda y derecha y que viene definiendo la conflictividad actual, pues los que no quieren llegar a la prisión intercambian intereses con quienes buscan apoderarse de espacios de poder para su beneficio. 

Así como se reveló el manejo de la economía con el escándalo Lava Jato y el control de la política en el esquema Montesinos; el podrido sistema judicial se reveló en los involucrados en el caso Consejo Nacional de la Magistratura y los Audios que lo evidenciaron. Se imponía su cierre. Las organizaciones criminales están en la CONFIEP, en el Congreso y en el poder judicial (Los Cuellos Blancos del Puerto). Un sociólogo especializado en el estudio del poder nos dice:

La cúpula de esta nueva clase capitalista puede llegar a 40 conglomerados o “grupos de poder económico”, lista a la que debemos añadir unas 60 grandes empresas nacionales y multinacionales no conglomeradas. En total, grosso modo, son unas 100 corporaciones las que conforman esta cúpula dominante, donde destacan los conglomerados nacionales, extranjeros y asociados que manejan la economía formal del país. Los conglomerados ocupan una posición privilegiada debido a que coordinan cientos de empresas ubicadas en varios sectores, destacando los extractivos y el eje articulador de los poderes fácticos económicos: el poder financiero -bancos, fondos de pensiones, seguros y financieras-. Se trata entonces de un gran poder económico corporativo extractivo-financiero donde el comando lo tiene el capital financiero. En suma, estamos frente una cúpula capitalista moderna diversificada con dos grandes brazos, el financiero y el extractivo-exportador. A su interior se observan dos importantes tendencias: a la concentración continua que asume rasgos oligopólicos, y a la extranjerización, al ir siendo el capital nacional desplazado progresivamente.[13]

 No estamos inaugurando una nueva época en el Perú y América Latina. Seguiremos atrapados en un mundo neoliberal del que es difícil escapar, no solo del interno sino rodeados de su presencia global que ha modificado las formas de vivir y pensar. Nos han convertido en esquizofrénicos colonizados, por un lado, pugnamos por “que se vayan todos”, “nueva constitución”, “refundar el país”, por otro, recibimos ordenes desde arriba, a través de los medios y nos sometemos a los manipulados procesos electorales y a las decisiones del poder a través de herramientas maniobradas por periodistas transformados en políticos y orientadores de la opinión pública. Esta esquizofrenia terminará cuando crezca la conciencia política y se vaya creando un nuevo ethos, una nueva cultura que lo construya y empuje una transformación estructural, que demanda ser internacional. La evidencia reside en que cuando ocurren estos procesos, no obstante rechazar el mundo en que vivimos, elegimos lo que hay en el mercado electoral: a sujetos cuya única intención es enriquecerse viviendo del erario y/o de las onerosas contribuciones corporativas. Los jóvenes manifestantes que reaccionan en América Latina no parecen conscientes de que la casta de esos políticos, empresarios y dueños de medios, han logrado naturalizar las privatizaciones, el poder financiero y de las megacorporaciones mineras, la idea de dar prioridad a la inversión externa y de la necesaridad del extractivismo, a pesar de que solo han conseguido la precariedad existencial resultante de la liberalización del comercio y la desregulación de los mercados financieros y laborales. Los jóvenes están indignados por la corrupción e impunidad de políticos rapaces, banqueros, lumpen empresarios, exacerbada por la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. Hubo un colapso en la producción y el comercio, forzado o impuesto por cierres pandémicos, que luego condujeron a una enorme caída de los ingresos, el gasto y el comercio. La irracionalidad, la exclusión y la sumisión caudillista, mantienen su continuidad y confirman lo que Adorno sostenía: la democracia no es una realidad; es un ideal que aún no se ha realizado y que seguirá generando movimientos de resentimiento y rebelión.

Perú vive en una encrucijada política, momentos decisivos para el futuro del país. El presidente Sagasti nace como ultimo recurso oligárquico, como producto del caos gubernamental, confronta las nuevas amenazas de vacancia y la persistencia por imponer intereses particulares de los grupos en el Congreso. Debe armonizar el conflicto en las alturas por la gestión del excedente, el uso estatal para los fines de los grupos corporativos en pugna. Necesita ocultar el próximo fraude electoral que se avecina, la presión preelectoral por procesar y condenar a tantos precandidatos prontuariados. Al mismo tiempo, aminorar la presión social por el encarcelamiento de políticos corruptos; la indignación ante la falta de respuestas eficientes ante la pandemia y sus secuelas (con un saldo de 100 mil muertos y un millón de contagiados; y muchos negociados en su derredor) y tomar medidas frente el desbarajuste y las amenazas de caos en lo económico, social, político. Evitar mas tensiones entre los poderosos lo llevará a definir el financiamiento y uso del presupuesto para favorecer a los de mas arriba usando el endeudamiento como justificación del despojo y la austeridad para el gasto social. Ante la necesidad de aminorar la corrupción a la que ahora agrega la que se descubre en las fuerzas armadas y policiales provoca conflictos con el poder político. Otro desafió radica en el agravamiento de las condiciones de vida del pueblo, la inminencia de la muerte, las amenazas de nuevos despojos a los pueblos indígenas, desata un renacimiento de las luchas sociales de los jóvenes sin expectativas, de los trabajadores agrarios, mineros, de la educación, la salud, que se expresa el “que se vayan todos”, en la lucha por una asamblea constituyente y una Nueva Constitución, sabedores que es un paso en la lucha por la emancipación. Intuitivamente optan por romper el Estado de derecho, que no es mas que el derecho de los poderosos.    

 Asi vemos, como el astuto Martín Vizcarra logró redireccionar la trama corrupta de un grupo de jueces del Callao y algunos de Lima con la cual él ya aparecía comprometido. Y, con sus aliados de turno (IDL-Reporteros, los grandes medios, la izquierda caviar y las ONGs) lograron convertirla en una operación política de gran magnitud. Invocando el estigma de los "Los Cuellos Blancos", en caida libre y sin posibilidades de abierta defensa, sirvió para sacar del camino a cualquier adversario, asaltaron el Ministerio Público, previa demolición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). “Y, bajo tal cobertura e inflando indicios, defenestraron magistrados incómodos que hurgaban en el caso Odebrecht, Club de la Construcción, y que seguían las huellas y correrías del recién ascendido presidente. Y, por cierto, bajo este manto "incorruptible" lograron desprenderse de la oposición política.”[14] Así que el telón ha caído. Todo ha sido una farsa. En todo caso, una confluencia mafiosa de intereses ha sido desvelada. En cuanto a las ONGs, estas se aliaron con Martín Vizcarra para ocupar más y mejores posiciones y avanzar en su agenda neoliberal de “izquierda”, que bajo una presunta defensa popular, mantiene su estatus, sus emolumentos y sus asesorías. Dispuestos a ponerse al servicio de quien se las otorgue: Esta vez fue Vizcarra, ayer Humala y Toledo.[15]

Sagasti, fue el siguiente asesorado por los caviares limeños, tecnócrata internacional, umbilicalmente unido a la pseudo aristocracia y la banca mundial, no es mas que el continuismo neoliberal. El poder económico y el sistema político reacciona desde el poder recurriendo a las negociaciones con los neoliberales de derecha e izquierda para evitar una nueva vacancia. Sagasti, por un lado, intenta concertar y se reúne con sus líderes (Keiko, Acuña, Arana, Vega, etc.) y por otro recurre a la represión, al apresamiento de líderes, dirigentes y luchadores sociales, defensores del ambiente y DDHH y desviar la atención recurriendo al siempre eficiente “terruqueo” (74 Movadef y expresos detenidos). Ocultando la corrupción galopante en las fuerzas represivas y la responsabilidad de las FFAA y policiales en los asesinatos de estudiantes y luchadores, encubriendo que ya no defienden la soberanía nacional popular ni la seguridad ciudadana, sino, principalmente la del poder económico. Como ya es cíclico apresan a ex militantes y simpatizantes de SL que los tienen clasificados para que la población se centre en esta inventada nueva amenaza. Si bien es cierto que la detención de personas en algún momento vinculadas a SL, según los servicios de inteligencia, fue un acto psicosocial y un simulacro de eficiencia, no deja de ser cierto que las condiciones para que aparezca una rebelión generalizada son óptimas. Mucho mas que 1980, hace 40 años. O acaso creen que generar violencia legitimará su existencia y el monopolio y uso de la fuerza. Sin embargo, no creemos que se de este tipo de rebelión armada, pero si es probable que todo Latinoamérica y otras partes del globo haya levantamientos y conflictos debidos al aumento de las condiciones previas a la pandemia: crisis, desempleo, pobreza, inflación, etc.   

En este siglo las luchas por la dignidad persisten. Las justas, aquellas inevitables que tienen en el horizonte los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, denunciar el machismo y el patriarcado

El analista Gerald Lebrun, en las redes sociales comenta:

El presidente interino Francisco Sagasti no pierde tiempo y se revela ser un tremendo aliado del lobby minero, aprovechando de su corto periodo para autorizar un megaproyecto con más de 17000 hectáreas de concesión en Tambo Grande (Piura), en una región fuertemente dependiente de la agricultura y cuya población ya ha rechazado varias veces los proyectos mineros. Por si fuera poco, Sagasti autoriza las concesiones en las zonas fronterizas (banda de 50 km) con el decreto supremo 027-2020-EM, que declara “de necesidad pública la inversión privada en actividad minera” y que menciona expresamente a la empresa “Nuevo Arcoíris”, o sea, un decreto a medida. Sagasti, lobista de la megaminería, que se olvida totalmente de la terrible situación del país, con la mayoría de las fuentes de agua ya contaminadas con plomo, mercurio o arsénico, con 10 millones de ciudadanos ya expuestos a los metales pesados, productos de la actividad minera, con un estrés hídrico severo, con una agricultura familiar ya en gran dificultad. Pero para un presidente, lobista de la megaminería, las ganancias de las empresas mineras son mucho más importantes que el medioambiente y la vida del pueblo.[16]

4. NUEVO JUEGO DE TRONOS EN UN CHIQUERO ELECTORAL

Así, el Perú llega al 2021 y las nuevas elecciones generales. El bloque conformado por los partidos de la derecha política, que en realidad son pequeños grupos mafiosos debilitados, existen con 21 registros, en seudo partidos claramente de derecha. Cohesionan una diversidad de intereses cuyo eje unificador es el neoliberalismo y defenderse de las amenazas de cárcel. Cuentan con Keiko Fujimori y otras organizaciones criminales secuaces, como la de Rafael López Aliaga (beneficiario de las privatizaciones de Fujimori); Hernando de Soto, falso tecnócrata mediocre o el futbolista George Forsyth. Cuando tambalean las candidaturas de los partidos defensores del modelo económico, en tanto existe un gran descontento popular y demandas de cambios reales, recurrirán a los provincianos como el neoliberal Lescano, el inefable López Aliaga o la conciliadora Verónica Mendoza, de los cuales dos serán víctimas del fraude. La derecha empresarial tiene mucha de su gente con un pie en la cárcel; y por otro lado están aterrados con la posibilidad de que venga alguien y cambie el modelo. 

Según las últimas 1200 encuestas las del IEP y Datum,  poco significativas pero indicativas de la influencia de medios monopolizados y la desconfianza en las elecciones como herramienta de cambio. Lescano y López, o quizas Lescano y Forsyth o Veronica Mendoza, irían a segunda vuelta. El ganador tendra enormes problemas para gobernar, considerando precisamente, la privatización de la política.  En realidad, lo que han logrado es la antipolítica y si el voto no fuese obligatorio votaria un 30%. Lo que predomina, de acuerdo al diseño, es la invesrión y el marketing, lo que dicen los medios sobre la ignorancia y la cultura TV, la clase media de Lima y grandes ciudades.

Lo expuesto pone en evidencia que el Perú no solo no ha dejado de ser un Estado colonial, ahora neoliberal, antidemocrático, corrupto, sin soberanía, construido para unos pocos, que por su lógica intrínseca continuaran en sus propósitos de consolidarse y trataran de sacar de su descomposición a los partidos asimilables, corregir a su favor las herramientas de poder y redefinir los desajustes electorales siempre buscando que sean a su favor (llamada reforma política y judicial). Los recientes datos de las elecciones internas muestran, promediando, a grosso modo, que solo 4.3% de los militantes fueron a votar. Esto, solo prueba que las firmas de la militancia son un fraude, que la ciudadanía y los partidos solo son palabras. Los embates de la antidemocracia llevan a la corrupción electoral y se expresa al interior de los partidos. El Estado mediante el JNE negocia con organizaciones criminales para tengan la opción de ser candidatos y que un lustro mas les sirvan. El financiamiento publico-privado de partidos y campañas, los altos salarios y privilegios de los congresistas, gobernadores y alcaldes. La posibilidad de coimas en obras[17], el reparto de regalías, los estímulos para aprobar leyes que favorecen a grupos privados. han corrompido aun mas a organizaciones que ya nacieron así y han incentivado el surgimiento de problemas internos relacionados con el caudillismo presidencialista, la penetración de la mercantilización electoral, la consolidación de franquicias y organizaciones criminales en competencia y el individualismo del voto preferencial; configuran un sistema corrupto y corruptor.  

Las cosas aún son más graves. Existen contradicciones políticas fundamentales de las que nadie habla: 1. La mas importante es entre una mayoría de políticos que forman parte de diversas organizaciones criminales, grupos de la ultraderecha oligárquica, lumpen empresarios de la CONFIEP, militares y policías corruptos que controlan el Congreso, el sistema judicial y directa o indirectamente el ejecutivo; frente a otro grupo minoritario de gente honesta que trata de impedir la definitiva consolidación de los primeros. Frente a ambos, están las clases medias en proceso de precarización y los sectores populares en el desempleo y empobrecimiento. Tampoco se habla del diseño electoral, hecho a la medida de los poderosos. Se caracteriza por: a. que el poder electoral este subordinado jurídicamente a un podrido sistema judicial b. que solo se pueda candidatear por un partido reconocido por el poder, cuando todos saben que son en su mayoría organizaciones criminales y, en el mejor de los casos, empresas de franquicias que designan a los candidatos c. que el gran atractivo de ser político es la corrupción impune en gobiernos regionales locales y Congreso, o los enormes privilegios de los congresistas -incluyendo la inmunidad- que han hecho de esta entidad cloacas delincuenciales d. que los comentaristas políticos -sicarios de corporaciones empresariales- son los verdaderos políticos que orientan  las preferencias ideológicas y por los candidatos, e. que el poder judicial define quienes deben ser encarcelados y quienes pueden hacer política siendo reos sentenciados, procesados o investigados. Incluso quienes pueden ser candidatos y quienes no. F. que la gran política esta reservada para asesores, consultores, tecnócratas formados en los países colonialistas y algunos personajes elegidos por el poder.

Otra contradicción tiene que ver con la construcción del Estado-nación, donde el rechazo a la coexistencia de grupos en un mismo territorio y dentro del mismo Estado, ha sido la base del Estado-nación. Un Estado territorial multinacional que se identifique con una sola de sus “naciones” étnico-lingüísticas al privilegiar ésta sobre las otras, crea conflictos centenarios. Problema no resuelto por las constantes recolonizaciones que benefician a unos pequeños grupos y afectan negativamente a las mayorías. La apropiación de los “recursos baratos” (minerales, tierras, agua, etc) por las grandes corporaciones va de la mano con su oposición a pagar impuestos. Según Servindi “Pese a que el patrimonio del sector minero creció casi en un 400 % entre 2005 y 2016, su contribución tributaria al Estado no supera el 10 %” y la presión tributaria que en los países de la OCDE es de 34% en Peru no llega al 15% (https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/02/2021/peru-recomiendan...)

En junio del 2021 se elegirá al décimo presidente en 20 años: Los últimos siete: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García (ya fallecido), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino, son investigados por la Fiscalía, procesados por el Poder Judicial o cumplen sentencias por delitos de corrupción, lavado de dinero y crímenes de lesa humanidad. De los 23 actuales candidatos, por lo menos un 50% esta procesado (Keiko Fujimori, Julio Guzmán, Daniel Urresti, Daniel Salaverry, Ollanta Humala, Rafael Lopez, Cesar Acuña, Hernando de Soto (asesor de Fujimori), Fernando Olivera, etc, etc. [18] Entre los candidatos a congresistas 215 tienen juicios. Y la mayoría de gobernadores y alcaldes también estan procesados. De los 15 candidatos a la presidencia que quedaban a fines de febrero de 2021 9 tenbían antecedentes judiciales, solo se salvaban los que representaban a la izquierda.

Frente a la nación política y al imperio, con la opresión de mayorías en desintegración parcial, hay que distinguir el nacionalismo de la nación opresora y el nacionalismo de la nación oprimida, colocándonos al lado de esta última. Los pueblos estan luchando contra el despojo y la crisis civiizatoria, defendiendo una estrategia nacional-popular basada en la construcción de poderes sociales, fortaleciendo la unidad desde abajo que fomente el trabajo voluntario, y la auto organización social. Creemos que la izquierda, junto con todas las fuerzas sociales, políticas y culturales que todavía quieren rebelarse deben luchar por la autodeterminación y la emancipación.

5. ¿EXISTEN ALTERNATIVAS?

Las elecciones no son una alternativa al neoliberalismo, pero deben usarse para desarrollar la conciencia política y abrir espacios para continuar la lucha en sus diversas modalidades.  De ganar Verónica que esta entre Johny Lescano y Rafael López Aliaga, solo podría posibilitar un mejor escenario para desarrollar (o confundir aun mas) una conciencia colectiva fuertemente fragmentada, que no logra comprender las relaciones sociales mas profundas respecto a la crisis experimentada en su vida cotidiana y dónde esta su origen, gracias a los embrutecedores medios que actúan sobre una cultura caudillista, mesianica, religiosa y sumisa. El desafio es eliminar los cerrojos autoimpuestos por el autoritarismo cupular oenegero del reformismo como de las ilusiones míticas del vanguardismo escolástico. La autoorganización y autodeterminación, donde el propio pueblo ejerza su soberanía y se convierta en el real protagonista de la defensa de sus derechos, intereses y aspiraciones pasa por elevar los niveles de conciencia política, de organización y movilización del pueblo en la lucha.

Las izquierdas divididas y enfrentadas por apetitos de poder, influenciados por la privatización del poder, con cada vez mas débil enraizamiento de los espacios político-sociales en los territorios y en las dinámicas cotidianas de vastos sectores sociales, persiste la cultura política centrada mas en la representación que en la participación. Los activismos frecuentemente quedan atrapados en lógicas parciales, testimoniales sectoriales y de fragmentarios vanguardismos como ecologistas, indigenistas, LGTBI, reducidos sectores asalariados, con dificultades para entablar un diálogo con el conjunto de la sociedad como ocurre con el feminismo y su dificultad de empatar con las demandas de la mayoría de mujeres consideradas desde la clase.

Dos tendencias negativas -entre muchas otras- en el movimiento popular son el vanguardismo y el espontaneismo. El vanguardismo consiste en esta sobrevaloración del nivel consciente y privilegiado de la comunidad de militantes expertos responsables de los órganos centrales del partido o del Estado, de “arriba-abajo”, burocratismo. El espontaneismo, por el contrario, seria la confianza cuasi irracional en el poder auto regulador o creador de las masas de víctimas. Muchos lideres de izquierda, arguyendo siempre razones ideológicas, doctrinarias, científicas o simplemente de linea correcta que debe bajarse a las masas, son incapaces de entender que antes de proponerse actuar en la lógica de frente político, la apuesta es con los de abajo construyendo al pueblo. Los gremios de izquierdas y los activismos de diverso tipo se encuentran en crisis o son marginales, por que no quieren reconocer que “…la lucha por la humanidad es mundial. “Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas, así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo”.[19]

Junto a esta amenaza, acecha el peligro de lo que el analista Tariq Ali llama el “extremo centrismo” que es, en realidad, una expresión de la Tercera Vía y la defensa de un inexistente capitalismo de rostro humano, peor aún que un neoliberalismo con rostro humano, una expresión de la socialdemocracia convertida en un “social liberalismo” que se constituye así en la mejor forma en que se disfraza la hegemonía y que ante una crisis de hegemonía puede resultar, como lo demuestra la historia, en una restauración reaccionaria. Y, no hablamos solo de la hegemonía en su sentido común, es decir, como dominación exitosa y consensuada de un grupo dominante por sobre grupos subalternos, sino que, más bien, de hegemonía en el sentido más profundo que le da Gramsci a este concepto, es decir, como la ilusión de escoger libremente los universalismos morales, políticos e ideológicos del bloque histórico dominante, creyendo que son el producto de la libertad individual misma de los de abajo. Para Gramsci la cultura es un terreno crucial de batalla, hay que abrir la subjetividad a efecto de descubrir allí al sumiso hegemonizado, que yace dentro de la misma y que opera en base a la ideología del sometimiento libre, sea en sus formas extremas bajo formas fascistas o en sus formas moderadas bajos distintas modalidades de liberalismo y neoliberalismo consumidor.

La dominación se inscribe en la imposición de una subjetividad sumisa en capas históricamente construidas, manteniendo la religión y la aceptación de seres superiores que disponen la apropiación de territorios y seres humanos como sustrato; sobre esta relación se organiza el estado colonial, la propiedad privada y el monopolio de la fuerza. Al no ser conscientes de estas relaciones, no responsabilizamos a los verdaderos sujetos del despojo colonial, ni a las grandes corporaciones, ni a la lumpen burguesía y menos al poder imperial colectivo. Solo vemos, en una condición sumisa y con ideas incrustadas en nuestros cerebros, que los logros positivos están en la minería y buena gestión; y la culpa de nuestros males están en la violencia de los años 80, en los gobiernos socialistas de Venezuela o Cuba. Así de simple. Hoy en día, frente a un proceso electoral, en medio de los conflictos y crisis en el estado fragmentado, aparecen nuevos conservadores que critican algunos excesos neoliberales, al autoritarismo, a la violencia, la política y al Estado, asociándola al senderismo, la violencia y el fracaso venezolano. En consecuencia, quienes defienden que se fortalezca el estado, la planificación y que intervenga el estado aparecen como enemigos.  Y, por el contrario, a los supuestos anti-estado, a los antipolíticos y hasta se dicen anticorrupción, los apoyamos. Esa es la hegemonía que han conseguido y si no avanzamos en desarrollar la conciencia política que esclarezca en las mayorías esta compleja forma de dominio, la lucha contra hegemónica estará paralizada.          

Estos, pues, son peligros a los que puede dar lugar una crisis de hegemonía y el peligro de la hegemonía misma que funciona de modo subjetivo como un proceso de sometimiento libre a la dominación. Esta es una forma de dominación que también funciona dentro de la izquierda, en forma de una sutil quinta columna, incapaz de la auto crítica ideológica y ética.  Es el seguimiento doctrinario a los principios del liberalismo político que resulta en una rancia versión del social liberalismo. Ante estos dos peligros concretos se requiere de un cierto pesimismo de la inteligencia. Pero de dicho pesimismo surge, para los movimientos sociales, la opción de desarrollar el poder constituyente con toda la audacia que nos sea posible.

En un artículo anterior decíamos:

Hay una posibilidad de lucha contra el neoliberalismo, pero, al parecer, será principalmente local, pues es el horizonte que la gente conoce y controla. A ese nivel hay una lucha posible. No vemos otra posibilidad de lucha contra el neoliberalismo más que el pueblo, la clase fundamental, encuentre medios para organizarse políticamente. En esa globalidad el orden estructural es el mismo, articula clase y Estado; y en el mundo la relación centro-periferia.^[20]

Los candidatos de una izquierda desprestigiada optaron por omitir la anticipación socialista de un proyecto revolucionario concreto, desde lo local, lo que significó hacerlo inverosímil a los ojos de las amplias masas. Una praxis de clase, que quiere cambiar la sociedad, viene determinada en última instancia por los intereses de la clase y la afirmación cultural, pero crece en alcance y eficacia cuando está acompañada de deseos y expectativas que transmiten estos intereses de una forma inmediatamente comprensible y accesible para el pueblo. Movimientos y organizaciones activas y movilizadas (indígenas, socioambientales, sindicales, disidencias sexuales, feministas), no quieren permitir ser colonizados por el capital transnacional.

De hecho, hay muchas alternativas a las caricaturas de democracia, algunas basadas en antiguos sistemas de gobierno colectivistas, como es el caso entre muchos pueblos indígenas, otras fundadas en diversos enfoques más radicales, incluso el poder anárquico centrado en la gente. Es fundamental para todas estas formas el reconocimiento de que cada individuo, y, aun mas colectivamente, tenemos el poder de apartarnos de la sumisión y tomar decisiones como derecho inherente, y que, al ejercerlo, optamos por el poder del pueblo y con él, para usarlo desde abajo para el bien común, para beneficiar a todos, incluida la naturaleza. Sin dominar y explotar a otros. Diversas iniciativas recorren el mundo intentando establecer un poder responsable, fundamentado, de todos y para todos. Destacan las experiencias de autonomía distribuida, radical, y autogobierno entre los zapatistas en México, y el pueblo kurdo en Asia occidental, los celtas en España.[21] De distintas formas, las asambleas e instituciones de vecindario o comuna bajo la consigna de mandar obedeciendo, dirigen los asuntos locales, y están federadas en colectivos mayores de forma que no centralizan el poder en estructuras representativas de nivel ‘superior’. Otros mecanismos, como la delegación obligatoria de mujeres y múltiples etnias, y también la rotación frecuente de representantes o delegados, garantizan una amplia participación y disminuyen la probabilidad de concentración de poder.

La propiedad privada deberá ser puesta en cuestión. La propiedad individual complementa la común y, del mismo modo, la democracia directa da mayores niveles de participación en la toma de decisiones al pueblo, que las llamadas democracias predominantemente representativas. En el proceso se corrigen las taras coloniales como las jerarquías de género, clase, casta o raza. Las luchas por la justicia social deben por tanto ir de la mano con la democracia radical. Y el control democrático de la economía, con la localización de las necesidades básicas y servicios esenciales, el acento sobre lo común en lugar de sobre la propiedad privada del territorio y los medios de producción, y el rol central del cuidado y el compartir también tienen que formar parte de la transformación. La democracia directa o radical funciona mejor cuando la gente puede deliberar en directo. A mayor escala, son necesarias instituciones delegadas; y, de hecho, es de aquí de donde pueden venir los controles y equilibrios contra la casta, el género y otras formas de opresión. Pero incluso a estas instituciones a mayor escala se les puede hacer más receptivas y que rindan cuentas a las unidades de democracia directa sobre el terreno, como en la nominación, revocatoria, destitución o rotación de delegados, evitando fomentar el amasar poder y riqueza en exceso. Así mismo, la rendición de cuentas y la completa transparencia de las finanzas y decisiones, como el derecho fundamental a la información y la auditoria social, forma parte del derecho a participar, y poner en marcha unidades locales rurales y urbanas de toma de decisión que tengan poderes financieros y legislativos.

En los mejores ejemplos de política liberal, al parecer, hay algunas condiciones para democratizar, que van desapareciendo. La economía ha desmoronado el que todos deben tener el derecho a participar, en cualquier decisión que afecte a su vida. Este derecho de gran alcance no existe casi en ninguna de las llamadas democracias liberales. La gente debe poder acceder a foros para la toma de decisiones políticas: acceso significa proximidad física, estar libres de temores, un lenguaje y atmósfera que sea comprensible, y demás. La capacidad de participar de una manera significativa tiene que ser facilitada para todos; durante siglos de toma de decisiones centralizadas esta capacidad ha sido destruida sistemáticamente en la mayor parte de nosotros, y especialmente entre los marginados social y económicamente. Finalmente, y este es el más importante pero el más difícil, la madurez y sabiduría en la toma de decisiones debe crearse, absorberse y pasarse, lo que hará que la gente sea más sensible hacia los marginados, las minorías, no solo hacia otros grupos sociales sino también hacia otras especies. Esta sería una democracia ecológica radical genuina. En un sentido ideal, y quizás a largo plazo, la democracia radical sería un estado sin estado. La idea de Gandhi de swaraj[22], o algunas tradiciones marxistas anarquistas, como también varias visiones utópicas, no tienen un estado centralizado como principio de gobierno. Se podría concebir un futuro de millones de unidades de autogobierno, autónomas y auto dependientes, pero también responsables de la autonomía y auto dependencia de otros, interconectadas que no socaven la auto dependencia de ninguna unidad. Las fronteras de los estados-nación serían disueltas, para ser reemplazadas por el gobierno al nivel de paisaje biocultural. La elaboración de este tipo de visiones, sin embargo, tendrá que esperar a otro momento.

Las demandas indígenas concretas resumen, en gran medida, las demandas de las mayorías sociales rurales: resolución de la problemática de la tierra por medio de una reforma agraria; la condonación total y definitiva de la deuda agraria; fin a los desalojos, la persecución y criminalización de la protesta social; cancelación de las licencias de exploración y explotación minera, petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.

Queda claro que el actual Estado no representa a los pueblos y naciones, rechaza la soberanía popular, por lo mismo, es necesario convocar y constituir un frente destituyente que construyendo a ese sujeto lo oriente a preparar una asamblea nacional constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional. Es el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legítimos, incluyendo la resistencia popular. Convocar y constituir asambleas ciudadanas permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y poblaciones que están en los territorios.

Una propuesta con poco apoyo es la que considera que la crisis social que vive América Latina no se resuelve con reformas cosméticas, que es necesario comenzar por una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de ley electoral y de partidos políticos para posibilitar la participación de los pueblos Indígenas y sectores sociales y populares. El programa central es la construcción de un espacio de encuentros, diálogo y articulación de colectivos, para lo cual se trabaja en la construcción de herramientas, desde las simples hasta las digitales, generando acciones colectivas y sumando esfuerzos, buscando tener una voz consensuada con acuerdos mínimos y reconociendo que la divergencia es un elemento de riqueza y diversidad. Comprometidos colectivamente, trabajan y accionan por el bien común, reivindican demandas ciudadanas, y construyen una visión común de país.

Desarrollar en detalle y con todo rigor lo que significa pensar la filosofía de la praxis como una teoría del poder constituyente y, de hecho, como una teoría jurídica y constitucional desde abajo, desde el anticolonialismo rupturista, crítico y emancipador, de refundación. Ese es, en realidad, el significado profundo de la filosofía de la praxis y de la expresión, utilizada por Gramsci, sobre el “pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad”. Ante la crisis y el desorden intelectual y moral, en tiempos de colapso moral e intelectual, cuando la “inteligencia” parece dictar resignación, pesimismo y hasta desesperación, particularmente “ante los peores horrores” que comete o pueda cometer el poder, lo importante es trabajar desde abajo para forjar una voluntad contra hegemónica, una voluntad que rehúsa aceptar el veredicto del poder y las estratagemas del horror y del terror. Consigna emancipadora para ver potencialidades y crear condiciones de posibilidad. Cuando el poder nos aconseja, que solo es posible esperar salvación desde arriba, ya en la forma de una intervención imperial o en la forma patrística de la gracia implícita en la teoría económica del derrame; cuando escuchamos ese canto de sirena del poder, es precisamente cuando debemos plantearnos desde abajo y con optimismo los esfuerzos y los sacrificios que se exigen. Así como la auto transformación y el optimismo que conllevan la construcción histórica y desde abajo del poder constituyente, en tiempos de restauración reaccionaria desde los poderes constituidos. La consigna de la Refundación representa una articulación política contra-hegemónica por cuanto que se plantea no simplemente la defensa de “derechos fundamentales” o civiles -como lo plantea el garantismo constitucional contemporáneo-, ya sea ante una posible amenaza de ingobernabilidad -miedo libertario y neoconservador a la tiranía de las mayorías- o ante la amenaza real del neoliberalismo globalizador y sus esfuerzos constitucionales anti-democráticos -miedo socialdemócrata y de la sociedad civil a la dictadura de las corporaciones y los monopolios, a las libertades básicas y a la dignidad de las mayorías. Y, finalmente, porque también se plantea hacer de la dignidad de las mayorías, de los derechos colectivos sociales, de la lógica de la vida y la ecología, el elemento preferencial y, de hecho, motriz y garantista del proceso refundacional y constituyente.

La separación de poderes, que encontramos en las Constituciones del siglo XIX, tuvo también un valor puramente nominal, es decir, un valor que nunca fue redimido en la res publica criolla. En la realidad política y económica lo que sí encontramos, es más bien la homogenización del poder oligárquico al tope de la pirámide social, en una especie de des diferenciación entre lo estructural y lo súper estructural, contraria al desarrollo del sistema constitucional de derechos civiles y políticos, ocurrido en Europa y Norteamérica al mismo tiempo. Ese fue precisamente el exceso democrático, el exceso social o el elemento jacobino de la Revolución de Octubre que sacudió a las élites locales y transnacionales dominantes en ese momento. La revolución mexicana y la de Jacobo Arbenz en Guatemala, destronaron la concepción dominante de la propiedad privada como forma central de propiedad, aunque se le diera una supuesta “función social” -una doctrina de origen católico - sino que la reemplazó, de modo relativo, con un conjunto de formas de propiedad que implicaban una ruptura con la normatividad inmanente al capitalismo agroexportador y a la economía colonial.

No hay duda de que el desarrollo internacional del lenguaje de los derechos humanos, después de 1948 puso en la mesa nacional la necesidad de debatir la idea del garantismo, no solo en torno a derechos subjetivos o civiles mínimos y fundamentales sino también, derechos políticos con el agregado de algunos derechos sociales. La Constitución democrática es por lo tanto fruto de la voluntad popular; nunca del poder constituido. Y requiere de un proceso constituyente democrático: un hecho político cuyo propósito es construir colectivamente nuestro destino. La Constitución democrática sirve para decidir conjuntamente quiénes queremos ser y cómo gobernarnos, pero desde la participación que supone un proceso constituyente, plural e integrador. Se trata, finalmente, de una refundación, cuyo resultado será exclusivamente la voluntad de la decisión colectiva.

La ruta hacia una constitución democrática, protagónica y participativa es precisamente la ruta del poder constituyente. A medida que el poder constituyente marca sus diferencias con el constituido, con todo lo que ello conlleva de replanteamiento de conceptos como el de legitimidad o representación, cada uno se refugia en su naturaleza: el poder constituido en la institucionalidad y el orden de pretensión inalterable, y el poder constituyente en la legitimidad primera y la creación. En términos de Negri, el paradigma del poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, quebranta, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad. El poder constituyente está ligado a la idea de democracia como poder absoluto. Es, por consiguiente, el del poder constituyente, como fuerza impetuosa y expansiva, un concepto ligado a la pre constitución social de la totalidad democrática.[23]

Esta dimensión, pre formativa e imaginaria, tropieza con el constitucionalismo de manera precisa, fuerte y durable ¿En qué consiste entonces un proceso constituyente refundacional?  No se trata de cambiar leyes, aunque tengan “rango constitucional”, implica un quiebre con muchos de sus principios y sus dinámicas, y también implica un “quiebre epistemológico y axiológico” con el mismo. Aunque se trate inicialmente de un quiebre constitucional, el proceso también tiene como objetivo, conseguir cambios de orden social, cultural, político y económico de más alcance y profundidad. Se trata de un proceso en donde el poder constituyente debe jugar su papel desde el principio y no cesar de jugar ese papel en el proceso como un todo, pues el poder hegemónico no descansa y tampoco puede hacerlo el proceso contra hegemónico. No olvidar que sin poder destituyente no habrá quien concrete el poder constituyente. Ocurrió en Bolivia y en Chile.

Necesitamos dar el paso hacia una preferencia social por la liberación de las mayorías sociales como principio rector, tanto ético como político, del proceso constituyente refundador y de su propio proceso auto crítico y contra hegemónico inmanente. Es necesario romper con el orden jurídico establecido, como inicio de un largo camino hacia una sociedad sin Estado.