El gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una Fuerza de Tarea Regional Anticorrupción para los países que conforman el Triángulo Norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Salvador). Una de las principales decisiones tomadas por Biden, es el nombramiento de Ricardo Zúñiga como enviado especial de EEUU, un ciudadano hondureño-americano (pariente de un líder del partido nacional ya fallecido) que trabajó en el gobierno de Obama y ayudó en el diseño del Plan “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, liderado por el propio Biden, pero que quedó en papel, y hoy se piensa desempolvar.

Antes del Covid-19, el avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan fue muy pobre, explicado por la falta de voluntad de los gobiernos por frenar la migración y la corrupción, dos de los flagelos principales a vencer. La dinamización del sector productivo no se dio, ya que fueron muy pocos recursos destinados a estos propósitos, y los países siguieron observando altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, que en teoría debieron ser atacados no solo con políticas de compensación social ( utilizadas para fines políticos electoreros en el caso de Honduras), sino también con el acceso de la población a activos productivos como la tierra y servicios de apoyo, caso del crédito solidario, almacenamiento, comercialización y asistencia técnica. Las mujeres han sido las más golpeadas, ya que se asumió que las políticas de los gobiernos (¿cuáles?) y el trabajo de cooperantes y ONGs, eran suficientes para eliminar progresivamente las desigualdades de género, sin considerar rezagos estructurales en educación, salud, participación ciudadana, acceso al mercado laboral y salarios justos.

La seguridad ciudadana y acceso a la justicia, es otra de las deudas del Plan. En los tres países la violencia y violaciones sistemáticas de los derechos humanos se han generalizado. Honduras lidera en la muerte de defensores comunitarios de derechos humanos, igual en femicidios, donde más de 95% de los casos vertidos son declarados desiertos y en otros los culpables no son condenados, mucho menos los actores intelectuales cuando se trata de asesinatos consumados de líderes comunitarios defensores de la tierra, bosque, agua y biodiversidad. Los nombres de Abad Guity, Silvino Zapata, Nelson Martínez, Moisés Sánchez, Juan Carlos Cerros, Bertha Cáceres, dicen presente y están en lista de espera de justicia verdadera.

Y qué decir de la institucionalidad. La mayor parte de las instituciones se han corrompido, y la ciudadanía ha perdido esperanza en ellas, en especial las encargadas de impartir justicia y velar por el cumplimiento de la ley. Un caso especial es el Congreso de la República en Honduras, utilizado para promover la corrupción e impunidad, en alianza con el narcotráfico.

De allí que, la primera tarea de Ricardo Zúñiga, sea la evaluación del Plan “Alianza para Prosperidad del Triángulo Norte”, incluyendo la asignación de los recursos prometidos por EEUU, y que Donald Trump no entregó al considerar que los países no cumplían las acciones establecidas para frenar la migración. Inicialmente se habló de 1,000 millones de dólares, pero se dejó en 750 millones de dólares, de los cuales no se sabe su destino y resultados obtenidos. Esta evaluación debe ser extensiva al Plan de Desarrollo Integral del Norte de Centroamérica y Sur-sureste de México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que se congeló por el cambio de gobierno en USA y desfasó, con un costo estimado de 45,000 millones de dólares en cinco (5) años.

Se ocupa de una agenda de trabajo y plan de acción con objetivos y metas claras, y resultados factibles de alcanzar a nivel de Triángulo y por país, donde los gobierno e instituciones tengan un alto grado de responsabilidad.

El cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), justifica además esta intervención del gobierno “gringo”, donde asignaron recursos y apoyaron con información y personal especializado en la persecución del delito, pero los gobiernos decidieron cerrarlas. La denominada fuerza de tarea implica la creación de una nueva institución “supranacional” liderada por Washington de combate contra la corrupción, apoyada por actores de sociedad civil y empresa privada, igual el fortaleciendo de aquellas instituciones públicas que tienen competencias en la materia, pero que han visto cercenados sus presupuestos y penetradas por el crimen organizado y narcotráfico.

En el caso de El Salvador, el presidente Bukele ha propuesto la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el Salvador (CICIES), que debe recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero eliminando las justificaciones que adujeron  los otros gobiernos para la no renovación del Convenio, al manifestar que los fiscales violan la legislación local y no permiten a los imputados la legitima defensa en el  caso de la CICIG y MACCIH, curiosamente denunciado cuando se descubrieron actos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno, diputados, jueces y familiares.

Bukele exige un trato especial, ya que no quiere que lo metan en el mismo costal con los gobiernos de Honduras y Guatemala, ya que se considera libre de pecado, especialmente en lo que respecta a narcotráfico y lavado de activos.

El combate de la corrupción y reducción de los niveles en que se encuentran países como Honduras, contribuirá a reducir los flujos migratorios, la principal preocupación de Biden.  La corrupción sustrae cada año cuantiosos recursos de los fondos públicos y de la cooperación internacional destinados supuestamente a proyectos de desarrollo (véase el caso Pandora en Honduras), pero es también un aliciente para la impunidad. El narcotráfico y la práctica de negocios ilícitos, también se nutre y a la vez fomenta la corrupción. Se ha demostrado que narcotraficantes sobornan a dirigentes políticos para que financien sus campañas, pero una vez en el poder se les devuelve no solo con permitir el tráfico de la droga, sino con proyectos de inversión contratados por ONGs fantasmas que no se ejecutan (véase el expediente “Cachiros” en Honduras).

El presidente Biden piensa asignar 4,000 millones de dólares para los países de la región, pero debería evaluar, dicen organizaciones de sociedad civil internacional, las instituciones, organizaciones y responsables de manejar dichos fondos, ya que, si se otorgan como en el pasado, sería una especie de cheque en blanco a favor de los corruptos. Igual, servirá para fortalecer los órganos represivos del Estado y las campañas políticas.

El nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de la gestión de la frontera sur en el tema de la migración, va más allá del trabajo sobre el control del flujo diario de personas y el diseño de una nueva política migratoria y derechos humanos. Busca también atacar el involucramiento del narcotráfico en este negocio, que incluye también a México. Se estima que unos 15,000 niños han migrado en los últimos años sin acompañamiento de los padres, y cerca de 5,000 niños se encuentran confinados en centros de atención fronteriza. Hay también una agenda pendiente con el cuerpo diplomática y las Fuerzas Armadas en este tema, en tanto se ha demostrado su involucramiento en el negocio del tráfico de personas.

En el caso de Honduras, el trabajo de Ricardo Zúñiga debe hacerse directamente con los fiscales de lucha contra la corrupción, cuya oficina fue reducida a la mínima expresión por Juan Orlando Hernández (JOH), después que se fue la MACCIH, igual con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y organizaciones defensoras de derechos humanos.  Es importante que preste atención a la creciente penetración del crimen organizado y narcotráfico en los partidos políticos, donde diputados y alcaldes actuales aspiran a reelegirse en las elecciones de noviembre próximo, pero tienen cuentas pendientes no saldadas con la justicia, ya que son protegidos.

Tegucigalpa, DC, 29 de marzo de 2021