El martes último el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a partir de una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso las conclusiones de un estudio de campo realizado en Bolivia sobre el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, que incluyó masacres, ejecuciones y torturas.
 

El documento aborda específicamente la violación de derechos humanos por parte del Estado durante el golpe cívico militar liderado por Jeanine Áñez, pero dos de sus consideraciones fueron receptadas con inquietud por los acusados argentinos de llevar a cabo el contrabando agravado de pertrechos, despachados exprofeso para ser utilizados en acciones represivas contra manifestantes que repudiaban al gobierno de facto.
 

Los letrados de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Jorge Faurie tomaron nota del informe del GIEI con respecto a dos recomendaciones específicamente. Las que se relacionan, por un lado, con el carácter de imprescriptibilidad –dado su carácter de grave violación de derechos humanos por parte del Estado– y, por otro, con la incompatibilidad para ser pasibles de indultos o amnistías. “Esos ilícitos son imprescriptibles, por lo que el deber de investigar no puede ser condicionado a reglas procesales [temporales] del derecho interno”.
 

El GIEI consigna que “el derecho internacional de los derechos humanos tiene un marco normativo bien definido con relación a las amnistías, las cuales son válidas en general, excepto cuando se extienden a crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, y a graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, masacres, homicidio, ejecuciones sumarias y desaparición forzada”.
 

El relevamiento del GIEI fue realizado por cinco expertos internacionales coordinados por Jaime Vidal Melero, quien fuera asesor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e integrantes de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH. El estudio, que concluyó en julio de 2021, recibió el apoyo del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio (AIPG, por sus siglas en inglés), cuya misión es denunciar las masacres y los crímenes de lesa humanidad a nivel global.
 

El GIEI se conformó a partir de una propuesta de la CIDH, luego de haber recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos provocadas por el gobierno de Áñez. Quien revestía como Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, impulsó la conformación del Grupo de Expertos, que desde el inicio fue cuestionado por el titular de la OEA, Luis Almagro. Como producto de los relevamientos realizado por el GIEI en Bolivia, Almagro decidió destituir a Abrão el 15 de agosto de 2020, sin poder impedir que el relevamiento concluyera.
 

Diez días después la CIDH difundió un duro comunicado –sorpresivo para el mundillo diplomático– en el que expresó “su más enérgica protesta” y repudió “el grave embate contra su autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de Estados Americanos”. A pesar del despido del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Almagro no pudo evitar la redacción del informe final, dado que ya había sido realizado el relevamiento y sólo restaba su presentación.

Semanas atrás, el ex Presidente Macri insistió en afirmar que la presidencia de Áñez no fue el resultado de un golpe. Sin embargo, el documento del GIEI relata en forma pormenorizada los distintos hechos que produjeron la dimisión forzosa de Evo Morales, su Vicepresidente Álvaro García Linera y media docena de funcionarios del MAS a quienes les correspondía la sucesión presidencial en caso de vacancia.
 

De hecho, los encargados de colocarle la banda presidencial de facto a Áñez fueron los jefes de las Fuerzas Armadas, ante una Asamblea Legislativa cuasi vacía, sólo ocupada por bancadas minoritarias que habían impedido el ingreso de los partidos mayoritarios, entre ellos a quienes representaban al MAS. Para imponer a Áñez fue necesario quebrar la cadena institucional, ya que su grupo parlamentario apenas contaba con tres representantes.

Masacres, racismo y misoginia

Una de las primeras medidas del gobierno golpista fue firmar y difundir el Decreto 4078 que habilitaba a las Fuerzas Armadas y de seguridad a reprimir al pueblo sin consecuencias penales posteriores. El decreto, publicado el 14 de noviembre de 2019 en la Gaceta Oficial del Estado, eximía de responsabilidad penal al personal que participara en los operativos de restablecimiento del orden interno.
 

Al otro día de su promulgación, con el permiso para matar otorgado, once civiles fueron asesinados y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, municipio ubicado en la provincia del Chapare. Pocos días después, envalentonados por la impunidad garantizada, otros once civiles fueron ejecutados y 78 heridos fueron heridos en Senkata, en la zona de El Alto. “El GIEI no duda en llamar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señala el documento, y subraya que “no se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego”, tal como habían manifestado las autoridades de facto en noviembre de 2019 para justificar su brutal represión.
 

Dos de las conclusiones de la comisión ad-hoc creada por la CIDH señalan:
 

La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y las ciudadanas.
 

Las adhesiones políticas [de los indígenas] fueron peligrosamente racializadas. (…) La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida, y los responsables, sancionados.
 

Algunas recomendaciones del GIEI –que podrían ser de utilidad para varios países de la región, aunque no hayan transitado por un golpe reciente– sugieren:
 

En referencia al Poder Judicial y a los organismos de seguridad: “La administración de justicia y las fuerzas de seguridad (…) quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación».
 

Respecto a la hipotética negación de justicia como producto de las presiones de quienes fueron parte del golpe: “Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho”.
 

Sobre la potencial aplicación de normas de amnistía y/o indulto, el Grupo considera que los ilícitos investigados “son imprescriptibles, por lo que el deber de investigar no puede ser condicionado a reglas procesales del derecho interno si su aplicación resulta en una situación de impunidad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”.

La colaboración de Ecuador y la Argentina con el gobierno de Áñez fue denunciada por Abrão, quien señaló a través de su cuenta de Twitter: “La grave decisión política de los gobiernos en 2019 de volver a coordinarse represivamente interrumpe más de 45 años de compromisos regionales de contraposición con el terror de Estado, de rechazo a todas las formas de autoritarismo, de opresión, de persecución”. Su posteo en las redes sociales refiere a la carta fechada el 16 de noviembre de 2019, en la que la entonces ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, se compromete ante el ex ministro de defensa boliviano, Fernando López –hoy prófugo de la Justicia, escondido presuntamente en Brasil– a enviar los pertrechos represivos solicitados por las autoridades de La Paz.
 

Aunque aún no se han detectado evidencias documentales similares para el caso del contrabando agravado perpetrado durante el macrismo, la causa continúa su trámite en la Fiscalía General de La Paz bajo la dirección de William Eduard Alave Laura. Los operadores judiciales bolivianos, abocados a relevar el ingreso de los pertrechos, examinaron en la última semana la posibilidad de solicitar exhortos ante el juzgado de Javier López Biscayart, el magistrado que volvió a hacerse cargo del expediente el último viernes.
 

Semanas atrás, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, aseguró que de la interrupción institucional del 10 de noviembre de 2019 “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Jeanine Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.
 

En ese mismo sentido, el martes 20 de julio la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que se iniciarán los procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y funcionarios de organismos internacionales –en referencia a Luis Almagro– “por su participación en el golpe de Estado de 2019”. Según el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, “los gobiernos de la Argentina, Ecuador y Colombia fueron actores en el golpe de Estado”.

Frente a este escenario, que tiende a desenmascarar el rol de la OEA , su titular buscó durante las últimas semanas escudarse en el informe del GIEI con el objeto de disimular su significativa responsabilidad en el golpe: el último 9 de agosto, Almagro volvió a defender el informe electoral confeccionado por la OEA en octubre y noviembre de 2019 –que denunciaba “graves irregularidades” en los comicios–, situación que precipitó los acuartelamientos policiales y las marchas cívicas que prologaron el alzamiento de las Fuerzas Armadas. La reivindicación de aquella auditoría, promovida por Almagro, contradice los resultados del relevamiento efectuado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y por el Grupo de Investigadores Independientes de la Universidad de Salamanca.
 

La última semana el Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez, acusó a la OEA de estafar al país en 2019, al considerar que no existió una real auditoría por parte de ese organismo. Por su parte, el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, consideró que Almagro sobreactúa su inocencia para ocultar su “nerviosismo y preocupación profunda porque fue uno de los autores mediatos en todo lo que ha ocurrido”.
 

Los documentos de la época muestran a Almagro en total sintonía con Washington: el 20 de octubre de 2019 el Senado de Estados Unidos ya declaraba su “inquietud por las numerosas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales”. En la misma línea de procacidad, la actual encargada de negocios de los Estados Unidos, Charisse Phillips –máxima autoridad diplomática de Washington en Bolivia–, se sumó a las sugerencias el último martes y demandó que “los responsable de los hechos de violencia y muerte de 2019 deben rendir cuentas ante la Justicia”.

El 13 de noviembre de 2019, el entonces embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró “ridículo que se hable de golpe de Estado en Bolivia”. Esa misma semana Donald Trump consideró que con la salida de Morales se “preserva la democracia en Bolivia, y que la presidencia de Áñez supone un mensaje para los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega (…) Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no sólo a una sola persona (…) Con la caída de Morales, el continente americano está un paso más cerca de ser plenamente democrático, próspero y libre”.
 

Además de la presentación ante el Presidente Luis Arce, el GIEI expuso su relevamiento ante familiares de lxs damnificadxs. Uno de los lugares elegidos para compartir sus luctuosos hallazgos fue la iglesia 25 de Julio, ubicada en Senkata. Frente al altar se ubicaron  las fotos de los once asesinados. De la exposición participó Gloria Quispe, la referente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Senkata. Su hermano, Antonio, fue asesinado por las fuerzas de seguridad el 19 de noviembre de 2019 mientras ayudaba a una víctima que se había desmayado por los gases lacrimógenos. Cada vez que entra a esa iglesia, Gloria recuerda la sangre de su hermano pegada a sus zapatos: “Todo el piso era un charco de sangre”.
 

El día de la masacre, el sacerdote Guechi Revelin decidió abrir las puertas del templo para proteger y atender a las víctimas de la represión: “No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador, o de rodillas ante el Santísimo, mientras mi pueblo estaba siendo asesinado (…) Yo he jurado, he decidido, esta opción de acompañar a mi pueblo. Lo haré hasta el último día de mi vida”.