Hay unanimidad en felicitar a Edwar Snowden, exempleado de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional ) de Estados Unidos por habernos dado a conocer el bochornoso  y delincuente espionaje de dicha Agencia contra objetivos europeos.

 

Ningún Estado es creíble si no comienza por respetar y  practicar en su propia política las normas del Derecho Internacional. Y el espionaje masivo, filtrado por Snowden, demuestra hasta qué punto ha sido  usado como arma inmoral, en este caso por un Estado imperial que pretende mantener una posición hegemónica de dominio. Los imperios se guían por razones e intereses que chocan con los  propios de la justicia, del respeto, de la cooperación y de la solidaridad.

 

La política de USA tiene aspectos indudablemente positivos, y más ahora con Obama, pero también ahora, incluso y a pesar de Obama, sigue aplicando las palabras que un día dijera Georg Kennan: “Diseñemos para el futuro sistemas de relaciones que nos permitan mantener esta posición de disparidad (poseemos cerca de la mitad de la riqueza mundial) sin ningún detrimento para nuestra seguridad nacional”. Posición y palabras que nos hacen entender las escritas por el también estadounidense Noam Chomsky: “Cuando en nuestras posesiones se cuestiona  la quinta libertad (la libertad de saquear y explotar), los Estados Unidos suelen recurrir a la subversión, al terror o a la agresión directa para restaurarla”.  Snowden ha cuestionado esa libertad y está sometido a  esa agresión directa.

 

Es moralmente indigerible que el Gobierno de EEUU pretenda, tras delinquir deliberadamente en su acción de espionaje masivo, perseguir, detener y juzgar hasta condenarlo a un ciudadano que ha tenido la  libertad y el coraje de denunciar acciones obviamente delictivas, reprobadas por imperativos de una ética  universal.

 

El caso muestra palmariamente la falsedad entre lo que  se dice y lo que se hace: requerir  públicamente y  con indignación el respeto  de los derechos humanos y, a la vez, en el terreno oculto, conculcarlos con  sacrosanta burla. Y no faltarán  sinrazones para convencernos de que tal acción de espionaje –aunque detestable- resulta inevitable y plausible por  nuestro bien y seguridad.

 

No menos alarmante resulta la postura de la indignada Europa: arremete contra la gravedad del escándalo, lo sitúa en un nivel de magnitud casi imperdonable, se dispone a  pedir explicaciones a Washington, agita medidas sancionadoras,  pero no da un paso para la acogida y protección de Edwar Snowdwen. Las llamadas para que se le de asilo han sido más de veinte y a todas ellas la respuesta ha seguido el portazo. Snowden, encomiado por defender un  derecho común, el derecho de todos a  la libre expresión,  no ha recibido hasta el momento ninguna felicitación pública de ningún Estado europeo  ni el apoyo de ninguno de ellos  para cuidarlo y  protegerlo. En él nos encontramos todos desvalidos.

 

Los que se muestran indignados por lo ocurrido, nada sabrían sin él, seguirían padeciendo el oprobio de un espionaje ilícito, desconocerían el abuso de seguir  sometidos  a un poder soberbio incontrolado y, sin embargo, este ciudadano queda abandonado, obligado a vagar con angustiosa incertidumbre  de un Estado a otro, eludiendo el control, la presión y la persecución de Estados Unidos, que hará todo lo posible por  detenerlo, torturarlo y acabar de una manera u otra con su vida. Los “grandes” corrompen todo,  invocan los derechos humanos y aplican la ley inexorable del poderío y la mentira.

 

No podemos menos que recordar el caso  del soldado Bradley E. Manning, detenido en 2010, por filtrar a Wikileaks documentos  y cables diplomáticos. Está encarcelado a la espera de que se le  inicie  un juicio marcial.

 

Y ocurre lo mismo con Julian Assange, quien solicitó asilo al presidente del Ecuador. Correa legitima su decisión presentándola como  garantía de un derecho que es esencial a Julián Assange y que lo ha ejercido con la denuncia y divulgación de miles y miles de documentos que cuestionaban la dignidad de la política del todopoderoso Estados Unidos. El derecho a la libre información podía, en este caso, ser conculcado o anulado y su autor podía verse perseguido, calumniado y hasta procesado injustamente.

 

El Derecho Internacional tiene consagrado que las delegaciones y locales diplomáticos de los Estados son inviolables, incluido como consecuencia el derecho al asilo. Por lo tanto, eL Estado “perseguidor”  estaría obligado   a conceder un salvoconducto al asilado para un abandono tranquilo del país, no podría expulsarlo.

 

Pero esto es lo que está por ver en el caso de Snowden. ¿Habrá negociación cómplice?  ¿Habrá olvido y tolerancia por aquello de que “hoy lo hago yo, mañana tú” o porque las represalias se harán sentir  en un momento o en otro?

 

En todo caso, la arrogancia de Estados Unidos, que defiende en su Constitución como ningún otro Estado el derecho a la libre información y expresión, ha quedado manchada, y tal humillación no la va a dejar pasar sin castigo ante los  ojos del mundo entero. El poder no tiene más principios morales que los sugeridos por su ambición y orgullo y será en este caso  impenitente e implacable.

 

Un Estado democrático y de  Derecho debiera ser también implacable ante la amenaza de no respetar  o atentar  contra el derecho a  la vida de cualquier ciudadano. Ese derecho es previo y sin él se trunca la posibilidad de defender el derecho a la libertad de expresión.

 

Es, en situaciones como ésta, donde vemos  lo que hay de verdad por dentro de la política y el compromiso que tenemos de exigir y unir nuestros esfuerzos para hacer valer lo que es derecho de todos.

 

- Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo claretiano.