Lo que empezó como un paro por reivindicaciones concretas ha permitido evidenciar otros hechos que estarían confluyendo para boicotear el cambio social encomendado a la Asamblea Nacional Constituyente; un boicot que debía cristalizarse en días posteriores pero que, frente a los hechos suscitados en Dayuma, apresuró a sus autores para ponerlo en práctica antes de lo planificado.

De las informaciones que hemos podido recabar, tenemos la absoluta certeza de que el paro de Dayuma, así como el anterior para suscitado en Tiguino, fueron decisiones independientes y asumidas por sus pobladores, pese a los pedidos de las autoridades locales de postergar los paros y esperar a una asamblea de todas las organizaciones de la provincia de Orellana en la que se resolvería un paro provincial, o bi-provincial, si es que la provincia de Sucumbíos se sumaba a la medida.

En Tiguino ya se reportaron enfrentamientos en los que murió un campesino, Segundo Loor Intriago, por el impacto de perdigones que nadie pudo identificar de donde se dispararon, pero que, a juzgar por los cartuchos encontrados, se presume que salieron de armas de dotación de las fuerzas de seguridad de las petroleras. De este hecho se quiso responsabilizar a otro campesino.

Es conocido que las fuerzas de seguridad de las petroleras están constituidas, en su mayor parte, por ex militares que prestaron sus servicios en los destacamentos cercanos a estas empresas, incluso algunos de los jefes militares han pasado a servir como jefes de seguridad de las empresas luego de su temprana jubilación.

Es un hecho, también comprobado, que cuando llegan los militares para despejar las vías que han sido cerradas durante un paro, deben enfrentar disparos de perdigones y, en varias ocasiones, tacos de dinamita, provenientes de personas que se encuentran en la maleza; sin embargo los militares nunca han realizado un operativo para capturar a quienes se esconden en la maleza y los disparan.

También es un hecho la existencia de bandas delincuenciales que medran del contrabando de combustible y del robo de tubería, actos que han llegado a provocar derrames de petróleo, con los consecuentes daños ambientales y el reclamo legítimo de la población afectada; sin embargo, en diversas ocasiones se ha culpabilizado a los denunciantes.

Este escenario proveyó de los elementos necesarios para la elaboración del informe que provocó la destitución del Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, a quien se le acusó de no haber informado objetivamente al Presidente, o que le fallaron sus subalternos, pero que lastimosamente él debía responsabilizarse por los errores cometidos.

Es evidente que ya existían fricciones entre el Ministro de Gobierno y el Presidente, pero lo habían podido superar en función de objetivo común, la Asamblea Nacional Constituyente; por lo que sorprendió a todos los círculos políticos, allegados y no allegados al régimen, el que esta vez no se haya podido superar la confrontación de criterios. ¿Tan contundente fue el informe presentado al Presidente como para provocar este cisma? ¿Quién realizó el informe?

El informe, que suponíamos era un informe exclusivo de inteligencia militar pero que ahora tenemos razones para pensar que fue elaborado con muchos aportes generados en la Gobernación de Orellana, habla de la existencia de una mafia que extorsiona a la gente de Orellana y los obliga a asumir actitudes de hecho; también se establece que existen personas decididas a provocar atentados contra las instalaciones petroleras; para fundamentar esto presentan una foto de un supuesta persona capturada; en la foto, esta persona está llena de tacos de dinamita. ¿Quién es esta persona? ¿Es una de las 22 personas detenidas en Tena? ¿Es uno de los tres menores de edad detenidos y posteriormente liberados? Si es uno de las 22 personas detenidas, ¿por qué no la identifican? ¿Acaso se les escapó?

La salida del ministro Larrea vino acompañada de la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda, provocando los atropellos de los cuales ya se ha dado debida información; pero las cosas no terminan ahí, pues luego de la arremetida militar y una vez que todo el pueblo, las vías, puentes y dependencias fueron tomadas por los militares, se producen nuevos hechos que dejan mucho que pensar.

Los militares denunciaron que fueron recibidos con balas y tacos de dinamita, una de estas balas es de 9 milímetros. Estos hechos tampoco podemos negarlos, porque de los testimonios que hemos recibido se desprende que si se produjeron disparos desde la maleza en contra de los militares, pero, de lo que tenemos conocimiento, en las detenciones realizadas a ninguna persona se le incautaron armas; además, un arma de 9 milímetros no es fácil que un campesino lo tenga.

Llama la atención un detalle. En uno de los bloqueos del paro se encontraba una persona de la Red de Defensores tomando fotografías de la medida de hecho. Uno de los manifestantes más agresivos e incitadores se le acercó para "hacerse amigo" y sugerirle varias fotos. Cuando se retiraban, este supuesto manifestante se acercó a un cerco militar que encontraron en la vía y, denunciando a nuestro compañero de la Red, él mismo le exigió la entrega de la cámara.

La infiltración militar y de cuerpos de seguridad de las empresas en las acciones de hecho de los pobladores constituyen hechos probados, no así la participación de estos mismos infiltrados en los disparos hechos desde la maleza, porque no se ha logrado detener a ninguno.

Otro detalle que llama la atención es la explosión provocada en el puente de acceso a la población de Dayuma. La pregunta que cabe aquí es si las vías, la población, incluso el mencionado puente, estaban en poder de los militares desde el jueves en la noche, con una dotación de más de mil militares en la zona, ¿cómo los pobladores pudieron poner dinamita en un puente custodiado por los militares en el fin de semana? ¿O es que los militares descuidaron la guardia? ¿Se fueron a tomar un trago o deliberadamente dejaron la guardia? ¿Dejaron que se ponga la dinamita en el puente?

A estas alturas tenemos ya la certeza de que en los informes presentados al Presidente hay mucho de falsedad, empezando por el hecho de que la Prefecta de Orellana nada tuvo que ver en el paro de Dayuma, ni en el paro anterior de Tiguino, y que los atentados al puente o los disparos a los militares no puede ser atribuido a la población.

Con estos antecedentes queremos llamar la atención sobre dos hechos preocupantes. La situación de Dayuma ha fortalecido a los sectores que se oponen al cambio propuesto en la Asamblea Nacional Constituyente y, esta misma situación ha logrado fragmentar sensiblemente al bloque de Acuerdo País. Es de preguntarnos entonces si los informes presentados al Presidente no tenían como objetivo el control de Dayuma o de la provincia de Orellana, sino que su objetivo primordial era que esta situación llegue a poner en riesgo la misma Asamblea Nacional Constituyente.

Varios bloques de asambleístas han intentando liderar la defensa de los campesinos detenidos, pero en especial Sociedad Patriótica, pues lo acontecido en Dayuma les ha venido como regalo del cielo para dar fuerza a su alicaída presencia en la Asamblea, sin que éste haya sido el propósito de la población de Dayuma.

Vistas así las cosas, podemos delinear el escenario que debía propiciar los informes elaborados:

a. Deshacerse del Ministro de Gobierno, desacreditándolo ante le Presidente, ya que éste podía ser un mediador al provocarse un conflicto en la Amazonía y podía haber evitado los desmanes dados.

b. Esperar una respuesta presidencial al informe, para lo cual se contaba con el carácter impulsivo y fogoso del Presidente. La respuesta podía darse ante cualquier nueva medida de hecho que se produjese en la Amazonía. Dayuma solo encajó en este escenario.

c. Provocar a la población en base a una arremetida militar que de argumentos para que los organismos de derechos humanos señalen las arbitrariedades y, a la vez, las fuerzas de oposición al gobierno se hagan eco de las mismas para desacreditar al gobierno

d. Dar elementos para que la oposición en la Asamblea Constituyente sopese la fragilidad o fortaleza del bloque de Acuerdo País. Si el bloque de Acuerdo País se solidariza con la población afectada se estaría confrontando con el Presidente, y si no lo hace, perdería credibilidad en grandes sectores sociales, los que podrían volver la mirada hacia los partidos tradicionales.

e. Finalmente, provocar la fragmentación de Acuerdo País y buscar posibilidades para que la derecha asuma la conducción, para eso cuentan con que muchos de los asambleístas actuales de Acuerdo País son ex coidearios de los partidos tradicionales o fueron protagonistas de alianzas con el régimen gutierrista.

Si este es el escenario, entonces centrémonos en los posibles autores del informe:

Primero. Si los ubicamos en las filas militares, es fácil encontrar simpatizantes de Sociedad Patriótica, pues al final de cuentas, este es un partido generado por militares y conducido por militares en servicio pasivo; además, por militares que se oponen a los cambios propuestos por la Asamblea. Forjar un informe con un objetivo preestablecido no es difícil para ellos, nada más recordemos su comportamiento desleal en la noche de la caída de Mahuad.

Segundo: Podemos ubicarlos en las propias filas de Sociedad Patriótica en Orellana. Son conocidos los lazos de la Gobernadora de Orellana, Eliza Monar, con los consejeros de la Prefectura de Orellana, Antonio Vidal y Fanny Vidal; además del viceprefecto, Alberto Zambrano. Los tres interesados en la destitución de Guadalupe Llori. Son conocidas también las constantes confrontaciones entre la Gobernadora de Orellana y la Prefecta de Orellana, al punto que se han dado roces en diversos eventos; precisamente en uno de estos eventos es en donde surge el epíteto de "mama lucha", que luego recogería el Presidente para referirse a la Prefecta. Finalmente, es preciso resaltar la defensa que hace la Gobernadora de las compañías petroleras, tal como lo hizo muy apasionadamente en su intervención en la última asamblea del pueblo de Orellana. Una confrontación personal o el interés de proteger el status quo pudo llevar a la Gobernadora a forjar un informe exagerado.

El asunto, en los actuales momentos, es que el caso de Dayuma está provocando un cisma en la Asamblea; la actitud asumida por el Presidente tampoco ayuda a superar esta situación y Sociedad Patriótica, como vocero de la derecha, está pescando a río revuelto; mientras tanto 22 personas siguen detenidas e ignorantes del peso político que ahora tiene su caso. Ellos solo desean regresar a sus hogares.

Fuente: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH (Ecuador)

http://www.inredh.org