El día martes 6 de mayo de 2008, entre las 10 y las 12 de la noche, fueron arrestados los comunicadores sociales Carlos Andrade, Santiago Cadena, Diana Cabascango y Francisco Jaramillo, miembros del Centro de Medios Independientes Indymedia-Ecuador.

El fiscal del caso, Doctor Francisco Noboa, encabezó el operativo de allanamiento a los domicilios y captura. Dicho fiscal se negó a informar al abogado de los detenidos sobre las razones de su detención, no quiso informar cual era el juez que conocía la causa, no mostró la orden de detención, ni la de allanamiento.

Esta actuación es violatoria al artículo 24 (4) de la Constitución, el cual señala:

Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio.

Por esta razón, el INREDH presentará una denuncia en contra del agente fiscal mencionado.

El personal de la Policía Judicial no permitió que los detenidos se entrevisten con su abogado, por lo cual se configura una situación de incomunicación, por lo que el INREDH denunciará ante asuntos internos de la Policía Judicial esta falta para que se impongan sanciones a los policías responsables.

Estos hechos configuran una detención por conciencia, es decir una detención cuyo móvil es político. Las actividades comunicacionales de los detenidos eran de constante crítica al sistema constituido y de denuncia por los atropellos del poder a los derechos de las personas. Los bienes incautados de sus domicilios fueron computadoras, documentos de trabajo y afiches alusivos a su tendencia política.

Este arresto arbitrario está siendo denunciado ante organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigimos que se frene la incomunicación de los detenidos, que se señalen las causas de su detención, que se sancionen al Agente Fiscal y a los oficiales de la Policía Judicial por la violación de los derechos humanos de los detenidos y que si los supuestos legales no se cumplen se los deje en inmediata libertad.

Pedimos a la opinión pública que se mantenga vigilante de estos hechos que parecen configurar un ataque a la libertad de expresión en nuestro país.

Fuente: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH (Ecuador)
http://www.inredh.org