Nada hay más revelador sobre la naturaleza intrínseca del llamado movimiento autonomista cruceño que las cuentas pendientes que tiene Branko Marinkovic ante la Ley boliviana por apropiación ilegal de tierras del Estado. Valiéndose del tráfico de influencias y la corrupción de funcionarios y autoridades estatales, un mismo individuo, o familia, ha conseguido ser dotado hasta cinco veces de extensas áreas de tierra, dice la información dada a conocer por el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en torno a la apropiación de la Laguna Corazón por parte del inefable paladín de la autonomía cruceña.

En otro contexto, este robo de tierras del Estado podría pasar por una avivada, por la destreza de un tipo listo en un país donde la administración de las tierras y la justicia es materia dúctil ante el poder del dinero. Pero en el marco general de una convocatoria a referéndum autonómico, que el propio Branko Marinkovic encabeza, esta situación ofrece más bien una ventana para mirar el futuro que les espera a los cruceños "autónomos".

Se equivoca el ciudadano del oriente del país si creen que sus intereses serán protegidos por una oligarquía oriental que ahora camufla sus intereses de clase perorando sobre las virtudes de la democracia y libertad. En realidad, esta oligarquía actúa ante los recursos del Estado y el bien público con un implacable instinto de saqueo y beneficio personal. Como prueba del acaparamiento de tierras, en Santa Cruz 15 familias controlan medio millón de hectáreas. En el Beni 10 familias concentran ilegalmente medio millón de hectáreas. En Pando 9 familias poseen cerca de 800,000 hectáreas. Detrás del discurso de enfrentamiento entre cambas y collas está el choque entre dos sectores: está la oligarquía oriental y la población sin tierras. ¿Desde cuándo los terratenientes, los que se han beneficiado de los recursos del país sin compartir, necesitan de la solidaridad de los de abajo?, ¿desde cuándo la magra burguesía boliviana se hace la defensora de la democracia y la libertad, ella que personificada en los Gasser o Sánchez de Losada, ha financiado o se ha beneficiado por años del golpismo militar? ¿No fue acaso en Santa Cruz, como refiere el periodista de La Nación, Manuel Salazar, donde grandes narcotraficantes ofrecieron en 1980 un financiamiento de cuatro millones de dólares al golpista García Mesa? ¿No estaba en esa reunión Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Anticomunista Mundial (WALC), además de Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz? Branko Marinkovic y el sector social que lo ha elegido como su portavoz, representa la continuidad de esa mentalidad de exclusión social y saqueo de los recursos del Estado. Más que cualquier opinión, son sus actos públicos, es la distancia entre su discurso y sus acciones lo que da una pauta de lo que será esa Santa Cruz en manos de los capataces del lugar.

El discurso popular es el más revelador en materia de mentalidades. Gabriela Oviedo, la miss Bolivia de 2004, pasó a la historia cuando, con todo el candor de un estado de cosas que no ha cambiado hasta hoy, declaró que "la gente que no conoce mucho sobre Bolivia, piensa que todos somos indios del lado oeste del país… Es La Paz la imagen que refleja eso, esa gente pobre, de baja estatura e india. Yo soy del otro lado del país, del lado este… Nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés."

Históricamente, Santa Cruz ha sido extrañamente una tierra de acogida para el nazismo. En esa ciudad han surgido grupos neofascistas como "Los novios de la muerte", activo durante la dictadura de García Mesa. Ya en años previos, la dictadura del coronel Hugo Bánzer llegó inclusive a encubrir, proteger y otorgar la ciudadanía boliviana a un criminal de guerra nazi, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien más tarde organizaría los ataque paramilitares del 17 de julio de 1980 contra la COB en La Paz.

En ese Santa Cruz autonómico del prefecto Rubén Costas, ser alto, blanco y saber inglés es el paradigma de modernidad. En ese país deseado por la oligarquía cruceña no tiene cabida "esa gente pobre, de baja estatura e india", que no viene necesariamente de la región andina. Esos "pobres indios" son los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreode, Yuracare-Mojeño, Gwarayo y Guaraní, pobladores que viven en Santa Cruz desde hace cientos de años, mucho antes de la llegada de los Marinkovic, los Costas o los Quiroga. Si hay alguien dueño de las tierras de Santa Cruz, ese dueño legítimo son los pueblos indígenas. Ellos que no tienen pisada en las aulas de las universidades privadas, ni en los espacios de diversión del barrio Equipetrol, ni en los salones de las Torres Cainco. Y no serán las huestes de la Unión Juvenil Cruceñista las que lucharán por una mayor justicia e igualdad para los primeros pueblos indígenas cruceños, sencillamente porque jamás lo hicieron. Santa Cruz le debe su crecimiento económico al estaño, es decir, al trabajo de los mineros de Catavi, Llallagua, Pulacayo y Siglo XX, por citar algunos centros mineros. Fueron esos indígenas aymaras y quechuas los que escupieron sus pulmones en sangre y silicosis para que Santa Cruz pueda colocar losas en sus calles y para que su agroindustria puedan capitalizarse. El trabajo de los "pobres indios" permitió en la década de los años 70, según el historiador Mariano Baptista Gumucio, la enorme expansión de la agricultura cruceña mediante créditos del Estado destinados al cultivo y la exportación de algodón, café, azúcar, madera y ganadería. Sin embargo, llegado el momento de devolver los préstamos, fue el Estado el que acabó absorbiendo las deudas de los productores cruceños al Banco Agrícola. Los bolivianos que no vieron ni un centavo de esos capitales tuvieron al final que pagar unos 700 millones de dólares. Ese traspaso de la deuda privada al erario público fue obra de ADN, la formación política que hoy se llama PODEMOS, o lo que es lo mismo: ROBEMOS, encabezada por Jorge Quiroga, el ex consultor del Fondo Monetario Internacional.

Más que un conflicto entre ciudadanos bolivianos de oriente y occidente, en Bolivia es el neoliberalismo el que está luchando para aplastar las demandas de mayor justicia económica e inclusión social. Marinkovic, Costas y Quiroga defienden los intereses de las transnacionales. Su expresión política es la derecha, es PODEMOS, es el aval del embajador estadounidense Philip S. Goldberg. La embajada de Estados Unidos ha estado entregando cientos de miles de dólares a una serie de organizaciones opuestas a las reformas que lleva adelante el presidente Morales. Es esta derecha de oligarcas criollos, no de cruceños, la que ha rechazado la mediación de la Iglesia y la mediación de países como Brasil o Argentina para evitar la división del país.

En más de 180 años de historia de Bolivia, jamás un gobierno estadounidense ha actuado en Bolivia con verdadero altruismo. Washington ha velado por sus intereses en suelo boliviano utilizando a dictadores militares o políticos corruptos (Bánzer – Sánchez de Losada), pisoteando los derechos humanos de los propios bolivianos. Y si ha logrado todo esto, ha sido con el apoyo de la burguesía local. Ese "nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés" también tiene una dimensión política que se manifiesta en el espejismo de la autonomía. No puede haber autonomía si primero no somos iguales en derechos humanos, en derechos sociales y económicos. Lo que el referéndum de la oligarquía cruceña quiere hacer aprobar no es la autonomía, es la balcanización de Bolivia. Marinkovic, Costas y Quiroga no hacen otra cosa que crear las condiciones para una guerra civil sobre los recursos naturales en Bolivia. Los intereses que ellos defienden son los de las grandes corporaciones gasíferas y petroleras. Son estas transnacionales las que ya hundieron a Bolivia y Paraguay en 1932 en lo que fue la primera guerra por el petróleo en la región. Ya en esas circunstancias, fueron indígenas aymaras y quechuas los que dieron la vida por defender los recursos petroleros en Santa Cruz. Hoy son esos mismos intereses los que quieren poner fin a Bolivia como país. El actual embajador estadounidense en La Paz, Philip S. Goldberg, es el mismo que vigiló los intereses de Estados Unidos durante la división de la ex Yugoslavia, el país de origen de la familia de Branko Marincovic. Y no cabe la menor duda que será Estados Unidos el primero en reconocer el referéndum de Marinkovic, Costas y Quiroga.

En el fondo, el poder no está ni en el Palacio Quemado ni en la Prefectura de Santa Cruz. El poder no lo tiene ni Evo Morales ni Branco Marinkovic. El poder está en el pueblo y en aquellos actores, símbolos o instituciones en los que el pueblo invierte esta significación. El poder está en el pueblo y en sus acciones colectivas. Ante el espejismo de la autonomía, ante el neoliberalismo disfrazado de cruceñismo, ante los tres tristes tigres del imperialismo, Marinkovic, Costas y Quiroga, queda una de las herramientas más hermosas en el arsenal democrático de los pueblos movilizados: el boicot a su referéndum. Y que viva Santa Cruz sin capataces.