Tras el violento golpe de Estado del pasado 10 de noviembre en Bolivia, hay una carrera contra el tiempo entre el golpismo representado por Jeanine Añez y la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a unas nuevas elecciones en el país. Aunque dicen que respetan la separación de poderes, los golpistas buscan imponer desde el Ejecutivo una convocatoria a nuevos comicios en sus términos, así como la nominación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral cuya tarea será cerrar toda posibilidad de participación al actual liderazgo del MAS, actualmente en el exilio.

Quienes le dictan a Añez lo que debe decir: Jorge Quiroga, Carlos Mesa y todos los cuadros y operadores políticos de la derecha boliviana y el Departamento de Estado estadounidense, también quieren evitar a toda costa que la Asamblea Pluricultural lleve a cabo una sesión en la cual se rechazarían las renuncias del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, derrumbando con ello la macabra presidencia de la autonombrada Añez y su violento séquito de ministras y ministros.

El más interesado en que se convoque a una elección nacional lo más rápido posible y se cierre el camino al MAS es Carlos Mesa, cabecilla de Comunidad Ciudadana. No le mueven razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”. Esto tras el reguero de muertos, que ya suman unos 30, en su mayoría indígenas, que va dejando un régimen neoliberal que busca afianzarse en el poder.

Si se considera que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2019, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial.

Tras renunciar a la presidencia en junio de 2005 luego de una gestión inútil de continuismo neoliberal, en diciembre de 2017 Carlos Mesa declaró a las cámaras de la cadena privada UNITEL: “No sé cuántas veces tengo que repetirlo… no, no voy a ser candidato”. El 23 de mayo de 2018, ante las cámaras de la red PAT, Mesa reafirmaba de nuevo: "Yo le he dicho al país varias veces que no voy a ser candidato por una razón personal y una de contexto. La razón, personal, acabó de ser abuelo (...). Este país necesita (…) una renovación generacional, que es crucial, imperativo".

Diez millones de dólares más tarde, Carlos Mesa era el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para las elecciones del 20 de octubre de 2019. A principios de julio de 2019, el vocero de CC, Diego Ayo, reveló que la organización de Carlos Mesa “recaudó alrededor de 10 millones de dólares para su campaña política rumbo a las elecciones generales, producto de ferias, kermeses y aportes de la ciudadanía”.

Que Diego Ayo, un ex empleado del gobierno de Estados Unidos, que fue asesor en Gobernabilidad y Descentralización en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) entre los años 2003 a 2005, afirme que esos diez millones de dólares fueron conseguidos vendiendo salteñas y picantes de pollo en ferias y kermesses es un insulto a la inteligencia de la población.

En todo caso, el dinero en política siempre trae consigo exigencias, expectativas y compromisos, sobre todo cuando detrás de esos dólares está la mano del Departamento de Estado, bajo la dirección del ex director de la CIA, Mike Pompeo. En este contexto, Carlos Mesa es el peón de Estados Unidos en este golpe de Estado, y por ello necesita a toda costa esa convocatoria a las elecciones en los términos que busca imponer el golpismo. Aquí entra en juego la utilidad de Jeanine Añez: otorgar una pretendida legalidad a una operación que le permita a un mercenario, Carlos Mesa, llegar a la presidencia.

En una serie de entrevistas concedidas en noviembre al ex actor mexicano de telenovelas Fernando del Rincón, de la cadena CNN, Jeanine Añez mostró los límites de su comprensión de la democracia, en un lenguaje que se redujo a reciclar los viejos clichés de la Guerra Fría, a perorar una retahíla de frases vacuas, repetidas como un catecismo de la derecha mal aprendido. Asombra su capacidad de desvirtuar la realidad y su simplismo, evidente ya desde su primer discurso en el balcón del Palacio Quemado, cuando tras el golpe declaraba el 12 de noviembre, con una ingenuidad que pasma: “nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios”. Días más tarde, fueron carros militares y aviones de guerra los que salieron a matar a los indígenas, a aterrorizar a las organizaciones que rechazan el golpe de Estado y exigen la renuncia de Añez.

La autonombrada presidenta Jeanine Añez no tiene el capital intelectual necesario como para comprender la situación de violencia e impunidad a la que está arrastrando al país. Su fuerza no es la de dios, es la del racismo, las armas y el ejército. El poder detrás de ella no es el de dios, es el de Estados Unidos y sus operadores locales; son las oligarquías agazapadas que esperaron por trece años la ocasión de asaltar y destruir con violencia un Estado plurinacional que les había quitado el monopolio de la riqueza nacional para repartirla entre todas y todos los ciudadanos, incluyendo – y sobre todo– a la población indígena mayoritaria en Bolivia.

Jeanine Añez es la marioneta mortal de la restauración neoliberal en Bolivia. La manipulan de cerca y de lejos Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Branko Marinkovic y Fernando Camacho.

Esta presidenta golpista no durará mucho en el poder. Su función es ser el taparrabos de Carlos Mesa y sus patrones en Washington. Esta versión del golpe de Estado en Bolivia también ha mostrado que es más útil y rentable poner a mujeres e indígenas como la cara visible de la destrucción de la democracia. Una mujer con las luces de Jeanine Añez le es más útil a la machocracia de Mesa y Camacho. Los generales con estrellas en los hombros dando un golpe de Estado pasaron de moda.

Frente a la impunidad otorgada al ejército por la improvisada mandataria y su equipo de ministros violentos, desde la calle las consignas son claras:

Ni un muerto más. Renuncia de Añez. Rechazo a la renuncia de Morales y Linera.

Por su lado, más les valdrá a los militares bolivianos repasar las leyes y convenciones internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, de las cuales Bolivia es un país signatario. Aunque Jeanine Añez y sus secuaces en el gobierno hayan firmado un decreto que les otorga una pretendida impunidad a la hora de reprimir al pueblo, esa ley es una monstruosidad jurídica, no los protege ya que esos crímenes no prescriben y aquellos que sean hallados responsables serán procesados y condenados en las cortes internacionales. No por nada los golpistas Videla en Argentina y García Meza en Bolivia murieron en la cárcel.