Coyuntura colombiana y latinoamericana (julio - septiembre)
- Opinión
COLOMBIA
ECONOMÍA
SOMBRAS NADA MÁS
La bonanza económica que supuestamente vivía el país y que le permitía al gobierno jactarse o vanagloriarse de su gestión financiera es claramente cosa del pasado. Esa bonanza, como lo está demostrando la presente coyuntura, obedecía no al buen manejo de la economía por parte de la administración Uribe sino a causas externas como el alto precio de las materias primas como el carbón, el petróleo, el hierro en los mercados internacionales o a la debilidad del dólar norteamericano y las bajas tasas de interés que se pagaban en los Estados Unidos.
Además la pasada bonanza solo benefició a un puñado de empresarios, financistas y sectores de la clase media, mientras el resto de la población sufría las consecuencias del desempleo, el empleo informal o “rebusque”, el alza del costo de la vida. Ahora la situación internacional ha cambiado. La recesión o estancamiento de la economía de los Estados Unidos, la economía más grande del planeta, ha “contagiado” no solo a las economías Europeas, sino también a las del Asia incluyendo Japón, China y
Japón, China y
Algunos analistas pronosticaban que las economías emergentes de China y de
Al reducirse el consumo en los países desarrollados, se reduce también la demanda de materias primas esenciales para la industria como el petróleo, el carbón y demás metales y minerales y en consecuencia bajan sus precios internacionales. Esta baja de precios termina afectando a países exportadores de estas materias primas como Colombia.
Así mismo, la caída de la producción en Europa y Japón ha hecho que los inversionistas y especuladores financieros vuelvan a refugiarse en el dólar previendo una subida de las tasas de interés en el mercado norteamericano. En épocas de crisis mundial es más seguro para ellos apelar a la moneda de la primera potencia mundial, pese a todos los problemas que arrastra consigo la economía de los Estados Unidos.
Y esto, a su vez, hace menos atractivas las inversiones en mercados como el colombiano.
A todo esto se suma el aumento notable en los precios de los alimentos especialmente de aquellos de los que pueden extraerse los mal llamados “bio combustibles” como el maíz, la soya , por ejemplo. Este aumento notable también ha perjudicado a Colombia ya que en la última década se ha reducido la producción de alimentos en nuestro país y hemos perdido la llamada “autosuficiencia alimentaria” como consecuencia de las políticas que han favorecido la propiedad terrateniente, la expulsión de campesinos por la doble vía de la violencia paramilitar y la extrema pobreza y los cultivos agro industriales.
El modelo económico promovido por el Gobierno basado en la exportación de materias primas o “commodities”, las inversiones especulativas y la gran propiedad agrícola se está desfondando, está haciendo agua. Esto explica que asociaciones y gremios muy vinculados al presidente acepten que los pronósticos de crecimiento económico para lo que resta de este año sean bastante sombríos. Los más optimistas hablan de una tasa del 4,5 % o 5% para el 2008 cuando en el año anterior la cifra había pasado del 7%.
El desempleo, según datos de oficinas del gobierno, ha aumentado y se sitúa en el 12,3% , uno de los porcentajes más altos de América Latina. Si a este porcentaje se le agrega el porcentaje de subempleo o empleo disfrazado que reconocen esas mismas oficinas, que es más del 30%, tendremos que un 50% de la población trabajadora en el país carece de un empleo con estabilidad laboral y seguridad social.
Un estudio de
Esta situación explica que en la actualidad solo el 17% de las personas mayores de 65 años estén gozando de una pensión de jubilación.
Y esta realidad de pobreza y de exclusión explica, igualmente, que el 20% de los niñ@s del país tengan que trabajar para sobrevivir en cualquier actividad de “rebusque”. En la sola capital, Bogotá, hay 88 mil niñ@s trabajadores.
Para enfrentar estas situaciones el gobierno Uribe ha optado por la vía de las ayudas paternalistas a sectores empobrecidos de la población que se manejan directamente desde la presidencia de la república a través de programas como el de “Familias en acción”. Este programa llega hoy a 1.500.000 familias y en el 2009, año pre electoral, el presidente Uribe aspira a que cubra a 3 millones de hogares en Colombia.
Las ayudas entregadas no llegan a los 50 dólares mensuales por familia y con ellas lo que se busca es disfrazar las situaciones de exclusión y de marginalidad que se viven como consecuencia de un modelo económico que no crea empleo productivo a largo plazo y que, por el contrario, cada vez facilita más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.
En lugar de promover reformas que democraticen la propiedad de la tierra, del crédito bancario, del capital financiero e industrial, se agudiza más la concentración de la propiedad de los llamados medios de producción. Recordemos, por ejemplo, que el 0,40% de los accionistas registrados en las grandes empresas del país controlan más del 75% de los capitales de esas sociedades.
Y que el 0,006% de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 53,3% de la misma.
Entre tanto sectores que tradicionalmente son creadores de empleo en el país como el de la industria de la construcción se han ido a pique y el atraso en el pago de las deudas por créditos de consumo con bancos, cadenas de grandes almacenes, han aumentado notoriamente en estos últimos meses como otros síntomas o señales de la verdadera situación económica existente.
La inflación o costo de la vida también ha aumentado peligrosamente en este período llegando a casi un 7% anual, lo que significa en términos reales la pérdida de poder adquisitivo para toda la población asalariada.
La inflación está alimentada por varias causas o factores. Uno de ellos es el aumento de los precios de los alimentos que debe importar el país. Otro, y no menor, es el aumento del gasto del gobierno especialmente en dos sectores, el de los programas asistencialistas coordinados por el presidente y el de la defensa y seguridad.
Precisamente en lo militar el gobierno planea gastar 20,3 billones de pesos para el año 2009= cerca de 10. 600 millones de dólares. De esa plata 7,75 billones de pesos= más de 4 mil millones de dólares se destinarán a pagar los más de 456 mil miembros de las fuerzas armadas y de policía que hoy por hoy hacen parte de la nómina oficial.
Lo peor es que aparte de los 20,3 billones de pesos, el gobierno se propone gastar 3,3 billones de pesos más= más de 1.700 millones de dólares en compra de armas, compra que hará parte del rubro de “inversión social” del Estado para el año entrante.
EL PATRÓN Y LOS PATRONES
El dinero del narcotráfico sigue permeando, invadiendo, todos los sectores de la economía y la vida social del país como lo demuestran los nuevos escándalos registrados en los medios de comunicación y que comprometen a gente conectada con las “altas” finanzas y la elite empresarial del departamento de Antioquia. La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y políticos y empresarios que de una u otra manera ha resultado triunfante con los gobiernos de Uribe se ha beneficiado y ha ayudado a consolidar el modelo económico neoliberal imperante en el país.
No menos de 7 mil millones de dólares circulan anualmente como producto de las actividades del narcotráfico en Colombia, de acuerdo a un análisis hecho por el jefe paramilitar Mancuso, quien habla de mil toneladas anuales de cocaína pura producidas en el país y más de 150 mil hectáreas sembradas de coca en la nación.
Estas cifras son más significativas si se toman en cuenta las realidades de la economía legal que no está creando puestos de trabajo estables y bien remunerados y , por el contrario, está reduciendo cada vez más los ingresos salariales de los trabajadores haciendo más precarias sus condiciones de vida.
De cada 100 colombianos, 64 se encuentran en la pobreza y 16 de estos en la extrema miseria.
En la práctica la dinámica de nuestra economía legal ha girado en estos años alrededor de dos sectores claves. De un lado, la minería en la que los capitales extranjeros tienen el control casi total de la explotación y exportación del carbón, el níquel , el oro, el petróleo . En el caso del carbón se informa de nuevos contratos que le siguen entregando a compañías como
Cada vez exportamos más carbón y más oro y más níquel pero cada vez es mayor la proporción de las ganancias de esas exportaciones que se quedan en bolsillos del exterior.
En el caso del oro los intereses dominantes son los canadienses. Varias compañías del Canadá han entrado en Colombia aprovechando las facilidades legales que les brinda el gobierno y se han apoderado de las principales minas de este metal. Son compañías como la “Goldfield” que han comprado por 23 millones de dólares las minas de Marmato (Caldas) arrasando con los pequeños mineros artesanales que las explotaban y que a cambio esperan sacar un mínimo de 5 millones de onzas de oro que les va a compensar decenas de veces la “inversión” hecha.
Los capitales canadienses también son visibles en la explotación del petróleo con “Petrobank” en el departamento del Putumayo o en el carbón con “Coalcorp” en el departamento del Cesar.
Consorcios Europeos y Australianos como
Estas explotaciones mineras, en general, no crean mucho empleo productivo y , por el contrario , las pocas regalías que dejan al Estado alimentan el clientelismo y la corrupción política como ha sucedido en departamentos como Arauca y Casanare donde las clases gobernantes se han especializado en todo tipo de desfalcos y chanchullos en contra de las tesorerías de los departamentos y municipios para enriquecerse rápidamente , dejando de atender las verdaderas necesidades de las poblaciones locales. No menos de 2 billones de pesos= 1.050 millones de dólares se pierden anualmente en este tipo de ilícitos de los dineros estatales en el país.
Colombia sigue anclada en el viejo modelo exportador que viene del siglo 19 que ha perpetuado la dependencia y el atraso en nuestra sociedad. En efecto, de las 10 más grandes empresas exportadoras, 9 corresponden al sector minero y la relación no puede ser más desproporcionada entre las exportaciones de materias primas y las exportaciones de artículos industriales, manufacturados. Mientras, que por ejemplo, en el año 2007 exportamos vehículos, productos químicos y ropa por valor de 1.121 millones de dólares, al mismo tiempo exportamos petróleo, carbón, café y níquel por valor de 12.207 millones de dólares.
De otro lado, la economía ha alimentado un poderoso grupo de especuladores bancarios y financieros que han visto multiplicadas las utilidades de sus inversiones gracias a las garantías y facilidades que les brinda el Estado, el cual , hay que recalcarlo, es el principal cliente de ese grupo. En efecto, el presupuesto del gobierno para el año 2009 llegará a unos 140 billones de pesos= 73.600 millones de dólares, pero de esa enorme cantidad solo unos 85 billones de pesos se conseguirán a través de los dineros que se recaudan por impuestos y rentas propias del Estado. El resto se tendrá que conseguir por medio de préstamos, de nuevos endeudamientos con la banca colombiana e internacional, especialmente con la primera.
La deuda interna del Estado colombiano, es decir la plata que el Estado le debe a los bancos y financistas colombianos, asciende a más de 108 billones de pesos = 56.800 millones de dólares y es mucho mayor a la que se adeuda a los financistas de otros países que llega a unos 29 mil millones de dólares.
De los 140 billones de pesos del presupuesto del año entrante cerca de 45 billones tendrán que ser pagados en calidad de intereses y de amortizaciones de capital a los banqueros e inversionistas que le han prestado dinero al Estado colombiano. En otras palabras esta deuda se ha convertido en una deuda eterna, que tiene hipotecada las finanzas del gobierno a los grandes banqueros del país.
La gran banca del país está en la actualidad dominada por cuatro grupos colombianos, a saber:
Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país , quien controla cinco bancos y el 30% del capital financiero de la nación. Este grupo tuvo utilidades en el 2007 por más de 1,1 billones de pesos= 606 millones de dólares;
Grupo Empresarial Antioqueño, antiguo Grupo Suramericana , propietario del Bancolombia , que por el total de ganancias es el primer banco del país, con más de 800 mil millones de pesos de utilidades el año pasado= 424 millones de dólares;
Grupo Bogotá, propietario del Banco Davivienda que se fusionó con los bancos Cafetero y Superior registrando utilidades de más de 326 mil millones de pesos en el 2007= 172 millones de dólares;
Grupo Social, propietario de los bancos Caja Social y Colmena hoy fusionados o unidos en una sola entidad, que marcó utilidades por 94 mil millones de pesos= 49 millones de dólares
Fuera de estos grupos colombianos tienen redes bancarias en el país grupos españoles como el BBVA, Santander, norteamericanos como el Citibank y el Colpatria
o Ingleses como el HSBC. Estos grupos extranjeros registraron utilidades por más de 554 mil millones de pesos en el 2007= 294 millones de dólares.
En síntesis, el modelo económico basado en las explotaciones mineras y la especulación bancaria se ha traducido en los siguientes aspectos:
Una mayor revaluación del peso colombiano frente al dólar encareciendo nuestros productos industriales de exportación haciéndolos perder mercados internacionales; aumento de las tasas de interés y encarecimiento del crédito para los pequeños y medianos empresarios;
pérdida de empleos formales y aumento del subempleo y el rebusque; fortalecimiento de la corrupción gubernamental y de los aparatos clientelistas en muchas regiones del país y aceleración del empobrecimiento de buena parte de la población.
CON TRATADO O SIN TRATADO, MALTRATADOS
Pese a las presiones del gobierno Bush sobre el Congreso de los Estados Unidos dominado por la oposición es muy improbable que el Tratado de Libre Comercio firmado con el gobierno colombiano sea ratificado en lo que resta del año. Todo tipo de tácticas y de maniobras políticas se han esgrimido por parte del presidente Uribe y sus socios en la administración Bush para lograr esa aprobación , incluyendo entre ellas los éxitos militares del gobierno contra la guerrilla de las FARC, la vecindad de gobiernos enemigos de los Estados Unidos como el de Venezuela y Ecuador y la necesidad de darle un apoyo , un respaldo completo a un aliado incondicional de los intereses norteamericanos en América Latina como el presidente colombiano.
En realidad la aprobación del Tratado no cambiará el actual modelo económico colombiano exportador de materias primas y promotor de la especulación financiera. Antes bien lo reforzará y hará más evidentes y gravosas la presencia e influencia de los capitales de Estados Unidos en el país.
Al contrario de lo que dicen sus defensores el Tratado en vez de crear empleo productivo, hará perder empleos en muchos sectores haciendo más crítica la situación de buena parte de la población. Así mismo, fortalecerá la propiedad terrateniente y legitimará la acción violenta del paramilitarismo al favorecer la exportación a los Estados Unidos de productos como el aceite de palma africana, cuyos cultivos han originado en varias regiones del país la expulsión y despojo sangriento de los pequeños campesinos de sus tierras. Recordemos, por ejemplo, informes que hablan sobre las tierras propiedad de los 20 capos o jefes más importantes del paramilitarismo que sumarían más de 2 millones de hectáreas en las zonas más fértiles de Colombia.
Las exportaciones de aceite de palma han venido creciendo enormemente en los últimos años. Mientras en el 2006 sumaron 78 millones de dólares , en el 2007 se duplicaron y llegaron a más de 178 millones de dólares, lo que prueba la extensión e influencia que están teniendo este tipo de cultivos y este tipo de propiedad terrateniente en la agricultura colombiana.
Así mismo se verán favorecidos con el tratado los grandes propietarios de cultivos de caña de azúcar. Esto explica en buena medida las medidas represivas que el gobierno ha tomado en zonas del norte del departamento del Cauca para impedir que los cabildos indígenas recuperen sus tierras hoy en poder de latifundistas asociados a los ingenios o fábricas de azúcar y del combustible etanol que existen en la zona. Buena parte de estas industrias son propiedad del multi millonario Ardila Lulle gran amigo y favorecedor político del presidente a través de sus cadenas de radio y televisión “RCN”.
La pérdida de la autosuficiencia alimentaria tiende a convertirse en un hecho irreversible con la ratificación del tratado , pues este permite la libre importación de alimentos de los Estados Unidos, alimentos cuya producción está subsidiada por el gobierno norteamericano y que por sus precios bajos terminarían de arruinar a los pequeños campesinos locales.
Todos estos hechos apuntan en una sola dirección, que es el favorecimiento de la gran propiedad agrícola, de la gran hacienda agro industrial en perjuicio del pequeño productor campesino. El Ministerio de Agricultura ha venido apuntalando, fortaleciendo esta estrategia , promoviendo leyes como la del agua o la forestal que permiten la libre explotación de nuestras tierras, aguas y biodiversidad a los grandes capitales nacionales e internacionales.
O favoreciendo descaradamente la concentración de tierras y capitales agrarios a través de medidas como la prohibición de la venta de leche cruda que afectan al pequeño finquero , que no tiene el dinero, los locales físicos y la motivación cultural para instalar equipos de pasteurización o procesado de esa leche cruda y que tendría que vender vacas y tierras acosado por las medidas falsamente protectoras de la salud pública impulsadas desde el gobierno.
Todas estas estrategias o planes terminan también favoreciendo la expansión de los cultivos de coca , que con tanta firmeza dice perseguir el gobierno. Es apenas lógico que el pequeño campesino opte por ese tipo de cultivos en muchas regiones del país ante la imposibilidad de ganarse la vida en la explotación de las actividades agrícolas legales.
O que expulsado de sus tierras y refugiado en las llamadas zonas de colonización, abandonado del Estado, termine trabajando para los empresarios del narcotráfico. No de otra manera puede explicarse el aumento de las hectáreas cultivadas de coca en el país, pese a las costosas y publicitadas campañas de erradicación y fumigación de tales cultivos que el gobierno colombiano adelanta con el patrocinio de los Estados Unidos.
Mientras aumentan de 78 mil a 102 mil las hectáreas cultivadas de coca, al mismo tiempo han venido disminuyendo las hectáreas sembradas de cultivos de pan coger o alimenticios en el país. En los años 80 había más de 5 millones de hectáreas sembradas y hoy esa cifra no llega a las 3 millones setecientas mil hectáreas.
La ganadería extensiva, por el contrario, que ocupa poca mano de obra se ha apoderado de las tierras en la nación con más de 38 millones de hectáreas en su poder.
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