El nuevo gobierno de Juan Manuel Santos está marcando distancias con el de su antecesor, Uribe, en el manejo político de las alianzas con sus socios y de las contradicciones con los grupos opositores. Se ha pasado del tono bravucón, pendenciero y polarizador del anterior gobierno a otro marcado por la discreción, las buenas maneras y el lenguaje moderado y sereno.

 

En este cambio de formato se transparenta, se ve el carácter pragmático y astuto de Santos, fiel representante de la élite Bogotana y del capitalismo financiero del país. Pero una cosa es que las formas aparentemente hayan cambiado y otra muy distinta es que la esencia del modelo capitalista neoliberal heredado del anterior gobierno continua orientando la economía del país.

 

En efecto, el modelo económico basado en la especulación financiera y la exportación de minerales no da señales de que vaya a ser desmontado por el nuevo gobierno. Por el contrario va a ser reforzado tratando de remediar algunos de los desequilibrios más graves que su aplicación ha creado en el país.

 

El presidente Santos ha hablado de cinco “locomotoras” que van a arrastrar, a dinamizar la economía colombiana durante su mandato: minería, infraestructura, agricultura, vivienda e innovación tecnológica.

 

En minería, por ejemplo, debemos partir de un hecho significativo. El 90% de la inversión extranjera que entró al país el año pasado estaba dirigida a la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, el carbón, el oro entre otros. Estas inversiones no crean empleo productivo en el país y por el contrario, dejan un saldo social bastante negativo con el arrasamiento de los bosques, las fuentes de agua, la fauna y la flora de las regiones donde se ubican los yacimientos.

 

A estos males se suman las redes clientelistas de políticos y contratistas corruptos que se benefician con las regalías que pagan los inversionistas extranjeros a los municipios y departamentos donde están los yacimientos que explotan.

 

Las libertades de explotación que el anterior gobierno dio a los inversionistas internacionales equivalen a un permiso para saquear los recursos naturales de nuestro país. Los Tratados de Libre Comercio firmados con países como Canadá dan vía libre a ese saqueo. Por ejemplo, el caso del oro es muy diciente.

 

La empresa canadiense “Medoro” adquirió por unos 25 millones de dólares las minas de Marmato en el departamento de Caldas. Estas minas venían siendo explotadas por decenas de mineros artesanales que han sido obligados a abandonar sus modestas instalaciones para abrirle campo al gigante extranjero. Los extranjeros están exigiendo, además, el traslado del pueblo de Marmato a otro sitio para poder explotar a cielo abierto las minas que se encuentran en el subsuelo de la población. El solo traslado de este pueblo con más de 400 años de historia podría costar más de 50 millones de dólares.

No menos de 7,5 millones de onzas de oro tiene en reservas el yacimiento de Marmato, lo que en dinero contante y sonante representa una fortuna descomunal de más de 8 mil millones de dólares, razón más que suficiente para que los inversionistas Canadienses quieran entrar cuanto antes a concretar sus planes de explotación.

 

Otra compañía canadiense, “Grey Star “, aspira a explotar un yacimiento aún más rico en oro, el proyecto “Angostura” ubicado en tierras del departamento de Santander, en el Páramo de San Turbán, a más de 3 mil metros de altura, una reserva ecológica de agua y biodiversidad para las poblaciones del nor oriente de Colombia. Estas minas pueden tener más de 11,5 millones de onzas de oro y 61 millones de onzas de plata. Sobra decir que la explotación arrasaría con el Páramo, envenenando con cianuro y mercurio las corrientes de agua que nacen en el mismo y que surten las necesidades de las poblaciones vecinas.

 

Una concesión similar llamada “La Colosa” aspira a explotar en tierras de la Cordillera Central vecinas al municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima la compañía Inglesa “Anglo Gold Ashanti”. Las reservas de oro de esta concesión superan en tamaño a las del resto del país. Se calcula que hay un mínimo de 15 millones de onzas, que podrían explotarse a razón de 700 mil onzas por año.

De otro lado,en los ríos del departamento Chocó las dragas propiedad de empresarios extranjeros y colombianos están arrasando con la minería artesanal convirtiendo esos ríos en corrientes contaminadas que acaban con la salud de los pobladores que se siguen surtiendo de ellos para atender sus necesidades básicas.

 

Además, la explotación de oro en muchas regiones del país se ha convertido en un instrumento para facilitar el lavado o reciclamiento de las fortunas conseguidas a través del narcotráfico y otros medios ilícitos.

 

En este año las exportaciones de oro de Colombia pasarán la cifra de los 1.400 millones de dólares superando lo conseguido por productos tradicionales como el café. Pero de esos 1.400 millones de dólares solo entre el 4% y el 5% le corresponderán al Estado colombiano en calidad de regalías.

 

El carbón nos muestra otro cuadro representativo del saqueo a que está siendo sometido nuestro país. Si bien Colombia tiene las reservas más grandes de carbón en América Latina con más de 7 mil millones de toneladas esa riqueza no le pertenece al país, sino a los inversionistas extranjeros.

 

El 89% de las reservas están en los departamentos de la Costa Atlántica y allí están siendo explotadas por grandes compañías transnacionales como Billinton, Glencore, Xstrata, Drummond.

 

Este año puede llegarse a la exportación de unos 130 millones de toneladas, que en los mercados mundiales generarán alrededor de 7 mil millones de dólares. De este dinero solo el 5% le quedará al Estado Colombiano en calidad de regalías.

 

El petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, ha aumentado en estos años la producción como consecuencia de la explotación con tecnología “de punta”, muy moderna, de pozos que se creían agotados y del hallazgo de nuevos yacimientos como el que está explotando en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en el oriente del país, otra compañía Canadiense “Pacific Rubiales” con notables ganancias para sus propietarios.

 

Este yacimiento produce más de 120 mil barriles diarios y se constituye por ahora en el más grande del país.

 

Este año las exportaciones de petróleo equivaldrán a más de 10 mil millones de dólares. Mientras tanto las regalías para el Estado colombiano oscilarán entre el 8% y el 20% de acuerdo a la productividad de cada pozo.

 

El nuevo gobierno no ha planteado ningún cambio a esta relación desequilibrada e injusta que sostiene el Estado con los inversionistas del exterior. Su nueva propuesta en este campo es la llamada “Ley de Regalías” que centralizaría en el gobierno nacional los dineros o regalías que hoy están recibiendo los municipios y departamentos donde están situadas las explotaciones mineras.

 

El gobierno argumenta con razón que esos dineros de las regalías solo han servido para alimentar la corrupción y el clientelismo en esas regiones y que es necesario reorientar el manejo de los mismos hacia proyectos que verdaderamente favorezcan a las poblaciones más empobrecidas del país.

 

En otras palabras, los dineros de las regalías se distribuirían tomando en cuenta las necesidades insatisfechas de las regiones más atrasadas o marginadas del país y no dándole la prioridad a los municipios o departamentos donde se explotan el petróleo, el carbón, el oro.

 

Sobra decir que la propuesta oficial ha sido rechazada por la clase política y empresarial de los departamentos que han venido beneficiándose de las regalías. Uno de sus argumentos, y tampoco les falta razón en ello, es que en el gobierno nacional también hay corrupción y malos manejos administrativos, lo que tampoco asegura la eficaz utilización de esos dineros.

 

Si se está hablando de fortalecer a las regiones a través de una ley de ordenamiento territorial y al mismo tiempo se centralizan los recursos económicos en Bogotá, en la práctica nos estamos devolviendo a la situación que existía en la Constitución de 1886 que cercenó o suprimió la autonomía administrativa de los departamentos. Tal vez una fórmula intermedia que repartiera más equitativamente los dineros de las regalías entre las regiones donde están las explotaciones mineras y el resto del país aumentando los controles para asegurar el manejo transparente de esos recursos podría ser la fórmula para resolver esta nueva tempestad política.

 

El botín de las regalías es sustancioso. Entre el 2002 y el 2008 los municipios y departamentos beneficiados con ese dinero recibieron unos 11 mil millones de dólares.

 

Se calcula que en los próximos diez años las regalías a recibirse totalizarán más de 50 mil millones de dólares, una suma bien significativa para una economía en problemas como la colombiana.

 

 

Para sostener el modelo neoliberal vigente que favorece claramente a los sectores empresariales el nuevo gobierno puede optar por uno de estos caminos:

 

O seguir la vía militarista, represiva, que llevaba el gobierno de Uribe, protegiendo unas estructuras de propiedad que en las áreas rurales perpetúan el dominio de un puñado de terratenientes excluyendo de cualquier avance o beneficio social a millones de campesinos y que en las ciudades fortalecen la creciente inseguridad urbana;

 

O emprender una serie de reformas que le quiten gas, que le quiten presión a las profundas tensiones sociales que existen en el país y que faciliten el cumplimiento de los objetivos fundamentales del gobierno

 

A juzgar por las primeras declaraciones y medidas tomadas por el gobierno Santos, parece que se ha optado por la segunda solución. El nuevo presidente, quien fue ministro de Defensa en la anterior administración, sabe perfectamente que la carga económica de un aparato militar como el que ahora se tiene es imposible de sostener a mediano plazo para las finanzas del Estado.

 

Para asegurar el llamado orden público al estilo Uribista se necesitarán más y más soldados y policías en los próximos años que se sumarían a los más de 456 mil que ahora tienen las fuerzas militares y de seguridad del gobierno. El año entrante este aparato de seguridad costará más de 11 mil millones de dólares. Al mismo tiempo el déficit o faltante de dineros en la Tesorería del Estado bordea este año los 8 mil millones de dólares, lo que subirá la deuda interna y externa del gobierno central a más de 90 mil millones de dólares.

 

En estas condiciones el creciente aumento del aparato militar solo podría sostenerse con nuevos impuestos a la población y con el recorte de la inversión social. Santos ha sido claro en que no creará nuevos impuestos, lo que en la práctica significa que por ahora el presidente ha renunciado a la vía militarista y parece preferir la de impulsar algunas reformas sociales que podrían ser mucho más rentables políticamente y menos costosas económicamente.

 

Esto explica, también, que Santos haya nombrado como su ministro de Agricultura a Juan Camilo Restrepo, un conservador reformista quien se había convertido en uno de los principales críticos de las políticas Uribistas en el sector agrícola. Restrepo consideraba lesivas, dañinas, esas políticas para la paz social del país porque favorecían incondicionalmente los intereses de los grandes hacendados abandonando a su suerte a los millones de pequeños propietarios campesinos y a los campesinos desplazados y sin tierras.

 

El presidente y su ministro entienden que urge desactivar el conflicto social en las áreas rurales. Colombia es uno de los países del mundo que presenta mayor desigualdad en la propiedad de la tierra. El 0,006% de los propietarios controla el 53% de la tierra, lo que marca un coeficiente de desigualdad Gini de 0,871, donde 0 es la igualdad absoluta y 1 es la desigualdad total.

 

Por estas y otras razones parecidas, Restrepo ha anunciado que promoverá en el Congreso una ley que agilice la restitución o entrega de tierras a los más de 3 millones de campesinos que tuvieron que salir desplazados de sus regiones expulsados por bandas criminales al servicio del narcotráfico y los grandes terratenientes.

 

El cálculo inicial de Restrepo habla de restituir al menos 2 millones de hectáreas que se les quitaron a la población desplazada, aunque otros estudios sostienen que ese “raponazo” es de 5 a 6 millones de hectáreas de tierras en todo el país.

 

Al mismo tiempo el ministro ha presentado en el Congreso otro proyecto de ley que busca impulsar después de más de 50 años una nueva propuesta de reforma agraria en el país.

 

Sin embargo, es necesario aclarar que el proyecto de Reforma agraria presentado por el gobierno no busca en el fondo cambiar la estructura de propiedad de la tierra, sino el uso de la misma. Es decir que las 38 millones de hectáreas que se tienen dedicadas actualmente a una ganadería extensiva y poco productiva, empiecen a ser utilizadas intensivamente. Para asegurar este cambio el proyecto propone aumentar radicalmente los impuestos a la propiedad rural, el llamado impuesto de “catastro”, para obligar a los latifundistas a “modernizar “sus explotaciones.

 

Existen sectores del gobiernos interesados en abrir zonas con potencial agrícola en el país como la llamada “Altillanura” ubicada en las sabanas del oriente que limitan con el río Orinoco (Departamentos de Vichada, Meta) a la inversión extranjera, que pueden convertir el proyecto de reforma agraria en una mampara, en un disfraz político para justificar la entrada de este nuevo tipo de agro empresarios a la economía nacional

 

Hay varios problemas para que este principio de reforma agraria y la restitución de tierras se materialicen.

 

a)      Los grandes sectores terratenientes del país hicieron parte principal de la coalición Uribista y ahora forman parte de la alianza que respalda al actual gobierno. De hecho tienen una alta representación en el Congreso donde podrían sabotear o cambiar sustancialmente el proyecto de ley que promueve el gobierno.

 

Además, estos mismos sectores tienen el control efectivo de las administraciones municipales y departamentales en buena parte del país y aunque la ley se apruebe en el Congreso, el poder local y regional que ejercen puede obstaculizar burocráticamente la aplicación de la misma.

 

b)      La aplicación de la restitución de tierras a los campesinos desplazados también puede verse obstaculizada por las redes de testaferros, abogados, grupos armados y empleados públicos que una buena parte de los hacendados que se apoderaron de las tierras de los campesinos desplazados tienen a su servicio. Sin una voluntad política firme del gobierno será muy difícil lograr la efectiva devolución de las propiedades y asegurarle a sus legítimos propietarios el goce pacífico de sus bienes.

 

c)      Además, se debe entender con claridad que no basta con entregarle o devolverle las tierras a los campesinos. Es necesario que el Estado facilite asistencia técnica, créditos baratos, mecanismos de comercialización de las cosechas y precios de sustentación para que no fracase la producción local acosada por las importaciones agrícolas que los Tratados de Libre Comercio aprobados con Canadá, la Unión Europea y los mismos Estados Unidos permitirán en los próximos años en el país.

 

 

El modelo económico actual ha traído consigo fenómenos bastante negativos que impiden la creación de empleo productivo en el país. Uno de ellos es la acelerada revaluación del peso, la moneda nacional, frente al dólar y al Euro.

 

El peso colombiano ha ganado valor frente a las monedas extranjeras por varias causas, entre ellas las siguientes:

 

-         Entrada masiva de capitales extranjeros especulativos al país. Estos dineros vienen especialmente de Estados Unidos atraídos por las altas tasas de intereses que se pagan en Colombia. Recordemos que en los Estados Unidos las tasas de intereses están prácticamente en cero.

 

Estos dineros no se invierten en industrias, ni en montajes comerciales. Generalmente se invierten en bonos de deuda del gobierno nacional y de empresas privadas. Es decir se prestan a plazos fijos y con intereses garantizados

 

-         Lavado de dólares y euros procedentes del narcotráfico y de otras actividades ilegales, que se reciclan, se legalizan en la economía local (No menos de 5 mil millones de dólares)

 

-         Dólares procedentes del exterior por concepto de los préstamos que el gobierno hace para financiar sus gastos, o de las inversiones que hacen las empresas multinacionales especialmente en la minería

 

-         Dólares que entregan en calidad de regalías las empresas multinacionales a los gobiernos nacional y regional.

 

Toda esta aparente abundancia de dólares y euros, toda esta aparente bonanza significa para nuestra economía que:

 

-         Los productos industriales y otros que tradicionalmente ha exportado Colombia aumentan de precio en el exterior, pierden mercados y ocasionan el cierre parcial o la quiebra total de decenas de industrias creadoras de empleo

 

-         Los productos importados inundan el comercio gracias al dólar barato y terminan quebrando a los competidores colombianos

 

-         Sectores del aparato productivo industrial colombiano, van desapareciendo y con ellos van también desapareciendo los empleos bien pagados y estables. Estos empleos son sustituidos por empleos precarios, mal remunerados, que fortalecen la informalidad económica, la economía del “rebusque”.

 

-         Se profundizan las desigualdades en los ingresos económicos. La riqueza sigue concentrándose en una minoría de privilegiados que hacen ostentación de los bienes y artículos de lujo que pueden adquirir alimentando un mercado próspero de importadores y de almacenes y comercios “exclusivos”.

 

Los fenómenos anteriores que se están viviendo en Colombia son definidos por algunos economistas como “La enfermedad Holandesa”, porque Holanda vivió en décadas anteriores una situación parecida como consecuencia de la entrada masiva de dólares al país por la venta de petróleo y gas natural.

 

 

Frente a esta realidad el presidente Santos se ha comprometido a crear más de dos millones y medio de puestos de trabajo durante su gobierno. Se trata de puestos de trabajo “formalizados”, es decir, que le garantizan al empleado estabilidad y seguridad social.

 

Sin embargo, las fórmulas que hasta ahora han propuesto los altos funcionarios del gobierno para cumplir esta promesa no parecen muy sólidas, ni efectivas.

 

Hablan, por ejemplo de impulsar en el congreso una ley llamada del primer empleo, que busca facilitar la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo a través de algunas exenciones de impuestos a los empresarios.

 

Con las exenciones se refieren concretamente a perdonar temporalmente el pago de los llamados impuestos “parafiscales” que los empresarios tendrían que pagar por contratar a los jóvenes favorecidos con su primer empleo.

 

En Colombia las nóminas de empleados tienen un gravamen o impuesto adicional del 10% con el que se financian, de un lado, las instituciones estatales que protegen a la niñez o capacitan técnicamente a los obreros y empleados y, del otro, las llamadas “Cajas de compensación”, entidades privadas que administran algunos subsidios que se brindan a la población trabajadora.

 

En las condiciones actuales será muy difícil persuadir a los pequeños y medianos empresarios que entren a crear empleos “formales” cuando enfrentan múltiples problemas para sostenerse en el mercado, entre ellos la competencia de las mercancías del exterior y los costos crecientes de las materias primas .Ante esas circunstancias les resulta más práctico seguir apelando al trabajo a destajo o por servicios que no implica el aumento de las cargas laborales para sus negocios y que facilita la competencia de sus productos y servicios en los mercados locales.

 

Tal vez el objetivo de crear empleos “formales” tendría más resultados concretos si se desmontaran de una vez por todas los impuestos “parafiscales” que encarecen artificialmente el costo de la mano de obra en el país y se entrara a subsidiar la protección de la niñez y la capacitación técnica de la población trabajadora con un porcentaje de las regalías mineras que entregan las empresas extranjeras al Estado colombiano.

 

En realidad, como se ha dicho una y otra vez, mientras subsista el actual modelo económico basado en la especulación financiera y la exportación de materias primas, será imposible reducir sustancialmente las altísimas tasas de desempleo que se tienen en Colombia y que hoy llegan, según cifras oficiales, al 12,6% de la población trabajadora.

 

Esto explica que más del 62% de los empleos actuales estén en la economía informal y que el llamado “rebusque” en todas sus variantes sea la estrategia social usada por la población trabajadora para sobrevivir en un mercado laboral precario y que ofrece pocas posibilidades reales de seguridad social a las nuevas generaciones del país.

 

El modelo económico neoliberal ha creado “ bonanzas” para unos sectores privilegiados del país. Este año se habla de una “recuperación” en la tasa de crecimiento del país tras dos años en los que se registró una disminución de la misma. Un crecimiento del 4% o 5% para el 2010 en un país donde la concentración de la propiedad y de los ingresos es tan alta no modificará en absoluto las profundas desigualdades existentes como ya lo han probado las altas tasas de crecimiento que se tuvieron en el período 2003-2007, ni tampoco promoverá en números significativos la creación de empleo formal.

 

Esas “bonanzas” no han sido causadas por el buen manejo de la economía como el anterior gobierno solía decir. Han dependido, principalmente, de la coyuntura internacional. Es decir, mientras China y otras potencias emergentes sigan demandando, comprando en abundancia petróleo, carbón, hierro, níquel y otras materias primas, economías como la colombiana podrán tener tasas de crecimiento aceptables. Pero cuando por algún motivo la economía china reduzca su tren de compras una gran crisis sacudirá al actual modelo capitalista colombiano.

 

En otras palabras, nuestra economía es totalmente dependiente de otras economías mundiales y al serlo trabaja en función de los intereses de esas potencias y no a favor de un auténtico desarrollo del aparato productivo nacional.

 

 

El gobierno Santos inteligentemente ha buscado un rápido acercamiento diplomático y político con los gobiernos vecinos de Ecuador y de Venezuela. En el caso de este último país se ha negado a seguir la estrategia de confrontación, de denuncias e insultos que el ex presidente Uribe aplicó contra el gobierno Chávez.

 

Haciendo a un lado las acusaciones de Uribe y de sus aliados en contra del presidente venezolano a quien sindicaban de cómplice y patrocinador de las guerrillas colombianas, Santos en los primeros días de su mandato decidió “voltear la página” y reemprender con el país vecino una nueva etapa en sus relaciones marcada por el pragmatismo, por los intereses económicos, más que por las ideologías políticas.

 

Santos sabe que la pérdida del mercado venezolano ha traído como consecuencia en Colombia la pérdida de miles de empleos y el peligro de cierre para muchas industrias del país. Venezuela era nuestro principal comprador de artículos manufacturados como

Automóviles, textiles, alimentos procesados, dulces, productos metal mecánicos y de otros derivados del sector agrícola como la carne vacuna, huevos, leche, quesos.

 

El intercambio comercial era claramente favorable a Colombia. En el 2007 ese intercambio llegaba a casi 7 mil millones de dólares, lo que hacía de Venezuela nuestro segundo socio comercial en el mundo y el primero si se descartaban las exportaciones de materias primas.

 

Pese a estas circunstancias Uribe insistió en su política de confrontación con Chávez lo que trajo como resultado el cierre del mercado venezolano a nuestros productos. Sectores del Uribismo alegaron en ese momento que en poco tiempo se reemplazaría el mercado venezolano por el de otros países, pero una cosa era la retórica, la charla y otra la realidad.

 

Como bien lo sabe Santos, Colombia no tiene posibilidades de reemplazar el mercado venezolano perdido con otro equivalente donde pueda vender en iguales condiciones los productos manufacturados y agrícolas que allí vendía.

 

Si quiere reactivar la creación de empleo en el país debe solucionar cuanto antes el impasse, el diferendo con el gobierno Chávez para tratar de recuperar el mercado venezolano que ha sido copado por la industria y los agricultores brasileños.

 

Chávez aceptó también rápidamente la propuesta de Santos ya que le convenía políticamente distensionar las relaciones con Colombia y evitar que la oposición utilizara este problema en las cercanas elecciones para la Asamblea Nacional. Tras una reunión de los jefes de Estado en la ciudad colombiana de Santa Marta se establecieron una serie de comisiones binacionales que intentarán llegar a acuerdos no solo en materia comercial, sino en otros temas de gran importancia como la seguridad en las fronteras, las obras de desarrollo social en esas zonas, la lucha contra el narcotráfico.

 

POLÍTICA

 

 

El presidente Juan Manuel Santos ha iniciado su gobierno tratando de desactivar una serie de conflictos que su administración ha recibido como herencia política de la de Uribe. El nuevo gobernante con sus maneras tranquilas y su hablar prudente ha empezado a diferenciarse del estilo pendenciero y deslenguado de su antecesor y a marcar distancias en el manejo de la política partidista.

 

De un lado, nombró como su ministro del Interior al ex candidato Germán Vargas LLeras quien había sido acusado por Uribe y sus áulicos de ser un “traidor” por haberse opuesto desde un principio a la segunda propuesta de reelección del ex presidente.

En calidad de Ministro del Interior Santos le ha confiado a Vargas Lleras el manejo y aprobación en el Congreso de un paquete de reformas sumamente amplio y que comprende desde la Reforma al Sistema Judicial, a la distribución de las Regalías, la Reforma Política, la ley de víctimas de la violencia, el Estatuto contra la corrupción, el Estatuto de la oposición hasta la creación de nuevos ministerios que habían sido eliminados en forma apresurada por el anterior gobierno, la ley de tierras, la reelección de alcaldes y gobernadores, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión o la llamada ley del primer empleo para los jóvenes.

 

El papel clave de Vargas Lleras en la nueva administración es, sin duda, una muestra de la independencia con la que ha entrado a gobernar Santos el país tratando de reducir la polarización política heredada del anterior gobierno.

 

La lluvia de reformas puede ser entendida como un intento de la nueva administración de reinstitucionalizar, de darle nueva fuerza a las instituciones del Estado que durante los gobiernos de Uribe ( 2002-2010 ) fueron sometidas a un profundo desgaste por el manejo excesivamente personalista, caudillista, que Uribe le imprimió a su presidencia.

Así mismo e hilando el manejo político con sutileza, el presidente nombró para el ministerio de la Defensa a un caracterizado miembro del Uribismo, el ex senador Rodrigo Rivera, tratando de desactivar las prevenciones y cuestionamientos de ese sector por el nombramiento de Vargas Lleras.

 

Lo cierto es que hechos como la distensión de las relaciones con Venezuela, el renovado interés por reconstruir o fortalecer las relaciones con el resto de América Latina, el nuevo diálogo abierto con la Corte Suprema de Justicia y en general con todas las altas Cortes prometiendo respetar la independencia de los diferentes poderes del Estado indican claramente que el pragmatismo político será el sello característico del nuevo gobierno.

 

Santos, aunque es un político de amplia trayectoria ha tenido también una formación académica muy intensa en el área de la administración y la alta gerencia. Esos conocimientos los aplicó con gran habilidad en los diferentes Ministerios que desempeñó y ahora está tratando de copiar esas mismas políticas de trabajo desde la presidencia.

 

Nombró un equipo ministerial en el que predominan los tecnócratas, personas de grandes capacidades académicas y gerenciales identificadas con el pensamiento neoliberal y con las nuevas teorías de transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del Estado.

 

A diferencia de Uribe, está delegando en el equipo de ministros y de altos asesores el diseño y ejecución de las políticas particulares a ejecutar en cada área del gobierno reservándose para él como presidente el papel de supervisor o coordinador general del equipo.

 

Así mismo está estableciendo unas reglas de juego que lo distancien de las presiones clientelistas de los congresistas que tanto influenciaron el gobierno anterior, creando una especie de Consejo consultivo integrado por los presidentes de los partidos que conforman la coalición de gobierno donde se estudiarían y se aprobarían inicialmente las propuestas de leyes que se le presentarían al Congreso.

 

 

Bajo el lema de la “Unidad Nacional” Santos ha formado una coalición de gobierno más amplia que la que apoyó a Uribe y con un control del Congreso más aplastante. En la práctica el nuevo gobierno cuenta con el apoyo del 85% de los miembros del Congreso, quedando solo en la oposición abierta a la nueva administración el partido de izquierda “Polo Democrático”, que por lo demás luce debilitado por las divisiones que están agrietando su unidad.

 

El Partido Verde al que pertenece el segundo candidato más votado en las pasadas elecciones optó por declararse “independiente” frente al gobierno. No será opositor del mismo, sino que apoyará las propuestas que le parezcan convenientes para el país y rechazará las que crea negativas para la sociedad colombiana.

 

El Partido Liberal que en el período 2002-2008 estuvo en la oposición se incorporó a la coalición de gobierno aceptando la invitación de Santos. Este, con gran habilidad y para fortalecer la nueva alianza ha aceptado incorporar dentro de sus programas varias propuestas legislativas del Liberalismo en materia económica y de reparación de las víctimas de la violencia que fueron parte de la campaña del ex candidato de ese partido Rafael Pardo.

 

En las relaciones con el Partido Conservador el nuevo presidente le ha dado juego a las diferentes facciones o sectores del mismo. De una parte nombró en el ministerio de Vivienda a Beatriz Uribe, una fiel aliada del ex ministro Andrés Felipe Arias persona muy cercana políticamente al ex presidente Uribe.

 

Pero al mismo tiempo y demostrando gran realismo nombró para el ministerio de Agricultura, al también ex ministro Juan Camilo Restrepo, fuerte crítico de Arias y de las políticas agrarias del gobierno anterior. Con ese nombramiento Santos está aceptando que no se puede seguir el camino recorrido en años anteriores de proteger y subsidiar exclusivamente a los grandes hacendados, a los grandes propietarios abandonando a su suerte al pequeño campesino.

 

Sin embargo, pese a estos cambios no puede desconocerse la verdadera identidad ideológica del nuevo presidente. Santos es un político de tendencias conservadoras, amigo del modelo neoliberal en la economía, admirador y aliado de los Estados Unidos, que pertenece al “curubito” de las familias de la élite que han manejado tradicionalmente el país.

 

Pero pese a sus ideas conservadoras es también un líder pragmático, realista, que entiende que la vía “Uribista” de creciente confrontación y militarización en el manejo del Estado no es la más conveniente en esta coyuntura para los intereses empresariales que representa.

 

Que es necesario distensionar el paisaje político, hacer concesiones a los sectores que han venido sufriendo las peores consecuencias del conflicto político y social y dejar a un lado el sectarismo y radicalización ideológica del anterior gobierno sin abandonar algunas políticas que en materia de seguridad resultaron exitosas en el mandato de Uribe.

 

Es muy probable que los sectores de la extrema derecha del país que respaldaron resueltamente el gobierno de Uribe se nieguen a entender estas razones y terminen haciéndole una feroz oposición al nuevo presidente. Ya se escuchan voces de los dirigentes de esos grupos que empiezan a mostrar su inconformidad con la apertura Santista y hablan de “traiciones” y “deslealtades” al legado político del ex presidente Uribe.

 

 

Muchos de los altos funcionarios del anterior gobierno empiezan a pagar el servilismo con el que actuaron en el desempeño de sus cargos atendiendo las órdenes y deseos del presidente Uribe, aún si las mismas violaban flagrantemente las leyes de la República y transgredían los principios de la ética.

 

El ex ministro del interior y embajador en Italia, Sabas Pretel, fue, finalmente, encontrado culpable por la Procuraduría de haber apelado a sobornos y prebendas oficiales para asegurar en la Cámara de Representantes la votación favorable al proyecto de ley que permitió la reelección de Uribe en el 2006.

El fallo de la procuraduría lo destituye “simbólicamente” del cargo y le decreta “la muerte política” por doce años. Es decir que durante ese lapso de tiempo no podrá ejercer ningún cargo público.

 

Al mismo tiempo Pretel debe enfrentar un proceso penal ante la Fiscalía y la Corte Suprema por idénticas acusaciones que puede terminar en el encarcelamiento del alto funcionario.

 

Lo curioso de la decisión de la Procuraduría es que en meses anteriores y en tanto se discutía la posibilidad de una nueva reelección de Uribe, el mismo Procurador Alejandro Ordóñez había declarado la inocencia de Pretel y de su colega el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, por los mismos cargos que ahora sirvieron para condenarlo.

 

Tal vez en el cambio de actitud de Ordoñez esté influyendo la orientación política que está tomando el nuevo gobierno de Santos y sobre todo varias investigaciones que la Corte Suprema de Justicia viene adelantando en su contra por sus actuaciones al frente de esa importante institución.

 

Ordóñez, es un reconocido Católico ultra conservador, que ha puesto al servicio de su ideología la Procuraduría adelantando campañas contra decisiones de la Corte Constitucional como la que permite el aborto a las mujeres en tres casos: malformación del feto, peligro de muerte de la madre o que el embarazo haya sido fruto de una violación, en una clara violación del carácter laico, no confesional, no religioso, del Estado colombiano.

 

Los seguimientos ilegales, las amenazas e intimidaciones que la Policía de Seguridad del Estado, “Das”, hiciera a líderes de la oposición, a miembros de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas independientes, a defensores de derechos humanos, cumpliendo órdenes de altos funcionarios del anterior gobierno y que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional, está tomando un nuevo giro bastante negativo para esos funcionarios y para su ex jefe, el ex presidente Uribe.

 

En efecto, algunos de los altos empleados del “Das” procesados por el escándalo han optado por reconocer su culpabilidad y colaborar con la Fiscalía para revelar de quien o quienes recibieron las órdenes no solo para hacer los seguimientos, sino para manipular y divulgar informaciones que desprestigiaran política y socialmente a las víctimas de los mismos.

 

Esta colaboración tarde o temprano va a llevar a una conclusión que muchos consideran válida, pero pocos se atreven a expresar públicamente: Que todos estos operativos ilegales y profundamente anti democráticos se hicieron cumpliendo las órdenes impartidas por el ex presidente Uribe y su pequeño grupo de altos consejeros.

 

Así mismo. los asesinatos sistemáticos de personas comunes y corrientes que luego eran presentados por algunos oficiales del Ejército como “guerrilleros caídos en combate” y que los medios de comunicación han llamado “los falsos positivos”, están atrayendo la atención de la Corte Internacional de Justicia y de organismos de Derechos Humanos en el mundo ante la falta de resultados concretos que muestra el sistema judicial colombiano en varios de los procesos más destacados.

 

Los trucos jurídicos usados por los abogados defensores de los militares implicados para dilatar los procesos sumados a las amenazas e intimidaciones a los testigos y familiares de las víctimas están creando un clima de impunidad en estos episodios criminales que tarde que tarde o temprano motivará la intervención de los tribunales internacionales.

 

Hay un punto importante que es necesario precisar. La responsabilidad penal y política de estos asesinatos sistemáticos incumbe también a quienes ejercían el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando se presentaron buena parte de estos hechos criminales, es decir el ex presidente Uribe y su ministro de Defensa, el hoy presidente Santos.

 

Esto explica en gran parte las crecientes protestas y amenazas de sectores Uribistas contra las acciones de algunas organizaciones de Derechos Humanos en el país a quienes acusan de querer “empapelar” o señalar al ex presidente Uribe como autor de crímenes de lesa humanidad. Según esos sectores Uribistas las organizaciones de derechos humanos están demostrando con estas acusaciones la complicidad que tienen con los grupos “narcoterroristas” que fueron derrotados por la “ Seguridad Democrática”, principal estrategia de gobierno del anterior mandatario.

 

La estantería Uribista en el poder se sigue resquebrajando. La Corte Constitucional sentenció que el acuerdo firmado entre el gobierno Uribe y el gobierno de los Estados Unidos para cederle a las fuerzas militares de esta potencia el uso gratuito e incondicional de siete bases colombianas distribuidas a lo largo del territorio nacional, es inválido a la luz de la Constitución del país.

 

Como el acuerdo, entre otras cosas, le daba inmunidad frente a la justicia colombiana no solo a los soldados norteamericanos que utilizaran esas bases, sino también a sus familias y a los asesores civiles, la Corte sentenció que el acuerdo equivalía a un tratado internacional y en calidad de tal debía haber sido estudiado y aprobado previamente por el Congreso de la república. Hasta tanto no surta este trámite el acuerdo no puede hacerse efectivo.

 

Recordemos que cuando hace unos meses se hizo público este acuerdo que fue negociado en secreto por el gobierno Uribe con los norteamericanos, la reacción de muchos gobiernos en América Latina fue bastante negativa.

 

Para estos gobiernos el acuerdo era un paso atrás en la intención de desmilitarizar el continente y de evitar la interferencia de las grandes potencias mundiales en los asuntos latinoamericanos.

 

El gobierno venezolano reaccionó con especial indignación. El presidente Chávez calificó en esos días el acuerdo como una verdadera amenaza a la estabilidad de la “revolución Bolivariana “en ese país y calificó al gobierno Uribe como cómplice de la presunta invasión armada que el gobierno de los Estados Unidos estaba preparando para derrocar a su régimen.

 

El gobierno del presidente Santos reaccionó con mucha cautela ante la decisión de la Corte Constitucional. Es muy posible que omita presentar el acuerdo al Congreso para su estudio considerando que es más saludable políticamente fortalecer la reapertura de las relaciones con Venezuela, que incurrir de nuevo en la ira no solo de Chávez, sino de otros presidentes de la región, como Correa o Evo Morales.

 

En la práctica el acuerdo de las bases resulta redundante. De hecho, desde hace muchos años hay en el país decenas de Consejeros civiles y militares de los Estados Unidos acompañando a las Fuerzas Armadas colombianas, entrando y saliendo libremente de nuestro territorio, coordinando y colaborando en operativos contra los grupos guerrilleros y de narcotraficantes.

 

 

El presidente Santos ha sido claro en que no aceptará ningún tipo de intermediarios para cualquier gestión de paz con los grupos guerrilleros. Si las FARC o el ELN desean establecer algún diálogo al respecto deberán hacerlo directamente con los altos funcionarios del gobierno.

 

Por ahora le ha pedido a las Fuerzas militares del Estado que continúen y si es posible multipliquen los operativos contra los grupos insurgentes. Tal vez, para darle mayores seguridades a la extrema derecha de que continuará en ese sentido la estrategia de la “Seguridad Democrática” heredada de Uribe nombró como ministro de Defensa a uno de los políticos más cercanos al expresidente, Rodrigo Rivera.

 

Que son pocas las posibilidades de emprender en corto tiempo conversaciones de paz con los grupos guerrilleros lo prueba también la decisión del presidente Santos de no nombrar a ningún funcionario para el cargo de Alto Comisionado de Paz.

 

Pero una cosa son las decisiones que se toman en las oficinas de Bogotá y otra muy distinta las realidades que se viven en algunos departamentos distantes de la capital.

Por ejemplo, el departamento del Cauca, en el sur occidente, ha estado sufriendo desde hace algunos meses los continuos enfrentamientos entre las fuerzas guerrilleras y las tropas del Estado. Enfrentamientos que han derivado en ataques con bombas a estructuras civiles como escuelas o acueductos; estallido de aparatos explosivos en carreteras de la región; asesinatos selectivos de líderes populares; desplazamiento de población campesina e indígena; hostigamientos armados a caseríos y cabeceras municipales; combates en áreas cercanas a centros urbanos.

 

Situaciones parecidas también se sufren en otros departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, donde en un atentado murieron 14 policías y Guaviare donde los grupos guerrilleros ejercen control sobre la vida política y social de las comunidades en varias zonas de esos territorios.

 

En el departamento de Nariño, limítrofe con el Ecuador, donde están los cultivos más extensos de coca del país, los grupos guerrilleros han terminado haciendo alianza de negocios con los paramilitares, mientras unos y otros intimidan y someten a su poder a las autoridades y a la población civil en por lo menos 15 de los municipios del departamento.

 

En zonas como el Catatumbo en el Norte de Santander la presencia de grupos armados irregulares es amplia y notoria.

 

Una cosa, entonces, es que la estrategia de la “Seguridad Democrática “ haya obligado a replegarse a los grupos guerrilleros de las zonas económica y políticamente más importantes del país, de las vecindades de las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y otra muy distinta es asegurar que los grupos guerrilleros han sido vencidos definitivamente o que están “en el principio del fin”.

 

Todavía tienen gran capacidad de perturbación del orden en zonas periféricas, en departamentos o regiones aisladas de las principales capitales.

 

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta la presencia fortalecida de las antiguas bandas paramilitares o de nuevos grupos formados en gran parte por antiguos militantes de las anteriores en zonas que supuestamente habían abandonado con su desmovilización hace unos años. En departamentos como Córdoba, en varias regiones de Antioquia, en los Llanos Orientales, en Nariño, Putumayo y Cauca en el Sur occidente, en Cesar y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta se empieza a hacer notoria la acción criminal de estos grupos, que pretenden retomar el control político y financiero que ejercían en las administraciones municipales y departamentales, en el comercio, los transportes, los medios de comunicación.

 

El gobierno insiste en llamarlas “Bacrim” ( bandas criminales) negándoles cualquier identidad paramilitar calificándolas como organizaciones de delincuencia común implicadas en negocios ilícitos como el del narcotráfico.

Entre las mismas bandas se han desatado intensas disputas por el control de las zonas de cultivo coqueras, las rutas de embarque de la cocaína, el microtráfico de droga o venta al detal de la misma en las ciudades, el manejo de las extorsiones a los empresarios.

 

El gran problema con estas organizaciones criminales es que tienen presencia activa tanto en las zonas rurales como en las grandes áreas urbanas como lo prueba el caso de la ciudad de Medellín donde el cinturón de barrios populares o “comunas” ha sido escenario de continuos enfrentamientos entre los grupos de jóvenes al servicio de las dos o tres grandes organizaciones criminales que se pelean el control de esas localidades.

 

Y que, además, han encontrado un excelente caldo de cultivo para sus negocios en las mismas situaciones de exclusión, desempleo, falta de oportunidades de trabajo y de capacitación en que viven millones de jóvenes en el país.

 

Un modelo económico y político que no crea empleo digno ni castiga la corrupción en el manejo de los bienes y dineros públicos y, por el contrario, premia y adula el dinero fácil, el consumo ostentoso y la práctica del “todo vale” para alcanzar los fines propuestos, es un sistema que necesariamente termina generando el tipo de organizaciones criminales que hoy hacen presencia en la vida de nuestra sociedad.

 

MOVIMIENTO POPULAR

 

 

Unos 3.500 a 4.500 jóvenes hacen parte de las bandas o grupos armados que en los barrios populares de Medellín se pelean cuadra a cuadra el control territorial de los mismos a nombre de dos o tres grandes organizaciones criminales que han hecho de la extorsión a comerciantes, transportadores y vecinos en general, de la venta de drogas estupefacientes a la misma población y de otra serie de negocios ilícitos una fuente de creciente enriquecimiento.

 

Algunos observadores estiman en no menos de 18 millones de dólares mensuales el botín que se disputan esos grupos criminales. De esos millones solo una parte muy pequeña queda para los jóvenes que hacen las veces de “soldados” de las organizaciones mafiosas. La esperanza de vida para la mayoría de estos jóvenes y para los jóvenes que habitan estos barrios y no están involucrados directamente en los enfrentamientos es muy precaria tanto hablándolo en términos de años por vivir como de calidad de vida.

 

Buena parte de ellos son hijos de familias que llegaron a la ciudad huyendo de la violencia y la pobreza en las zonas campesinas; familias en las que es muy común la ausencia del padre y en donde la madre es el centro alrededor de la cual giran los afectos y sueños de sus hijos. En estas familias se viene reproduciendo desde hace varias generaciones el ciclo de exclusión y violencia que se visualiza en fenómenos como el embarazo de las adolescentes ; el consumo de drogas y de alcohol; los abusos sexuales y la violencia contra niñ@s y mujeres; la desescolarización a temprana edad; la socialización a través de pandillas y grupos armados que se ofrecen como un refugio y una explicación para sus vidas a los adolescentes.

 

Altos funcionarios del gobierno hablan de aplicar fórmulas “drásticas” para acabar de una vez por todas con esta violencia en las ciudades. Se propone la creación de cuerpos élites de la policía; la realización de operativos de toma de las barriadas en colaboración con el Ejército; aumentar las penas que el sistema judicial impone a los menores de edad comprometidos en estos grupos armados.

 

En realidad tras estas medidas de emergencia se oculta el gran fracaso social del modelo capitalista que se impuso en el país en estos años. Porque estas situaciones no son exclusivas de Medellín; se están viviendo también, tal vez con menor intensidad o “espectacularidad” en las demás grandes ciudades y en las ciudades intermedias del país.

 

No menos de 70 mil jóvenes en estos centros urbanos participan activamente en los llamados “combos armados”.

 

Y a estos deben sumársele muchos de miles más que vegetan en la miseria y en la exclusión y que en otros países son llamados los “ninis”: Ni trabajan, ni estudian.

 

Alrededor del 28% de la población colombiana está compuesta por jóvenes entre los 14 y los 26 años de edad. La tasa de desempleo entre estos 9 millones de jóvenes es mucho más alta que el promedio nacional. Ahora llega al 23% y si tomamos solo en consideración a los jóvenes de los estratos más pobres alcanza el 29%.

 

De los más de 2,7 millones de desempleados que las estadísticas oficiales reconocen en el país, el 47% son jóvenes. Este porcentaje explica a su vez que el 57% de la actual población carcelaria esté compuesta por jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad y que de cada 5 muertes violentas en el país 2 corresponden a jóvenes entre los 14 y los 26 años de edad.

 

Los jóvenes que están trabajando lo están haciendo en trabajos precarios, mal pagados y sin ninguna seguridad social. El 87% de quienes trabajan lo están haciendo en la economía del “rebusque”, en la informalidad económica.

 

Entre las mujeres jóvenes las tasas de desempleo son más altas que entre los varones. Las tasas de desocupación femenina rondan el 27%. A esta situación de discriminación hay que sumarle el creciente número de jóvenes adolescentes que han estado o están embarazadas y que en algunos sectores populares de las grandes ciudades llega a casi el 50%, lo que hace más compleja la realidad socio cultural de estas comunidades.

 

El Estado no ofrece programas estructurados, con adecuada financiación y recursos institucionales que enfrenten la realidad que están viviendo los grupos de jóvenes de los sectores populares y les faciliten convertirse en ciudadanos que trabajan y participan en la construcción de una sociedad orientada por valores de paz y de solidaridad.

 

El nuevo gobierno habla ahora de promover la ley del primer empleo para los jóvenes olvidándose que mientras persista el actual modelo económico será imposible crear masivamente empleos bien pagados y con seguridad social para las nuevas generaciones.

 

Si el modelo no se cambia por otro que permita realmente desarrollar el aparato productivo del país y ofrecer empleos sólidos, estables, los jóvenes, como está sucediendo en otros países latinoamericanos, terminarán refugiándose en la contra cultura que representan los grupos armados y en todos los imaginarios sociales que estas organizaciones construyen alrededor del poder que ejercen en los vecindarios de las grandes ciudades.

 

El ejemplo más representativo de esta realidad lo dan las gigantescas pandillas o “maras” integradas por miles de jóvenes que dominan la vida urbana en El Salvador, Guatemala, Honduras entre otros países convirtiéndose en la práctica en un poder que rivaliza con el del Estado.

 

 

En días recientes murió en la ciudad de Bogotá tras padecer una penosa enfermedad el obispo Católico de Cúcuta, Jaime Prieto. Monseñor Prieto fue durante muchos años Obispo en la ciudad de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, una de las zonas más conflictivas del país.

 

Su trabajo pastoral se distinguió por la valentía y serenidad con las cuales supo enfrentar los planes, ambiciones y amenazas de los diferentes grupos armados presentes en la región. Al mismo tiempo impulsó programas de acción social a favor de las víctimas del conflicto y dio su respaldo a todo tipo de iniciativas a favor de la paz y la democracia sin buscar la figuración mediática que merecía su compromiso de Padre y Pastor.

 

Lamentamos de verdad su muerte porque nuestro país necesita de muchos obispos como él que vivan en plenitud con los excluidos el amor del Evangelio.

 

COYUNTURA LATINOAMERICANA, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

 

 

La situación de orden público en la república Mexicana es cada vez más compleja y difícil. A pesar de algunos golpes dados por las fuerzas del Estado a los carteles del narcotráfico estos han impuesto un verdadero régimen de terror en muchas partes del país.

 

Las masacres se suceden día por día y en este último período sobresale por la sevicia como fue cometida y el alto número de personas asesinadas la de los 72 emigrantes centroamericanos y ecuatorianos que iban camino de la frontera con los Estados Unidos y que fueron asesinados en el Estado de Tamaulipas, al nor oriente del país. Los asesinos pertenecen al cartel de los “zetas”, quizás el grupo mafioso más sanguinario que actualmente opera en México.

 

Este grupo fue conformado inicialmente por gentes que hicieron parte de cuerpos élite de la policía y del Ejército entrenados para operativos de alto riesgo por agencias de seguridad de los Estados Unidos. Tras haber prestado sus servicios a carteles más antiguos como el del golfo decidieron hacer toldo aparte tratando de controlar no solo el negocio del narcotráfico en buena parte del territorio mexicano, sino otras actividades ilícitas que rinden grandes utilidades como el tráfico de emigrantes clandestinos a los Estados Unidos.

 

Desde que se posesionó en el 2006 el actual presidente Felipe Calderón, hasta el presente han sido asesinados en esta guerra entre mafias y Estado no menos de 28 mil personas.

 

El conflicto se hace más complejo en la medida que no es solo una guerra de los grupos mafiosos contra las fuerzas del Estado, sino que es una guerra, también, entre los mismos carteles por quedarse con la mayor parte de un botín que solo en la exportación de cocaína a los Estados Unidos está generando 25 mil millones de dólares anuales.

 

Un sector de la ciudadanía, ante el avance de la violencia en el país, está reclamando un cambio de estrategia por parte del presidente Calderón en su enfrentamiento con los carteles. Los secuestros, los atentados con bombas, el asesinato de dirigentes políticos, de miembros de las fuerzas de seguridad, de personas comunes y corrientes se han multiplicado como consecuencia, entre otras cosas, de la profunda corrupción política que ha dominado la vida mexicana desde décadas anteriores y a cuya sombra se fortalecieron las mafias del narcotráfico.

 

A este factor se suman otros como la facilidad para proveerse de armas en los Estados Unidos, la dispersión de los cuerpos policiales en policías municipales, estatales y federales, las relaciones políticas de los jefes de los carteles con gentes de los altos círculos políticos, económicos, sociales de la república.

 

Entre tanto, la economía no termina de despegar, de salir de la crisis atada como está a la marcha de la economía de los Estados Unidos que tampoco da señales claras de haber superado completamente la recesión.

 

El fenómeno criminal de las mafias del narcotráfico no es exclusivo de México. Estas mismas mafias o sus asociados están haciendo, también, presencia activa en la vida de los demás países centroamericanos. La corrupción política y administrativa es una plaga que se ha extendido por países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua como resultado del dinero fácil del narcotráfico y la alianza de sectores políticos y financieros tradicionales con los jefes de la mafia organizada.

 

En esos mismos países, las grandes pandillas o “maras” han entrado a hacer parte activa de las redes del narcotráfico haciendo más compleja aún la realidad social de la región.

En El Salvador las “maras” organizaron un paro nacional en desafío al Estado en protesta por una ley que hace ilegal la pertenencia a estos grupos.

 

En Honduras la mezcla de “maras”, narcotráfico, corrupción y paramilitares ha generado una oleada de asesinatos y de criminalidad en general como nunca antes se había visto en ese país.

Mientras tanto en Cuba, la crisis económica que sufre la isla no da señales de solución a corto término. El gobierno de Raúl Castro, acosado por esta realidad, ha reconocido la incapacidad del Estado para seguir aplicando la política de pleno empleo en el país y ha anunciado que recortará de las nóminas oficiales una gran cantidad de empleados o trabajadores que no se requieren realmente en el aparato del gobierno.

 

Al mismo tiempo ha dado vía libre para que los cubanos puedan montar algunos pequeños negocios privados dentro de la economía del “rebusque” que empieza a dominar en el país.

 

Tras una serie de intensas negociaciones con delegados de la Unión Europea el gobierno cubano ha accedido a liberar a decenas de disidentes que se encontraban detenidos en las cárceles facilitándoles a un buen número de los liberados su salida del país para irse a vivir a España y a otros países Europeos en calidad de refugiados o asilados políticos.

 

Al mismo tiempo ha vuelto a hacer presencia activa en la vida política del país el líder de la revolución, Fidel Castro, visiblemente recuperado de la enfermedad que en meses anteriores lo puso al borde de la muerte. Fidel, por ahora, está limitando su reaparición a la concesión de entrevistas con periodistas y líderes políticos del exterior, la publicación de artículos en la prensa cubana sobre hechos de actualidad y a liderar una campaña para salvar al mundo de una posible guerra nuclear como consecuencia del enfrentamiento de Irán con las potencias occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea.

 

ZONA ANDINA

 

 

El gobierno del coronel Hugo Chávez no las tiene todas consigo en estos días. De un lado, el manejo económico que se le ha dado al país no está ofreciendo resultados positivos en el control de la inflación o la disminución del desempleo. La tasa de inflación, una de las más altas de América Latina, ronda el 30% y el desempleo y el subempleo están afectando, por lo menos, a un 40% de la población.

 

Por medio de subsidios a los alimentos, a los servicios educativos y de salud el gobierno ha tratado de reducir los costos sociales de la alta inflación y el desempleo. Pero muchos de estos subsidios han terminado alimentando redes corruptas en las que participan funcionarios de los diferentes estratos o sectores de la administración pública, que se han enriquecido descaradamente a costillas del programa social del presidente.

 

La altísima criminalidad en las grandes ciudades como Caracas se ha convertido en otra amenaza para el buen suceso político del presidente. Las bandas armadas han impuesto su ley en las barriadas populares convirtiendo a la capital venezolana en una de las ciudades con mayor número de homicidios no solo en América Latina, sino en el mundo.

 

La oposición ha venido aprovechándose de todos estos problemas para atacar la credibilidad del gobierno dentro de la población y mostrarse como una alternativa para salvar al país de la crisis. Las elecciones para la nueva Asamblea Nacional se han convertido en el termómetro o medidor de los verdaderos avances que las fuerzas opositoras han hecho dentro de una opinión pública que en años anteriores le había sido favorable al presidente Chávez.

 

Chávez, por su lado, ha tratado de cambiar o de moderar el manejo político que le venía dando a ciertos asuntos. En el caso de las relaciones diplomáticas con Colombia no vaciló en aceptar las propuestas de diálogo del nuevo presidente Santos para reestablecer las mismas y para encontrar fórmulas que permitan abrir de manera sólida el intercambio comercial entre los dos países interrumpido en meses recientes por la confrontación con el gobierno del ex presidente Uribe.

 

 

El presidente Correa ha cosechado una larga lista de enemigos dentro de los sectores conservadores del país que no han cesado, de su lado, de conspirar contra la estabilidad de su gobierno. A esa lista se ha incorporado recientemente su propio hermano, Fabricio, quien se ha convertido en uno de los principales críticos de su administración a la que no baja en sus calificativos de corrupta y mentirosa.

 

El motivo de la disputa entre los dos hermanos obedece a que Fabricio a la sombra de su pariente se había convertido en uno de los más prósperos empresarios de obras públicas en el país. Los contratos recibidos sirvieron de material a los opositores del gobierno para sindicar al presidente Correa de favorecer el enriquecimiento de su familia. Cuando los contratos se suspendieron, el ofendido fue Fabricio quien se sintió traicionado por el presidente al haber ordenado su separación de la nómina de contratistas del Estado.

 

La economía del país sigue mostrando síntomas de debilidad a pesar de los precios favorables que el principal producto de exportación, el petróleo, tiene ahora en los mercados internacionales.

 

Todas estas situaciones explican la baja de la credibilidad de Correa en las encuestas de opinión donde ahora solo marca el 42% de aceptación.

 

De otro lado, con la llegada al poder en Colombia del presidente Santos se han acelerado los acercamientos para un reestablecimiento pleno de las relaciones comerciales y diplomáticos de los dos países, que se habían visto afectadas por el ataque de tropas colombianas al campamento del jefe de las guerrillas de las “Farc” Raíl Reyes en suelo Ecuatoriano unos años atrás.

 

 

 

El gobierno de Alan García se ha convertido en el modelo de gobierno a mostrar por parte de la clase empresarial latinoamericana. García, olvidándose de sus viejas prédicas izquierdistas, ha gobernado bajo la tutoría de los grandes clanes de financistas e inversionistas del país.

 

Ha venido cumpliendo al pie de la letra las instrucciones para sostener y fortalecer el modelo neoliberal heredado de sus antecesores Toledo y Fujimori, lo que le ha permitido mostrar tasas record de crecimiento en la economía con el aplauso cerrado de la banca nacional e internacional.

 

Perú se ha convertido en un paraíso para los inversionistas mineros de todos los pelambres y orígenes. Las riquezas naturales del país están siendo explotadas con todo tipo de facilidades y garantías por parte de empresas europeas, canadienses, norteamericanas y hasta chinas, pasando por alto la protección del medio ambiente y los intereses sociales y económicos de las comunidades locales.

 

Mucho dinero circula en el Perú de Alan, pero ese dinero no llega a las grandes masas de desempleados y subempleados que forman la mayoría de la población en la Costa, la Sierra y la Selva Peruanas.

 

Esto explica, en parte, la reactivación de los cultivos de coca en el valle del alto Huallaga y la presencia amenazante de grupos del movimiento guerrillero “Sendero Luminoso” al que se creía definitivamente extinguido desde la captura de su líder máximo Abimael Guzmán en el gobierno del ex presidente Fujimori.

 

En el 2011 se realizaran las elecciones para seleccionar al sucesor de García y las encuestas están mostrando como favoritos al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda y a la hija del ex presidente Fujimori, Keiko. Recordemos que Fujimori está preso pagando varias condenas por corrupción, abuso de poder, autoría intelectual de algunos asesinatos y la gran popularidad de su hija entre muchos sectores peruanos es otra prueba más de la influencia y persistencia de los liderazgos populistas en el continente.

Tanto Castañeda, como Keiko Fujimori representan opciones conservadoras, que algunos calificarían de centro-derecha.

 

En tercer lugar se sitúan las candidaturas del ex presidente Alejandro Toledo, reconocido partidario del modelo neoliberal y la del candidato nacionalista de izquierda, Ollanta Humala, quien fuera derrotado por Alan García en segunda vuelta electoral en el 2006.

 

 

CONO SUR

 

CHILE: PIÑERA BUSCANDO LUZ EN EL TÚNEL

 

Sebastián Piñera, multimillonario presidente de Chile, inició su gobierno conservador rodeándose de un equipo de ministros procedentes de las principales empresas industriales y financieras del país. Fue tan evidente esta selección que muchos comentaristas apodaron a su gobierno “Chile Inc”, para dar a entender lo comprometido que estaba el mismo con los dueños de los grandes capitales en el país.

Piñera, con este tipo de nombramientos se apartó de la línea que traían los gobiernos de centro izquierda de la “Concertación Democrática”, en cuyos equipos de ministros predominaban los políticos de carrera y algunos intelectuales.

El gran terremoto que se presentó al Sur de Chile y que dejó más de 30 mil millones de dólares en pérdidas obligó a cambiar los planes iniciales del gobierno y a darle la prioridad a las tareas de reconstrucción de las poblaciones devastadas. Sin embargo, la reconstrucción no ha satisfecho las expectativas de los sectores damnificados por el sismo que alegan retrasos e ineficiencias en los programas de la misma.

 

Algunas medidas propuestas por el gobierno en campos como la educación y el mercado laboral despertaron una ola de protestas en sectores de la ciudadanía.

 

El drama de los 33 mineros atrapados en un socavón de una mina en la provincia de Atacama en el norte de Chile y cuyo rescate tardará varios meses le sirvió al presidente para desviar la atención de la opinión pública y sacar provecho político de su papel como principal responsable de las tareas de salvación de los mismos.

 

Lo que no se ha divulgado mucho de este drama es que la mina venía siendo explotada por sus dueños sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y que la situación laboral de los mineros distaba mucho de ajustarse a las exigencias que la ley chilena hace al respecto.

 

Estas realidades no son exclusivas de esta empresa minera. Se dan en muchas explotaciones mineras del país. Los obreros padecen las condiciones de explotación que les imponen sus patronos y todo esto se oculta bajo la maquinaria propagandística que insiste en presentar a Chile como el país más exitoso del continente y aquel donde el modelo neoliberal ha logrado más avances sociales reduciendo la pobreza y mejorando los niveles de vida de la población.

 

Los indígenas Mapuches que se han comprometido en la defensa de sus tierras y valores culturales y que denuncian las mentiras que oculta el modelo neoliberal son presentados por el presidente y sus ministros como aliados del terrorismo internacional y cómplices de la guerrilla colombiana de las “Farc”. Estas acusaciones sirven para justificar las campañas de intimidación y acoso que las agencias de seguridad del Estado han lanzado contra los principales líderes de los indígenas, algunos de los cuales se encuentran detenidos en las cárceles del Estado.

 

 

La presidenta Cristina Fernández y su esposo el ex presidente Néstor Kirchner han decidido radicalizar su enfrentamiento con los dueños del principal conglomerado de medios de comunicación del país, “Clarín”, propiedad de la señora Ernestina de Noble. Años atrás “Clarín” y los Kirchner fueron aliados y el poderío económico del grupo se fortaleció con concesiones y privilegios por parte del Estado.

 

Pero tras el apoyo de Doña Ernestina y su gente a los paros y protestas que los agricultores hicieron en contra del gobierno en el 2009 la relación cambió tajantemente.

 

El grupo “Clarín” fue despojado de muchos de los privilegios que tenía, entre ellos la transmisión exclusiva del campeonato nacional de fútbol en un país que idolatra ese deporte como la Argentina. Así mismo se descubrieron relaciones “ no santas” entre la dueña de “Clarín” y los militares de la dictadura. Los dos hijos adoptivos que tiene son en realidad hijos de personas detenidas y desaparecidas por los “milicos”.

 

El gobierno ha seguido apretando las clavijas a la familia Noble y a la familia Mitre, propietaria del diario “La Nación”, quienes son los dueños de la principal planta fabricante de papel periódico de la Argentina y de hecho controlan el 80% de los medios periodísticos escritos del país.

 

Los Kirchner alegan que la planta productora fue adquirida por medios ilícitos durante la dictadura militar. Las familias dueñas de los periódicos, a su vez afirman que el gobierno los está persiguiendo gratuitamente poniendo en peligro la libertad de expresión en la Argentina.

 

Tras toda esta lucha se oculta, de un lado, el deseo mal disimulado de los sectores más conservadores del país de deshacerse de los Kirchner y de su gobierno de centro-izquierda apelando a una campaña de sistemático desprestigio contra la pareja y sus principales asesores que le quite cualquier posibilidad de reelección en el 2012 a Néstor Kirchner.

 

Y del otro el interés de la pareja presidencial por evitar que esa campaña tenga éxito ante la opinión pública y termine abriéndole el camino al poder a los candidatos de esos sectores conservadores que dejaron en la bancarrota a la Argentina a principios de este nuevo siglo.

 

Ahora bien, los Kirchner tienen sus pecados de corrupción, han cometido errores y han hecho alianzas políticas poco convenientes para sostenerse. Pero también es cierto que bajo su dirección el país logró salir del profundo abismo económico y social en que lo habían dejado sus enemigos.

 

 

Las encuestas parecen indicar que las próximas elecciones presidenciales las ganará la candidata del partido oficialista, el partido de Lula, la ex ministra Dilma Roussef. Dilma no solo remontó la ventaja que en un principio le llevaba su principal rival, el ex gobernador de Sao Paulo, Joao Serra, sino que le tomó una ventaja que luce irrecuperable para este.

 

Tras este cambio lo que se nota es la influencia del presidente Lula que puso todo su prestigio y popularidad al servicio de la candidata. Lula termina su gobierno con el 80% de aceptación popular, una economía creciendo a ritmos aceptables y una reducción en el porcentaje de familias en la extrema pobreza.

 

Además ha sabido proyectar a Brasil como una potencia emergente reconocida en todo el mundo, no solo por sus logros políticos, sino por haberse convertido en la octava economía más rica del planeta. Brasil es uno de los tres países líderes en la producción de alimentos en el mundo y es igualmente líder en la producción de minerales como manganeso, hierro, oro, zinc, diamantes.

 

Así mismo, es el único país de América Latina que puede mostrar una industria con tecnología de punta que rivaliza en los mercados mundiales con las potencias tradicionales en campos como la construcción de aviones por ejemplo.

 

Pero también Brasil a pesar de todos estos progresos sigue presentando unas grandes desigualdades en los ingresos económicos entre los muy ricos y los muy pobres de su población; sus grandes ciudades como Río y Sao Paulo registran altos niveles de criminalidad y las bandas asociadas al narcotráfico continúan imponiendo su ley en las “favelas” o barriadas populares.

 

Así mismo, hay millones de campesinos sin tierra, mientras al mismo tiempo se toleran enormes latifundios algunos de los cuales, sobre todo en la amazonia, siguen apelando a métodos semifeudales o esclavistas para explotar a los peones campesinos en las haciendas.

 

Dilma Roussef, de ser elegida presidenta tendrá que enfrentar estos problemas si de verdad pretende seguir construyendo un Brasil próspero y convertido en potencia mundial.

 

* Publicada en la Revista Encuentro nº 128