A una semana de conocerse la explosión de una mina antipersonal que mutiló la pierna del comunero Delicio Ccaccaycucho Soto, en Sanabamba – VRAE, las denuncias sobre la existencia de estos explosivos esparcidos en las vías y terrenos por donde circulan agricultores de la zona, vienen tomando mayor cuerpo por parte de líderes de organizaciones sociales y algunas autoridades locales. Al mismo tiempo, pobladores y autoridades de Ayahuanco Norte, provincia de Huanta, han sostenido una reunión el último domingo donde han acordado realizar una movilización en los próximos días con dirección al Congreso de la República para dar a conocer su voz de protesta, ante las dificultades que atraviesan las diversas comunidades que forman parte de esta zona, debido a la presencia de las fuerzas militares en la lucha contrasubversiva.

Ulser Pillpa Paytán, Presidente del Frente Único de Estudiantes de la provincia de Huanta, manifiesta que las Fuerzas Armadas, “se están divorciando cada vez más de las poblaciones” porque los propios habitantes se quejan de que el Ejército no permite la salida de los pobladores de Ayahuanco. Pillpa indica que los pobladores de las comunidades de Ayahuanco Norte no saben cómo actuar porque no pueden realizar sus actividades cotidianas de labor agrícola, tampoco las compras en la zona de Ccaucán. “Ahora el Ejército no está permitiendo salir a los pobladores de Ayahuanco, están obligando a las autoridades a que recojan leña y otras labores”.

Ante esta Marcha de Sacrificio, de las comunidades de Huallhya, Ccaucán, Paloma Alegre, Pocacolpa, Sanabamba y otras que forman parte de Ayahuanco Norte, el regidor de la Municipalidad Provincial de Huanta, Niel Guillén manifestó que estarán prestos en la provincia de Huanta para atender a los pobladores de Ayahuanco, al tratarse de uno de los distritos más empobrecidos y olvidados del Perú, un territorio que a la vez es materia del enfoque noticioso cotidianamente por diversos hechos de violencia. En ese sentido Ulser Pillpa pidió que el Estado asuma una presencia de intervención social, más que de intervención militar. A la vez indicó que debe ser tema de preocupación la situación de desplazamiento de los pobladores de esta zona porque están huyendo en defensa de su vida no sólo a las comunidades vecinas sino, a Huancayo y Huancavelica.

Roberto Córdova Gavilán, coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Reparaciones en Ayacucho, tiene una opinión diferente respecto a los desplazados. Manifiesta estar en contacto con dirigentes y autoridades comunales para de alguna forma ayudar a grupos de desplazados provenientes de Canayre y Llochegua. Sin embargo dijo que hay otro grupo que pasó para la sierra de Ayahuanco (Cochas y Pampa Cori). En tal sentido, cuestionó a las instituciones encargadas de los operativos por su falta de avances en las coordinaciones con los Comités de Autodefensas (CADS) y la misma población. Señaló que a pesar de la advertencia del Ejército para impedir la salida de comuneros, los pobladores desobedecen y se trasladan por diferentes motivos. “Estuvimos evaluando que la población de Sanabamba y las zonas amenazadas, tienen doble asistencia. Hay campesinos que tienen viviendas en la sierra, en Cochas y Pampa Cori, migran a la selva para trabajar por un tiempo y luego retornan a sus lugares de origen en la sierra”, anotó.

Para un mejor panorama de la situación actual, Córdova Gavilán diferencia a los desplazados de los años 80 y de hoy, caracterizando a estos últimos como personas retornantes y en pleno movimiento, es decir, que no huyen para refugiarse por mucho tiempo en lugares alejados de sus tierras de origen. Mientras los desplazados de los 80, abandonaban definitivamente sus terrenos de cultivo para escapar a Huanta, la selva o hacia Lima.

A falta de una instancia que disponga las acciones del Plan VRAE, el funcionario insiste en la poca voluntad de las entidades encargadas de ejecutar los programas sociales para coordinar efectiva y eficientemente estas, limitándose a llevar la ayuda en forma aislada. Más adelante informó que aún no existen cifras exactas sobre la cantidad de personas desplazadas, dado que es difícil identificarlas por su característica atípica de estar en pleno movimiento migratorio. Señala que se pudo identificar los últimos meses del año pasado, 1200 personas desplazadas aproximadamente, que después regresaron a sus lugares de origen. “No hay número exacto, porque esas personas están en pleno movimiento, en Sanabamba calculamos que hay 40 familias, así también en anexos, pagos y comunidades, con esos datos podemos imaginarnos cuántos pobladores están en esa situación”, informó. A eso agregó que el número de desplazados se redujo, mencionando como un ejemplo la comunidad de Pampa Aurora, donde fueron 32 familias quienes están negociando la compra de terrenos. Contó acerca de un grupo de campesinos que se trasladó a Llochegua, esperando la atención del gobierno local, quienes acordaron refugiarse en Canayre y negociaron la compra de un terreno para, con apoyo del Estado, construir sus casas. Al mismo tiempo, Roberto Córdoba no dejó en advertir que existen personas foráneas o ajenas a los intereses colectivos, quienes estarían intentando beneficiarse con estas viviendas.

Por su parte, el director de la Asociación Paz y Esperanza, Nolberto Lamilla Aguilar, evocó la  explosión de un  artefacto que hirió gravemente a niños en el VRAE, hechos que vienen presentándose casi en forma regular. Por tanto, exhorta al Estado a responsabilizarse por detectar y limpiar la zona minada para dar seguridad a los pobladores. Luego de explicar que la cabeza de familia reposa en el varón, demandará judicialmente al Estado, por el caso de Delicio Ccaccaycucho Soto para que se repare materialmente al desafortunado comunero y se le pase una pensión por invalidez. “Este caso puede resultar emblemático para que se puedan judicializar otros casos del VRAE”, resaltó.

Lo sucedido con Delicio Ccacaychuco fue también preocupación directa de Niel Guillén, regidor de Huanta, quien al conocer de este hecho, se constituyó al Hospital Regional de Ayacucho para ver el estado de salud, luego de la amputación de la pierna derecha del comunero. El regidor lamentó que durante la última sesión ordinaria de Consejo de Regidores se haya descartado la posibilidad de elaborar un pronunciamiento en rechazo a la situación de mutilación del comunero en la zona de Sanabamba. Recordó además que hace dos meses plantearon al responsable político del Plan VRAE, Jorge Duránd, que frente a la información ofrecida por el representante del Ministerio de Defensa sobre la inversión acumulada de más de 80 millones de soles en el 2006, de 250 millones en el 2007 y de 500 millones en el 2008, para el VRAE, hasta el momento no haya ni un resultado positivo para el VRAE.

Fuente: www.ser.org.pe