Madezha Cepeda, fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad “Musas Inspiradoras de Cambio”, habla sobre los brechas en el tema de discapacidad, el poco acceso a la educación, salud y trabajo; lo que les arrastra a vivir en la pobreza. Considera que, si se quiere que las personas con discapacidad dejen de ser consideradas una carga, sus demandas deben ser recogidas por los dos candidatos presidenciales.

 P.- ¿Cómo evalúa las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en materia de discapacidad?

R.- Las agrupaciones políticas todavía reflejan que es muy poco el conocimiento de las características y de los requerimientos reales que tenemos las personas con discapacidad. Existe un reto en el nuevo gobierno para que evidencie una real voluntad política en esta materia.

P.- ¿Cómo podríamos cambiar esa situación?

R.- Se debería contar con personas con discapacidad calificadas para que cada sector del Estado pueda orientar la implementación adecuada de las normas con las que ya contamos. Y tenemos la educación inclusiva, además está establecida una dirección en el Ministerio de Salud, y la Dirección de Accesibilidad.

P.- El factor pobreza está muy ligado a la discapacidad. ¿Qué posibilidades de progreso podría tener una persona que vive en extrema pobreza?

R.- Existe un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza. En una familia en la que alguien nace o adquiere una deficiencia se convierte en un factor de empobrecimiento porque todavía no contamos con una serie de políticas que puedan atenuar este tipo de situaciones. Una persona que nace con una deficiencia va a requerir atención médica, rehabilitación, soportes como una silla de ruedas, un audífono, un bastón o un tratamiento más especializado como el caso de una lesión medular, por ejemplo. Todo esto implica mayor demanda de recursos para las terapias. Muchas veces, alguien en la familia -que suele ser la mamá- deja de trabajar para poder atender adecuadamente a esta persona con discapacidad. Eso empobrece a la familia, mucho más a una familia que está en mayor situación de pobreza. Todo eso es un factor de empobrecimiento y de un círculo vicioso, una familia en situación de pobreza no va a poder revertir fácilmente esa situación.

P.-¿Qué medidas ha tomado el Estado frente a esta situación?

R.- Recién se está implementando un programa de pensión no contributiva para personas con discapacidad severa y de extrema pobreza. Pero, ahora pensemos que no todas las personas con discapacidad están en una situación de discapacidad severa que no le permita trabajar y por tanto no van a recibir esta contribución. Si bien es cierto que existe este programa,  recién se está implementando en dos regiones del país. Las personas de las otras regiones del país aún están sin poder tener algún apoyo más directo ni específico.

R.- ¿Qué reformas se debería realizar para que este programa alcance a más beneficiarios?

R.- La Ley N°29973 establece que solo las personas con discapacidad severa son las que deben recibir esta pensión no contributiva. Hay un reto para el siguiente gobierno de pensar cómo es que se puede desde el Estado brindar mayor tipo de oportunidades a las personas con discapacidad que están en extrema pobreza y que no presentan seriedad en su condición de discapacidad. Si miramos experiencias de otros países, por ejemplo, no solo las personas con discapacidad reciben algún tipo de pensión o de recurso que pueda atenuar su situación de pobreza extrema. En otros países, las personas que no tienen trabajo cuentan con algún tipo de recursos dados por el Estado para que puedan atenuar esta situación. Por qué no podemos pensar que las personas con discapacidad en nuestro país puedan recibir algún tipo de subsidio, pues no todas las condiciones están dadas para tener acceso a la escuela, sobre todo, en las zonas rurales o a los servicios de salud.

P.- ¿Por qué el derecho a la educación es tan limitado y no se cumple en las poblaciones con discapacidad?

R.- En la medida en que el derecho a la educación no se cumpla genera una situación más crítica. Si no tenemos derecho a la educación como ocurre en el caso del 90% de la población con discapacidad, luego no vamos a poder tener acceso a la formación laboral y -por ende- tampoco al empleo y eso va implicar que las personas con discapacidad nos convirtamos en una carga para el Estado y las familias. Por ello, es fundamental que el nuevo gobierno pueda destinar fondos para la educación inclusiva, tener una voluntad firme y constante para que se pueda lograr cumplir las normas,  y que nuestro sistema educativo sea realmente inclusivo, por ejemplo el entorno físico de las escuelas deben ser accesibles, debe contar con lengua de señas para las personas sordas, que los estudiantes con discapacidad visual puedan tener acceso a la información en braille, que los estudiantes con discapacidad intelectual puedan tener material de lectura fácil cosa que no se ha contemplado hasta el momento. También se debe capacitar al personal docente para atender a la diversidad de discapacidad.

P.- ¿Cuáles son los obstáculos para lograr el desarrollo profesional y conseguir un puesto de trabajo?

R.- Las personas que hemos accedido a la formación profesional ha sido gracias a un gran esfuerzo personal y no por el apoyo que hayamos recibido de instituciones educativas superiores. Pero incluso en estos casos, tenemos gran dificultad para acceder al empleo en la rama que hemos elegido,  y esto no es porque nos falte capacitación, sino porque todavía se mantienen muchas ideas erróneas respecto a las capacidades que podemos desarrollar y que podemos poner en práctica las personas con discapacidad.

P.- ¿Es suficiente las medidas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad?

R.- Las empresas privadas todavía tienen muchos temores fundados en el desconocimiento; en la medida en que la mayoría de la población pueda tener más acceso a la información de todas las capacidades que podemos desarrollar las personas con discapacidad y también de la voluntad que tenemos para ser ciudadanos que pueden aportar al desarrollo del país, se van a ir derrumbando todas las barreras. Es muy importante que en el sector empresarial tanto público como privado, se tenga una disposición más “humana”, de ponerse en los zapatos de las personas que presentamos algún tipo de deficiencia y pensar que primero somos ciudadanos y que tenemos una deficiencia que no la hemos elegido y, por ello,  merecemos tener oportunidades para poder superar esta situación.

P.- A pesar de que existe un marco legal a favor de la accesibilidad urbana, Lima es una ciudad poco accesible. ¿Por qué no hay regulación y sanción?

R.- De acuerdo a la Ley N° 29973  está determinado que debe haber una Dirección de Accesibilidad que ya existe, pero que no cuenta con presupuesto. Esta ley también establece que debe haber un Plan Nacional de Accesibilidad y Libre Tránsito que todavía no está diseñado ni aprobado. En términos de accesibilidad en el transporte y a nivel urbano de las edificaciones todavía no se ha avanzado como se requiere, porque si no existe un pleno funcionamiento de la Dirección de Accesibilidad y si no contamos con el Plan de Accesibilidad a nivel nacional que pueda estar vigilando que toda la normativa se cumpla no se puede avanzar. Por eso, es una demanda urgente para el nuevo gobierno que pueda diseñar y  aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad y Libre Tránsito, implementarlo y que destine presupuesto.

P.- ¿En el sector salud pública cuáles son las limitaciones?

R.- A nivel del sistema de salud deben existir protocolos de atención específicos para personas con discapacidad. Es fundamental que la nueva Dirección de prevención y control de la Discapacidad en el Ministerio de Salud pueda tener recursos y personal adecuado para poder garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso adecuado a los servicios de salud y también que podamos contar con servicios de rehabilitación bien implementados. Necesitamos que el personal esté debidamente capacitado para atender, por ejemplo, a una persona sorda; las historias clínicas deben ser accesibles a todas las personas con discapacidad. Yo siendo ciega, no puedo tener acceso a mi historia clínica porque estas no están en braille ni en una versión digital; si hubiera en digital yo podría leer mi historia clínica.

P.-  La capacidad jurídica es un derecho indispensable ¿Por qué las personas con discapacidad siguen sin poder ejercer a plenitud este derecho?

R.- La Ley N° 29973 establece que las personas con discapacidad tenemos el derecho de la capacidad jurídica. Sin embargo, tenemos un gran obstáculo porque todavía no circulan las reformas necesarias en el Código Civil. Todavía existe una serie de trabas para que las personas con discapacidad podamos tomar decisiones con libertad y de manera individual y no a través de otros como es el caso de las personas que son declaradas interdictadas y sus decisiones son tomadas por sus tutores. Es necesario realizar todos los cambios de acuerdo a lo que está establecido en la Ley 29973 para que podamos ejercer nuestra capacidad jurídica para tomar decisiones importantes como cobrar nuestro sueldo, tener acceso a una cuenta bancaria, contraer matrimonio o hacer uso de una herencia.

P.- La aplicación de políticas públicas a favor de este sector tampoco se ejecuta a cabalidad y muchas veces no responden a una necesidad prioritaria…

R.- En estos cargos hay personas que no conocen adecuadamente el tema y no hay personas con discapacidad. Tú puedes observar que en todos lados se hacen esfuerzos por construir rampas, pero muchas de ellas son construidas inadecuadamente porque no conocen adecuadamente las normas (en la norma se específica la todas las medidas: ancho y pendiente de las rampas). Por otro lado, el Ministerio de Educación debería contar con la asesoría de personas con discapacidad para todo lo que es la implementación de la educación inclusiva. De la misma manera, en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda en donde está la Dirección de Accesibilidad. Se debería contar con personas con discapacidad que asesoren el funcionamiento de todas estas direcciones que son muy importantes en la implementación de las políticas públicas.

Fuente: Gran Angular

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