Nueva muestra de la hipocresía de los eurodiputados conservadores del partido popular, grupo mayoritario en el Parlamento de la UE, ha sido su reciente visita de tres días a la Ciudad de México[1].

Aunque el evidente propósito político ha sido presionar a los senadores y al gobierno mexicano para acelerar las negociaciones de “modernización” del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), hipócritamente, la imagen principal que manejaron fue su preocupación sobre la violación de los derechos humanos en México.[2] 

Sin embargo, como lo señalamos en una nota anterior, dos semanas antes boicotearon en el Parlamento europeo una resolución de urgencia sobre la violación a los derechos humanos en México con el argumento cínico de que: “no era el momento conveniente” porque el gobierno peñanietista está en curso de renegociar la relación comercial de México con la Unión Europea. “lo mejor era no meter ese elemento (la resolución) porque podría molestar al gobierno mexicano”.[3]

Similar postura adoptaron para no usar la verdadera presión del Euro-Parlamento sobre la violación del gobierno mexicano a los derechos humanos con las muertes de periodistas, y de la misma Cláusula Democrática del TLCUEM, desechando así la propuesta de parlamentarios democráticos, como lo recogió el diario La Jornada miércoles, 05 abr 2017[4] 

Cuando aquí en México mencionaron, secundariamente ante los medios de prensa, el tema de la ratificación del tratado México-Unión Europea, insistieron retóricamente que “no es sólo –materia- comercial, sino que tiene que ver con aspectos democráticos, de respeto a derechos humanos, de combate a impunidad”; pero omitieron mencionar que también dos semanas antes, el 4 de julio, su grupo parlamentario había defendido, no los derechos humanos, sino los intereses mezquinos de sus empresas transnacionales, quitándole “los dientes” a la Resolución del Parlamento para combatir la evasión fiscal y la desviación de ganancias hacia los paraísos fiscales que realizan las empresas transnacionales, europeas y no europeas. Y que afecta a muchos países, entre ellos a México. [5]

El documento oficial propuesto y que los conservadores desnaturalizaron reconoce que:

“La elusión y la evasión fiscales y los sistemas de traslado de beneficios han privado a los gobiernos y a las poblaciones de los recursos necesarios para, entre otras prestaciones, garantizar un acceso universal y gratuito a los servicios públicos de educación y sanidad y a los servicios sociales del Estado, y han impedido asimismo que los Estados pudieran financiar viviendas y medios de transporte público a precios asequibles y construir infraestructuras esenciales para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico. En resumen, esos sistemas han sido un factor de injusticia, desigualdad y divergencias económicas, sociales y territoriales.”[6]

En otras palabras, el fraude fiscal, la evasión y la elusión fiscal de las empresas transnacionales, entre ellas las europeas, afecta y viola el cumplimiento de los derechos humanos que claramente menciona el documento del Parlamento. La propuesta que quedó en farsa –según algunos europarlamentarios democráticos[7] - proponía que las empresas transnacionales con más de 40 millones de euros de facturación transparentaran su actividad global; y quedaban obligadas a rendir informes de su operación financiera, ganancias  y pago de impuestos reales, país por país.

En Estrasburgo, los eurodiputados conservadores, entre ellos los que con aires quijotescos visitaron a México, distorsionaron la Resolución final. Le abrieron dos grandes socavones legales por la que podían escapar el 85% de las transnacionales: subieron la valla o límite hasta 750 millones de euros, y además dejaron una “cláusula de salvaguardia”, o falsa salida, para que las empresas europeas que compiten directamente con empresas no europeas pueden solicitar excepciones a la divulgación de cierta información detallada.[8]

¿Esa es la verdadera “defensa” de los derechos humanos que les preocupa a los europarlamentarios conservadores europeo? ¿O esa es la muestra de la defensa que hacen de los intereses de las empresas transnacionales europeas y no europeas a las que deben su curul parlamentaria? Los pueblos de los dos lados del Atlántico, exigimos coherencia. Ante las gravísimas violaciones de los derechos humanos en México (y también en Europa por ejemplo con los migrantes) debería llevar a la cancelación del TLCUEM)

Recordemos que el comercio entre México y los países de la UE se triplicó a partir de la entrada en vigor del TLCUEM, al pasar de 21 mil millones de dólares en el 2000 y alcanzar 61.8 mil millones en 2016.[9] Sin embargo, los cálculos preliminares de falsa facturación, y por ende de fugas fiscales y de capital de ese comercio alcanzó un promedio anual de casi 9 mil millones de dólares.[10]

Esa fuga ilícita de capital de 113 mil millones de pesos en promedio es equivalente al 94% del promedio anual recaudado en igual periodo del sector manufacturero (que alcanzo 120 mil millones de pesos) en México.[11]

De esa dimensión también es el impacto de los dos socavones que los eurodiputados conservadores introdujeron para distorsionar una Resolución del Parlamento que hubiera sido verdadera contribución a los derechos humanos en el mundo y en México en particular.

Mi agradecimiento al Dr. Alberto Arroyo por sus valiosas sugerencias

Ciudad de México 20 de julio de 2017

Alejandro Villamar, economista mexicano, es miembro de la  Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

alermalc@gmail.com