La Unión Europea negocia actualmente con una veintena de países nuevos tratados de comercio e inversión, similares a los que firmó con Canadá (CETA) e intentó pactar (infructuosamente) con Estados Unidos (TTIP). “La UE quiere abrir nuevos mercados con un tratado comercial cada seis meses”: así de avaricioso se expresó recientemente Jyrki Katainen [1], vicepresidente de la Comisión Europea, ante el Consejo Atlántico en Washington, un lobby corporativo influyente en las relaciones transatlánticas.

En las últimas décadas, la política comercial europea se ha ido centrando cada vez menos en intercambiar bienes y cada vez más en suprimir derechos sociales, laborales y ambientales en la búsqueda de beneficios empresariales. La UE ya tiene aproximadamente 30 acuerdos comerciales con 60 países y 1.400 acuerdos de protección de inversión, autodenominándose “campeona de los tratados bilaterales”.

Cada día, la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, continúa expandiendo la política comercial y de inversión como si no hubieran tenido lugar enormes movilizaciones de millones de personas en contra del TTIP y el CETA. En su larga lista de prioridades está la ratificación de los acuerdos con Canadá, Vietnam y Singapur, la conclusión de las negociaciones con Japón, México y Mercosur, el impulso de nuevas negociaciones con Australia y Nueva Zelanda, así como la ambiciosa apuesta por la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones. [2]

“A muchos países les preocupa el creciente proteccionismo y las entidades que socavan el sistema multilateral, por eso se han puesto en contacto con nosotros”, afirma Katainen. Pero la congelación del TTIP y la deriva racista, neoliberal y pro-empresarial de la administración Trump no explican el verdadero trasfondo de esta ofensiva. Para comenzar, habría que señalar que el 34 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE depende del comercio exterior, mientras que el comercio intra-UE ha disminuido. Además, la UE importa más del 50 por ciento de su consumo energético. La dependencia europea de las importaciones de petróleo no ha dejado de aumentar desde principios de siglo. Esto supone un gasto de 215.000 millones de euros en importaciones de petróleo y unos 40.000 millones en gas natural, siendo Rusia el mayor proveedor (30 por ciento en 2015). Otro dato: ocho de las diez multinacionales que exportan petróleo y gas a la UE no son europeas. Por último, la cuota de importación de muchas materias primas para sectores clave tales como el automóvil, electrónica, energías renovables, etc., llega al cien por ciento.

El panorama geopolítico se aclara aún más si consideramos que China pretende sellar la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) para dominar Asia. El tratado comercial con países del sudeste asiático [3] aglutinaría a la mitad de la población mundial y el 24 por ciento del PIB global. Japón, por su parte, impulsa la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que quedó en punto muerto tras la retirada de EEUU tan solo tres días después de asumir su cargo Trump. Su antecesor, Barack Obama, no logró la mayoría suficiente para ratificarlo en el Congreso gracias a una fuerte movilización social y sindical.

“El sistema multilateral de comercio y la actividad que lo rodea es rápido y furioso. Y no se ha ralentizado ni un poco”, dice Robert Holleyman [4], representante comercial bajo la administración de Barack Obama. “Lo nuevo es que Estados Unidos se ha excluido de las conversaciones”. Se suele repetir en los debates sobre el comercio mundial que con Trump en la Casa Blanca, que, EEUU abandonó su papel como protagonista y que China quiere ser campeón de las relaciones comerciales. La UE se presenta como alternativa entre el nacionalismo económico del America First y el modelo chino, pero lo cierto es que los tres siguen patrones de desarrollo muy similares, dependiendo todos de los mercados globales. En definitiva, se necesitan mutuamente.

En el caso de la UE, lo que más preocupa a sus élites es que más del 90 por ciento del crecimiento mundial se generará fuera de Europa. Asia está desplazando en este sentido a EE UU y a la UE en lo referente al dinamismo económico, contando además con un reforzamiento de su gasto militar y en innovación tecnológica. En este contexto, la UE ha celebrado en 2017 el 60 aniversario del Tratado de Roma con la publicación del Libro Blanco sobre el futuro de la región, a partir de cinco escenarios posibles. En todos ellos, la apuesta por ampliar los acuerdos con otros países no solo se consolida sino que se acrecienta, con la justificación de mantener los intereses europeos en una coyuntura geopolítica muy compleja. Se plantea una carrera desbocada por la firma de tratados a lo largo y ancho del planeta con la meta de contener el poder de China y ampliar el del poder corporativo con sede europea.

Todo ello, por supuesto, sin escuchar a la ciudadanía. Ignoran a los millones de ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado en estos últimos años contra su política comercial. Prosiguen en sentido contrario con su mantra: el sistema de comercio global genera un bienestar del que todos y todas se benefician. “Creemos en un comercio justo y abierto basado en reglas que fortalece el orden mundial, y una economía de mercado que resuelve los desafíos de nuestros tiempos, como desempleo, cambio climático y política”. Además, el comercio es la forma de “aumentar la riqueza, el bienestar, la productividad y la competitividad”, según Jyrki Katainen. La UE, de este modo, enfatiza su carácter colonialista y su orientación económico- exportadora, inherente al ADN del proyecto europeo.

La agenda bilateral, ¿una Europa neocolonial?

A partir de las movilizaciones históricas en Seattle en 1999, la Organización Mundial de Comercio (OMC) entra en crisis. La OMC supuso la vía multilateral para imponer el neoliberalismo a nivel global, partiendo de la apuesta de los países más industrializados para liberalizar aún más sectores, como los servicios, la contratación pública y la protección de las inversiones. Ante ello, los países del Sur global buscaron proteger ciertos sectores estratégicos, como la agricultura y la incipiente industria, manteniendo a su vez cierto margen de actuación política. Las negociaciones multilaterales se detuvieron finalmente, y ello obligó a la UE y a otras potencias comerciales a iniciar negociaciones bilaterales y regionales, lo que provocó una explosión en el número de tratados en discusión.

En este contexto se presentó en 2006 una hoja de ruta, la comunicación Una Europa global – Competir en el mundo, basada en la Estrategia de acceso a los mercados de 1996, mediante la cual se eliminaron obstáculos a los intercambios de bienes y servicios, la propiedad intelectual y las inversiones, sirviendo para que empresas europeas accedieran a los mercados de terceros países, como México y Chile. Diez años más tarde, la Comisión Europea redoblaba esta dinámica bajo el amparo de esta comunicación y comenzó a negociar acuerdos comerciales con la mayoría de las regiones del mundo.

Así, y ante el parón en la vía multilateral, se retoman los grandes temas de esta apuesta global, pero desde un enfoque bilateral y regional:

• La protección de las inversiones para expandir los privilegios de los inversionistas mediante tribunales que privatizan la justicia;

• La ofensiva sobre la mercantilización de servicios a través de listas negativas que permiten abordar cualquier proceso de liberalización salvo los expresamente indicados;

• El acceso al mercado de la contratación pública, que pudiera extenderse también a ámbitos locales, y que trata de impedir cláusulas sociales y ambientales;

• La ampliación de la normativa de propiedad intelectual, fundamentalmente del capital intangible (información, comunicación, investigación, innovación, marcas, formas organizativas, etc.);

• La cooperación reguladora para armonizar normativas y eliminar barreras al comercio, alterando los procesos legislativos y legales en la toma de decisiones.

En definitiva, el principal objetivo de la UE es que sus grandes empresas compitan en mejores condiciones en un contexto económico y geopolítico complejo. Se impone una cooperación reforzada para facilitar el acceso a los mercados, constituyéndose en decenas de países equipos de la UE con representantes de las delegaciones de la Comisión, de las embajadas de los Estados miembros y de organizaciones empresariales. Un neo-colonialismo bajo el manto de diplomacia empresarial que también persigue el acceso de las materias primas de terceros países.

En 2007 se inició una nueva etapa de acuerdos, siendo Corea del Sur el primero que entró en vigor bajo la estrategia Europa Global, con una fuerte incidencia en los ámbitos naval y automovilístico. Posteriormente se centraron en América Latina (Centroamérica, por un lado, Colombia-Perú, por el otro, y al que recientemente se ha sumado Ecuador), sin importar las graves violaciones a los derechos humanos en ambas regiones. A su vez, se aprobó un mandato para negociar un ambicioso tratado con los países del Sudeste Asiático (ASEAN), pero que tardará aún otros diez años en concretarse. Además, por aquel entonces se intensificó la presión sobre los 79 países de África, Caribe y el Pacífico (ACP) para firmar acuerdos de asociación económica a raíz de la renovación del Acuerdo de Cotonú.

Convenios diabólicos con los países ACP

Desde su independencia, las antiguas colonias europeas tenían un acceso preferencial al mercado europeo a cambio de exportar barato sus recursos naturales y abrir sus propios mercados a las exportaciones europeas. Cuando en 2000 la OMC consideró que esta relación era ilegal, la UE y 79 países ACP comenzaron a negociar acuerdos comerciales recíprocos. Así, estos podrían teóricamente seguir protegiendo el 20 por ciento de sus productos, principalmente agrícolas, con aranceles. El resto se liberalizaría gradualmente en los 20 años posteriores a la ratificación.

Diecisiete años después, solo dos de los siete acuerdos negociados se han firmado, ratificado e implementado, uno con la Comunidad de Desarrollo de Sudáfrica (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia) y otro con el Caribe. El acuerdo con África Occidental está actualmente bloqueado por Nigeria, Gambia y Mauritania, que se niegan a firmar. En África Oriental, el año pasado Tanzania demandó a Kenia por su firma, mientras que Uganda quiere abordar nuevas cuestiones.

En general, casi todos los países ACP temen el posible impacto negativo en sus economías y, por lo tanto, detienen su implementación. Después de las reducciones arancelarias impuestas, los aumentos repentinos de las importaciones agrarias destruyeron la agricultura local. Además, la industrialización incipiente del continente esté en riesgo.

Como los acuerdos regionales están estancados, la Comisión ahora negocia acuerdos bilaterales. Ghana, Madagascar y Costa de Marfil firmaron acuerdos provisionales por temor a perder el acceso preferencial al mercado europeo. El comercio con sus vecinos es ahora más difícil que el comercio con la UE, lo que está creando nueva fronteras dentro de África, haciendo saltar por los aires los procesos de integración regional.

La política comercial de la UE destruye empleo en África y es una de las causas de la migración forzada. El futuro de los acuerdos de asociación económica entre la UE y sus antiguas colonias parece más en entredicho que nunca: ojalá que la mayoría de los socios comerciales sigan negándose a firmar y que la Unión Africana anuncie una moratoria para todos los acuerdos.

Buscando la guerra con Putin

Hacia el Este, la UE creó con seis Estados de la antigua Unión Soviética (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) la Asociación Oriental. El objetivo era acelerar reformas políticas y económicas, reforzar el dominio de las compañías europeas y beneficiarse de los recursos energéticos, pero, por el momento, solo los tres últimos países citados han concretado acuerdos. El de Ucrania [5] se rubricó en julio de 2012; los de Moldavia y Georgi, en 2014, para frenar el poder de Rusia en la región con su Unión Euroasiática. [6]

Rusia, por otra parte, respalda los planes de China en Asia-Pacífico. “Esto favorecería nuestros intereses prácticos y representaría una oportunidad para fortalecer nuestra posición en los mercados de Asia-Pacífico, de rápido crecimiento”, señaló el presidente ruso, Vladimir Putin, en un artículo con ocasión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad vietnamita de Danang.

Acuerdos de nueva generación

A partir de 2009 se negoció con Canadá el CETA, en secreto y fuera del control parlamentario, abordando fundamentalmente barreras no arancelarias y la protección de los inversores. El CETA supone un giro significativo en la gobernanza europea, dando un salto cualitativo para secuestrar a la democracia.

Este acuerdo quebranta el Estado de Derecho por el efecto combinado de la convergencia reguladora y los tribunales de arbitraje. Las críticas son tan amplias que el Gobierno belga se ha visto obligado a pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la protección al inversor en el CETA es compatible o no con el derecho comunitario. Dicho sistema (ICS, por sus siglas en inglés) marca una profunda desigualdad ante la ley, siendo incompatible con el monopolio en la interpretación del derecho europeo que tiene el Tribunal Europeo. Además, es discriminatorio porque proporciona un tratamiento diferencial entre empresas del mismo ámbito, al poder utilizarse únicamente por parte de grandes inversionistas extranjeros.

El CETA, firmado en octubre de 2016 y aplicado provisionalmente desde el 21 de septiembre de 2017, es el primer tratado de la UE que hace de la liberalización de los servicios la regla y de la regulación del interés público la excepción. Esto amenaza el acceso a servicios tales como el agua, el transporte y la asistencia social y sanitaria, atentando contra los servicios públicos. El sector financiero está incluido en el acuerdo, con lo que ello supone de apuntalamiento de la lógica desreguladora actual, impidiendo cualquier atisbo de control de capitales o posibles propuestas de reestructuración de deuda. Por último, destaca el efecto que tendrá sobre la seguridad alimentaria y la posible entrada de carne hormonada y/o tratada químicamente, así como sobre la entrada en Europa de los petróleos pesados de Canadá y otras empresas mineras de este país.

En la misma línea se iniciaron las negociaciones con Japón a partir de 2013 y las del TTIP (actualmente en un cajón, pero que pudiera recuperarse desde una lógica más bilateral EEUU-Alemania, para después extenderse a todo el continente).

El acuerdo con Japón, el JEFTA, por sus siglas en inglés, crea el mercado más grande del mundo, cubriendo prácticamente el 30 por ciento de la producción mundial. Tras los grandes debates generados por el sistema de resoluciones del TTIP (ISDS) y el CETA (ICS), se ha negociado bajo una nueva estrategia, en la que se separa el acuerdo comercial (que es el que ahora se firma) del sistema de protección de inversiones (pospuesto).

De esta manera, la mayor parte de contenidos quedarían como competencias exclusivas de la UE y requerirían solo la votación del Consejo y el Parlamento Europeo, sin pasar más por los parlamentos nacionales. La UE impide mediante esta maniobra que a partir de ahora los parlamentos nacionales o regionales puedan vetar los tratados comerciales y evitar la repetición de lo ocurrido en octubre de 2016, cuando cuatro parlamentos regionales de Bélgica bloquearon la firma del Gobierno belga al CETA en el Consejo Europeo.

Además de estos tratados regionales, la UE también participa activamente en un acuerdo estratégico centrado en los servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Este acuerdo, menos conocido pero incluso más peligroso, aborda de manera integral uno de los ámbitos de especial interés, los servicios, complementando lo ya incluido en otros acuerdos (como CETA o JEFTA), pero de manera integral y más agresiva, con el ánimo final de imponerlo a la OMC en función de hechos consumados. Participan más de 50 países (incluidos los de la UE), que representan el 70 por ciento de la economía global, y tendría un efecto muy significativo en consolidar los procesos de privatización de servicios públicos y favorecer nuevos; abrir el comercio electrónico para los grandes campeones empresariales; asegurar la desregulación total del sistema financiero; promover la mercantilización de datos sin control ni regulación pública y liberalizar las telecomunicaciones, puertos y transporte aéreo.

Más allá de estos grandes acuerdos, y para completar la fotografía, la Comisión Europea está negociando una serie de tratados aún menos conocidos y discutidos:

• Vietnam. Será el primero basado en el modelo CETA y ratificado después del canadiense. Corre el riesgo de favorecer la agroindustria orientada a la exportación y extender el problema del acaparamiento de tierras y los conflictos socio-ambientales. Pone en peligro el acceso a medicamentos para el pueblo vietnamita y asigna al país el rol de exportador de productos de bajo valor agregado, disminuyendo su capacidad de subir en las cadenas de valor y desarrollar su mercado interno.

• Singapur, el “mayor puerto del mundo”. Tendrá impactos sobre la liberalización y privatización del sector portuario, con grave incidencia en las condiciones laborales. La liberalización de la estiba en el Estado Español guarda un vínculo muy estrecho con las dinámicas de este acuerdo.

• Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Aunque los dos últimos están parados, generarían graves impactos sobre los derechos humanos (expansión del extractivismo) y sobre el sector textil y calzado, agropecuario y pesquero y servicios.

• Mercosur y México. Afectarían gravemente a la agricultura, alimentación y energía (incidiendo de manera prioritaria en la privatización del petróleo mexicano), así como a los servicios, compra pública y sector automotriz.

Además, se negocia un acuerdo de inversiones con China (con el que actualmente se establece una política proteccionista de aranceles) y se están negociando acuerdos de comercio e inversión con Túnez y Marruecos que solo buscan exigir intereses privados europeos y desprecian los derechos de los pueblos tunecino, marroquí y saharaui. Se trabaja en una actualización del acuerdo de aduana con Turquía, a pesar de la guerra contra el pueblo kurdo, las graves violaciones a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, casos de tortura, desaparición forzada) y ausencia del estado de derecho bajo el régimen de Erdogan.

Algunas conclusiones

La UE está en una carrera hacia el precipicio, a un ritmo cada vez más acelerado, destruyendo vidas, medios de subsistencia, comunidades y la democracia. Es una de las fuerzas motrices en la imposición de la globalización y la negociación de tratados de comercio e inversión. Conforma el mayor bloque económico del mundo, aunque esto cambiará con el Brexit, sobre todo por el peso del ámbito financiero de la City, y el desplazamiento del poder económico a Asia-Pacífico.

La UE mantiene una gran coherencia interna y externa. La política comercial y de inversiones es un brazo más de su dinámica de primacía de un mercado único para el capital. La extensión de las normas comunitarias a terceros países se ejecuta vía acuerdos de asociación o tratados comerciales y de protección de la inversión.

El régimen de comercio e inversión se utiliza como un sistema de control para promover los intereses de las élites. La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros, que permitieron especular y crear deudas impagables (sumadas a las normas comerciales de la UE, que han dado lugar a enormes desequilibrios comerciales entre sus Estados miembros), han creado y profundizado la crisis multidimensional europea.

La huella ecológica de la UE (resultado de su ADN colonial, su régimen comercial y su modo de vida imperialista) es una de las más grandes del mundo. Esto ha llevado a que comunidades de todo el globo se hayan visto desposeídas de tierras, aguas y otros bienes comunes; a la vez que ha abocado al planeta a un agotamiento de los recursos y al cambio climático. La inclusión retórica del concepto de desarrollo sostenible en los diferentes acuerdos y tratados no es más que una trampa que oculta la lógica insostenible con la que la UE nos acerca al colapso ecológico.

Las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas y vacían el estado de derecho: mientras se protegen los intereses de los inversores, se desprotegen los derechos fundamentales de las personas. El régimen de comercio e inversión pretende apuntalar un modelo económico y de sociedad global y dar una vuelta de tuerca más en el proceso de división internacional de trabajo, de adquisiciones y concentración en grandes actores económicos y financieros, privatizaciones y mercantilización de la vida en un sistema múltiple de dominación.

En un escenario de crecientes tensiones geopolíticas, de agotamiento de recursos, crisis ambiental y nuevos colapsos financieros, habrá mayores impactos negativos en lo social, laboral y ambiental. Solo un cambio político puede contribuir a que la adaptación a los futuros escenarios se haga con criterios de justicia e igualdad. En este sentido, las campañas contra el TTIP y CETA han mostrado que tenemos grandes potencialidades para consolidar un movimiento por la justicia global que no solo impida la firma de nuevos tratados neoliberales, sino que, además, extienda modelos de re-localización de la producción, una economía social y solidaria, de corte feminista y ecologista, y un comercio justo con terceros.

Notas

[1] 1Vídeo “Why Multilateral Trade Matters”, publicado por Atlantic Council en YouTube: www.youtube.com/watch?v=zp56w7XaTuI

[2] Comisión Europea. Ver en: http://trade.ec.europa.eu/ doclib/press index.cfm?id=1395

[3] Asociación Económica Integral Regional (RCEP): China, Japón, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya.

[4] Declaraciones a Financial Times: www.ft.com

[5] La firma del acuerdo con Ucrania precipitó a partir de noviembre de 2013 los dramáticos acontecimientos en Minsk.

[6] Proyecto de integración económica y política basado en la unión aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, ampliable a otros Estados. Parte de la estrategia rusa de recuperar el protagonismo en el escenario político internacional y como contrapeso a la Unión Europea.

Jueves 15 de marzo de 2018

Tom Kucharz es activista, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción.

Pueblos, nº 76, febrero de 2018

http://omal.info/spip.php?article8567