Hay una peligrosa agenda corporativa detrás del esfuerzo por tener nuevas normas que limiten la reglamentación nacional de los servicios, dentro del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Los países miembros de la OMC acordaron hace años desarrollar disciplinas "necesarias" sobre tales medidas, pero la mayoría de los países en desarrollo dudan de la necesidad de normas que limiten la supervisión pública de las empresas de servicios. De hecho, nunca se ha tomado esta decisión en la OMC.

Sin embargo, a lo largo del 2017, ciertos países presentaron propuestas con el objetivo de lograr acuerdos sobre normas vinculantes en la Ministerial de la OMC en Buenos Aires, (MC11 - 10 al 13 de diciembre 2017). Esta agenda había quedado estancada durante años hasta que los participantes en las negociaciones (ahora suspendidas) hacia el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA) la llevaron de vuelta a la OMC.

Afortunadamente, se evitó una catástrofe cuando el Grupo Africano presionó fuertemente a los proponentes neoliberales, y las conversaciones quedaron inconclusas en la reciente reunión ministerial de la OMC. Sin embargo, puesto que las corporaciones globales de servicios buscan utilizar los acuerdos comerciales para lograr la desregulación y la limitación de las regulaciones de interés público, lo que no podrían lograr a través de canales democráticos normales, la cuestión seguramente surgirá en la OMC nuevamente en 2018 y más allá. Estas negociaciones poco conocidas podrían tener un gran impacto en la reglamentación de los servicios en todo el mundo.

Restricciones a la capacidad regulatoria de los gobiernos

Las normas de "reglamentación nacional" (RN) restringirían los tipos de regulaciones que los gobiernos puedan adoptar, inclusive si las reglas se aplican de la misma manera a empresas extranjeras y nacionales. Serían aplicables incluso a los servicios nacionales no comercializados (como la construcción), al igual que a los servicios que se comercializan (como los viajes aéreos). Las reglas propuestas se extenderían tanto a las empresas privadas como a los servicios públicos que no estén cubiertos por la estrecha (y casi inexistente) excepción para servicios públicos.

Si bien los proponentes argumentan que se salvaguardaría el "derecho a regular", la OMC ha dictaminado en el pasado que "la soberanía reglamentaria de los Miembros es un pilar esencial de la liberalización progresiva del comercio de servicios, pero esta soberanía se acaba cuando se perjudican los derechos de los otros miembros en el marco del AGCS”. En otras palabras, el "derecho a regular" termina allí donde comienzan las normas de la OMC.

Bajo las propuestas recientes, las normas de RN se aplicarían a todos los niveles de gobierno, pero el gobierno nacional no tendría que "obligar" a los gobiernos provinciales y locales a cumplirlas si tienen autonomía legal en estos temas. Las reglas probablemente solo se aplicarían a los sectores de servicios liberalizados en la OMC. Las propuestas actuales exigirían que las reglas se apliquen a las leyes y regulaciones existentes, ¡y también a las nuevas por venir! Esto significa que los países tendrían que revisar todas las leyes, medidas y reglamentaciones existentes, y de hecho cambiar aquellas que no cumplan con estas normas de la OMC.

¿Cuáles son los tipos de regulaciones que serían disciplinados por las nuevas normas propuestas?

• Prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud para proveedores de servicios profesionales. Estos son los requisitos que el profesional necesita obtener para prestar un servicio, como el requisito de que un médico tenga un título médico y dé los exámenes para poder calificar para la práctica, y los procedimientos para obtener dicha calificación.

• Prescripciones y procedimientos en materia de licencia para empresas. Estos incluyen los requisitos que las empresas deben cumplir para obtener una licencia para suministrar un servicio, como la cantidad de capital que debe tener en un banco o los requisitos para realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de abrir una mina.

• Normas técnicas que deben cumplirse en la prestación del servicio, una vez que el individuo obtenga los requisitos de calificación y / o la empresa obtenga la licencia. Esto implicaría, por ejemplo, los procedimientos de seguridad en las centrales nucleares, o la proporción entre enfermeros/as y pacientes en los hospitales.

Estas cinco áreas fueron redactadas de forma que abarquen a la mayoría de medidas que regulen cómo se brindan los servicios en cualquier país.

¿Cuáles son algunas de las principales normas que se proponen para estas medidas de Reglamentación Nacional?

• Las prescripciones y procedimientos en materia de licencias, las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud y las normas técnicas deben ser “no más gravosas que lo necesario” para garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, esto es muy difícil de satisfacer y podría afectar la capacidad reglamentaria de los gobiernos.

• ¿Podría un país prohibir la entrega de muestras gratuitas de leche en polvo, en las salas de maternidad de los hospitales, porque desalienta la lactancia materna?

• ¿Podría un país exigir que las tiendas de víveres vendan frutas por motivos de salud?

• ¿Podría un gobierno exigirles a los restaurantes de comida rápida que indiquen la cantidad de calorías en el menú?

• Además, deben ser "objetivos". Objetivo puede significar:

• que las medidas no puedan ser fijas, por lo que potencialmente un gobierno o agencia reglamentaria no podría establecer un precio máximo de la electricidad o del agua o de un servicio de salud, para garantizar que sean asequibles.

• que no sean “parciales", lo que podría impedir que se implementen políticas de acción afirmativa, como reducir los costos de las licencias para grupos vulnerables como las mujeres o minorías étnicas, o las personas con discapacidades o veteranos.

• que no sean " subjetivos" (por ejemplo, cuando los entes reguladores deben sopesar varios criterios).

• que las leyes y regulaciones no pueden ser más estrictas o exigentes que las normas internacionales (por ejemplo, en materia de control del tabaco).

• Algunas disposiciones propuestas también requerirían que las tasas que los gobiernos cobran por los servicios de licenciamiento sean "razonables" y "no restrinjan el suministro del servicio". Sin embargo, en algunos niveles de gobierno, las tasas de las licencias son una fuente principal de ingresos, por ejemplo, los gobiernos locales que utilizan estos ingresos para pagar los departamentos de policía y bomberos, clínicas de salud, el alumbrado público y la recolección de basura. La reducción de las tasas de licencias significaría un recorte de ingresos fiscales. Además, algunos gobiernos optan por imponer altas tasas de licencias, como el caso de los casinos, para disuadir los juegos de azar.

• Propuestas adicionales incluyen que los procedimientos deben ser administrados "imparcialmente"; que los procedimientos y plazos de solicitud del gobierno deben cumplir con los estándares internacionales; y que se requeriría que los cuerpos legislativos o reguladores brinden a las corporaciones extranjeras la oportunidad de contribuir en el proceso soberano de toma de decisiones.

Implicaciones para el desarrollo

La ciudadanía necesita que sus gobiernos estén en capacidad de responder a los cambios en sus economías, mediante el desarrollo de nuevas regulaciones apropiadas, como en el área de la tecnología. Los desafíos planteados por la emergente economía digital implican que los gobiernos tendrán que generar nuevos tipos de regulación, para responder a asuntos como el abuso del poder del mercado dominante por parte de las principales empresas digitales; los daños provocados por las plataformas digitales a los proveedores tradicionales; la creciente tercerización del trabajo; entre otros. Las reglas propuestas de RN obstaculizarían la supervisión adecuada en este sector, como también en todos los demás sectores de servicios.

Además, hay preocupaciones frente a las implicaciones de desarrollo de las negociaciones de RN. La intención inicial del mandato para negociar reglas de RN era para abordar las barreras a los proveedores de servicios migratorios. En cambio, las propuestas actuales otorgarían nuevos derechos a los exportadores de servicios, que con mayor probabilidad serán empresas de países desarrollados, a expensas de la soberanía regulatoria de los importadores de servicios, que es más probable que sean países en desarrollo. Las propuestas debatidas, previo al MC11, eran muy desequilibradas y no beneficiaban a los países en desarrollo.

Siendo que el poder de las corporaciones de servicios globales está en aumento, a la par de su tamaño en muchas economías, es probable que las conversaciones reinicien en 2018. Dado que todos nosotros utilizamos servicios diariamente, los pueblos necesitan tener más conciencia de los peligros de estas restricciones propuestas a las regulaciones públicas y esforzarse para limitar la intrusión de la OMC en las funciones soberanas de los gobiernos. (Traducción ALAI).

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