Si dos conclusiones se pueden sacar de la crisis en Ecuador son que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido nuevamente en un arma de destrucción masiva de nuestros pueblos y que las recetas neoliberales aplicadas por gobiernos de derecha provocan la pérdida de soberanía, inestabilidad social, económica y política de nuestros países.

Ecuador vive una profunda conmoción. De un lado el sistema de poder, del otro el pueblo, con dos manifestaciones diferenciadas: una corriente identificada con progresismo e izquierda, la otra con el poderosos movimiento indígena.

Los sucesos muestran una profunda inestabilidad y crisis de gobernabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. La insistencia de los gobiernos de derecha de imponer paquetes de medidas diseñadas por el FMI que supone reformas estructurales en la economía, acompañadas de reformas laborales y tributarias es el combustible habitual.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles, sino al mal gobierno de Moreno, acusado de estar incurso en actos de corrupción, quien se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, el poder fáctico del país.

Un elemento se destacó en el estallido social ecuatoriano: el protagonismo de los movimientos sociales y ciudadanos, dejando en evidencia que no es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza.

Ecuador fue uno de los países de nuestra América que, bajo la conducción de Rafael Correa, se constituyó -en las primeras décadas de este siglo- en una referencia del progresismo en la región. Pero antes de Correa, durante su gobierno y luego del mismo, hubo otra fuerza expresada por los indígenas que influyó –y mucho- en esa hermana nación.

Ambas fuerzas, en momentos de dominio de fuerzas neoliberales y neocoloniales, ocupan el centro del escenario de esa sociedad. Una lucha que hace reverdecer las esperanzas en esta región.

Costo humano

Según la Defensoría del Pueblo hasta la medianoche del 12 de octubre se habían producido 1.152 ciudadanos detenidos: las cifras mayores en Pichincha (499) y Guayas (309), el 97% hombre y 3% mujeres, el 36% de apresados entre los 15 y 19 años de edad, 26% entre 20 y 24 años y 5% menores de 15 años.

De los detenidos, 274 fueron procesados, 878 liberados sin acusación fiscal ni penal (24% sin causa). Se registraron oficialmente siete muertes, 1.340 heridos (913 en Pichincha, 122 en Azuay, 40 en Guayas) y más de 400 personas heridas fueron atendidos en centros asistenciales.

Cuadro de situación

Estado de excepción, toque de queda, huida a Guayaquil del presidente y su gobierno, ciudadanos apaleados, gaseados, heridos y muertos, orden de prisión a opositores y censura de prensa fueron algunas de las armas usadas para procurar “estabilizar” al país, al igual que las aplicadas por todos los gobiernos neoliberales de la región, para imponer sus “paquetazos”.

Tras más de diez días de estallido social, quedó el saldo de varios muertos, medio millar de heridos, un centenar de desaparecidos, centenares de ciudadanos detenidos, seis decenas de periodistas agredidos por la policía, trece de ellos encarcelados, nueve medios de comunicación intervenidos, una treintena de políticos apresados, y la detención de 14 migrantes venezolanos que no participaban en las marchas.

Cabe recordar que el actual presidente, Lenín Moreno, no fue electo por sus propuestas neoliberales, sino como sucesor de las reformas progresistas e inclusivas del su antecesor (y promotor) Rafael Correa. Moreno es responsable de la entrega de la soberanía del país, de la destrucción de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el único foro de integración política sudamericano, y de una política facciosa y agresiva contra el gobierno constitucional de Venezuela.

Asimismo, de favorecer solamente los intereses de Estados Unidos, sus empresas trasnacionales y del poder fáctico de la corrupta clase capitalista del país. Ante la pregunta de una encuesta de Celag de marzo último, el 46% de los ecuatorianos señalaba que quién gobierna en Ecuador eran los grandes grupos económicos, el 27% Estados Unidos y el 26% el añejo político socialcristiano Jaime Nebot, quien aprovechó esta crisis para exponer una vez más sus ideas xenofóbicas.

El gobierno progresista de Correa tuvo ambiguas relaciones con el conjunto del movimiento popular y particularmente con los indígenas y la CONAIE. Los indígenas apoyaron (en segunda vuelta) la candidatura de Correa y su partido Alianza País. También se expresaron favorables a la “Revolución Ciudadana” y la Reforma Constitucional promovida por el Presidente.

En todos estos casos dejaron sentadas sus diferencias con la política presidencial. Progresivamente crecían sus voces críticas. Las principales se centraban en la política “correista” respecto al medio ambiente y los recursos naturales o bienes comunes, la CONAIE alegó que se entregaban a empresas extranjeras, sin respetar los intereses de sus pueblos y los acuerdos y normas existentes.

 Otra crítica sostenía que prefería establecer vínculos individuales con miembros de la CONAIE y no con la organización como tal y por último, lo cuestionaban por la “oportunidad perdida”, al no reparar las injusticias históricas a los pueblos indígenas y a no haber realizado los cambios necesario en el modelo económico. También se sumaban a las críticas por los hechos de corrupción del que fue acusado el gobierno de Correa.

La represión y autoritarismo de Estado de los últimos días tienen que parar. No es digno de un gobierno democráticamente electo traicionar los principios con los que llegó al poder. No es humano ni honesto acusar de vándalos y criminales a quienes protestan legítimamente por ver sus derechos vulnerados. No es justo, ni para unos ni para otros, dividir al país en bandos: las medidas de ajuste dictadas por organismos como el FMI afectan a sociedades enteras en todos los continentes, señala una carta abierta de más de 200 parlamentarios, artistas, intelectuales, periodistas, ex presidentes,  

Existe, según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, una salida institucional y democrática: El Presidente Lenin Moreno Garcés está facultado para disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna” y permitir así que “en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (pueda convocar) para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales, añade la carta abierta.

 Un estallido abonado por el neoliberalismo

El estallido no se produjo de golpe, sino que el malestar social y popular se vino alentando con sucesivas medidas políticas, económicas y laborales, con la condonación de deudas de banqueros y empresarios por un monto superior a los 4.200 millones de dólares recibidos del FMI, subsidios a los grandes empresas trasnacionales y nacionales por la vía de exoneraciones tributarias.

La política de ajuste comenzó a instalarse sobre la realidad social ecuatoriana. A las críticas que el movimiento indígena le venía haciendo a Correa, por el acceso y uso del agua por parte de los serranos y la entrega del petróleo y la minería en la Amazonia, se le agregó una dura reacción de los sectores urbanos ante el fin del subsidio y la suba en el precio del combustible (123%) y su consecuente e inmediato efecto sobre el transporte de pasajeros.

 El 3 de octubre Moreno decretó el Estado de Excepción. Decidió cambiar la sede gubernamental de Quito a la portuaria Guayaquil, mucho más amigable con sus políticas. Los indígenas se sumaron a la protesta y marcharon sobre Quito. El pasado miércoles 9 se inició un Paro Nacional por tiempo indeterminado. Ese día, las protestas fueron masivas.

Los sectores urbanos encabezados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tuvieron fuertes choques con las fuerzas represivas; los indígenas no obstante practicar su “movilización pacífica activa” quisieron –sin lograr su objetivo- ocupar la Casa de Gobierno, pero sí llegaron a controlar el Palacio Legislativo

Apawki Castro, máxima figura de la CONAIE, hizo saber que  “nos hemos declarado en Resistencia” y que seguirán luchando contra el ajuste, las mafias y el extractivismo. Esta lucha y la actitud de los indígenas ya constituyen un hito más en la lucha de los pueblos conquistados. El futuro de los acontecimientos determinará la influencia inmediata de estos hechos y su prolongación en otras situaciones de Nuestra América.

La derecha también intentó hacer lo suyo en un apoyo a las medidas impuestas del FMI, que se expresó en Guayaquil y con debilidad en Quito y Cuenca, incluidas declaraciones xenofóbicas del líder socialcristiano Jaime Nebot. La lucha de clases se visibiliza en los discursos, en las acciones y en las propuestas. El pueblo ecuatoriano aprende quiénes son sus amigos y quienes sus enemigos.

La principal ventaja que tiene el gobierno en este momento es que más allá de los reclamos puntuales, las organizaciones opositoras no han generado una agenda política. La FUT y la CONAIE no parecen dispuestos a negociar y nadie pude predecir lo que va a suceder en los próximos días, con un gobierno que tiene cada vez más limitada su capacidad de negociación. Pero queda en evidencia que la derecha vernácula no estaba preparada para una resistencia popular prolongada.

El adelantamiento de elecciones, reclamada entre otros por Correa, puede ser entendida como una válvula de escape momentánea. La deuda social, externa y económica del gobierno es enorme, y afrontar sus consecuencias es limitar las posibilidades de cualquier nuevo gobierno. Esto deja en claro el desgaste de la clase política (que recibe más rechazo que adhesión), la ausencia de figuras que puedan garantizar un mínimo de gobernabilidad. Nadie puede aventurarse a opinar sobre qué pasaría si renuncia Moreno.

El gobierno ha ocultado las numerosas violaciones de derechos humanos, los muertos y heridos producto de la represión, así como actitudes de policías y militares que procuran no reprimir e incluso llegan a acuerdos con grupos de manifestantes en una posible desobediencia a sus jefes.

El gobierno y sus socios del Partido Social Cristiano creyeron su propia propaganda y subestimaron el poder organizativo y el nivel de conciencia de los pueblos indígenas al tratar de profundizar el plan neoliberal, respondiendo con un nivel represivo brutal. Estado de excepción, toque de queda nocturno, despliegue de fuerzas militares junto a la policía en la represión. El ninguneo constante de los pueblos y el movimiento indígena es ejercido por los centros de poder, el Estado, y ampliados por los medios de prensa.

Echar la culpa a otros

Otto Sonnenholzner, el vicepresidente, trató de mentir con mayor profundidad: señaló que la disyuntiva era entre las medidas o acabar con la dolarización que, según los expertos podría correr riesgo con las medidas actuales del gobierno que permiten la más fácil y rápida salida de dólares. También quiso explicar que quitar los subsidios y la suba del 12% en los precios de los combustibles no afecta a la inflación.

Entre sus mayores mentiras, dijo que se trata de una medida ambientalista, cuando no hay pruebas en ningún lado del mundo que ello reduzca a mediano plazo el consumo de combustibles fósiles, causa fundamental del cambio climático. Es ridículo que ese argumento lo usen quienes fomentan la explotación petrolera en el Yasuní, la destrucción que trae la minería a cielo abierto o la posible afectación a las islas Galápagos que pasa a ser “portaviones natural” para naves estadounidenses.

Una de las mentiras del gobierno, de la que tuvo que retroceder, fue pretender que todo era un intento de golpe de Estado y acusaron a grupos correístas, que, si bien están presentes en algunos lugares, son reducidos y rechazados por las organizaciones en lucha. La consigna de “Ni Correa, ni Moreno; ni Nebot ni Lasso; el pueblo está contra el paquetazo”, identificó también a los apoyos oligárquicos a las medidas, expresadas en dos potenciales candidatos de la derecha más dura.

Como acusar al correismo no daba resultado, el gobierno dijo que se trataba que el presidente venezolano Nicolás Maduro financiaba y coorganizaba manifestaciones, asaltos y violencia. Acusar a Maduro no es un acto ridículo, como parece sino que es repetir la propaganda de Washington sobre el peligro que es Maduro para la región, tan inválidas como las mentiras presentadas por el presidente de Colombia Iván Duque en plena Asamblea de la ONU.

Pero les sirvió para activar el proestadounidense cartel (o Grupo) de Lima para amplificar la acusación que les útil para justificar la activación del TIAR y la invasión armada contra el pueblo venezolano. En Ecuador, esa mentira solo la reproducen sectores de la derecha, pero ni ellos le dan tanta importancia.

A diferencia de Venezuela donde el secretario general de la OEA Luis Almagro llamó al derrocamiento del presidente constitucional por cualquier vía, incluyendo la intervención extranjera, en Ecuador consideró “fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenin Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno".

La bronca acumulada

Ya en marzo el 60% de los ecuatorianos manifestaban su enojo, miedo, incertidumbre, resinación, experimentaba una sensación de caos, y dejaban al borde del abismo a un gobierno incapaz y sometido a los dictados de Washington, que hoy ha puesto en emergencia democrática al Ecuador y sólo falta saber hasta cuándo podrá resistir.

Muchos analistas creen que significa el retorno del correísmo. “Este gobierno está muerto clínicamente, no tiene salida”, dijo el expresidente desde su exilio en Europa. Pero los líderes indígenas dejaban en claro que su lucha era contra el neoliberalismo y el gobierno de Moreno, no por el retorno de Correa, con quien mantuvieron serias diferencias.

El levantamiento popular fue invisibilizado por los medios hegemónicos trasnacionales, cartelizados, y la prensa nacional (más allá de la censura de prensa impuesta por Moreno, su agenda regional solo prevé el ataque constante al gobierno de Venezuela). Ellos son parte militante del paquetazo, parte del poder fáctico, los que marcan el camino que debe seguir un presidente títere.

Mientras la prensa hegemónica señalaba que el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

Decenas de miles de personas marcharon a Quito el miércoles desde la Amazonia, las sierras y la costa en el marco del paro nacional contra el ajuste con recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales.  Y ciudadanos indignados, en un Ecuador que está en ebullición.

Según los datos oficiales el 7%, algo más de un millón de personas, del total de la población de Ecuador (17,3 millones) son indígenas. Otras formas de medir esa presencia indican que un 15%, de aquellos que hoy son ecuatorianos, hablan su lengua originaria y más del 50% de los habitantes de esas tierras tienen raíces indígenas. Sus principales puntos de asentamiento están en la zona de las sierras y la Amazonia, con eje en la ciudad de Quito.

 En el área rural ecuatoriana, la pobreza alcanzó  el 44 por ciento de la población y la pobreza extrema el 17,8%.

 En 1980 se promovió una organización de los pueblos indígenas y en 1986 quedó constituida la CONAIE (Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador). En su escudo aparecen los 14 agrupamientos que la integraron y los conceptos de: “Tierra”, “Cultura” y “Libertad”, que simbolizan sus valores.

 La definieron como un modo organizativo independiente de empresas, politiqueros y religiosos foráneos a la comunidad, asumieron el compromiso de conservar sus valores y construir una sociedad intercultural e impulsaron un proyecto político para avanzar hacia un sistema plurinacional, refundando al actual Estado, con un programa de amplias reivindicaciones en defensa de su tierra, cultura y los derechos colectivos de sus pueblos.

 Desde allí en adelante, esa organización tuvo un protagonismo decisivo en diversas instancias de la política ecuatoriana. Largas marchas desde la sierra y su paso conmovedor por las calles de Quito tuvieron a maltraer a diferentes gobiernos: Abdalá Bucaram (1996/1997) y Jamil Mahuad (1998/2000).

 El Coronel Lucio Gutiérrez terminó gobernando (2003/2005) luego de un golpe militar, formaron parte del gobierno de dicho coronel algunos ministros propuestos por la CONAIE y el Pachakutic, un movimiento político auspiciado por aquel agrupamiento indígena, con apoyo de la socialdemocracia europea. El acuerdo de Gutiérrez con EEUU y el FMI acabó con esa alianza y también con su gobierno, acosado por las fuerzas populares urbanas y los sectores indígenas.

 -Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, con aportes de Aram Aharonian, Eloy Osvaldo Proaño, Edgar Isch, Juan Guahán, Álvaro Verzi Rangel