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María Luisa Ramos Urzagaste. Sputnik Mundo

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Instruir que la gente se quede en casa para frenar al COVID-19, coloca a millones de latinoamericanos, que sobreviven con unos escasos pesos ganados en la jornada, en la disyuntiva de quedarse en casa y aguantar el hambre o salir a la calle y exponerse al virus.

Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 60 % de la población activa a nivel mundial, unos 2.000 millones de personas, tiene un empleo informal y la mayor parte de esa economía sumergida, es decir, más del 93 %, se ubica en los países emergentes y en desarrollo.

Son empleos precarios, subempleos inestables, sin protección de salud alguna, que representan más del 50% de la población activa en Sudamérica, América Central y el Caribe, pero que en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bolivia llega a aproximadamente el 80%.
En cifras generales, esa es la población que se verá profundamente afectada en su nivel de vida, desde ya precario, si es que los Gobiernos no asumen medidas conexas para evitar mayor pauperización en el corto y mediano plazo.

Precisamente por esta situación (de predominio del empleo informal), que es muy distinta a la realidad china, coreana, o europea, es que no debiera copiarse mecánicamente las medidas asumidas por esos países.

¿Y quién se ocupa de los pobres?

El estribillo de "quedarse en casa", si no se acompaña de otras medidas, resulta posible únicamente para quién puede llenar su despensa con productos para dos o tres semanas, pero no es viable para al menos el 30% de la población latinoamericana y caribeña.

Doscientos millones de habitantes en nuestra región viven bajo la línea de pobreza, entre ellos vendedores ambulantes, choferes, estibadores, amas de casa, etc., para quienes salir a la calle es cuestión de tener, o no, el pan diario.

Son millones de ciudadanos que no pueden trabajar a distancia o virtualmente. Incluso la mayoría de las escuelas y universidades no cuentan con mecanismos para adaptarse a la contingencia. Esto agravará aún más la brecha social y económica. Esa realidad se suma a las pérdidas que sufriremos como sociedad en conjunto, estos meses.

Muchas de estas familias deben asumir pagos mensuales regulares, que no admiten demoras pues los acreedores de los microcréditos, por ejemplo, no les van a perdonar moras. El dueño de casa no les va a dispensar del pago del alquiler y deben pagar servicios básicos como agua, gas y luz. Sumado a eso, deben garantizarse el alimento diario.

Esos son apenas algunos de los aspectos que el Estado debe ocuparse de prever y solucionar. Si no se adoptan medidas ahora, la región sufrirá un retroceso catastrófico de nivel de vida y con consecuencias políticas nada alentadoras.

Desconfianza genera caos

Esta crisis mundial desnuda la verdadera situación de los sistemas de salud.

La desconfianza en estos precarios e inadecuados sistemas ha llevado a la gente a adoptar medidas desesperadas, como lo sucedido en Bolivia, donde ciudadanos bloquearon centros de salud para evitar que enfermos de COVID-19 sean atendidos en los mismos lugares donde sus seres queridos se encontraban internados por otras enfermedades.

Se les acusó de ser poco solidarios e insensibles, pero eso es apenas una parte de la verdad, peor aún, esas conductas afloran la profunda desconfianza que tienen los ciudadanos hacia el sistema sanitario boliviano.

Los ciudadanos saben que están desamparados, nadie los va a proteger, tienen claro que los hospitales y clínicas no están capacitados ni adaptados para enfrentar al coronavirus.

El virus viajero

El principal vector del virus somos los humanos y a la vez somos las víctimas. Esto hace que las medidas que se adopten en cualquier tipo de acción de transacción, compra, venta, manipulación y en el transporte aéreo, fluvial y terrestre sean vitales para frenar al virus.

Mientras que en países europeos el transporte terrestre es mayormente municipal, regional o estatal y puede ser sometido a medidas sanitarias estrictas, en nuestros países el transporte sobre todo es privado y caótico y se realiza en buses, minibuses, taxis, donde a menudo el número de usuarios sobrepasa el número de asientos.

Sumado a eso, el pago del pasaje se hace en el sitio y en moneda corriente. Esta realidad hace difícil el control y efectivización de las medidas sanitarias requeridas.

Este mismo escenario se replica en mercados, tiendas y venta callejera, lo que muestra que hay un gran contraste entre nuestra realidad y la vivencia europea u otros países asiáticos.

Por eso mismo nuestros Gobiernos no debieran copiar a rajatabla las recetas adoptadas en países como China, Corea del Sur, Europa (que posiblemente son adecuadas para esas realidades), pero no precisamente serán las que requieran y funcionen en nuestros países.

En el caso de Bolivia, el Gobierno optó por una especie de 'cuarentena a medias', que expone aún más a la gente, pues durante los horarios permitidos para movilizarse hay más aglomeración y confusión. Peor aún, el Gobierno de Jeanine Añez ha adoptado una decisión política inaudita al rechazar la ayuda médica de Cuba.

En realidades como las nuestras, no basta con prohibir la movilización de las personas, pues coloca a millones ante el dilema de quedarse en casa y morir de hambre o salir a la calle y exponerse al virus.

La gran mayoría de nuestros ciudadanos no están en la capacidad económica de hacer compras por internet y tampoco realizar pago mediante tarjeta. Solo una pequeña minoría de ciudadanos cuenta con recursos para subsistir semanas en un régimen de inmovilización y pueden hacer compras por internet evadiendo el contacto directo entre personas.

Necesariamente se deben adoptar otras medidas adicionales, poner todos los recursos y creatividad a disposición para proteger a los más vulnerables.

Tal vez algunos Gobiernos logren sostener una prohibición de movilización por algunas semanas, mediante el uso de la fuerza con Policía y Ejército, pero la explosión social puede ser grave por el hambre y las limitaciones.

Tentaciones antidemocráticas y militaristas

La región latinoamericana estos dos últimos años vive una serie de protestas sociales, requiriendo de los Gobiernos demandas de tipo socioeconómico y la actual crisis podría ser un buen pretexto para algunos gobernantes que han perdido credibilidad, para retomar el control y restringir las libertades democráticas.

Las duras medidas que ya se implementan haciendo uso de la policía y de las Fuerzas Armadas, han elevado las alertas, pues algunos Gobiernos pueden verse tentados a utilizar esta contingencia para sus fines e implementar estados de sitio de hecho y perpetuarse en el Gobierno.

Queda claro que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo del virus, pero también de evitar que empobrezcan más de lo que ya están, preservar sus vidas, su salud en general y darle medios de vida al menos en esta etapa en que no pueden salir a trabajar.

No basta con anunciar a la población que se avecina una fuerte crisis económica o estado de catástrofe. Es hora de que las instituciones internacionales y regionales y busquen alternativas creativas y solidarias acordes a la realidad latinoamericana y al grado de vulnerabilidad de nuestras poblaciones.

Ojalá que las mascarillas que hoy buscamos desesperadamente para proteger la salud no nos cubran los ojos ni el corazón, menos la razón y podamos construir el futuro con esperanza y sin miedo.

-María Luisa Ramos Urzagaste es boliviana, ex embajadora de Bolivia en Rusia y España y ex Vicecanciller del gobierno del presidente Evo Morales.

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