EEUU se ha autoasignado de un plumazo la inmunidad global que a lo largo de muchos años había buscado mediante la negociación de acuerdos bilaterales. La orden ejecutiva de Trump contra la Corte Penal Internacional, le ahorrará a EEUU el disgusto de negociar decenas de acuerdos de inmunidad para sus ciudadanos.

La actual Administración norteamericana no deja de sorprendernos con sus acciones, que por cierto no se limitan a su territorio y a sus connacionales, sino que son extraterritoriales y amenazan seriamente la soberanía e integridad de todos quienes no comparten su aspiración de impunidad global.

La emisión de la "orden ejecutiva sobre el bloqueo de bienes de ciertas personas asociadas con la Corte Penal Internacional" (CPI) de parte de EEUU hizo noticia hace unos días, pero debería ser sujeto de mayor análisis, por sus consecuencias y no ser archivada como una noticia más.

No nos confundamos, no es un caso estricto de los asuntos en Afganistán. Eso es apenas la punta del iceberg.

No se trata solo de quitar visas, de congelar propiedades en EEUU, sino que las advertencias de amplio espectro se extienden a personas, organismos, gobiernos y a quien pretenda investigar las acciones de EEUU en cualquier lugar. ¿Acaso hay otro país en el planeta que haga lo mismo? 

La orden ejecutiva de Trump considera que la CPI incurre en "afirmaciones ilegítimas de jurisdicción" sobre el personal de los EEUU y algunos de sus aliados, incluida (nótese este resaltado) la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre Afganistán. 

El mensaje esencial está en el primer párrafo: "Estas acciones por parte de la CPI, a su vez, amenazan con infringir la soberanía de EEUU e impiden el trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del Gobierno de EEUU y los funcionarios aliados, y por lo tanto amenazan la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

Se trata entonces de una amenaza ampliada a quien pretenda cuestionar, investigar acciones de la potencia norteamericana y sus aliados en cualquier parte del mundo. Si aún así, alguien tiene dudas al respecto, le aconsejo leer el siguiente párrafo:

"Por lo tanto, determino que cualquier intento de la CPI de investigar, arrestar, detener o enjuiciar a cualquier personal de los EEUU sin su consentimiento o el de sus países aliados y que no son parte del Estatuto de Roma o que no haya reconocido la jurisdicción de la CPI constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EEUU".

Más aún, Trump ha declarado en dicha orden ejecutiva "una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza".

Serán castigadas las personas por "haber participado directamente en cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a cualquier personal de EEUU sin el consentimiento de EEUU" y "haber ayudado, patrocinado o proporcionado asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios a cualquier actividad descrita".

En la disposición no hay nombres concretos porque los irán definiendo posteriormente, y en esa lista puede caer cualquiera. Eso significa que habrá que revisar periódicamente sus listas para ver quiénes están sancionados. 

La búsqueda de inmunidad e impunidad 

El Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la CPI, fue aprobado en 1998 y en 2002 entró en vigor. En ese interín se sucedieron los hechos del 11S y las Torres Gemelas en 2001. EEUU que había firmado dicho estatuto, decidió retroceder, retiró la firma y no lo ratificó.

Pero el Gobierno de George W. Bush fue más allá e inició una carrera sin precedentes por lograr inmunidad para sus ciudadanos en casos de crímenes que pudieran caer en el marco del Estatuto de Roma, para lo que realizó una amplia campaña de negociación de acuerdos bilaterales de inmunidad (ABI).

Dichos acuerdos bilaterales obligan al Estado firmante a hacer caso omiso de la CPI, si fuese el caso, y enviar directamente a EEUU a todo ciudadano estadounidense cuya comparecencia hubiese sido solicitada por la CPI. Por cierto, esa cobertura abarca no solo personal militar. 

En el caso de Colombia, por ejemplo, dicho país ha ratificado el Estatuto de Roma, pero también les otorgó inmunidad a los ciudadanos norteamericanos mediante un acuerdo firmado en septiembre de 2003 durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y George W. Bush.

Dicho acuerdo no solo incluye a militares, sino también a funcionarios de gobierno, empleados, (también protege a los contratistas) actuales o antiguos. Asimismo, dicho acuerdo busca ampararse en el artículo 98 del Estatuto de Roma, que para algunas organizaciones internacionales es un argumento distorsionado. 

Los dispares coinciden al menos en un criterio

Pero a todo esto hay otro problema mayor y es que la CPI no está exenta de críticas, al contrario, hay muchos cuestionamientos a su accionar. Por ello vale la pena revisar algunos ejemplos esclarecedores.

A pesar de ser tan dispares y con intereses a veces diametralmente opuestos, EEUU, Cuba, China, Rusia, Israel y la India tienen un rasgo común. No son miembros plenos de la Corte Penal internacional y rechazan abiertamente serlo. ¿Cuáles son sus razones?

Cuando en 1998, como nunca antes en la historia de la humanidad, los países acordaron crear una instancia con competencia para juzgar a los individuos responsables por la comisión de delitos tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, se abrió una luz de esperanza para la justicia internacional.

Estos delitos fueron tipificados y acordados de ser juzgados en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual más de 120 países son miembros plenos.

Pero el Estatuto de Roma no ha sido ratificado por más de 70 países entre los que se encuentran tres miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, China y Rusia.

Las razones de Cuba

Cuba critica la actual CPI y sin frases adornadas ha expresado que desea una CPI "exenta de subordinaciones a intereses políticos que puedan desvirtuar su esencia". ¿A qué se refiere concretamente? 

Cuba ve con preocupación la falta de independencia de la CPI por cómo han quedado definidas sus relaciones con el Consejo de Seguridad de la ONU. 

"Teniendo en cuenta la falta de representatividad que caracteriza la composición del CS y la escasa transparencia en su funcionamiento, no sería de extrañar entonces, que la justicia e imparcialidad con que debe actuar la corte se vean menoscabadas por los intereses políticos de algunos miembros del CS", argumenta Cuba.

Otro punto importante de la posición de Cuba es la definición sobre "delito de agresión" adoptada por la CPI, que ha calificado de "restringida", pues se limita solo al uso de las fuerzas armadas por un Estado, dejando fuera otras formas de agresión que pueden vulnerar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. ¿Acaso no se puede estar de acuerdo con esta posición? 

Palestina ingresó a la CPI pese a oposición de EEUU

Otro actor importante que busca justicia internacional es el pueblo palestino. En 2015 el Estado de Palestina logró que la ONU aceptara su membresía plena de la CPI, lo que permitiría al pueblo palestino denunciar a Israel por crímenes de guerra.

El ingreso de Palestina a la CPI fue resistido por el Gobierno de EEUU al expresar que "no cree que cumpla los requisitos para acceder al Estatuto de Roma".

Las cosas se fueron tornando nada agradables para EEUU e Israel. Pues la CPI abrió un examen preliminar el 16 de enero de 2015, poco después de que Palestina aceptó la jurisdicción de la corte, por presuntos delitos cometidos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014 y sumó otras acciones sobre su territorio. 

En esa línea, en fecha 15 de mayo de 2020, EEUU renegó que "la Corte Penal Internacional es un órgano político, no una institución judicial" y que eso se confirmaba por "el intento del fiscal de la CPI de ejercer jurisdicción sobre Israel, que al igual que EEUU, no es parte del Estatuto de Roma que creó la corte".

La potencia del norte no desaprovechó la oportunidad para hacer una seria advertencia sobre el conflicto palestino-israelí: "EEUU reitera su antigua objeción a cualquier investigación ilegítima de la CPI. Si la CPI continúa su curso actual, determinaremos las consecuencias".

Por cierto, Brasil apoyó esa posición de EEUU, junto a Australia, Austria, República Checa, Alemania, Hungría y Uganda. Dichos miembros de la CPI presentaron comunicaciones formales ante la Corte que afirman que la CPI no tiene jurisdicción para proceder con esta investigación. 

Rusia: la CPI no estuvo a la altura de las expectativas

El año 2000, el presidente ruso, Vladímir Putin, tomó la decisión de firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero 16 años después anunció su decisión de no ser parte.

En su argumentación de tal decisión, Rusia lamentó que "la corte no haya estado a la altura de las expectativas y no se convirtiera en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente y con autoridad".

Ha criticado que en varios espacios, incluso en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte fue señalada por su trabajo ineficaz y unilateral en el marco de los casos investigados por tal instancia.

El país euroasiático ha sido claro al indicar que "durante los 14 años de su trabajo, la CPI emitió solo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares". 

China, como siempre, observa y dice poco

En 2003 China indicaba que si bien es difícil anticipar el funcionamiento de la corte, si esta puede obtener el apoyo y la cooperación generales mediante su operación efectiva, será indudablemente positivo y útil para la comunidad internacional. "No excluimos la posibilidad de considerar la adhesión al estatuto en un momento apropiado", dijo en dicha oportunidad, pero se toman su tiempo.

"En el futuro, los chinos, el Gobierno, como Estado observador, continuará adoptando una actitud seria y responsable para seguir cuidadosamente el progreso y la acción de la CPI. China está dispuesta a hacer las debidas contribuciones para la realización del estado de derecho en la comunidad internacional".

La gota que rebalsó el vaso: el tema de Afganistán 

El 5 de marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió autorizar por unanimidad al fiscal a iniciar una investigación sobre presuntos delitos bajo la jurisdicción de la Corte en relación con la situación en la República Islámica de Afganistán. 

El examen preliminar se centra en los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma presuntamente cometidos en el contexto del conflicto armado entre las fuerzas progubernamentales y las fuerzas antigubernamentales, incluidos:

• los crímenes de lesa humanidad,

• los crímenes de guerra de asesinato;

• tratamiento cruel,

• ultrajes a la dignidad personal,

• la realización de ejecuciones sin la debida autoridad judicial,

• ataques intencionales contra civiles, objetos civiles y misiones de asistencia humanitaria, etc.

Cuando le consultaron a Rusia sobre el inicio de una investigación del "expediente afgano" en la CPI, dicho país expresó que "instaba a EEUU y sus aliados, sin esperar las decisiones de la CPI, a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra. Estamos convencidos de que esto ayudaría a reducir los sentimientos radicales en la sociedad afgana y la pronta restauración de la paz en este país".

En esta sucinta revisión de distintos hechos, se puede observar que la decisión de EEUU de sancionar a miembros de la CPI y a otras instancias, es apenas un ángulo del problema. Hay dos aspectos que no deben perderse de vista a la hora del análisis.

Primero, la decisión de EEUU de evadir cualquier intento de jugar sus acciones extraterritoriales, bajo amenaza de represalias. Segundo, el estado actual de la credibilidad de la CPI y la búsqueda de la justicia internacional por delitos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Mientras tanto, muchos pueblos siguen esperando que se haga justicia.

- María Luisa Ramos Urzagaste ostentó el cargo de vicecanciller de Bolivia (2017). También ejerció como embajadora de Bolivia en España (2016-2017), embajadora en Rusia (2009-2015) y viceministra de Relaciones Económicas de Bolivia (2006-2007).

17.06.2020

https://mundo.sputniknews.com/firmas/202006171091783963-se-desata-una-guerra-judicial-que-esconde-la-furia-de-eeuu-con-la-cpi/