La posibilidad de la extradición sigue en el centro de las preocupaciones de los jefes paramilitares que negocian con el gobierno. ¿Cómo satisfacerlos a la vez a ellos y a los Estados Unidos? Don Berna estaba tranquilo en su finca-cárcel porque todo marchaba dentro de lo calculado. Había recibido el parte de éxito de la operación de ingreso de varios centenares de hombres armados hasta los dientes al municipio de Valencia y zonas aledañas(1) y le divertían las noticias de periódicos despistados que alertaban sobre el atrevimiento de las FARC al meterse en el corazón del santuario Para. No solo trasladó su parabatallón a cuidar los cultivos de coca ahora que comienza la cosecha, sino que de carambola le dio argumentos a los amigos de los capos desmovilizados que alertan sobre la inminente desprotección por los avances de las FARC, los cuales han logrado hasta marchas de colegios pidiendo que no se desmovilicen. Algo parecido habría ocurrido en el Catatumbo después de la desmovilización de 1.400 integrantes del Bloque de Mancuso; las FARC estaban al acecho y las cosechas desprotegidas en cerca de 15.000 hectáreas. Pero llegaron los enviados de Jorge 40 y pusieron la raya, evitando así problemas mayores en la zona y garantizando que todo transcurriera sin cambios en el precio de la pasta básica ni en el volumen del negocio. Cómo sería la tranquilidad de Don Berna, que solo estaba acompañado de una decena de guardias cuando fue sorprendido por el copamiento militar de su finquita por grupos de asalto, helicópteros, y acción combinada de varias fuerzas. Todo estaba muy bonito en Valencia hasta que, desde Washington, le torcieron la mano al Embajador Wood y se tiró la fiesta con su enérgica petición de extradición de Don Berna y su advertencia de que los otros paras reclamados por Estados Unidos, una vez condenados aquí a máximo 8 años, tendrían que ir a pagar la pena en una cárcel gringa, tal como está previsto en un articulo de la Ley de desmovilización. Como dijo Wood en la entrevista publicada en Cambio, la prioridad para USA es castigar a quienes cometen crímenes contra su país y por ello no pueden rebajarle a la extradición; además el Congreso acaba de agregar condiciones para el giro de los US$740 millones en el 2006 y una de ellas es la entrega de narcos y paranarcos. La foto de Don Berna llegando amarrado en un avión de la DEA a la celda del lado de Don Gilberto, no alteraría las encuestas de mala imagen que desvelan a Bush, pero en algo ayudan a mostrar logros en su guerra mundial contra el narcoterrorismo. Mis fuentes, que son por supuesto secretas -y las mismas del Meridiano de Montería-, me dijeron que cuando llegaron por él lo encontraron en sudadera y que escuchó impávido al Sub-Director de la Policía: "El Presidente le manda a decir que por razones de seguridad debe ser trasladado a la penitenciaría de alta seguridad en Cómbita". "Aliste la maleta que allá hace frío". Sereno, pero embejucado, Don Berna respondió: "pues vamos". "De la maleta que se encargue el Alto Comisionado, que es quien incumplió". La huelga de los paras, que comunicaron la suspensión de las desmovilizaciones, es el corolario de este incidente que algunos ven como una crisis "normal" en la recta final y otros como un forcejeo que amenaza el cronograma de desmovilización pactado en Ralito. La jeringonza del comunicado del gobierno muestra las encrucijadas del proceso. El gobierno dice entre líneas que se mantiene en suspender extradiciones para aquellos que se manejen bien, pero no ofrece garantía adicional para manejar la presión gringa de remitir a algunos a Combita y prisiones similares. Pero, a estas alturas, eso no es suficiente. Dicen las fuentes que Ernesto Báez, Vicente Castaño y los otros de Ralito no solo están preocupados por la "perdida de confianza en las negociaciones", sino que ven en curso una operación hacia la extradición de Don Berna y se preguntan si con eso se calmara la sed de justicia "Made in Usa", o por la misma flota seguirán Macaco, Valoy y hasta Don Vicente y Mancuso. Eso fue lo que advirtió Jorge 40 en la reunión que hace unas semanas sostuvo con altos personajes de la política nacional y de sus dominios en el norte. A la incertidumbre de la extradición le agregó el comandante la de la reelección. Hay que mermarle al acelerador, comentan que dijo, hasta que se conozca qué pasa en la Corte, pues sin Uribe y con todo desmontado, el panorama Para se complica: falta por ver qué pasa con la constitucionalidad de la Ley y la prueba de las elecciones de marzo. El Embajador Wood siempre dice cosas importantes, pues como afirman por la Plaza de Bolívar "sus deseos son órdenes". Pero también dice bobadas, como que ya se desmontó la estructura militar de los paramilitares y que lo que quedan son rescoldos. La crisis de la recta final llega con un proceso a medias, con desmovilizaciones parciales de los 18 bloques que mantienen las condiciones de paraclonación, mandos medios, dinero, narcoredes y poder local, regional y nacional. Los que no han entrado en el cronograma y se suman a los 12.000 de las cuentas alegres de Báez, no son insignificantes. Allí están los 500 del Martín Llanos, los 4.000 del sucesor de Bloque Centauros -que se mueven bajo la mirada oblicua de "elementos aislados de la fuerza pública" en el Meta, que continúan con sus cultivos de coca y han sembrado 20.000 hectáreas de palma aceitera-. Jorge 40 también tiene otros 4.500 en el Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Guajira y hasta en Córdoba. Hay que sumar también al Alemán, al Pájaro en Cundinamarca, al Bloque Pacífico, a otros en el Valle, Putumayo y Caquetá y tenemos, sin contar políticos y auxiliadores, más de 10.000 por fuera de la agenda ya pactada. Entonces el palo no está para cucharas. Y seguirá la sucesión de crisis si no se aborda en la mesa, con la presencia de Estados Unidos, la negociación de una garantía de no extradición a cambio del efectivo desmonte del narcotráfico. Sobre este punto hemos venido insistiendo desde la Mesa de Seguimiento al proceso AUC - Gobierno, y hay que reiterar este tema que podría ser la única puerta para volver a barajar asuntos relegados como el de la verdad y la reparación integral de las víctimas. La redefinición de la negociación con garantías de no extradición, a cambio de ir más lejos en el desmonte del paramilitarismo y de sus redes del narconegocio, debería llevar la firma de todos los candidatos a la presidencia. (1) “Los secretos de Ralito”. Revista Cambio, no. 639, septiembre 26 a octubre 3 de 2005. - Camilo González Posso es director de Indepaz. Fuente: Actualidad Colombiana, Edición No. 417 octubre 13 al 27 de 2005 http://www.actualidadcolombiana.org