El Presidente de la República se ha propuesto crear la imagen de que los indígenas son los más grandes terratenientes de Colombia y que la demanda indígena de más tierra es injustificada. Los mensajes que repite Uribe una y otra vez por la tv y la radio se dirigen sobre todo a la opinión internacional recurriendo a argumentos que los líderes indígenas de la ONIC, han controvertido señalando que consisten en  informaciones parciales y  cifras manipuladas.

Según el Presidente las comunidades indígenas tienen el 27% del total de las 115 millones de hectáreas de Colombia. Pero lo que no advierte es que en esa cuenta se incluye casi toda la Amazonía y parte de la Orinoquía, cerca de 24 millones de hectáreas que a titulo de resguardo, han sido asignadas a varias etnias de ese amplio territorio para que contribuyan a preservarlas como ecosistemas de interés de toda la humanidad. En las intervenciones presidenciales orientadas a deslegitimar las demandas de los pueblos indígenas tampoco indica que muchos de los resguardos se traslapan con parques naturales y zonas de reserva en paramos y ecosistemas frágiles o de importancia para el agua.

“De las 31,2 millones de hectáreas tituladas a los resguardos indígenas, dice la ONIC, 24,7 millones (79%) quedan en la Amazonía y la Orinoquía, territorios que no tienen vocación para la producción agropecuaria y en el que habitan 71 mil indígenas, 5% del total de Colombia. 1,41 millones de indígenas colombianos apenas poseen 3.12 millones de hectáreas de tierra utilizables, ó sea menos de tres hectáreas por persona; los indígenas son el 14.2% de la población rural del país, pero sólo poseen el 6.8 % de las tierras con vocación agropecuaria”.

Por siglos los pueblos indígenas fueron desplazados de sus territorios originales y obligados a replegarse a la selva o a zonas de montaña de baja productividad mientras los terratenientes se apoderaban de los valles interandinos y en la segunda mitad de siglo pasado emprendieron la reconquista violenta de  planicies como las del Sinú y el San Jorge o como las de la Orinoquía. Y resulta que al fin de ésta historia un digno representante de los grandes propietarios de haciendas,  compra el discurso  de los terratenientes y nostálgicos exterratenientes del Cauca para oponerse a la reivindicación territorial de los indígenas.

El mapa del despojo ha sido mostrado muchas veces sin que llame la atención de gobernantes semi- bárbaros que en pleno siglo XXI, consideran que hay que limitar los resguardos y acabar con los  “privilegios” de indígenas que a su juicio se oponen al progreso representado en las industrias extractivas o en las grandes empresas agroindustriales como las forestales, de palma aceitera o biodiésel. En el mapa anexo se ilustra la distancia entre los territorios de resguardos que en el siglo XVI se ubicaban en la parte central del país y los territorios actuales desplazados de la parte plana y rica hacia microfundios en las tierras acidas erosionadas, desérticas o de pendientes que las hacen de bajo rendimiento agropecuario (ver mapas).

Discursos oficiales y realidad del microfundio

Las cifras sobre la tenencia de la tierra en el Cauca las tomó el Presidente de un estudio divulgado durante la administración del gobernador, Juan José Chaux Mosquera, ex embajador en República Dominicana, quien tuvo por consigna “ni un metro de resguardo” a los indígenas que recurren a vías de hecho. Ese mismo ex gobernador impuso el argumento de negar la tierra acusando a los indígenas de subversivos: “Ustedes creen – repetía en sus diatribas – que se le puede entregar la hacienda Japio a una comunidad que está apoyada por la Jacobo Arenas (de las FARC) donde hay una fábrica de ácido sulfúrico…”.  Si se comparan los discursos puede decirse que el presidente Uribe se volvió discípulo de su ex gobernador preferido.

Pero es de mayor utilidad comparar los argumentos y cifras del Presidente con las que aportan los estudios del Consejo Regional Indígena del Cauca y que están consignados en un documento de 144 páginas que se titula “Lineamientos del Plan de Vida Regional de los Pueblos Indígenas del Cauca”. (Equipo Plan de Vida, Popayán 2008).

En la tabla comparativa se observan varias discrepancias, incluida la superficie del departamento. Pero, lo importante a indicar es que si se asume la proporción probada por el CRIC y utilizada por el INCORA (2004) entre tierra aprovechable y la que corresponde a parques, páramos, ciénagas y bosque nativo no explotable, todos los cálculos llevan a reconocer el gran déficit de tierra de las comunidades indígenas.

Según los datos del CRIC el promedio de hectáreas por familia es 3,7 y según el Presidente es 4,5. (Acogiendo 8 hectáreas como promedio de Unidad Agrícola Familiar, aunque esa cifra que es aceptada como referencia en algunas zonas de economía campesina  se ha considerado insuficiente para propiedad colectiva indígena en ladera o zona selvática). El estudio del INCORA (2004) que sirve de apoyo al CRIC,  estimó el déficit en 218.106 hectáreas y al Presidente ese déficit le llega a 196.805 hectáreas para que los “indígenas terratenientes” tengan apenas 8 hectáreas promedio por familia.[1]  En el Plan Regional de Vida se sustenta que la cifra del INCORA está subvalorada de modo que el déficit de tierra se acerca según el CRIC a 250.000 hectáreas.

El Ministro de Agricultura a última hora sacó del sombrero el dato de 390.000 hectáreas de tierra productiva en poder de los indígenas del Cauca. Pero,  hasta la fecha no ha indicado la fuente y metodología de esa información. Es probable que el Ministro de Agricultura  incluya predios que no están dentro de los resguardos, que en el estudio del CRIC se estiman en 107.822 hectáreas susceptibles de legalizar; así que en las cuentas del Ministro se tiene que sumar la población que habita en las hectáreas que agrega y así se llega a la misma realidad de déficit territorial que arrojan todas las sumas, restas y divisiones.

Tabla comparativa de los datos sobre la tierra indígena en el departamento del cauca -  CRIC vrs Uribe Vélez

Fuente: Plan de Vida Regional de los Pueblos Indígenas del Cauca, CRIC 2008, prensa Presidencia de la República, alocución del Presidente, octubre 22 de 2008.

Todo el alegato anti-indígena queda en sus platas si se comparan las cifras y el Gobierno actúa en consecuencia: si el Presidente tiene registros de tierras legalizando 721.763 hectáreas en resguardos en el Cauca y al CRIC, los documentos públicos le dicen que son 544.901, razón tendrán de pedirle que les entregue o se proceda al saneamiento de  la diferencia que son 176.802 hectáreas adicionales, que el gobierno dice tener contabilizadas en resguardos o por fuera de ellos.

¿A quién le quiere entregar Uribe las 439.000 hectáreas de baldíos que ha identificado el INCODER  para adjudicar en el Cauca? El estudio del CRIC llama a distinguir entre “baldíos” y “vacíos” dado que parte de esas tierras han sido posesión de familias indígenas o de colonos mestizos y no son de libre disposición para macro proyectos forestales y similares.

Uribe confunde resguardo y latifundio

La desinformación del presidente Uribe llega al extremo de equipar un resguardo y un latifundio. En una de sus alocuciones se empeña en denunciar a los indígenas como terratenientes: “Predios grandes, de más de 1.000 hectáreas, hay 83 en el Cauca. De esos 83 predios de más de 1.000 hectáreas, 75 pertenecen a las comunidades indígenas”. Y dice además: “Cuando miramos el tamaño de la propiedad rural en el Cauca, encontramos que hay un inmenso predominio de la propiedad pequeña. Predios de cero a 20 hectáreas, el 27 por ciento. De 20 a 200 hectáreas, el 33 por ciento. Empresariales: de 200 a 1.000 hectáreas, el 15 por ciento. Es bueno que esto lo conozcamos todos los colombianos”.

Un Presidente no tiene porque saber de todo, pero como mínimo debe distinguir entre un resguardo y un latifundio. Así se evita hacer afirmaciones como la que desconoce la diferencia entre “predios” que son resguardos y donde viven decenas de miles de familias y predios que pertenecen a un solo propietario. Un resguardo no es lo mismo que una finca grande de Córdoba o en los Llanos orientales.

En el Cauca el CRIC agrupa 84 resguardos y 11 Pueblos indígenas (ojo, pueblos indígenas no es lo mismo que caseríos o cabeceras municipales). Esos Pueblos son los Nasa, Yanaconas, Kokonukos, Eperaras Siapidaras, Inga, Guambianos, Kisgueños, Ambalueños, Totoroes y Polindaras. Cuatro de esos pueblos mantienen su idioma y todos luchan por preservar su identidad, autonomía, cultura y saberes ancestrales.

Nadie le explicó al Presidente que en los datos sobre concentración de la tierra en el Cauca hay que distinguir los que son resguardos y territorios de comunidades negras que no se incluyen en las estadísticas que clasifican por área. Si se incluyeran los resguardos se tendría que aclarar que son 320.000 propietarios o cerca de 60.000 que corresponden al número de familias; no se pueden colocar en el rubro de  predios de menos de 5 hectáreas, que sería el tamaño promedio por familias, pues se confunde al asimilarlo a predio de propiedad privada individual.

Así que si el Gobierno quiere hablar seriamente de distribución de la tierra en el Cauca, debe ser riguroso con las estadísticas. Los cálculos del CRIC publicados en la Revista Punto de Encuentro de febrero de 2008, presentan datos de distribución de propiedad privada predios por tamaño, que no puede incluir la propiedad colectiva  indígena o de territorios colectivos de comunidades negras. Allí se observa que el 40% de los propietarios campesinos tienen menos del 2% de la superficie mientras que el 0,5% de los grandes propietarios tienen el 25%. Siete latifundios de más de 2.000 cubren el 9% de la superficie registrada por el IGAC. Ésta realidad fue estudiada por el INCORA y le llevo a establecer las necesidades de tierra de los campesinos para superar el minifundio. Y si se incluye la realidad de la población afrodescendiente del norte del Cauca y del Valle del Patía, se tiene una mejor radiografía del problema de tierra.

En todos estos análisis el Gobierno debería incluir los datos de reconfiguración de la propiedad rural que se han producido como resultado del lavado de activos de los narcotraficantes o del impacto que han tenido los paramilitares que como el tristemente célebre H.H y sus cómplices se encargaron de masacres y de respaldar a parapolíticos. Narcos, traquetos y paras, han comprado tierras en el Cauca desde 1980 hasta en las goteras de Popayán. Sobre estas realidades debería hablar el Gobierno basándose en investigaciones detalladas y haría mejor papel que andar igualando a  los resguardos con latifundios.

Territorio y leyes del despojo

El problema del territorio es fundamental para los pueblos indígenas y por eso atraviesa todos los temas y reivindicaciones aunque la “minga”, no lo ha agregado expresamente en la agenda de la movilización de octubre de 2008. El territorio está asociado al derecho, a la existencia como pueblos y a la resistencia frente a las fuerzas destructivas que han atentado y siguen atentando contra su cultura y su espacio vital.

La respuesta violenta que se ha dado a las demandas indígenas, se explica en buena parte por el choque de interés entre pueblos que han sido replegados y que reclaman derechos; los intereses agenciados por gobiernos que quieren  desconocer tratados; normas constitucionales para ofrecer nuevas garantías a las compañías que proyectan proyectos agroenergéticos, de inversión minera o de aprovechamiento de la biodiversidad y otros recursos que se encuentran en zonas de resguardo o de parques naturales.

Es desde esa perspectiva que la Minga reclama la derogatoria de las que denominan  “leyes del despojo”: Código Minero, Estatuto de Desarrollo Rural, TLC con Estados Unidos. Ante todas ellas, como con la Ley General Forestal, el movimiento indígena reclama que han desconocido las normas y convenios sobre Consulta Previa y los derechos en la propiedad colectiva de resguardos y comunidades negras. Se recuerda en ésta agenda que con el Estatuto Rural y otras disposiciones, se entierra la posibilidad de reforma agraria en el país y se procede al lavado a gran escala de los activos rurales de narcotraficantes y paramilitares que han realizado a sangre y fuego una radical recomposición territorial en las últimas décadas. La legislación racista ha consagrado que la ampliación de resguardos debe subordinarse a los Planes de Ordenamiento Territorial y consagra como norma la posibilidad de prohibición de venta dentro de un municipio de predios a indígenas tal como ya ocurre en Piendamó y Caldono (Cauca). Consagran el desconocimiento de derechos y obligan a la protesta de las minorías étnicas anticipando el veto a nuevas tierras si se reivindican “mediante la violencia”.

Razón tienen los voceros de la “minga”  cuando dicen que mientras el Gobierno aclara los problemas de fondo que seguirán pendientes frente al reclamo indígena de territorio y respeto a su identidad y a sus derechos, bien puede resolver la demanda de cumplimiento al requerimiento de la Comisión Interamericana sobre indemnización por la masacre del Nilo (1991) y cumplir los compromisos que siguen pendientes desde 1999.

Octubre de 2008

* Apartes de este artículo fueron publicados en El Espectador del 26 de octubre de 2008,  con el título ¿A quién creerle?

- Camilo González Posso, INDEPAZ

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org