El amplio debate abierto sobre la “ley de radiodifusión”, alimentado por la inminencia de un proyecto de reforma o sustitución promovido por el Poder Ejecutivo, puede ayudar a enmendar un error generalizado: la creencia de que hay medios “públicos” y medios “privados”. En lo que hace a radio y TV, todos los medios son “públicos”.

En primer lugar, porque el Estado es el dueño del espacio radioeléctrico y por lo tanto concesiona frecuencias a los privados o se reserva el derecho de gestionar emisoras radiales o televisivas por sí mismo. Esto ocurre en todos los países del mundo y así lo establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones con sede en Ginebra.

En segundo lugar, porque los contenidos que emiten radios, canales abiertos y canales de pago (cable y satélite) se dirigen al público, compitiendo entre sí por las mayores audiencias. Esta verdad de Perogrullo, que ni valdría la pena señalar, resulta indispensable para contrastarla con la visión que la mayoría de los medios gestionados por privados quiere venderle a la sociedad acerca de ellos mismos. Omitiendo su carácter público, reivindicando su carácter privado, establecen una contraposición tácita con el “sector público” que es –por antonomasia– el Estado, a cargo transitoriamente de tal o cual gobierno.

Contradicción que han explotado sabiamente desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, para presentarse –ante el menor intento de regulación– como víctimas de abusos presuntos o reales por parte de los gobiernos. Sus propietarios –concesionarios de los gobiernos– dejarían de este modo de ser hombres de negocios con intereses en la televisión o la radio, para convertirse en intocables paladines de la libertad de expresión.

Esta definición irreal, ahistórica, cuasi metafísica, no sería onerosa para el conjunto de la sociedad si viviéramos en la época capitalista del laissez faire, laissez passé de Adam Smith, donde la comunicación social la ejercían a través de periódicos, libros y folletos, miles de laboriosos emprendedores que competían entre ellos y donde los propios explotados del sistema, organizados en los primeros sindicatos, podían acceder con relativa facilidad a la hoja impresa para agitar sus reivindicaciones.

No es por cierto la situación imperante en esta época del capitalismo, en la que la libre concurrencia ha sido sustituida por la concentración monopólica, y la propiedad de los medios electrónicos supone una disponibilidad de capital que no está al alcance de los pequeños emprendedores, los trabajadores y para qué hablar de los marginados.

Por si esto fuera poco, la hegemonía de los medios electrónicos se ha visto reforzada en las últimas décadas por severas limitaciones económicas que han alejado a las grandes mayorías de los libros, los diarios y las revistas. Una encuesta realizada en julio de 2004 por la Dirección General del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que en esta capital –otrora orgullosa de su producción cultural– sólo el 25 por ciento de los ciudadanos se informaba regularmente a través de diarios y revistas. Es decir que el 75 por ciento lo hacía a través de los medios electrónicos, principalmente la televisión y la radio.

Con semejante audiencia no es de extrañar que los medios –en particular la TV– influyan decisivamente en los hábitos de consumo de la población, alarmen más que Orson Welles con La guerra de los mundos, tranquilicen a piacere respecto de lo que debería alarmar y les marquen a la sociedad y a los poderes estatales cuáles son los puntos prioritarios de la agenda.

Lo que no aparece en su pantalla no existe, lo que sale muchas veces vale por su sola reiteración, los noticieros se parecen cada vez más a las telenovelas o a los realities shows, sus comentaristas son los nuevos sacerdotes que opinan sobre todo lo divino y lo humano, contribuyendo a veces por ignorancia y otras por malicia a desinformar, a deformar, a diluir la ya castigada situación cultural de los argentinos, y hasta su identidad nacional, relegada por el peso abrumador de la oferta maiamera. Nunca tan pocos influyeron a tantos.

El fenómeno, sin duda, es mundial y constituye uno de los efectos de la famosita globalización donde todo se globaliza menos el capital. Pero también responde a falencias autóctonas, de la sociedad y de los gobiernos. Y no me refiero solamente a la nefasta ley de radiodifusión que impide el acceso de nuevos actores a la comunicación social.

Al fin la mentada ley, sancionada en 1980, fue modificada en 80 oportunidades por decretos del PEN, 126 veces por decisiones administrativas y sólo en 9 ocasiones por ley del Congreso. Responde también a causas estructurales que tienen que ver con la concentración de la economía, la mixtura inadmisible entre negocios y política y la copia servil del sueño americano, que las mentes más lúcidas de Estados Unidos denuncian como favorable para el big business, pero peligroso para un real ejercicio de la democracia. El especialista en comunicación Robert W. McChesney, profesor de la Universidad de Illinois, sostiene que “las economías de mercado pueden sobrevivir e incluso prosperar sin adoptar el estilo comercial norteamericano en sus sistemas de medios. La cuestión real es si la democracia puede sobrevivir como una simple hoja de parra que cubre la concentración del capital privado”.

Para McChesney no hay otra solución que una participación activa del Estado en beneficio de la pluralidad. Porque el Estado siempre regula, aún cuando hable de desregulación. “El sector público –afirma el profesor de Illinois– debe involucrarse” activamente en el proceso de la comunicación.

Lo cual conduce a un aspecto crucial de la nueva ley: ¿qué tipo de medios públicos gestionados por el Estado queremos tener? ¿Medios sin medios que para competir sin éxito imiten a los privados? O medios estatales poderosos como la BBC de Londres, que siguen aguantando las presiones a favor de la “desregulación” y compitiendo exitosamente en el desarrollo de la información y la cultura, sin descuidar por eso el factor “entretenimiento”.

La Argentina tiene recursos para aplicar este modelo y grandes reservas de capital humano que sólo esperan ser convocadas. Ojalá que en la próxima ley de radiodifusión se establezcan los mecanismos institucionales para aprovechar de una buena vez esa ventaja comparativa.

- Miguel Bonasso es periodista y diputado nacional argentino.

Fuente: http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=3719