El Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México se prepara para sus 15 años

Andrés Peñaloza

14/12/2014

Opinión

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¿La desaparición forzada por parte del Estado mexicano de 43 jóvenes normalistas no es suficiente para activar la cláusula democrática?

El próximo año se cumplirán los primeros quince años del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) puesto en vigor en junio de 2000. El TLCUEM es parte de una Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) suscrito el 8 de diciembre de 1997 y en el cual se encuentra la llamada cláusula democrática, contenida en el Título I Naturaleza y Ámbito de Aplicación del Acuerdo Global, Artículo I Fundamento del Acuerdo, la cual establece que:

El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.

La cláusula democrática, así como la incorporación del diálogo político (Título II) y de cooperación (Título VI) en el Acuerdo Global, despertó grandes expectativas en la medida que se presentaba como un paso en la consecución de una efectiva diversificación comercial y hacer del comercio, más que un fin en sí mismo, un medio para el desarrollo nacional.

Sin embargo, lo que se presentó como un acuerdo novedoso entre México y la Unión Europea devino en un vil tratado de libre comercio, análogo al que se tiene con los Estados Unidos y Canadá desde el 1 de enero de 1994. De hecho para los negociadores europeos la pretensión conseguir un Nafta Parity fue el objetivo central.

En 1997 los gobiernos europeos y mexicano acordaron en el artículo 60 (Entrada en vigor) del Acuerdo Global, congelar la aplicación de los Títulos II (Diálogo Político) y VI (Cooperación), en tanto entrara en vigor la adopción, por parte del Consejo Conjunto, de las decisiones previstas en los artículos 5 (Comercio de bienes), 6 (Comercio de servicios), 9 (Movimiento de capital y de pagos), 11 (Competencia) y 12 (Propiedad intelectual, industrial y comercial).

De la disposición anterior los gobiernos de la UE y México asumieron equivocadamente la postura de que lo único que faltaba era negociar la agenda comercial y de inversiones, bloqueando las negociaciones y la definición de las normas de cooperación y diálogo político así como establecer los vínculos jurídicos necesarios para instrumentar la cláusula democrática, misma que se mantiene como un hueco postulado.

Del Nafta parity al Tratado de Libre Comercio Trans-Atlántico

Más de 70 millones de mexicanos viven en el umbral de la pobreza extrema; mayor desigualdad social y de género ahondando las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y de los jóvenes; salarios disminuidos en más de dos terceras partes de su poder efectivo; deterioro del tejido social con la ampliación del crimen organizado –penetrando aparatos e instituciones del Estado en todos sus ámbitos y niveles- así como, el fortalecimiento de poderes informales en la vida nacional; carestía y encarecimientos de bienes y servicios básicos; pérdida de la soberanía y autosuficiencia alimentaria; devastación ambiental de bosques, selvas, aguas y territorios por la incesante actividad expoliadora y extractivista; bienes comunes mercantilizados y piratería corporativa de saberes, conocimientos y fantasías para lucrar con ellos.

El TLCUEM no puede examinarse sin conectarlo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); las negociaciones que seguirán de aprobarse el Tratado de Libre Comercio y de Inversiones Trans-Atlántico entre los Estados Unidos y la Unión Europea (conocidos como TAFTA -Transatlantic Free Trade Area- o TTIP -Transatlantic Trade and Investment Partnership-), arrastrará a México inevitablemente al marco que convengan las potencias norteamericanas y europeas.

Reporte de guerra: el infierno para la prole y el paraíso para la oligarquía y empresas transnacionales

Con el ASPAN (eufemísticamente llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), brazo militar teleciano, la prosperidad prometida se torna infierno y la seguridad, vía la cuarta flota y el comando Norte, allana la militarización de territorios y fronteras; legalizan inversiones y el comercio (incluido el cruce portuario, aéreo y fronterizo de drogas mediante una amplia red de corrupción aduanal y financiera para blanquear dinero sucio) pero ilegalizan y criminalizan la migración. Esa creciente militarización como acto de dominio hacia nuestro pueblo, ha contribuido al abuso sexual contra las mujeres, niñas y niños, al aumento de la prostitución y la violencia; a la inseguridad en los hogares y las calles, al imparable aumento de los feminicidios y a la intensificación de la trata de personas.¿No que el TLCAN-TLCUEM arraigaría a la gente en sus pueblos con la avalancha de inversiones y el comercio con los principales bloques económicos del mundo?

Promesas rotas, “muro de la tortilla” ignominia de la libertad, la frontera con el mayor número de cruces ilegales en el mundo. Aumento del número de hogares rurales jefaturados por mujeres que se hacen cargo de sus familias en condiciones muy precarias; más de treinta mil sentenciados en EE.UU. por delitos migratorios y, alrededor de diez mil migrantes muertos y desaparecidos al año como ofrenda al gran capital, que atrae y repele fuerza de trabajo que explota a su antojo para exprimirle el máximo de ganancia.

La UE, suaviza el escenario militarista de los TLC´s con una “cláusula democrática” de ornamento. ¿La desaparición forzada por parte del Estado mexicano de 43 jóvenes normalista de Ayotzinapa, Guerrero, no es suficiente para activar la cláusula democrática? ¿y si a esas desapariciones forzadas se le añaden 28 mil desapariciones de ciudadanos durante los últimos años?

¿Qué ofrecerá la UE a México en materia de seguridad? ¿Acaso su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza bélica que concentra más del 70% del gasto militarmundial?[1] ¿O el incremento del comercio de armas y de vínculos comerciales con el narcotráfico?

Armas europeas en la guerra contra el narco y la represión social

El pasado jueves 11 de diciembre de 2014, el diario alemán Die Tageszeitung reportó que como parte de las indagatorias sobre del caso de los normalistas desaparecidos de manera forzosa se confiscaron 228 armas a la policía de Iguala, Guerrero, entre ellas 97 fusiles de asalto donde figuraban los G-36 producidos por el corporativo alemán Heckler & Koch proveedor del Ejército germano y de fuerzas militares de la OTAN. También se decomisaron armas italianas modelo SCP 70/90, conocidos como Beretta, además de varios AR-15 fabricados por la empresa estadounidense Colt.

“No sabemos si se usaron esa noche”, dijo un defensor de los derechos humanos al diario y afirma que elementos policiales “pudieron usar 30 de los 36 fusiles ilegales confiscados para disparar contra los normalistas”. Cabe recordar que este tipo de fusil –el G36 con capacidad de producir 750 disparos en un minuto- también fue usado contra los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 durante una protesta por mejores instalaciones.

El Gobierno alemán, autorizó desde 2006 a Heckler & Koch a exportar armas a México pero prohibiendo su distribución en los estados Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, debido a “graves violaciones a los derechos humanos”, registradas en dichas entidades; sin embargo, las evidencias indican que el corporativo alemán, sometido desde el 2010 a investigación por la Fiscalía de Stuttgart, ha violado las normas lo que evidentemente apunta a sobornos y dádivas a funcionarios y mandos militares de la misma Secretaría de la Defensa Nacional e incluso la entrega de este tipo de armamento a manos de carteles de la droga y del crimen organizado.

Cabe recordar que a partir de 2009, el Departamento de Justicia y la Oficina de Control, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos facilitó el contrabando de armas ilegales en México siguiendo un plan denominado “Rápido y furioso”, para monitorear la operación del tráfico de armas intrafronterizos. Por consiguiente, no pueden soslayarse versiones que apuntan a que los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del año en curso, obedecen a acciones contrainsurgentes del Estado mexicano.

En un reciente comunicado el Ejército Popular Revolucionario (EPR) sostiene que los 43 normalistas desaparecidos fueron entregados a militares del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala y próxima al lugar de los ataques que ocasionaron seis decesos, 17 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Para este grupo, el caso Ayotzinapa es “un crimen de Estado”, dirigido contra jóvenes activistas de la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM), creada en 1935 y conformada por 16 Escuelas Normales Rurales en el país.

El grupo guerrillero asegura que los “misteriosos civiles a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo para fabricar el crimen perfecto” atribuido a sicarios del grupo delictivo “Guerreros unidos”.

De acuerdo a un reportaje de la revista Proceso (Yetlaneci Alcáraz, 10 de diciembre de 2012) en fotografías –en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–tomadas el 12 de diciembre de 2011 durante el desalojo policial a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en plantón en la Autopista del Sol, ruta para arribar Acapulco, y durante el cual dos estudiantes –Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús- fallecieron producto de disparos por parte de fuerzas de seguridad, se observa tanto a policías como a hombres vestidos de civil empuñando fusiles de asalto. Una semana después del violento desalojo, el diario español El País (19 de diciembre de 2011) consigna que en el desalojo “se dispararon balas de tres tipos de calibre de tres armas diferentes, entre ellas fusiles de asalto AK-47, AR-15 y G-36”.

Yetlaneci Alcáraz describe cómo Wolf-Dieter Vogel, periodista alemán, mostró esas fotografías a varios peritos de su país para saber si se trataba de los poderosos fusiles de asalto G-36 producidos por Heckler & Koch (H&K) quienes concluyeron en altísima probabilidad de que se trataban de los fusiles de asalto G-36. Existen otras evidencias del uso del fusil G-36 en Chihuahua, Jalisco y Chiapas. No obstante, los gobiernos de ambas naciones rehúsan transparentar el tratamiento a la solicitud de asistencia judicial formulada por el Ministerio de Justicia de Alemania al gobierno mexicano para averiguar la distribución irregular de los G-36 de H&K en territorio mexicano.

Ante este tipo de hechos es imprescindible activar enérgicamente la cláusula democrática con acciones que impidan que el comercio y las inversiones pisen los derechos humanos.

México, D.F., a 12 de diciembre de 2014

[1] El pasado agosto de 2014 el congreso colombiano aprobó el convenio del gobierno de Juan Manuel Santos con la OTAN, para intercambio de información y cooperación en temas como la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y la criminalidad.

CDr. Andrés Peñaloza Méndez

Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.

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