Entre una mezcla de declaraciones sobre los derechos de la madre tierra, salvar el planeta, el derecho al desarrollo, ama sua, ama llulla, ama quella y mar para Bolivia se ha llevado adelante la Conferencia de los pueblos sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra: Tiquipaya II.

Es inevitable analizar esta Cumbre a la luz de lo que fue la Conferencia de los Pueblos sobre cambio climático y Derechos de la Madre Tierra de 2010, donde mas de 35.000 personas se reunieron, con cientos de delegados internacionales entre los que podríamos mencionar a Naomi Klein, Bill Mc Kibben, Adolfo Pérez Esquivel y muchos otros que estuvieron presentes apoyando la construcción de una narrativa de justicia climática que proporcionó una agenda a los movimientos de activistas y a los gobiernos progresistas con una propuesta de justicia climática basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los derechos de la Madre Tierra, así como la necesidad de estabilizar la temperatura del planeta a 1.5 grados[1]

Entonces, como ahora, estuvo también la voz ineludible de la Mesa 18 que denunciaba -ya entonces- los conflictos sociales por el extractivismo entre los que se incluía la anunciada construcción de la carretera del TIPNIS. Entonces, como ahora, la Mesa 18[2] fue ignorada deliberadamente por el gobierno, organizador de la Cumbre, que prefirió eludir encarar las contradicciones que estas voces críticas ya señalaban.

La Conferencia había dejado claro que el cambio climático no es un tema de ambientalistas ni ecologistas, sino una crisis sistémica muy relacionada con la economía. La declaración de la Conferencia denominada Acuerdo de los Pueblos orientó las acciones y campañas del movimiento climático anticapitalista, el posicionamiento de las redes de activistas e incluso el posicionamiento oficial de Bolivia en Cancún, que no fue acompañada por los demás países y ni siquiera por los países del ALBA.

Tiquipaya II, en cambio, expresa una alianza férrea de los gobiernos del ALBA y un mensaje central expresado por el vicepresidente boliviano: “Los culpables del cambio climático son los del norte (…) nosotros tenemos derecho a producir, hacer carreteras, tenemos que cultivar más si es necesario porque nuestra contribución a la Madre Tierra es gigante”… “Y si alguien tiene que pagar y cambiar, ellos que paguen, ellos que cambien, no nosotros” (La Razón, 9/10/2015). Es decir, un mensaje que en esencia postula el desarrollo como derecho, pero que no se interesa en profundizar de qué desarrollo hablamos y mucho menos de transiciones hacia una sociedad post carbono. La declaración de Tiquipaya II[3] se ha aligerado de sustancia para justificar la contradicción entre desarrollismo, extractivismo y justicia climática. En fin, ha derivado en unas conclusiones, como se diría, un tanto “descafeinadas”.

En los años que siguieron a la Declaración de la Primera Cumbre de los pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de 2010, se ha ido evidenciando que éste es un desafío sistémico que requiere de una respuesta compleja y multidimensional en el que transformar la economía y la matriz energética y productiva son aspectos centrales. Es una crisis que ha movilizado las fuerzas sociales que resisten el capitalismo y al mismo tiempo ha generado una reflexión profunda sobre desarrollo, equidad, justicia, solidaridad y cambio civilizatorio.

Así, mientras las negociaciones y el sistema de las NNUU para el clima han ido perdiendo su legitimidad al desmantelar casi completamente el régimen climático internacional y eludir cínicamente la emergencia del cambio climático, los movimientos del clima han dado pasos mayores que les ha llevado -entre otras reflexiones y posicionamientos- a concentrarse en la transición de energías fósiles a energías renovables que se ha convertido en la punta de lanza de sus campañas.

Las redes de activistas en torno a la justicia climática, varias instituciones y medios de prensa, miles de activistas, intelectuales y académicos e innumerables redes de científicos en todo el mundo coinciden en que hay que dejar al menos el 80% de los combustibles bajo tierra y, se diría en consecuencia, cambiar la economía radicalmente puesto que una crisis de la dimensión que enfrentamos no puede ser resuelta con simples declaraciones o largas e infructuosas negociaciones diplomáticas. Basados en las cifras que proporciona el Informe AR5 del IPCC[4], -que nos re confirman que el cambio climático es un efecto de origen antropogénico, que tenemos un presupuesto limitado de carbono y que de quemar solamente las reservas de carbón, gas y petróleo que se encuentran registradas en los mercados, estaríamos sobrepasando por cinco veces el presupuesto de carbono que nos queda, y por lo tanto estaríamos literalmente quemando el planeta-, los y las activistas de la campaña global por la justicia climática dejan un mensaje claro al mundo: NO a mas inversiones en combustibles fósiles. Hay que iniciar una transición rápida a los modelos energéticos sostenibles y hay que cambiar los sistemas de consumismo y despojo que agobian a la Naturaleza depredando y contaminando despiadadamente. La campaña de desinversión en combustibles fósiles es el corazón de la campaña por la justicia climática acompañada de una propuesta anticapitalista contra los poderes corporativos.[5]

Vemos entonces que, a partir del enfoque del oficialismo en Tiquipaya II, se está abriendo una brecha también en la manera de enfocar la lucha contra el cambio climático. Su mensaje central no ha sido la transición ni el cambio de sistema en el sentido mas profundo, sino la defensa del derecho al desarrollo y la postura de que “no somos guardabosques del imperio” (como si nuestros territorios fueran propiedad del imperio, cuestionan los ecologistas bolivianos) y por lo tanto sigamos haciendo lo que todos hicieron al desarrollar las fuerzas productivas y las infraestructuras. No se ha buscado un discernimiento de lo vinculada que está nuestra matriz productiva, económica y social con las bases estructurales de la crisis climática, y que eso hace extremadamente vulnerables a nuestras economías basadas en la producción de energía fósil de la cual emerge la redistribución social[6].

La narrativa planteada en Tiqupaya II no acompaña precisamente el enfoque de desinversión en combustibles fósiles, que exige parar la explotación petrolera, de gas, el fracking y la industria del carbón si queremos atenuar la terribles consecuencias del cambio climático. Muchos gobiernos, y no sólo en el Norte, se están “negando” a conectar los puntos desde la acción y el discurso político y a sentar las bases de “sociedades post carbono”, cuando menos.

La oportunidad que brinda la COP21 de Paris, entonces, es un momento muy importante para avanzar en la narrativa global para enfrentar el cambio climático y profundizar el debate en todo el mundo. Mas allá de las negociaciones que anticipan ya una incapacidad de abarcar la gravedad del problema por la falta de compromisos serios y los lobbies corporativos, lo que interesa es crear una narrativa global que conecte la crisis del sistema con la capacidad de restaurar la vida y la sociedad. Es un momento para denunciar el negacionismo colectivo y sobre todo el de los gobiernos que –teniendo toda la información de primera mano- niegan la realidad del cambio climático y la ciencia y no permiten allanar el camino a soluciones verdaderas.

Es de esperar que este debate para abordar las grandes brechas nos proporcione

al menos un “clima” para encarar la verdad como una base ética de la que debería desprenderse la respuesta de la humanidad a la crisis climática.