Lucia Pérez tenía 16 años cuando fue asesinada brutalmente por un grupo de hombres vinculado al tráfico de droga y la trata en Mar del Plata, Argentina.  Este horrendo crimen tal vez se hubiera sumado impunemente a tantos otros que suceden en América Latina pasando como un hecho delincuencial. Pero no es cualquier crimen, es un crimen que ha develado un trasfondo sombrío de la sociedad latinoamericana que no se puede pasar por alto, no solo porque se suma a las miles de mujeres que mueren en manos de hombres violentos de diferentes estratos sociales y en diferentes formas, sino porque denuncia el deterioro de los sistemas sociales y económicos perforados por redes delincuenciales y una debilidad endémica de los estados, incapaces de sentar bases mínimas de convivencia social segura para mujeres, niñas, niños y hombres, a pesar de su desmedido entusiasmo y afán por el crecimiento de indicadores económicos que, ha quedado claro, no está haciendo prosperar verdaderamente a la sociedad.

Este crimen fue la expresión grotesca de una violencia que se repite, que se acrecienta, que se transforma en horror y dolor; que se naturaliza y ensaña contra las mujeres y las niñas. Un crimen contra-el-cuerpo, contra la feminidad, contra la inocencia, contra la dulzura y la juventud, un crimen contra la humanidad que refleja cómo la violencia avanza sobre una frontera que los estados están dejando crecer colocando a la sociedad latinoamericana y a las mujeres en una situación de alarmante indefensión.

12 países latinoamericanos se encuentran entre los primeros 25 países del mundo con mayores índices de violencia contra las mujeres. El Salvador, Honduras y Guatemala encabezan la lista y, aunque su gobierno no proporciona cifras oficiales, Bolivia tiene una de las más altas tasas de feminicidio en Latinoamérica. Crímenes por razones de género, secuestros, trata, violencia, sicarios pagados por corporaciones y por grupos políticos, asesinatos de líderes y defensoras ambientales y de derechos humanos, acoso político a mujeres que toman parte en la vida política, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, embarazos infantiles y de jóvenes contra su voluntad, feminicidios y ataques misóginos encabezan los titulares en una región que, al mismo tiempo ha tenido los índices de crecimiento económico más destacados según el FMI, la CEPAL, el PNUD y el BM en la última década[1].

Sin pretender simplificar la problemática, --porque su complejidad incorpora varias entradas, entre ellas la resistencia cultural androcéntrica a asimilar la libertad y los derechos de las mujeres en igualdad, el crecimiento de las redes delincuenciales del narcotráfico (algo demasiado grave como para dejarlo en un simple “se trata de un ajuste de cuentas” como si no le incumbiera al Estado), la expansión del extractivismo no regulado que se asocia a trabajo infantil, redes de trata, violencia de género, prostitución y una enorme -pero enorme- deuda social en la educación y el cuidado--, habrá que preguntarse dónde están poniendo el dinero y los recursos los gobiernos para que tengamos un resultado tan deprimente que se está llevando vidas consigo.

Basta ver cuánto invierten los Estados en prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, vale decir: casas de acogida, capacitación de la policía, eliminación de la corrupción, sistemas de registro, sistemas de indicadores, servicios sociales, formación de personal, promoción de la igualdad, programas de empoderamiento, reformas e innovaciones en educación, organización de los cuidados, etc., etc.

De hecho, en Bolivia esa inversión (o gasto como ellos preferirían llamarlo) no está especificado en el esquema de presupuesto de inversiones nacionales y en los presupuestos municipales y de las gobernaciones está en un orden de menos del 2 % (1.91%) cuando hablamos de género y grupos vulnerables, mientras que los fondos asignados a programas específicos para erradicación de la violencia a nivel de municipios y gobernaciones para las mujeres destinados a erradicación, prevención y protección de las víctimas de la violencia, no pasa del 0,33% según un estudio sobre presupuestos de género del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza dirigido por Silvia Fernández[2]. Mientras tanto, los fondos del IDH destinados a seguridad ciudadana, que según la Ley 348 y el Decreto Supremo 2145 debieron haberse usado para construir casas de acogida (ni hablamos de educación o prevención), no fueron ejecutados en 6 de las 9 gobernaciones en 2015, como lo ha mostrado esta investigación. Por su parte, la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia ha sido criticada por su falta de efectividad, en parte porque no se invierte eficientemente en la institucionalidad que la debería sostener[3].

Mientras tanto, las inversiones para la exploración y explotación de recursos naturales en nuestros bosques y las inversiones en infraestructuras para transportes, energía e hidrocarburos juntas suman el 65% del presupuesto estatal para 2016[4]. El argumento para esta matriz de inversión tan desigual que se considera estratégica es que nos convertirá en una potencia energética regional para 2025 –con un alto componente en hidroeléctricas y energías fósiles con inversiones millonarias-- para abastecer de energía al país y a América del Sur, por lo tanto nos daría más dinero para redistribuir y, supuestamente, mayor prosperidad. Pero la redistribución social parece limitarse a los bonos y a las infraestructuras y hasta se le ha criticado al gobierno que la inversión para diversificar la economía no alcanza ni el 2% (Ibid.) mientras que no se escatima en gastos para mejorar los edificios e instalaciones de los funcionarios del poder central.

Curiosamente, en este esquema, para el 2025 las energías renovables (que representarían un mejor pronóstico para la preservación de la Naturaleza, los derechos humanos y la restauración del medio ambiente) andan por el 2% de la matriz energética que se está construyendo para el futuro[5]. Algo parecido a lo que se invierte en las mujeres y todo esto con el agravante de que estas decisiones se toman en la cúpula política masculina que “sabe lo que es mejor” (como buen patriarca), es decir, “deciden unilateralmente lo que es bueno para todos” comprometiendo nuestro futuro, nuestro patrimonio y dejando una huella irreparable en los bienes naturales y en el tejido social.

La explotación y violencia contra las mujeres y la violencia contra la naturaleza son dos caras de una misma moneda, dos expresiones de un mismo sistema, el imperio del patriarcado co-gobernando con el del gran capital. Y el cuerpo de las mujeres se ha convertido hoy en la metáfora de aquello que se sacrifica por mantener la ilusión capitalista (porque no es otra cosa) del crecimiento infinito, androcéntrico, ecocida y desaprensivo con la Naturaleza, con la vida de las personas y las comunidades.

Las cifras de mujeres muertas, asesinadas y golpeadas por sus parejas, en sus casas y en la calle crecen de manera aberrante. En Octubre, casi 20 vidas se perdieron en Bolivia: Lourdes Ojhota tenía 33 años y fue asesinada a golpes y gritos en frente de sus hijos en el barrio de Bajo Llojeta, Fabiola Layme luego de salir de su trabajo en una sucursal de Pollos IMBA en El Alto y dirigirse a un centro de formación profesional en el Instituto Bancario, Daniela Deleney, joven desaparecida, fue hallada muerta en Guanay, Marina Hilda Gutierrez, joven de 20 años, fue estrangulada por su marido en Camiri. Y en Cochabamba, Tarija y Santa Cruz las vidas de Nilvia Rodríguez, Viviana Reque, María Daysi Valladares, Ermelinda Padilla, Victoria Huallpa, Mirtha Alfaro, Roxana Salvatierra, Johselín Alondra Hurtado, Elizabeth Balcázar, Laura Santa Rosa… se perdieron sin remedio. Hasta Octubre más de 86 mujeres han muerto por la violencia machista en Bolivia, una cada tres días en promedio. En Venezuela habían muerto 75 en el primer semestre de este año. En la Argentina una mujer muere cada 30 horas solo por ser mujer. En El Salvador cada 24. En Honduras cada 12 horas una mujer o una niña pierde la vida asesinada por violencia machista, según informes de la ONU.

Las mujeres han salido a las calles para manifestarse ante el horror del asesinato de una joven argentina, lo hicimos también en Bolivia, porque su sufrimiento ha pronunciado todos los nombres de las mujeres mártires de la violencia machista de estos tiempos. Y no ha sido simplemente ante un crimen delincuencial, sino contra un sistema de patriarcado revitalizado que ha invadido inclusive la forma de hacer política y la forma de hacer gestión al establecer prioridades totalmente desconectadas del cuidado de la vida.

No solo fueron mujeres las que se manifestaron en las calles sino también muchos hombres indignados para gritar: NI UNA MENOS. Salieron con una comprensión fáctica del sentido destructivo del patriarcado y el machismo, la brutalidad de su violencia. Salieron para despojarse de la herencia machista reivindicando una masculinidad no violenta, pues el patriarcado produce seres incapaces de valorarse mutuamente, de reconocerse frágiles y vulnerables, de cuidarse y ser solidarios, de recordar el vínculo primigenio.

Pero ha sido también una movilización que ha reclamado la pasividad con la que responden los políticos a la violencia machista y siguen empeñados en explicar los vericuetos teóricos y conceptuales del patriarcado y de la famosa “despatriarcalización”, como si se tratara de una vacuna recién inventada contra la violencia de género. 

Nada va a cambiar si no se educa integralmente a niños y niñas, a hombres y mujeres, si no se reforma la justicia y la policía, si no se castiga con justicia a los políticos misóginos y violentos, si no se detiene la verborragia machista de los patriarcas en el poder que hacen escarnio de los cuerpos femeninos o censuran públicamente la identidad de una mujer lesbiana, afrentas de gran peso simbólico consideradas por algunas personas como meras expresiones “culturales” a las que hay que disculpar… pues nuestros gobernantes serían “feministas con chistes machistas”.  La “despatriarcalización” es una patraña si no se enfrenta seriamente la violencia y el feminicidio recogiendo los avances sustantivos de la propuesta feminista y los de cualquier estado que se respete en la aplicación de los elementales derechos humanos, si no se mejoran sustancialmente los presupuestos para detener la violencia con un enfoque de género, si no se aborda con recursos abundantes el desafío de la educación incorporando innovaciones integrales que promuevan el potencial humano, pero sobre todo si no se cuestiona un modelo económico “modernizador-desarrollista” y extractivista que en un escenario mayor es violento y desaprensivo contra la naturaleza, las comunidades y contra la vida porque materializa el despojo.

La gente exige un giro de timón urgente porque, sencillamente, esta violencia nos está costando la vida.

- Elizabeth Peredo es Psicóloga Social.