Por la vía de la imposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —con la ayuda de su hermano menor, el Partido Acción Nacional (PAN)— ha permanecido encaramado en el poder durante casi un siglo, sin embargo, hoy, el pueblo de México ha dicho basta.

La nación vive en estos días una rebelión electoral en contra del régimen político criminal que ha logrado permanecer desde la década de 1980, en buena medida gracias al interesado concurso del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del país[1]. Esta contundente respuesta social es producto del hartazgo que en muy amplias capas de la ciudadanía ha generado la imposición de un modelo de inseguridad, violencia y muerte, de destrucción de la planta productiva nacional y despojo del patrimonio público, de corrupción e impunidad desenfrenadas, de persecución política y colonialismo cultural, que ha alcanzado extremos insoportables a partir del año 2006 debido a la perversa amalgama entre las instituciones estatales y las estructuras del crimen organizado auspiciado desde Washington.

Por sus implicaciones históricas, las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo primero de julio naturalmente resultan trascendentes para los más de ciento veinte millones de connacionales que viven dentro del territorio mexicano, pero también lo son para otros tantos millones que, por necesidad, se han visto obligados a emigrar a Estados Unidos y que en la actualidad sufren las agresivas políticas racistas del presidente Donald Trump. Como en ningún momento durante los últimos treinta y cinco años, las bases del régimen autoritario están siendo socavadas debido a que más de la mitad de los electores se han rebelado en contra del estado de cosas imperante, aun en las regiones que por años fueron el semillero de votos del PRI y del PAN, y esto es así porque saben que México no aguanta otros seis años de devastación, y tienen claro que el primer domingo de julio la opción es votar por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o condenarse al aterrador abismo del crimen organizado. En virtud de su dimensión y profundidad, la rebelión electoral actual sólo es comparable a la que dio origen la revolución mexicana de 1910 y, como aquella, tiene el potencial para transformarse en una revuelta social impredecible si es que el poder oligárquico decide optar por un golpe que destruya los muy delgados y quebradizos caminos legales que aún existen para la alternancia en el poder.

Un régimen criminal que se niega a morir

Si México tuviese un sistema electoral que garantizara elecciones limpias y transparentes, a estas alturas de la campaña nadie tendría duda de que el ganador sería Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por Morena, porque, además de que los apostadores políticos así lo perciben, todas las encuestas de opinión importantes registran una ventaja de entre quince y treinta y dos puntos del líder de oposición de izquierda sobre el segundo lugar[2] (ver el escenario electoral prospectivo del último apartado). Sin embargo, el sistema electoral mexicano está diseñado para imponer a los candidatos del poder, ya sean estos del PRI, nacido en 1929, o del PAN, que apareció en la escena político-electoral en el año de 1939 con el propósito de oponerse a las políticas progresistas del general Lázaro Cárdenas del Río.

Es por esa razón, y no por otra, que dentro y fuera de México todos se preguntan si, por primera vez en más de un siglo, la fuerza de un candidato de oposición será capaz de sobreponerse a ese régimen criminal, cuyos principales exponentes parecen estar dispuestos a todo antes que renunciar a sus insólitos e impúdicos privilegios. Es un pequeño y poderoso grupo —a quien AMLO califica como “minoría rapaz”— el más beligerante de todos, pues sus integrantes se han asociado con los políticos más corruptos para multiplicar sus obscenas fortunas. Justamente, porque este núcleo representa el principal soporte del estado criminal, es que el candidato puntero ha anunciado que al llegar a la presidencia terminará con la rapiña de esa minoría que no quiere perder el privilegio de mandar, para lo cual será necesario separar al poder económico del poder político[3]. Por supuesto, en esta elección también están en juego los intereses de la oligarquía financiera internacional y los intereses geoeconómicos, geopolíticos y geoestratégicos del imperio estadounidense. Por si fuera poco, en medio de este complejo escenario, también están enredados los intereses políticos personales del presidente Trump y sus ansias reeleccionistas.

El juego de los actores políticos

El régimen está fragmentado en dos grandes facciones que, en los hechos, son asociaciones delictivas que operan como verdaderos cárteles del crimen organizado. Durante la campaña electoral, el llamado grupo Atlacomulco —del cual es destacado integrante el presidente Enrique Peña Nieto— y el grupo mafioso liderado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, no lograron ponerse de acuerdo para impulsar a uno sólo de sus candidatos, ya fuera José Antonio Meade, de la alianza encabezada por el PRI, o Ricardo Anaya, de la alianza encabezada por el PAN. El enfrentamiento en la arena electoral entre estas dos mafias políticas, es en parte debido a la disputa por parcelas específicas de poder, pero sobre todo se explica porque cada una de ellas responde a intereses distintos a escala regional. Por un lado, quienes impulsan la candidatura de Meade han buscado por todos los medios el beneplácito del presidente Donald Trump para llevar a su prosélito a la casa presidencial, sin que hasta ahora existan señales claras de que lo hayan conseguido[4]; del otro lado, quienes promueven a Anaya son actores vinculados a los intereses del capital monopólico de base nacional, reunidos políticamente en torno a la figura de Salinas de Gortari, el capo dei capi.

Pero la fractura en el frente del oficialismo se transformó en catástrofe cuando el zedillismo —un segmento muy poderoso de ese régimen que está a punto de colapsar— se sumó a la campaña del candidato opositor. En efecto, hace aproximadamente un año y medio AMLO dio a conocer la incorporación de Esteban Moctezuma Barragán a su equipo de trabajo inicial, un personaje clave durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), pues se desempeñó como secretario de gobernación y también como secretario de desarrollo social[5]. Meses después, el candidato de la coalición opositora Juntos Haremos Historia, que agrupa al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al Partido del Trabajo (PT) y al Partido encuentro Social (PES), incorporó a sus filas como prospecto para encabezar la secretaría de gobernación a Olga Sánchez Cordero, quien en 1995 fuera promovida como magistrada de la suprema corte de justicia de la nación precisamente durante el mandato de Zedillo. De igual forma, como futuro secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación López Obrador, nombró a Víctor Villalobos, quien se desempeñó como subsecretario de Recursos Naturales en el gabinete de Zedillo[6]. Tan cerca como hace tres semanas, las presiones de esta corriente eran tan intensas[7] que, al salir de una reunión con los empresarios más críticos a su causa, López Obrador se vio obligado a desmentir que otras dos figuras centrales durante el gobierno de Zedillo —ni más ni menos que el ex secretario de hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, y el ex subsecretario de egresos, Santiago Levy Algazi— serían incorporadas a su futuro gabinete.

Es importante recordar que el entendimiento entre AMLO y Zedillo viene desde los años noventa, cuando, siendo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aquel logró cinco gubernaturas para su causa y posicionó al partido como la fuerza protagónica en la cámara de diputados. Otro elemento que ha servido como aglutinante de la alianza entre ambos políticos, es su compartida animadversión hacia lo que representa Carlos Salinas de Gortari. Para nadie es un secreto que el ex presidente es su enemigo común, pues mientras López Obrador lo califica como el innombrable, Ernesto Zedillo lo envió exiliado a Dublín y puso a su hermano más querido en la cárcel.

En resumidas cuentas, Ernesto Zedillo decidió apoyar a un heterodoxo como López Obrador porque comprendió que, dada la pésima gestión de Peña Nieto, en la actual contienda el candidato del PRI no tendría ninguna posibilidad de ganar la presidencia, y porque, al ser Ricardo Anaya la carta fuerte de su archienemigo Salinas, corría el riesgo de una vendetta política personal.

¿Dejarán ganar a López Obrador?

Sin lugar a dudas, en este vórtice de inestabilidad producido por el inminente desplome del régimen, existe el riesgo de que, como en la Guerra Fría, alguien oprima el botón rojo del misil atómico. Pero los bandos están conscientes de que, a estas alturas del proceso, imponer a Meade o a Anaya por la fuerza para arrebatarle la presidencia a AMLO representaría un enorme riesgo para todos, pues la insurgencia electoral podría transformarse fácilmente en una rebelión más radical, generando un escenario inmanejable en el que todos perderían. En ese sentido, es mucho más probable que los adversarios de López Obrador opten por permitirle llegar a la presidencia y, al mismo tiempo, intenten concentrar todos los esfuerzos del fraude electoral en los treinta y dos estados del país con el propósito de escamotearle la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, y de arrebatarle dos o tres de las gubernaturas que las encuestas indican que podría conquistar, especialmente las de Puebla y Veracruz.

Pero los grupos más retardatarios y corruptos no ceden y siguen amenazando con imponerse por la fuerza. El presidente del PRI ha manifestado que la estructura del partido es más importante que las encuestas y que con ella van a ganar, no obstante que su candidato está treinta puntos por debajo de López Obrador. El propio José Antonio Meade ha dicho: Vamos a ganar esta elección, haiga sido como haiga sido[8], y que echará mano de la estrategia usada por el partido en el poder en la elección para gobernador realizada el año pasado en el Estado de México, donde el candidato oficial (primo de Peña Nieto) sólo pudo imponerse a la candidata de Morena mediante el despliegue de un monumental fraude electoral[9]. Pero el país no es el Estado de México. En primer término, porque en este caso la diferencia en intención del voto entre López Obrador y el tercer lugar (que ocupa Meade) es gigantesca e irremontable para el PRI, pues supone un volumen superior a los dieciocho millones de votos. Por si esto fuera poco, la estructura del partido, en la que tanto confían sus corruptos líderes, está más deteriorada que nunca y su efectividad dista mucho de ser la misma de los años dorados, lo cual se aprecia en que el PRI sólo logró cristalizar alianzas en nueve de las treinta y dos entidades del país, mientras que Morena lo hizo en veintinueve[10]. Otro dato revelador de la debilidad del otrora imbatible PRI, es que durante la campaña tuvo que cancelar ciento setenta y cuatro eventos electorales de su candidato Meade, en tanto que López Obrador sólo interrumpió su asistencia a seis[11]. De este modo, pese a la movilización de su estructura partidista —y a los potentes ataques al candidato del PAN ubicado en la segunda posición[12]—, el PRI en ningún momento logró remontar en las preferencias electorales desde el lejano tercer lugar en el que se ubica, dado lo cual el régimen ha recrudecido la ya de por sí desatada violencia política con un saldo, hasta ahora, de al menos ciento trece políticos asesinados y trescientos más que han sufrido diferentes tipos de agresiones[13].

Es evidente que los grupos que pretenden imponer a toda costa al candidato del PRI no son mayoritarios. A cinco días de la jornada electoral, un portavoz del Banco de México ha declarado que ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el candidato de la izquierda a la presidencia de México gana en las elecciones del domingo, como predice la mayoría de las encuestas[14]. Así mismo, se ha filtrado la noticia de que el empresario más poderoso de México, Carlos Slim, habría dicho en privado que hace tres meses el factor de incertidumbre era AMLO, pero ahora lo es Meade, y que, en este momento, lo más estable para la economía y el peso mexicano sería que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia y que ese resultado fuera oficial antes de la madrugada del lunes[15].

Por último, a lo largo del proceso electoral en México el presidente Donald Trump ha sido especialmente cuidadoso en no manifestar preferencia por ninguno de los contendientes, lo más que ha llegado a expresar es lo siguiente: Tienen unas elecciones pronto. Tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, lidiaremos con ello[16]. Pese a todos sus esfuerzos, Peña Nieto no consiguió el apoyo del presidente de EEUU hacia su candidato Meade, quien, dadas las complicadas condiciones existentes en este momento entre las dos naciones, parece que se mantendrá relativamente al margen y que no intervendrá para favorecerlo. Al contrario, el escenario invita a pensar que un candidato como López Obrador puede resultarle útil desde la perspectiva de su propia estrategia proselitista rumbo a las elecciones intermedias de noviembre de 2018 y de las presidenciales de noviembre de 2020.

A Trump parece importarle más su imagen personal que la geopolítica mundial, al grado de buscar un arreglo con Corea del Norte con el propósito encubierto de hacerse acreedor al Premio Nobel de la Paz y marginando de una decisión tan relevante a su propio secretario de Defensa[17]. Este patrón de comportamiento fue visible en su decisión de imponer aranceles comerciales a un conjunto de importaciones provenientes del China y la Unión Europea, y se puso de manifiesto también en su determinación de posponer hasta después de las elecciones mexicanas las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), pues pretendería utilizar más adelante —durante las próximas contiendas electorales internas— ese discurso proteccionista que tanto atrae a los votantes nacionalistas, quienes quisieran ver nuevamente a Estados Unidos como una potencia económica capaz de generar empleos al por mayor y de hacer posible el sueño americano.

Trump sabe que los más de treinta millones de hispanos que viven en Estados Unidos son un riesgo latente, y que un incremento súbito de la inestabilidad en México, como producto de un gran fraude electoral o de un golpe de mano, podría tener consecuencias muy negativas para sus aspiraciones políticas personales. Esto es aún más cierto desde que al republicano le estalló en la cara la crisis de los niños hispanos separados de sus padres y encerrados en jaulas como animales, pues la animadversión de la población estadounidense en relación con esta política fue casi unánime a lo largo y ancho del país.

Pero la existencia de condiciones que tienden a favorecer la aceptación del triunfo de un candidato como López Obrador, relativamente alejado de los intereses imperiales, en sentido alguno implica que EEUU vaya a relajar su posición hacia México y tampoco hacia América Latina. Más bien será lo opuesto. Lo que se perfila para la región latinoamericana es una escalada bélica contra Venezuela, y el vicepresidente Mike Pence ha sido bastante elocuente en ese sentido durante su reciente gira por el cono sur. En el caso específico de México las cosas no serán mejores en la relación con Estado Unidos porque, de ganar la elección, el candidato de Morena llegará muy acotado a la presidencia. En primer lugar, porque es altamente factible que los acuerdos a los que habría tenido que llegar con el capital financiero internacional a través de Ernesto Zedillo, limitarán su margen de acción en materia económica para desplegar políticas orientadas a la disminución de la desigualdad social. En segundo término, porque muy probablemente será sometido a fuertes presiones y a un golpeteo permanente con el propósito de desgastarlo políticamente y evitar así que logre avanzar en las reformas a las que se ha comprometido frente al electorado, mismas que sin duda afectarían los intereses oligárquicos. Por último, porque, a través del Comando Norte, el gobierno de Trump detenta un margen holgado de control sobre las fuerzas armadas de México, de modo tal que la estrategia de pacificación del país que AMLO pretenda llevar a cabo dependerá, necesariamente, de una muy compleja negociación con Washington.

En síntesis, todo parece indicar que las condiciones están dadas para una verdadera alternancia en el poder en México y para intentar sentar las bases de un nuevo régimen republicano; sin embargo, que nadie se engañe, pues, como en la Guerra Fría, las agresiones y los chantajes estarán a la orden del día y siempre existirá la posibilidad, aunque sea pequeña, de que algún loco decida oprimir el botón rojo del misil nuclear para acabar con todo.

Escenario electoral prospectivo

De acuerdo con el escenario electoral prospectivo que hemos elaborado, López Obrador obtendría una aplastante victoria sobre los candidatos de la derecha en las elecciones del primero de julio próximo. La metodología utilizada tiene la ventaja de incorporar la percepción que los expertos tienen sobre el impacto del fraude electoral que el régimen estaría en condiciones de imponer en cada estado del país, lo cual hace que los resultados tiendan a ser más precisos[18]. Durante los últimos seis meses se sistematizó la información electoral histórica y se recuperó información de prensa, estado por estado (prensa, encuestas estatales, consultas con observadores locales), la cual fue ordenada y evaluada. Adicionalmente, se diseñó una matriz de atributos sobre la situación electoral de cada entidad, que también fue calificada por expertos. La masa de información así obtenida se transformó después en porcentajes de potencial electoral de cada candidato. Esta es la última actualización del escenario previsto (27 de junio de 2018) previa a las elecciones:

Notas