Para comprender con propiedad estos efectos y sus consecuencias es necesario conocer cómo opera el sistema judicial en EEUU. La primera pregunta que surge es sobre la jurisdicción. ¿Tiene la justicia de EEUU competencia para imputar penalmente a funcionarios o ciudadanos extranjeros?

Sobre este tópico existen 5 principios doctrinarios. El de territorialidad: todo Estado puede reclamar jurisdicción sobre cualquier persona o hechos que ocurran dentro del territorio nacional. Principio de nacionalidad: un Estado puede reclamar jurisdicción sobre sus ciudadanos, incluso cuando estos se encuentren en el exterior. Principio de personalidad pasiva: la jurisdicción la determina la nacionalidad de la víctima. Principio de protección: sostiene que el Estado tiene jurisdicción contra cualquier persona acusada de atentar contra su seguridad nacional. Principio universal: se refiere a leyes universalmente aprobadas en el derecho internacional conocidas como “delitos contra la humanidad” (jus cogens).

Los tribunales federales de EEUU reconocen además la doctrina de efectos, que se deriva del principio de territorialidad para adquirir jurisdicción sobre acusados en el exterior y que postula que cualquier delito extraterritorial que afecte el comercio o cause daño a los ciudadanos dentro de EEUU justifica la jurisdicción de sus tribunales. El tráfico de drogas cuadra con estos supuestos.

Una vez conocido el marco legal sobre el cual descansa la legalidad de los cargos formulados a Maduro y al alto gobierno de Venezuela otra cuestión importante de comprender es la forma de iniciar el proceso, cómo se llega a esta etapa de formulación de cargos y cuáles son las partes del proceso que sobrevienen una vez que ya se cumplieron estas imputaciones.

El proceso judicial de EEUU

El sistema judicial federal de EEUU está compuesto de tres niveles: cortes distritales, circuitos de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Las cortes federales sólo pueden atender casos autorizados por la Constitución y por las leyes federales. La jurisdicción original y el inicio de todos los casos son las cortes distritales. Las jurisdicciones en caso de las imputaciones a los funcionarios venezolanos se iniciaron en cortes distritales de Nueva York, Houston y Miami.

Todo proceso se inicia con una investigación la cual es conducida por una agencia federal (FBI, DEA, ATF, US Secret Service, Homeland Security Service). La investigación procede siempre que el juez de Distrito encuentre una “causa probable”, es decir razonables evidencias basadas en hechos que los vinculen a la comisión de un delito.   

Según testimonio del propio Fiscal General de EEUU las investigaciones de los funcionarios venezolanos o de alguno de ellos comenzaron hace más de 10 años. Todas las investigaciones del sistema judicial de EEUU son secretas, confidenciales y protegidas. Lo que en el sistema venezolano conocemos como “secreto sumarial”. Las investigaciones fenecen, bien porque el fiscal no encontró suficientes evidencias o bien porque se les formulan cargos a los acusados. En la práctica la formulación de cargos es una notificación de que la fiscalía sostiene que se ha cometido un delito.

La formulación de cargos o el “indictment”, como se conoce en inglés, sólo contiene un sumario de los resultados de la investigación, de modo que juzgar por este sumario si estas “pruebas” son o no contundentes o demostrables es un error en el cual han incurrido políticos venezolanos neófitos en estas lides legales.

La “Audiencia Inicial” sigue a la etapa de la “Investigación” y a esta la etapa del “Discovery” en la cual se presentan testigos ordinarios, testigos especializados, testigos personales, compañeros de trabajo, vecinos, miembros de la familia, informantes, agentes encubiertos, videos, grabaciones telefónicas, correos electrónicos, documentos, etc. Puestas estas cartas sobre la mesa, como generalmente ocurre, fiscales con casos sólidos ofrecen a reos arreglos tales como disminución de sentencia a cambio de proporcionar más evidencias sobre acusados con mejores defensas.

El tiempo de investigación señalado por el Fiscal General no debe sorprender. Cuando se trata de Estados soberanos involucrados la investigación permanece “sellada” y sólo es develada si lo autoriza el Departamento de Estado. La conveniencia de la política exterior prela sobre la administración de justicia en casos de procesamiento de extranjeros vinculados a un Estado soberano.

Esto quiere decir que estas investigaciones han estado selladas durante las administraciones de Clinton, Bush y Obama por razones de conveniencia política y no porque se han tomado ese tiempo para investigar. Lo que ha estado latente por más de una década han sido los expedientes develados por Trump por razones que algunos consideran de interés personal o políticos y que tienen relación con la imperiosa necesidad de ganar las elecciones en Florida, un Estado básico sin el cual su oportunidad de ganar las elecciones de noviembre sería casi nula.

¿Es ciega la justicia de EEUU?

EEUU se precia de la independencia de sus poderes públicos. Entre estos el Poder Judicial ha marcado una trayectoria difícilmente comparable con cualquier otro país del mundo. Ningún juez federal necesita congraciarse con el poder, sus cargos son de por vida aprobados por el Congreso y sólo un juicio por muy mala conducta podría remover un juez.

Los hechos hablan por sí solos. Un proceso iniciado en un tribunal de distrito culminó con la defenestración del presidente Richard Nixon. El proceso que inició el gobierno de EEUU en 1971 contra el New York Times por revelar secretos militares estratégicos sobre la guerra de Vietnam fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. El presidente Trump fue investigado y procesado por su propio Departamento de Justicia.

Centenares de políticos, miembros del gabinete, senadores y representantes han sido procesados y convictos por el sistema judicial de EEUU. Como sería prolijo enumerarlos todos, basta con señalar algunos de los más recientes:

Administración Clinton

 -Darleen Druyun, subsecretaria de la Fuerza Aérea fue condenada a 9 meses de prisión por corrupción

-Wade Sanders condenado a 37 meses de prisión por estar en posesión de pornografía de niños

-8 representantes demócratas y cuatro republicanos fueron condenados a prisión entre 2 y 3 años por diversos delitos, entre ellos soborno y corrupción

-Un juez federal fue removido del cargo y condenado por perjurio

 Administración Bush

-8 altos funcionarios públicos fueron condenados por corrupción y otros delitos entre ellos Lewis Libby, jefe de Secretaría del vicepresidente de EEUU Dick Cheney.

-4 representantes republicanos y tres demócratas fueron condenados por delitos de corrupción, fraude, soborno y robo. A uno de ellos William Jefferson le encontraron $90.000 en el freezer de su casa entre otros 10 cargos y condenado a 44 meses de prisión.

-3 representantes demócratas y 4 republicanos fueron condenados por delitos de corrupción, sobornos, evasión fiscal, donaciones ilegales entre otros delitos cuyas sentencias variaron entre 100 días y 8 años en prisión.

-Catalina Vásquez, Tesorera de EEUU se confesó culpable de obstruir a la justicia y evasión de impuestos.

Administración Obama

-El general David Petraeus, activo director de la CIA fue condenado a dos años bajo libertad provisional por compartir secretos clasificados con una teniente coronel con quien sostenía una relación amorosa.

-6 representantes republicanos y 5 demócratas fueron condenados por diversos delitos como lavado de dinero, corrupción, fraude e impropio uso de donaciones electorales

-4 jueces fueron procesados y condenados

Administración Trump

-Michael Flynn, Consejero Nacional de Seguridad se declaró culpable de haberle mentido al FBI, fue destituido y procesado. A circunstancias semejantes fue sometido el ex jefe de la campaña electoral del entonces candidato presidencial Donald Trump

 -El presidente Trump fue sometido a un proceso de destitución del cual fue declarado inocente por la mayoría republicana del Senado

-Durante más de dos años el Departamento de Justicia investigó las relaciones de la campaña electoral de Trump con el gobierno de Rusia. A 13 oficiales de inteligencia de ese país le formularon cargos de conspiración por interferir en las elecciones nacionales de EEUU en 2016

En los dos últimos años unos 28 venezolanos, la mayoría funcionarios de Pdvsa, ciudadanos americanos o contratistas de Pdvsa, han sido condenados por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es el mayor número de procesados relacionados con una sola empresa en la historia de esta ley promulgada en 1977. Los próximos cargos contra venezolanos deberían ampliar la base de presión incluyendo a decenas de funcionarios y contratistas en la de la jurisdicción civil vinculados a Pdvsa y procesados en muchos casos en paralelo con el Departamento de Justicia. 

Pese a que el despliegue naval en el Caribe ordenado por Trump luce desproporcionado para una operación de interdicción de narcotráfico, el espectáculo como presión política es consustancial con la personalidad del presidente. Por eso, contrariando muchos análisis precipitados, descartamos una invasión.

Consciente del costo político y diplomático, EEUU jamás ha intervenido militarmente un país en América del Sur. ¿Lo hará ahora? Lo dudamos. 

Orlando Ochoa-Terán – o.ochoa@att.net