Álvaro Uribe Vélez es una referencia obligada de la política colombiana de las últimas tres décadas. Todos los debates se polarizan en torno a su figura, a sus acciones, opiniones y omisiones, tanto cuando ejerce el poder en primera persona como cuando imparte instrucciones a sus fieles y subordinados. El uribismo actúa como un bloque compacto en la escena mediática, en particular en las redes sociales, mostrando una cohesión no exenta de adhesión fanática y pobreza argumental.

Álvaro Uribe fue presidente de Colombia durante dos períodos consecutivos, entre 2002 y 2010, desbancando por primera vez del poder a liberales y conservadores que se habían alternado en la presidencia durante el último siglo. Se presentó a las elecciones de 2002 con una escisión del Partido Liberal creada ad hoc, Primero Colombia, con la que obtuvo el 54 % de los votos. La campaña electoral de Uribe prometía 'mano firme' contra las guerrillas y anunciaba como prioridad absoluta recuperar el control territorial del país. Las FARC, el ELN y otras guerrillas controlaban por entonces casi el 40 % del territorio colombiano, principalmente en las regiones rurales y selváticas donde el Estado siempre estuvo ausente.

Después de un bochornoso episodio de compra de congresistas para conseguir su reelección,[i] repitió como presidente en 2006 al frente de su nuevo Partido de la U (Partido de la Unidad), un conglomerado del voto conservador y reaccionario sin ideología propia, liderado entonces por su futuro ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Posteriormente, para desvincularse de la gestión presidencial de Santos a pesar de haberlo ungido presidente, Uribe fundó en 2013 el Centro Democrático (CD), el partido que se opuso férreamente a los acuerdos de paz y encumbró al actual presidente Iván Duque.

Varios congresistas del partido de Uribe se vieron involucrados en los escándalos de la llamada parapolítica, es decir, procesados por los vínculos mafiosos entre políticos y grupos armados de ultraderecha. Entre estos se cuenta el ex presidente del Partido de la U desde 2006 y ex presidente del Congreso con Uribe, Carlos García Orjuela, acusado por la Corte Suprema de “concierto para delinquir” por haber financiado su campaña con dinero de los paramilitares.[ii]

Uribe es hijo de un rico hacendado antioqueño, poseedor de una veintena de fincas. La ideología 'securitaria' del ex presidente colombiano se forjó en el anticomunismo visceral y su ejecución desencadenó uno de los mayores episodios de terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad de la historia contemporánea. Como buen demagogo, Uribe recurre a la retórica característica del populismo de derechas, de los regímenes de seguridad nacional que decían combatir al “enemigo interno”, las dictaduras militares que actuaron en el Cono Sur bajo la tutela de Washington, si bien actuando con discreción para poder presentarse también como paladín de la democracia. Se alineó con George W. Bush en su guerra contra el terrorismo y basó su estrategia militar en el Plan Colombia, una derivación de esa guerra al territorio sudamericano.

La principal gasolina que ofrece Uribe a sus admiradores para alimentar la maquinaria del odio y la violencia es la mentira sistemática, la saturación de fake news, cuyo principal instrumento son las redes sociales y sus miles de seguidores incondicionales. Uribe nunca se exalta ni muestra gestualmente su irritación; su imagen ante las cámaras es la de un padre bonachón, pese a la dureza de sus palabras cargadas de amenazas.

Su carrera política comenzó en la década de 1980, primero como alcalde transitorio de Medellín, tras lo cual fue elegido senador en 1986. Por entonces sus actividades ya estaban bajo escrutinio internacional. Un informe de inteligencia de Estados Unidos fechado en 1991 reveló que Uribe fue incluido en una lista de funcionarios internacionales sospechosos de alianza con el narcotráfico, en particular con el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, que podría haber financiado su campaña al Senado.

Posteriormente fue elegido gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Su gestión se caracterizó por cohesionar el voto conservador e impulsar la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), origen de los grupos paramilitares que asolaron el departamento.

A pesar de sus intervenciones formalmente discretas, Álvaro Uribe se ha convertido en un fenómeno de masas. Su figura polariza al país entre uribistas y antiuribistas aunque no ocupe ningún cargo.  Al postularse a la presidencia, en el año 2000, contaba apenas con un 4 % de intención de voto, y en mayo de 2002 ganó las elecciones por mayoría absoluta.

La criminalidad estatal: los paramilitares

Durante su etapa como gobernador de Antioquia, Uribe favoreció el desarrollo de las empresas de “servicios especiales de seguridad privada” conocidas como Cooperativas Convivir, dotadas de equipamiento característico de las fuerzas de combate. Las Convivir, creadas como cooperativas vecinales de vigilancia contra las guerrillas y otros grupos armados, fueron el germen del paramilitarismo.

Las Convivir fueron creadas por el presidente César Gaviria en 1994, y Uribe fue uno de sus principales defensores como gobernador de Antioquia, donde operaron casi el 10 % de las 700 Convivir creadas en todo el país. Dotadas de armamento similar al del Ejército y equipos de comunicación de uso militar, las cooperativas pronto se convirtieron en fachada del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC), tal como lo denunciaron varios sicarios arrepentidos y no pocas víctimas.[iii] Anuladas sus capacidades militares en 1997 por la Corte Constitucional, los jefes de las Convivir se convirtieron en comandantes de las AUC, el principal grupo paramilitar de la época.

Tras la desmovilización de las AUC, impulsada después por el propio Uribe con condiciones muy favorables para los criminales 'arrepentidos', se supo que 126 desmovilizados de alto rango de las AUC habían pertenecido a las Convivir.[iv] Aunque Uribe se desdice de toda responsabilidad en la creación de las Convivir y niega sus vínculos con los grupos paramilitares, desde la gobernación impulsaba que los civiles se armasen y articulasen con las fuerzas militares en el control del territorio: “El modelo que implementó en Urabá, con base a las Convivir, fue el laboratorio que una vez llegó a la Presidencia quiso generalizar a través de su política de seguridad”.

En una reciente emisión de su ciberprograma Los Gustavos, Gustavo Petro se refiere a la hacienda Guacharacas, evocando un debate parlamentario sobre el paramilitarismo en Antioquia en el que intervino en el año 2007: “En ese debate mostré, región por región, subregión por subregión de Antioquia, cómo se habían constituido unas Juntas de Limpieza Social, porque así era como se llamaban, a las que después le pusieron el nombre de Convivir, dirigidas por el narcotráfico paramilitar. Esa era la realidad. Los decretos para constituirlas los firmaba el gobernador, Álvaro Uribe Vélez, y llegaron a tener 20.000 hombres armados en todo el territorio antioqueño, más que el Ejército de Colombia. Ahí comenzó el genocidio del pueblo antioqueño. Porque sobre Antioquia lo que ha existido es un genocidio.”

Petro indagó hasta obtener testimonios de campesinos que estaban “en piezas judiciales que habían sido archivadas, tal cual podría pasar hoy”. Los testigos afirmaban que allí, en la hacienda Guacharacas, estaba “el cuartel de los paramilitares”. “Se entrenaban allí, en la hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Mataban gente aquí, en la hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Y se resguardaban bajo el nombre de la Convivir, que era de los hermanos Villegas Uribe, socios de Uribe.”

La criminalidad estatal: los desaparecidos

Además de las masacres de campesinos indefensos a los que se hacía pasar por aliados del narcotráfico, cuando en realidad el Ejército protegía a los narcotraficantes en esas zonas, Antioquia fue el departamento de Colombia con mayor número de desaparecidos durante el gobierno de Uribe y también más tarde, tras alcanzar la presidencia del país. Uribe fue el máximo responsable político de Antioquia y después de Colombia durante un largo período en el que se produjeron más de 100.000 desapariciones forzadas de personas, muchas más de las que desaparecieron entre todas las dictaduras del Cono Sur.[v]

Según reveló recientemente la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la abogada Luz Marina Monzón, la región Antioquia es la que registra mayor número de desaparecidos: “Solo en el departamento de Antioquia, en el período de 1997-2005, nosotros manejamos las lamentables cifras de 20.279 personas desaparecidas, 2.710 reclutadas y 7.618 secuestradas para un total de 30.000 desaparecidas”.[vi] El dato es estremecedor en sí mismo, pero más aún si se lo compara con los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina durante la dictadura de Videla y quienes lo sucedieron, donde se produjo el mayor número de víctimas de este crimen de estado entre las sanguinarias dictaduras sudamericanas. ¿La misma cantidad de desapariciones solo en Antioquia durante el gobierno y la presidencia de Uribe? Seguramente muchos casos más, porque los datos oficiales solo incluyen los que fueron denunciados a la justicia, una práctica poco habitual en las zonas rurales, bien sea por ausencia de las instituciones o por temor a represalias.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) constata en un reciente informe que algunas víctimas de desapariciones masivas están siendo exhumadas por la UBPD -con ayuda de la cooperación sueca-, entre ellas 906 cuerpos enterrados en fosas comunes de un cementerio de Medellín, capital de Antioquia, que corresponderían a “víctimas de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales”.  El informe del MOVICE denuncia la falta de un archivo organizado con toda la información sobre cuerpos no identificados y cuerpos identificados sin entregar, exhumaciones y restos mortales entregados a las familias. El número de desaparecidos en Colombia asciende a la cifra de 120.000 personas según la base de datos nacional del SIRDEC, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Una tragedia de magnitud universal y al mismo tiempo silenciosa, casi desconocida para el mundo. Las exhumaciones se iniciaron como parte del resarcimiento a las víctimas negociado con los acuerdos de paz.

La criminalidad estatal: los falsos positivos

Durante la presidencia de Uribe se generalizó una práctica criminal de los poderes del Estado como parte de la estrategia de contrainsurgencia coordinada con Estados Unidos: las matanzas generalizadas de civiles por parte de las fuerzas de seguridad que se conocieron como “falsos positivos”. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentadas como bajas de guerrilleros en acciones de combate por integrantes del Ejército.

La Fiscalía General de la Nación notificó en su momento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la existencia de 2.248 denuncias de personas desaparecidas. La JEP cruzó esta información con las cifras de otras cuatro instituciones (SPOA, SIJUF, CNMH y CCEEU) y llegó a obtener pruebas de un total de 6.402 personas asesinadas por el Ejército colombiano que fueron presentadas como bajas del enemigo en combate, solo entre los años 2002 y 2008. La contrastación de estas bases de datos permitió a la JEP “determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal” desarrollado por el Ejército colombiano, afirma esta entidad en un comunicado fechado el 18 de febrero de 2021.

La JEP hizo pública la estrategia de priorización en sus investigaciones del llamado “Caso 03, conocido como el de falsos positivos”, lo cual despertó la ira de Uribe y sus seguidores. Además, decidió concentrar la primera fase del Caso 03: 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado' en seis territorios por la gravedad de los casos, encabezados una vez más por Antioquia.

Las investigaciones recientes determinaron que en muchos casos, después de masacrar a los campesinos indefensos, se les colocaban armas para simular que eran bajas en combate al hacerse el levantamiento del cadáver. Algunos militares dieron franco testimonio a la JEP, en diciembre de 2019, a cambio de recibir beneficios penitenciarios. Confesaron por ejemplo su participación en el asesinato y posterior entierro de 45 civiles que nada tenían que ver con la guerrilla, para hacerlos pasar como guerrilleros. A partir de estos testimonios, que identificaron con exactitud más de diez lugares de enterramiento en varios departamentos, la JEP emprendió la exhumación de las víctimas para comprobar la veracidad de las declaraciones. Solo en el departamento de Antioquia se dispuso exhumar los cuerpos en cuatro cementerios.

Antioquia registró además el 25% de las víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. La IV Brigada de Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.[vii]

Los altos mandos militares y responsables políticos tenían conocimiento directo del plan de exterminio. En junio de 2019, el teniente Edwin Toro, de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín y partícipe de las masacres, declaró ante la JEP que el presidente Uribe lo llamó personalmente en una ocasión para darle instrucciones de rescatar con vida a un joven de una incursión militar. Otros oficiales de la Cuarta Brigada declararon que el comandante Mario Montoya, máximo responsable militar de Antioquia -la primera región en número de falsos positivos-, exigía a sus subordinados “litros de sangre” y los amenazaba con trasladarlos en caso de que no cumplieran sus órdenes.

La campaña contra el acuerdo de paz

La campaña de Uribe por el “no” en el plebiscito se basó en una estrategia de declaraciones engañosas y fake news que polarizó a la sociedad colombiana en dos mitades antagónicas. Una de las objeciones centrales que opuso al acuerdo fue que este favorecería la impunidad de los crímenes cometidos por las guerrillas, al convertirlas en “un grupo paramilitar, socio del Estado”. Además, en un extenso documento de rechazo, aseguró que el acuerdo buscaba “la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo”: “Así empezaron Castro y Chávez, dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios y arruinaron a los trabajadores”.[viii]

El ex presidente Uribe invoca el espantajo del “castro-chavismo” y acusa a Santos de allanarle el camino a la izquierda. Su discurso apunta a esa reacción emocional de sus seguidores que arrastre a los indecisos. En una de sus diatribas se declara sorprendido de que “dirigentes de la comunidad internacional apoyen la impunidad a la FARC que rechazan para terroristas de sus países”, enmascarando la especificidad de una guerra que se prolonga desde hace más de medio siglo y que ha dividido territorialmente al país.

Otra de las principales falsedades difundidas por el ex presidente sobre el acuerdo de La Habana es que este favorecía la “ideología de género”, concitando el favor del conservadurismo religioso al emplear un término acuñado por las ultraderechas del continente para referirse a las políticas públicas de diversidad sexual.

El comunicado con el que abría la campaña por el No en agosto de 2016 concluía con un llamamiento a cerrar filas contra el acuerdo de paz: “Nadie discute la paz, que de acuerdo con la Constitución nadie puede discutir. […] Haremos la austera campaña del No al plebiscito de la FARC y del Gobierno. […] Ciudadanos, la agenda nacional no es la agenda del terrorismo, la democracia se defiende con coraje.”

Después de haber ganado el plebiscito, el discurso uribista sobre la supuesta “impunidad” concedida a los jefes de las FARC se reforzó con la implantación gradual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Ley de Amnistía, aprobada en diciembre de 2016, ambos como resultado del acuerdo de paz. A esta visión sesgada se opone la mirada de quienes develan qué intereses encubren los enemigos de la paz: “Otras interpretaciones, desde una perspectiva más realista, indican que hay sectores políticos vinculados a poderes territoriales actuales en zonas donde hubo masivos desplazamientos forzados y despojos, y que mediante este acuerdo Impusieron sobre la mesa sus victorias y su poder, generando condiciones de impunidad favorable, llámense ganaderos, asociaciones agro industriales, empresariales y obviamente militares, es decir, crear mecanismos para cerrar judicialmente la cuestión de las víctimas y garantizar el botín de guerra”.[ix]

Rechazo a la Jurisdicción Especial para la Paz

Una característica del proceso de paz de Colombia fue la creación en septiembre de 2015 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), resultado de los acuerdos del gobierno de Santos con las FARC. La finalidad de la JEP es “administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado” anteriores al 1 de diciembre de 2016, según expresa su página de presentación en internet.[x]

Álvaro Uribe se opuso radicalmente a la creación de la JEP y aprovecha cualquier ocasión para estigmatizarla como un sistema judicial sesgado políticamente hacia la izquierda. Con ello pretende ocultar sus propias miserias mientras recibe la protección de la Fiscalía, un instrumento político de su partido.

La creación de la JEP, una modalidad de justicia transicional ya ensayada en otros procesos de resolución de conflictos, era absolutamente necesaria en Colombia. Entre otras razones, por la propia degradación de la Justicia ordinaria y más aún de la Justicia militar. En este contexto, “la JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”. Sus objetivos se enfocan “en los delitos más graves y representativos del conflicto armado”. La JEP tiene potestad para investigar a las guerrillas y a la fuerza pública, pero su autoridad fue limitada por la Corte Constitucional, que declaró voluntaria la presentación de “otros agentes del Estado y terceros civiles”. En estos rubros genéricos quedarían así excluidos de su autoridad plena los delitos cometidos por funcionarios políticos y paramilitares.

Corrupción judicial e impunidad

La Comisión de Acusaciones del Senado registraba en 2020 más de 200 denuncias en contra de Uribe, y se le han abierto unos 30 procesos ante la Corte Suprema por otros tantos delitos, que abarcan desde instigar las masacres de grupos paramilitares cuando era gobernador de Antioquia, las causas durante su gobierno por 'falsos positivos', hasta casos de espionaje interno como las llamadas 'chuzadas' (escuchas ilegales de la policía en alianza con paramilitares).[xi] Al ver las pruebas presentadas en 2009 por la Fiscalía, representantes de la Corte Suprema calificaron esta situación como “una empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa (presidencial) de Nariño”.

Álvaro Uribe tendrá que afrontar como mínimo 270 procesos ya abiertos en su contra. Solo en la Corte Suprema ya existen en su contra al menos 28 procesos judiciales que no avanzan, dando fundamento a la llamada “Crisis Judicial”. El único caso que trascendió a la prensa, conocido como el “proceso estrella” de la justicia colombiana durante la última década, es la investigación iniciada en 2012 por el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, quien entonces lo acusó en el Senado de haber financiado e instigado varias masacres y asesinatos perpetrados por grupos paramilitares. Cepeda había entrevistado en prisión a dos ex miembros de las AUC que denunciaron el papel de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe como patrocinadores de grupos paramilitares en Antioquia durante los años noventa, cuando Uribe era gobernador. Uribe acusó a Cepeda de manipular los testimonios de los paramilitares entrevistados y envió a su abogado Diego Cadena para sobornarlos. El testigo más comprometedor por su proximidad al ex presidente es Juan Guillermo Monsalve, quien pasó de ser hijo del Mayordomo de la hacienda Guacharacas de los Uribe Vélez en Antioquia a integrar el Bloque Metro de las Autodefensas. Monsalve declaró que el Bloque Metro fue creado en la hacienda Guacharacas, donde participó en reuniones con Álvaro Uribe y su hermano Santiago en las que se pactó conformar el grupo paramilitar.[xii] Ninguno de estos testigos se ha retractado en los diez años transcurridos desde sus primeras declaraciones señalando a Uribe.

El destino político del senador Álvaro Uribe Vélez se torció definitivamente en febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia decide investigarlo “por su presunta participación en la manipulación de testigos”, dando un giro inesperado a la demanda que el propio Uribe había interpuesto contra Cepeda. El proceso acorrala al ex presidente y lo lleva a permanecer durante meses bajo custodia en una de sus fincas. En agosto de 2020, Cepeda denuncia que “desde el Partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas”.

Después de dos años de investigaciones de la Corte Suprema, Uribe realiza una maniobra ya empleada en el pasado por otros políticos corruptos para esquivar sus crímenes: renunciar a su cargo en el Senado, en su caso como líder de la mayoría parlamentaria favorable al actual gobierno, para que “el proceso más sonado de la historia reciente” -como lo denominan muchos medios colombianos- cambie de jurisdicción y quede en manos amigas.

Tras la renuncia de Uribe al Senado, la Corte perdió la competencia de su procesamiento y el expediente pasó a la justicia ordinaria, donde es clave el papel de la Fiscalía. Se designó como fiscal especial para este caso a Gabriel Jaimes. El Fiscal General que lo designó, Francisco Barbosa, es amigo personal del presidente Iván Duque y un ferviente admirador de Uribe.

En marzo de 2021, la Fiscalía desistió de proseguir la causa por los delitos de los que se acusaba a Uribe: soborno en actuación penal y fraude procesal. El fiscal requirió la preclusión del caso, es decir, archivar el expediente contra Uribe obteniendo el aval de un juez. El uso del término jurídico “preclusión”, oscuro para el gran público, indica que en opinión del fiscal no hay razones para seguir investigando al ex presidente y llevarlo a juicio. Aunque el senador Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra el fiscal Jaimes por un delito de prevaricato, esta denuncia tendrá que ser investigada por el mismo grupo de fiscales que dirige Jaimes, quienes acaban de archivar una indagación preliminar en su contra por delito de falsedad en documento público.

El poder de la Fiscalía es desmesurado, mayor incluso que el de la Corte Suprema, y su direccionamiento es político. Aunque la Corte no está exceptuada del estigma de la corrupción. En marzo de 2021 se conoció la sentencia para el ex presidente de la Corte Suprema ( en 2009) Francisco Ricaurte Gómez, quien cuando ocupó el cargo organizó una trama corrupta de tráfico de influencias conocida como “el cartel de la Toga”. La sentencia judicial de19 años de prisión lo consideró “responsable de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada, por ser uno de los cerebros de esta organización criminal que ofrecía favores con decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas”.[xiii]

La Fiscalía, ahora enfrentada a la Corte Suprema, actuó tarde y bajo presión en este caso; pero siempre fue el cajón donde sepultar los procesos judiciales contra políticos influyentes y altos cargos de Estado. Un ejemplo paradigmático es la investigación del asesinato de Carlos Pizarro en 1990, que sigue impune.[xiv] Según las declaraciones del mismo fiscal Jaimes del año 2010, en este homicidio estaría involucrado el exdirector de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero la Fiscalía colombiana no obtuvo mayores resultados a pesar de esta convicción. Hasta ahora los únicos condenados, en ausencia por estar muertos, son los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño. Mientras tanto, la Fiscalía perdió las pruebas más importantes para avanzar en las investigaciones. En un documental sobre la vida de Carlos Pizarro, su hija y actual congresista por el partido Decentes, María José Pizarro, explica que la Fiscalía le informó “que habían perdido algunas pruebas” y que “habían fundido el arma del homicidio”.[xv] Además, después de 30 años de investigaciones sobre la muerte de su padre, “cada vez que entra un nuevo fiscal es siempre como comenzar de nuevo”. Cuando la Fiscalía la invita a aportar su archivo personal al proceso, ella exclama: “Es increíble que yo haya adelantado el trabajo que la Fiscalía ha debido hacer hace años.” La hija de Carlos Pizarro relata que las reuniones con los fiscales son terribles sesiones de tortura psicológica, obligada a ver fotos de todos los orificios de las balas que penetraron en la cabeza de su padre, además de múltiples fotos del sicario acribillado. Más que una búsqueda de la verdad parece una estrategia de intimidación destinada a doblegar la voluntad de los deudos.

“El caso sigue impune y no avanza como quisiéramos”, reitera María José en una entrevista reciente.[xvi] Este no es el único crimen de líderes políticos de aquella época que la justicia colombiana ha sepultado en el olvido. Igual suerte corren los de otros candidatos presidenciales opositores, como Bernardo Jaramillo Ossa (líder de la Unión Patriótica y amigo de Carlos Pizarro), Luis Carlos Galán o José Antequera.

Es presumible que la Fiscalía paralice de la misma forma las causas iniciadas contra Uribe, quien no dudó en insinuar que la Corte Suprema actuó en su contra bajo la influencia de las FARC. El senador Gustavo Petro respondió ante esa acusación infundada: “Está diciendo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son guerrilleros o terroristas. Eso es una mentira y todo el mundo lo sabe.”

Los fieles a Uribe argumentan en su favor que existiría un complot y han inventado una teoría del “entrampamiento”, apoyada por las declaraciones de criminales que declaran como testigos ante la Fiscalía a favor de Uribe a cambio de mejorar su situación procesal. Mientras tanto, el gobierno de Iván Duque maniobra para conseguir una reforma de la Justicia que centralice los juicios en una instancia superior más permeable a la influencia del Ejecutivo.

Mientras los actos criminales del gran ideólogo de la parapolítica permanecen impunes, los crímenes estatales pueden tardar varias décadas en revisarse o quedar invisibilizados. En febrero de 2021 se produjo una audiencia judicial esperada durante 28 años: la interpelación al Estado colombiano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto del genocidio de la Unión Patriótica (UP), lo cual es un primer paso para conseguir las aspiraciones de justicia y reparación de las más de 6.000 víctimas de asesinatos, desapariciones o exilio por actos de terrorismo estatal perpetrados a lo largo de 20 años bajo distintos gobiernos. El Estado, acorralado por la justicia internacional por fin ha admitido el exterminio de población por causas políticas o ideológicas, pero solo reconoce derechos de reparación a 219 víctimas, excluyendo al resto por no haber abierto mecanismos para documentar los casos, como afirmó la representante de la CIDH. La justicia colombiana para los de abajo tarda demasiado en llegar, y cuando llega, después de tan larga espera, solo alcanza a poco más del 3 % de las víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de este mísero reconocimiento, el delegado estatal aseguró que se adoptarían las medidas necesarias “para que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás”.[xvii] Y esta no es una falsedad menor. El exterminio de la UP se produjo tras un acuerdo de paz con las FARC a mediados de los años ochenta que dio lugar a su entrada en la política. La masacre impune de sus dirigentes guarda una enorme similitud con la que actualmente se está perpetrando a diario bajo el gobierno de Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe, tras los acuerdos de paz celebrados tres décadas más tarde.