Con el deterioro social se ha incrementado el deterioro de las instituciones estatales al tiempo que la crisis de hegemonía, entendida como la entendía Antonio Gramsci (como la dirección intelectual y moral de la sociedad) se ha debilitado para el bloque que ostenta el poder político. En esta coyuntura, ante el levantamiento popular, el elemento predominante es el recurso de la fuerza, que ante la cooptación de los organismos de control buscan ante todo extender y proteger a los causantes de los desmanes violentos contra los manifestantes. Todo ello se traduce en impunidad hacia los responsables de los 13 asesinatos ocurridos en Bogotá y Soacha los días 9 y 10 de septiembre del año 2020, así como para los autores de los más de 74 asesinatos durante el desarrollo del Paro Nacional que se extendió por cerca de 45 días durante los meses de abril, mayo y junio del presente año.

La Fiscalía General de la Nación, quien es el organismo responsable por las investigaciones penales, apenas si logra identificar a los gatilleros policiales en 4 de los crímenes del 8 y 9 de septiembre y en menos de 10 casos de los más de 74 asesinatos ocurridos en las movilizaciones del Paro Nacional de este año. Nada investiga en cambio sobre la cadena de mando y sobre las responsabilidades de la jerarquía policial, responsable por acción u omisión de los hechos ocurridos. En el primero de ellos se presentaron además más de 70 heridos de bala y en los hechos ligados al Paro Nacional, más de 350 lesionados, también por armas de fuego.

Menos aún se avanza en las investigaciones sobre los civiles armados que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hicieron acto de presencia en más de 27 ciudades del país, en donde actuaron al lado de los destacamentos de la policía con su total complicidad.

En los dos componentes que integran al Estado -por una parte los elementos de dirección política y de consenso, y por otra parte los de la fuerza-, predominan en la coyuntura estos últimos. Esto también es posibilitado por la cooptación, por parte del gobierno uribista de Iván Duque, de la Fiscalía General de la Nación, al frente de la cual se encuentra Francisco Barbosa, un fiel aliado del gobierno y amigo íntimo del presidente.

Bien haría la Corte Constitucional en declarar que el período de Barbosa al frente de la Fiscalía será por el tiempo que le faltaba al renunciado y corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez. El deterioro de la fiscalía y su descrédito ante la opinión pública es evidente según lo que muestran todas las encuestas. La Corte ha admitido una demanda que busca declarar que los períodos de este funcionario son institucionales, es decir de cuatro años y que los reemplazos de los renunciados serían para terminar lo que le faltare al renunciado. Ya veremos qué decide la Corte y si tiene la entereza para modificar la enrevesada y contradictoria jurisprudencia al respecto del Consejo de Estado. Eso fue lo que originalmente estipuló la Carta Constitucional de 1991, de tal manera que los presidentes no ternaran a los fiscales en ejercicio durante su mandato.

Al mismo tiempo, para mantener y hacer frente a la crisis social y de legitimidad que afronta el uribismo-duquismo en el gobierno, se recurre al clientelismo y la corrupción en la contratación pública. Con el clientelismo Uribe-Duque se ha domesticado al Congreso. La repartija de los ministerios se hace a la luz del día y la confrontación entre los socios del gobierno es evidente, con el propósito de aumentar sus cuotas de poder y de reparto del presupuesto público. Los ministros, buena parte de ellos incompetentes -como la saliente ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones Karen Abudinen- llegan para pagar favores, no solo con el nombramiento de funcionarios que provienen de los partidos políticos que apoyan al gobierno, sino para favorecer a los contratistas que jugosamente invierten en sus campañas políticas.

Ahora, para aumentar el manejo de los presupuestos públicos, como lo denuncio el exministro de Medio Ambiente de Uribe Juan Lozano -un uribista pura sangre- pretenden eliminar la ley de garantías electorales que restringe la contratación pública durante los seis meses previos a las elecciones. La presión de los corruptos politiqueros de la coalición que gobierna a través de Duque intenta que sea derogada esta ley, para entrar a saco en el erario público y favorecer a sus partidos con la repartija de los recursos públicos. (Lozano Juan. Eso, apoyen la robadera. El Tiempo, Bogotá 12 de septiembre de 2021).

Pero no es solo el clientelismo sino la corrupción rampante, como quedó en evidencia en el contrato que suscribió Karen Abudinen con Centros Poblados; una firma sin experiencia en telefonía contrata para instalar y poner en funcionamiento 7.800 puntos de internet en lugares remotos del país que deberían beneficiar sobre todo a la niñez campesina. Allí no solo se perdieron 70 mil millones de pesos, sino que se retrasará la conectividad para miles de familias campesinas y sobre todo para el acceso a la educación de nuestros niños en estas zonas remotas del país. Un verdadero crimen. Abudinen tuvo que dejar el ministerio porque esos mismos partidos politiqueros presionaron porque no querían cargar con más descrédito apoyando a una ministra incompetente o corrupta.

El investigador Ariel Ávila del centro de investigaciones Paz y Reconciliación denunció este día jueves que otro negociado se estaría haciendo desde el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, en la licitación de 35 peajes en vías nacionales que están bajo el control de esta entidad. Las mismas prácticas que se pusieron en marcha en el contrato con Centros Poblados. La robadera no da tregua; está desatada en plena campaña electoral.

Pero además de las practicas anteriores se suma la compra de votos con dineros de los contratistas y/o del narcotráfico. Esta practica es estimulada por la impunidad con la que se mueven los clanes políticos regionales que dominan o tienen un lugar muy destacado en la formación de los gobiernos en 18 departamentos del país. Nada pasa. Las investigaciones por la compra de votos con dineros del narcotráfico conocido en Colombia como la “Ñeñe política” a favor de Duque en la segunda vuelta de las elecciones en el año 2018, duerme el sueño de los justos en manos del fiscal Francisco Barbosa. Para eso se le puso allí como Santos puso a Néstor Humberto Martínez para que enterrara las investigaciones por el ingreso de dineros de la corrupta firma brasilera Odebrecht en su campaña y en la de Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Tampoco avanzan las investigaciones que involucran a los poderosos clanes políticos de los conservadores Gerlein y los Char de Cambio Radical en Barranquilla, también para la compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque en las elecciones de 2018. Todo huele a corrupción. Y la impunidad alienta estas practicas que con certeza se volverán a presentar en las elecciones de 2022 que se aproximan.

La falta de transparencia en la licitación de la firma que pondrá el software electoral

Violencia en las regiones contra liderazgos políticos y sociales, corrupción, incremento del clientelismo y la contratación pública para el apoyo a las campañas de los partidos de gobierno, impunidad frente a la compra de votos con dineros del narcotráfico y de contratistas, a lo que se suma la más reciente persecución en contra de gobiernos locales y regionales de la oposición, todo ello es lo que se vive en el inicio de la campaña electoral.

El más reciente caso se ha denunciado en el departamento del Magdalena, en que el involucrado es nada menos que el presidente de la República, Iván Duque. Allí Duque se reúne con alcaldes de 29 municipios y no invita al gobernador del Departamento Carlos Caicedo y tampoco a la alcaldesa del Distrito de Santa Marta, Virna Jhonson. La estrategia puesta en marcha por los clanes clientelistas tradicionales aliados del paramilitarismo y el narcotráfico es promover la inversión pública. Se dice que Duque comprometió recursos por 8 billones de pesos para aislar al gobernador y a la alcaldesa que pertenecen a partidos de la oposición, en este caso a Fuerza Ciudadana, un movimiento de izquierda regional. Al mismo tiempo, desde los organismos de control se activan investigaciones y el Clan del Golfo, grupo paramilitar, amenaza de muerte al gobernador Caicedo. Frente a estas amenazas Duque calla.

La estrategia es clara: restar apoyo a las fuerzas de oposición utilizando y manejando los recursos del presupuesto nacional, pero al mismo tiempo manejando el poder del Estado como una secta para beneficiar solo a correligionarios que han significado el atraso y la pobreza en estas regiones del país. Al mismo tiempo se activan investigaciones penales y disciplinarias en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al tiempo que se promueven revocatorias del mandato también contra alcaldes independientes como el de Medellín, el señor Daniel Quintero.

Es un panorama enrarecido se avanza en el proceso de licitación para contratar la firma que administrará y suministrará el software para las elecciones del año próximo. Todo está dado para que repita su participación la oscura firma Thomas Greg & Sons, que negó la auditoría a las veedurías y a los partidos de la oposición en las elecciones del año 2018, pretextando la propiedad intelectual del software. Esta firma es una de las que aspira a quedarse con el contrato de los peajes que hemos mencionado antes. Nada de transparencia, nada de garantías para los partidos alternativos y de oposición.

En la presente coyuntura electoral los partidos alternativos y de oposición y la sociedad civil enfrentan retos importantes. El primero es lograr que los partidos del régimen acepten su derrota si son las fuerzas alternativas las que ganan las elecciones, pero para ello se requieren remontar dos obstáculos inmensos.

El primer gran obstáculo es lograr que la campaña electoral no sea tomada por el miedo, la mentira, el engaño y el dinero de las mafias de la contratación y del narcotráfico. Para ello se requiere de un gran esfuerzo de la sociedad civil y de los partidos alternativos y de oposición para que en ella se discuta sobre las alternativas y las políticas públicas para hacer frente a los problemas urgentes del país. ¿Qué hacer desde el Estado frente a la pobreza, a la reindustrialización del país ante el fracaso del modelo extractivista y depredador de nuestros recursos naturales? ¿Cuáles son los contenidos y las reformas en materia de salud, educación, medio ambiente que se requieren hoy en el país? ¿Cómo afrontar las demandas de las economías campesinas que son las que proveen cerca del 70% de los alimentos que consumimos en el país y que no cuentan con políticas ni de apoyo ni de fomento? ¿Qué reforma estructural tributaria se requiere hoy en Colombia?

Estos temas, así como la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, las reformas políticas y la reforma al sistema judicial deberían ser el centro del debate. Obviamente los partidos tradicionales de la coalición de gobierno no están interesados en que estos temas se debatan, porque ellos, que han estado en el Estado, lo que tienen para mostrar son fracasos y ruinas. Quieren que el debate sea el del miedo y la mentira, e inventar enemigos como en el pasado debate electoral inventaron el fantasma del castrochavismo. Ahora Uribe agita la bandera en contra del socialismo pero por lo pronto no ha logrado su propósito.

Una segunda tarea tiene que ver con la derrota del fraude electoral, la compra de votos y el financiamiento ilegal de la política por las mafias de la contratación y del narcotráfico. Para ello la sociedad civil y los partidos alternativos y de oposición deberán poner en marcha un operativo gigantesco, que logre poner un testigo electoral en cada mesa de votación para que vigile el conteo de los votos y trasmita en tiempo real los resultados a un centro nacional de computo alterno. Ante la falta de garantías esta es una necesidad. Son las dos tareas del momento, por lo demás inaplazables. Ese es el reto.