La agenda pública y la agenda política no siempre coinciden, aunque deberían hacerlo. La agenda política debe responder con leyes, reformas y políticas públicas para afrontar las necesidades planteadas por la sociedad civil en la agenda pública. Esta última, es el resultado tanto de lo que Habermas llama formadores de la opinión, los gobernantes, políticos, así como los voceros de las organizaciones de la sociedad civil como gremios, universidades, iglesias y por supuesto los grandes medios de comunicación. Pero como lo anotó en sus observaciones críticas, la filósofa norteamericana Nancy Fraser, en su excelente obra Habermas no reparó que para la formación de la opinión pública son decisivos los movimientos sociales, sus medios de comunicación y habría que agregar hoy que en la formación de los contrapúblicos son decisivos el uso que hacen hoy de las llamadas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otros. Hay que remarcar que Habermas acepto la crítica de Fraser.  
 

En Colombia recientemente se ha vivido un despertar de los movimientos sociales pese a la represión y la violencia que se ejerce contra ellos. Una de esas formas macabras es el asesinato de líderes y lideresas sociales que ha sido una constante histórica. Desde la firma de los acuerdos de Paz el 24 de noviembre del 2016 hasta hoy han sido asesinados más de 1300 líderes y lideresas sociales. En el año 2020 se produjeron 91 masacres con 381 víctimas. En 2021, otras 96 masacres donde fueron asesinadas 338 personas. Y en lo que va de 2022 se han registrado 19 masacres con 82 victimas a corte del 12 de febrero (INDEPAZ, Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022). En las protestas ciudadanas realizadas alrededor del Paro Nacional del 28 de abril del 2021, según esta misma organización, se perpetraron 80 asesinatos mientras Naciones Unidas registra 46 asesinatos durante las jornadas de protesta con centenares de detenidos muchos de los cuáles vienen siendo judicializados, además de más de 20 mujeres violadas y más de setenta jóvenes lesionados en sus ojos. Sobre un total de más de treinta desaparecidos no se sabe, aunque algunos de ellos han aparecido muertos.  
 

Pero pese a ello y lo que nos interesa resaltar aquí es lo que plantearon los movimientos y la agenda de las mismas protestas. Hay un consenso que uno de los sujetos protagónicos de las movilizaciones que arrancaron con el Paro del 21 N de 2019 y se volvieron a manifestar en el Paro Nacional del 28 de abril del 2021 fueron los jóvenes que han sido duramente golpeados y afectados por el modelo y las políticas públicas neoliberales vigentes desde hace ya más de treinta años. Esto ya había sido planteado por Víctor Gaviria en su extraordinaria película Rodrigo D no futuro, como siempre al arte anticipa los temas y problemas. En el año 2020 había en Colombia 3.2 millones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban de los cuales 2.2 eran jóvenes mujeres. Ellos y ellas, rápidamente se conectaron para reclamar en el plano nacional una renta básica como derecho, pero al mismo tiempo demandas de matrícula cero y ofertas laborales. En el plano local plantearon el apoyo a programas sociales y garantías para la protesta. Un tema central que plantean los jóvenes tiene que ver con su no futuro en el modelo de Estado y de sociedad que se ha construido en Colombia. Los jóvenes reclaman un lugar en nuestra sociedad y de allí que estas reivindicaciones fueran el motor de las protestas.  
 

Ahora bien, la parte más organizada del movimiento y de la protesta agrupado alrededor del Comité Nacional del Paro había presentado un pliego de emergencia resumido en 7 puntos desde el mes de junio de 2020. Estos puntos eran: 
 
1. La intervención del Estado en el sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia y dignificación de los trabajadores de la salud garantizando su contratación laboral. Es de anotar que más del 70% de los trabajadores de la salud no tienen contrato laboral, están precarizados por contratos sin prestaciones sociales por órdenes de prestación de servicios. 
 

2. Una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo por seis meses que cubriera a unos 30 millones de personas que se encuentran en pobreza y sin recursos para cubrir sus necesidades mínimas.  
 
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Subsidios para la producción de los campesinos medianos y pequeños y condonación de deudas y programa de compras públicas para la producción agropecuaria  
 
4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matricula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación privada y apoyos al sector cultural.  
 
5. Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género.  
 
6. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.  
 
7. Para atender estas peticiones el Estado cuenta con al menos estas fuentes de recursos: i. emisión de moneda ii. Hacer uso de las reservas internacionales iii. Realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa. iv. Suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. 
 

Es sabido que la única respuesta del gobierno de Uribe-Duque fue la represión, la militarización y el asesinato de los manifestantes, pero, esta agenda está vigente y la derecha en el gobierno no sabe cómo asumir que su discurso está agotado, muchos de ellos pretenden echarle la culpa a Duque, dentro de ellos el propio ladino de Uribe, para tratar de ensamblar un nuevo discurso del engaño. Pero la gente no olvida y por donde van en campaña el rechazo espontáneo de la gente es generalizado en contra de Uribe y de su candidato Oscar Iván Zuluaga. Ahora bien, la disputa por la opinión pública hay que trasladarla a la lucha política. Hay que mostrar que se requiere que estas demandas de la sociedad se articulen en un programa político concreto, que plantee metas, recursos y compromisos públicos. 
 

Alrededor de la Revista Sur y con cientos de organizaciones sociales se realizó la Cumbre Social y Política el 11 y 12 marzo del 2021 y de allí salió un proyecto de ley completamente viable para establecer una renta básica permanente cuyos beneficiarios serían 7’460.000 familias que cobijan a unos 28 millones de personas en situación de pobreza monetaria, es decir, que tienen ingresos mensuales menores por persona a 331.800 pesos, unos 85 dólares mensuales. Este programa tendría un costo total de 3.7 puntos del PIB o sea unos 32 billones de pesos al año. Actualmente en programas totalmente miserabilistas como Familias en Acción, Programa de Adultos Mayores, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, la inversión del Estado es de 1.4 puntos del PIB que seguirían aplicándose, pero ahora a un programa más robusto, la renta básica permanente que entregaría recursos en promedio de 417 mil pesos mensuales a esas familias. 
 

Los recursos adicionales que son 2.3 puntos del PIB podrían obtenerse muy fácilmente si se eliminan algunas exenciones tributarias. Precisamente los economistas Luis Jorge Garay & Jorge Enrique Espitia han presentado una propuesta de Reforma Tributaria Estructural que de aplicarse obtendría en un plazo de cuatro años recursos por 46 billones de pesos anuales con lo cual se podrían financiar no solo el programa de renta básica permanente sino el programa de matrícula cero (0.7 puntos del PIB), así como los proyectos y compromisos adquiridos en los acuerdos de Paz como el Fondo de Tierras para la Paz que debería distribuir de forma gratuita 3 millones de hectáreas entre las víctimas del conflicto armado y campesinos pobres sin tierra así como iniciar un ambicioso programa de pavimentación de las vías terciarias, internet para las zonas rurales, créditos subsidiados a los pequeños y medianos campesinos para lograr de nuevo la soberanía alimentaria en nuestro país. A todo esto, es a lo que se ha opuesto la derecha uribista y este gobierno que ni siquiera abrió una mesa para negociar las reivindicaciones del movimiento. Esta es parte de la Agenda de Transición Democrática para el país y debe ser parte del programa de gobierno.  

Militares comprometidos con actores armados ilegales 

Desde hace muchos años, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha denunciado que, en sus territorios, los más militarizados del país, se asesina de manera impune a cientos de sus líderes. Asesinatos que se han multiplicado de manera exponencial durante el gobierno de Duque. El CRIC ha señalado que eso es posible por alianzas y acuerdos que existen entre la Fuerza Pública, Ejército y Policía, con las bandas armadas que operan en sus territorios y que se dedican al narcotráfico. En su segunda edición de esta nueva época, la Revista Cambio, publico audios del General Jorge Hernando Herrera Díaz, en una conferencia con sus subordinados en el año 2019, cuando fungía como comandante militar de la brigada 29 con jurisdicción en el departamento del Cauca, en que reconoce conversaciones y acuerdos con la banda de los Pocillos para combatir a las disidencias de las FARC de Gentil Duarte. Los Pocillos administra un corredor por donde circulan al menos 150 toneladas de cocaína al año, el 15% del consumo mundial, reseña la Revista. 

Aquí hay un caso concreto documentado sobre las alianzas de la fuerza pública con actores armados ilegales en una de las regiones en que más líderes sociales han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre del año 2016, crímenes que permanecen en la impunidad. El general Herrera Díaz salió ascendido a Mayor General y pasó a ser el comandante de la Sexta División del Ejército establecida en Florencia Caquetá y con jurisdicción en los departamentos de Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Tras las denuncias y su contundencia, Herrera fue retirado de las Fuerzas Armadas, cosa excepcional. 

Un par de días después se conoció que el coronel en retiro Robinson González del Rio condenado por ejecuciones extrajudiciales de más de 46 personas cuando estaba en las filas del Ejército actuando como comandante del batallón contraguerrilla N°67 “Mártires de Puerres” en el departamento del Cauca, actualmente en libertad por que se sometió a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, estaría comprometido con la organización de una estructura criminal al servicio de la banda narcotraficante Los Contadores, que opera en el departamento de Nariño y mantiene pactos ilegales con las disidencias de las FARC. También fueron detenidos otros militares y civiles. Esta banda criminal actúa en el municipio de Tumaco donde varias bandas criminales se disputan las rutas del narcotráfico. De esa red criminal haría parte un general del Ejército que es conocido con el alias del Padrino y su apellido es Chawez. Se presume que el general mencionado por Robinson González es el general Wilson Chawez Mahecha quien se desempeñó como inspector del Ejército y que ahora funge como Subjefe del Estado Mayor de operaciones conjuntas de las fuerzas militares y también se indaga quién es el otro militar de apellido Barrero que estaría involucrado con esta banda del narcotráfico que delinque en Nariño y Eje Cafetero. En este caso además del general Chawez están comprometidos un capitán, cuatro sargentos y un soldado activos.  

Estos dos casos muestran los nexos de amplios sectores de la Fuerza Pública con las bandas criminales. Ya no es sostenible, cuando en estos dos casos aparecen ligados los más altos oficiales que operan en esas regiones, la teoría de las manzanas podridas. Aquí lo que hay es, como lo ha demostrado en sus investigaciones sobre los eufemísticamente llamados falsos positivos, la JEP, un accionar sistémico. Es decir, organizaciones criminales que actúan en el seno de la Fuerza Pública. 
 

La necesidad de una agenda de transición democrática  

 
Hemos argumentado en este texto dos temas. El primero, la pobreza, la exclusión social, la falta de alternativas de futuro para nuestros jóvenes y la necesidad de construir y financiar políticas públicas, que permitan su integración productiva a nuestra sociedad y puedan construir sus proyectos de vida. Para ello hay poner en marcha proyectos como matrícula cero, alternativas de empleo que vaya mucho más allá de los subsidios a la nómina aprobados por este gobierno, hay que formular ambiciosos proyectos de reentrenamiento y entrenamiento laboral, dirigidos a este sector, pero también aprobar y poner en marcha el proyecto de ley de renta básica permanente que este gobierno y sus mayorías en el Congreso, se negaron a tramitar. Es urgente combatir el hambre con esta política pública.  
 

También, hemos mencionado el caso de las Fuerzas Armadas en su ligazón con las bandas criminales del narcotráfico y los grupos paramilitares a lo que hay que agregar chuzadas ilegales a líderes sociales, periodistas y líderes de la oposición que se hacen en la más completa impunidad para no mencionar los cerca de tres mil militares sometidos a la JEP por los 6.402 falsos positivos documentados por la JEP. Hay que hacer una profunda reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía en el país. Hay que reformar el fuero militar que cubre conductas criminales. Hay que colocar indicadores de desempeño en materia de derechos humanos que deben ser factor decisivo para los ascensos en la carrera militar. Hay que generar mecanismos transparentes para la contratación pública en las Fuerzas Armadas. Esto es necesario y urgente si se quiere enfrentar a las bandas del narcotráfico, a las organizaciones armadas ilegales y a las organizaciones paramilitares. Hay propuestas en la agenda que durante cerca de dos años hemos trabajado desde la Revista Sur y que comprenden otros 8 temas de la agenda nacional: convivencia ciudadana y reformas a la Fuerza Pública, política pública para el sector agropecuario, reforma laboral y empleo, reforma estructural al sistema de salud, reindustrialización del país, política frente a nuestros recursos naturales y el medio ambiente, la reforma educativa que requiere Colombia hoy y por supuesto una reforma tributaria estructural que grave a los que más tiene y fortalezca las finanzas públicas para financiar esta agenda de transición democrática que reclama Colombia hoy. Todos debemos trabajar para que sean estos temas los que se debatan en la campaña electoral. Colombia requiere cambios de fondo para construir una sociedad democrática, con justicia social y paz.  
 

Las alianzas y coaliciones deberían ocuparse de estos temas y los acuerdos deben ser concretos alrededor de proyectos específicos y deben ser construidos públicamente. Colombia merece un futuro con paz y con justicia social en una sociedad incluyente.