A más de un año de haberse recuperado la democracia en Bolivia en manos del presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca del partido Movimiento al Socialismo MAS, el país ha conseguido superar la crisis económica.

El crecimiento de la economía alcanzó en los últimos doce meses más del 9%, la reducción del desempleo pasó de 10.5% el 2020 a 6.5% en 2021, la balanza comercial tuvo un superávit de 340 millones de dólares, la inflación está controlada al 3.1%, el tipo de cambio se mantiene estable en 6.96 y las actividades mineras, manufactureras, de construcciones, de servicios y comerciales tuvieron un repunte muy importante; todo esto impulsado por el papel central de las políticas de Estado y del fortalecimiento del mercado interno.

A pesar de la pandemia del Covid-19, enfrentada ésta con planificación asertiva, la vacunación masiva permitió superar el 60% de la población objetivo, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la seguridad médica, la provisión de medicamentos, la atención oportuna y las campañas de sanidad social han permitido reducir notablemente los niveles de enfermedad, con efectos positivos sobre las actividades económicas.

Aun así, continúa la conspiración desestabilizadora de la oposición cívica, política y mediática conservadora; teniendo varios desafíos importantes para profundizar el proceso revolucionario, con la industrialización, la redistribución social de recursos, y la aceleración de la democracia participativa de autodeterminación nacional-popular.

Pero se revirtió el desastre producido por el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y el Gobierno de Facto de Jeanine Áñez, apoyado por el imperialismo norteamericano y los gobiernos de Jair Bolsonaro de Brasil y Mauricio Macri de Argentina, que no solamente ejecutaron las masacres de Senkata y Sacaba con más de cuarenta muertos, sino que persiguieron y detuvieron a dirigentes sociales y políticos, realizaron actos de corrupción con la fraudulenta compra de respiradores y fármacos y ejecutaron medidas neoliberales a favor de terratenientes, banqueros y grandes comerciantes.

Todo este panorama lo revela el educador y sociólogo Eduardo Paz Rada, quien señala además que los mismos dirigentes que ejecutaron el Golpe de Estado (como Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiroga, los medios de comunicación partidarios de la oposición como UNITEL, Red UNO, CNN, El Deber o Página Siete o la jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica) nuevamente están desarrollando una campaña de desestabilización encabezados por el Comité Cívico de Santa Cruz que representa a la oligarquía del oriente boliviano y recibe el apoyo de la estructura conspirativa encabezada por Sánchez Berzaín desde Miami y los grupos paramilitares de la Juventud Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

A su vez, el escritor Oscar Rojas Thiele señala que no hay duda de que una minoría potentada instaura una dictadura en varios ámbitos de la política en Bolivia. Hasta hace unos 16 años y por varios decenios, este grupo acostumbraba ejercer el poder mediante golpes militares, partidos conservadores y modelos administrativos dependientes y privatistas, que dejaron al Estado en ruinas. Para este sector, la consigna y estrategia es aterrorizar y no dejar gobernar.

Por otro lado, ya desde el pasado mes de noviembre, la periodista y psicóloga boliviana Verónica Zapata informaba que al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, el Comité Cívico pro Santa Cruz, liderado por el ultraderechista Rómulo Calvo (aliado del golpista Fernando Camacho) inició un paro indefinido con bloqueos de caminos.

La excusa del paro radica en el rechazo de un paquete de medidas, principalmente la ley 1386 de Legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. El objetivo es dar otro golpe de estado y/o crear un clima de tal ingobernabilidad que provoque la renuncia de Luis Arce, no sin montarse en las discusiones internas y las fuertes disputas políticas entre las principales figuras políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).

El paro indefinido está encuadrado en una embestida desestabilizadora que se inició con la derrota electoral del MAS durante las elecciones subnacionales de marzo pasado. Allí triunfaron electoralmente varios golpistas, entre ellos el líder Fernando Camacho.

Por su parte, Arce y Choquehuanca junto a la federación Tupak Katari y la organización Bartolina Sisa, anunciaron un cabildo el 14 de noviembre en La Paz en defensa de la democracia. Por su parte, Evo Morales anunció una marcha para el 23 de noviembre desde Oruro, que prevé llegar a La Paz el 29 del mismo mes.

Veamos algunos elementos de la Marcha. Según el analista Galo Amusquivar, es necesario analizar la multitudinaria Marcha por la Patria y las demandas que planteó a lo largo de su largo recorrido de 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz.

Esa movilización, además del respeto al 55% de votación que dio como ganador a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo MAS en las elecciones presidenciales del 2020, también exigió justicia para las víctimas del cruento golpe de Estado del 2019, a la cabeza de Jeanine Áñez y sus colaboradores, de los cuales se tiene a unos pocos cumpliendo detenciones preventivas en centros penitenciarios.

Al parecer la Marcha por la Patria tuvo su efecto inmediato, una vez más se demuestra que el poder de movilización social es fundamental para que la justicia cumpla con los tiempos determinados en la norma, y en este sentido podemos decir que “la justicia tarda, pero llega”, sobre todo en el caso contra Jeanine Áñez.

Ya finalizando, veamos los aportes de las escritoras Camila Vollenweider y Gabriela Montaño, quienes ven en la Marcha por la Patria los siguientes elementos distintivos:

La Marcha mostró firmeza popular frente al golpismo: la poderosa marcha “del millón” que concluyó en La Paz, gritó colectivamente que el golpismo no va a pasar; que la democracia que se recuperó en las urnas se respeta. Otra demanda concordante hacia los responsables políticos fue la de justicia y reparación a las víctimas del golpe de Estado.

La marcha mostró unión. Encabezada desde el inicio por Evo Morales, pero secundada de cerca por Arce y David Choquehuanca, también mostró que las normales diferencias dentro de una gestión de Gobierno no cuentan cuando las amenazas de desestabilización y golpe se tornan reales.

La Marcha evidencio que hubo pluralidad nacional, dado que el componente social de la marcha dijo mucho. No era sólo el MAS, no eran solamente funcionarios del Gobierno enviados a “hacer bulto”, como la oposición quiso instalar: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, campesinos, indígenas, comerciantes, productores; muchos organizados, otros no, pero todos estaban allí, sabiendo que volvían a hacer historia.

La Marcha mostró que si hay líderes en la Revolución Boliviana y que buena parte del 55 % que apoyó al MAS en 2019 respalda activamente a Arce y a Evo. Cada uno de ellos tiene hoy un rol muy diferente al que ejercieron hace unos años, y esta marcha ha demostrado que cada quien ocupa un rol político distinto, pero complementario.

Finalmente, veamos el vuelo rampante de Bolivia, cual cóndor que se perfila hacia un abundante cúmulo de logros.

• Creó unos 900.000 puestos de trabajo y logró posicionarse como una de las naciones con mayor crecimiento en América Latina.

   

• Destinó 600 millones de dólares a la entrega del Bono Contra el Hambre, que llegó a cuatro millones de personas, quienes recibieron (cada una de ellas), un total de 1.000 pesos bolivianos (150 dólares).

   

• Otra medida importante consistió en otorgar los créditos Sí Bolivia. A todas las empresas que necesitaban efectivo, el Gobierno les iba a prestar al 0,5%, a una tasa sumamente pequeña. La condición era que los beneficiarios de los créditos adquirieran insumos producidos en territorio boliviano.

   

• Para el próximo año se espera que Bolivia crezca un 5,1%. El presupuesto que se ha planteado para 2022 es mucho más ambicioso en términos de crecimiento económico. La inversión pública en 2021 fue de 4.000 millones de dólares. Para 2022, la inversión pública estaría bordeando los 5.000 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 25%.