Paradójicas fueron las posiciones de Uribe durante su campaña frente a la guerrilla y los paramilitares. Mientras para la primera anunció diálogos a través de la ONU y fuera del país, para los segundos creó una comisión especial conformada por sus delegados directos, quienes se desplazaron hasta los santuarios del paramilitarismo. Pero, más allá de las paradojas, al igual que en el anterior gobierno hoy la sociedad colombiana está ausente y excluida de unas negociaciones secretas entre adversarios que en realidad son amigos políticos (si la "confesión" de Castaño es cierta), de las que se relegó la comunidad internacional tras alertar sobre la restricción que los derechos humanos imponen a cualquier proceso de paz: la de no permitir indultos a los crímenes contra la humanidad, que como todos sabemos en Colombia cometen a diario la guerrilla y los paramilitares. Antes del perdón –condicional o no–, cualquier negociación debe incluir los principios de justicia, verdad y reparación. Sin esta trilogía, el proceso de "paz" servirá tan sólo para legitimar el paramilitarismo con la complicidad gubernamental, convertirá el diálogo en un proceso de lavado de activos del narcotráfico con la garantía del Estado, y terminará por avalar la eliminación de la protesta social y política ejercida por quienes desde la oscuridad de los clubes y las altas esferas del poder nacional y regional han apoyado económicamente al paramilitarismo. Colombia no puede pasar por alto la realidad del paramilitarismo como una política que durante años ha desangrado, torturado, mutilado, masacrado, desplazado y despojado a ciudadanos y ciudadanas inermes en casi todos los rincones del país. Tampoco puede dejar de lado el hecho de que detrás de la negociación no sólo se encuentran campesinos reclutados voluntaria o forzadamente, sino también militares, ex militares, policías, autoridades locales y nacionales, fiscales, industriales, terratenientes, ganaderos, empresarios y, como si fuera poco, narcotraficantes. Entre éstos últimos sobresale el flamante inspector general de las Auc, Adolfo Paz, fundador de una poderosa estructura paramilitar financiada por los reductos reagrupados de los carteles de Medellín y el Norte del Valle. Reconocer la verdad garantiza la posibilidad de cerrar los múltiples capítulos de la barbarie con un nunca más, pues no se trata sólo de aceptar la comisión de crímenes con actos simbólicos de contrición, sino también develar los nombres de quienes desde las élites colombianas han apoyado a los paramilitares durante décadas, como el Grupo de los Seis –que en realidad son siete–, cuyos nombres ya se mencionan en algunos círculos. Estos personajes deben dar la cara ante el país y asumir la vocería de la negociación, pues de lo contrario Colombia corre el riesgo de repetir el paramilitarismo. El derecho a la reparación debe traducirse en el acceso de millones de desplazados a millones de hectáreas tomadas a la fuerza por el paramilitarismo y sus patrocinadores, gracias al uso de los excedentes de la cocaína o al abuso de la motosierra, y en el acceso a la indemnización económica de las decenas de miles de familiares de humildes asesinados por estos grupos. Sólo entonces, cuando el proceso de paz con el paramilitarismo sea sellado con verdad, justicia y reparación, podremos perdonar a Castaño y a quienes desde el poder lo auspiciaron, pues también podremos decir con tranquilidad: Nunca Más. Bogotá – Colombia, 21 de julio de 2003