En muchas ocasiones la política se entiende como una técnica y en ese sentido uno puede analizar el tema del Referendo como una conjugación de variables que al cambiar la mecánica o la técnica producen unos u otros resultados. Pero la política es más que técnicas: básicamente es una lucha de intereses sociales por acceder y ejercer el poder. Alrededor del Referendo y la reforma política hay una intensa proyección de intereses sociales porque una reforma política no es más ni menos que el camino de acceso al poder, la discusión de cómo se accede al poder o cómo se conserva el poder, el poder político. Y el camino de cómo se accede al poder no es ni más ni menos definir si en este país puede haber paz o guerra, porque solamente si las reglas de juego de la sociedad colombiana permiten accesos pacíficos al poder, reemplazos en el poder de otras fuerzas sociales de forma pacífica, esa sociedad en cierta forma se vuelve inmune a la guerra; pero si las reglas del juego en la sociedad colombiana no permiten reemplazos en el poder ni accesos pacíficos en el poder, esa misma sociedad es absolutamente permeable al conflicto armado. Miremos el desarrollo de los procesos de paz. Si colocamos en un solo costal lo que fueron los procesos de paz en el 89, 90 y 91, y en otro costal los recientes, fracasados, vamos a encontrar una gran diferencia, pues mientras los primeros hicieron gravitar sus procesos de negociación alrededor de la discusión de cómo se accede al poder pacíficamente y sólo hasta llegar a acuerdos en ese terreno, con la Constitución del 91 se logró un éxito relativo en esos procesos de paz; en la segunda tanda mientras tanto, la discusión giró sobre cómo lograr unas reformas estructurales de la sociedad colombiana, concertadas con el rival social en una sola mesa de negociaciones, y la negociación fracasó. En cierta forma, unos, los de ahora, pretendían una especie de reformas sociales desde arriba, por decreto, a través del poder de la negociación, mientras que los primeros pretendían simplemente que se permitiese la posibilidad de que nuevas mayorías pudieran acceder pacíficamente al poder nunca permitido, como en el caso de la ANAPO , y eso definió por varias décadas, entre otras cosas, paz o guerra. Luego, esta discusión es absolutamente pertinente. Estamos en una crisis que de acuerdo con la definición de Gramsci básicamente se define así: una sociedad tiene en el poder unas fuerzas sociales y otras fuerzas sociales son dominadas por aquéllas; si las primeras, las que están en el poder, no son capaces de seguir gobernando, llegan a una incapacidad histórica de llevar al conjunto de la sociedad a unas metas futuras, y si las otras, las de abajo, tampoco son capaces de reemplazarlas, estamos en una crisis de impotencia. Álvaro Gómez volvió a repetir el concepto, cuando dijo que la crisis colombiana es una crisis de impotencia generalizada. Luego una crisis se puede resolver si alguien adquiere la potencia suficiente y transforma el poder o por el contrario la crisis no se resuelve y lleva al conjunto de la sociedad hacia la muerte. Ejemplos son el proyecto histórico de la Gran Colombia o recientes de la Unión Soviética o el de Yugoslavia, en donde la crisis no se resuelve positivamente y muere, en la sociedad misma, el proyecto nacional que fundó o intentó fundar. Colombia está en una crisis de ese tamaño. Podría decirse que vamos andando por el camino de la destrucción de un proyecto histórico nacional, la nación llamada Colombia que quizás nunca se logró construir definitivamente. En la perspectiva de un proyecto nacional, los que están hoy en el poder son conscientes de su crisis, de su impotencia, y ellos mismos buscan salidas desde su propia perspectiva; y quienes están abajo, dominados, no son conscientes ni siquiera de su poder, de lo que está pasando, son también impotentes: esa es la crisis nacional. Los dos discursos El Referendo no es simplemente una conjugación mal hecha, desordenada, de normas. Allí hay una lógica, allí se expresan unos intereses, una intención de poder. Básicamente, con una reducción del Congreso la tesis que hace valer más los votos de provincia, los votos no urbanos o los votos de pequeñas ciudades es enteramente cierta y lleva a disminuir radicalmente el poder de representación de las grandes ciudades, que reducen su influencia. Eso significa, en el contexto político colombiano, que las poblaciones urbanas, fundamentalmente Bogotá, que han logrado liberarse del clientelismo y de la compra venta de votos durante un proceso mas o menos consolidado y forman a veces grandes movimientos de opinión -a veces hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, a veces se dividen, sobre todo a partir de la Constitución del 91-, perderían su capacidad de decisión en el poder, mientras que los poderes mafiosos -que se han organizado para controlar territorialmente la provincia a través de unas articulaciones específicas entre clientelismo político tradicional y armas para la extracción de rentas de la riqueza regional y el control social armado y violento, que es lo que yo llamo el poder mafioso-, adquirirían automáticamente la capacidad de hacer la ley. Allí hay unos intereses, esa idea original indica un derrotero. No es simplemente un Congreso más pequeño o más eficiente. Allí subyace la intencionalidad de un sector social colombiano, los hacendados, los propietarios de la tierra, los paraestados -según estadísticas de un reciente estudio del IDEA de la Universidad Nacional, el 0.4% de esos propietarios han llegado en sólo 16 años a duplicar la extensión y a pasar del 32% de propiedad de toda la superficie cultivable al 64%-, y sus manifestaciones políticas y militares para lograr el control de la ley. En mi opinión, el "uribismo" se dividió internamente, eso nunca se conoció públicamente, pero el que ganó entre los dos sectores "uribistas" para presentar la iniciativa públicamente en el Congreso fue el sector más retardatario de todos. Esa situación cambió en el transcurso de los debates, pues otras fuerzas, otras urgencias entraron en el proceso de discusión, y modificaron el proyecto inicial. Indudablemente, la urgencia económica -que tiene otra lógica- es que el Presidente Uribe apenas se sienta en la mesa y empiezan sus amigos y asesores a ver los libros de contabilidad y de cuentas nacionales, las realidades económicas del país, se dan cuenta de que estamos a punto de llegar a Argentina -aunque los argentinos dicen que están a punto de llegar a Colombia-, y descubren -porque no lo habían visto antes pues el gobierno de Pastrana había ocultado y maquillado las cifras- la realidad de su propio fracaso como política económica. Política económica que Uribe mantiene, sólo que elevada al cuadrado, la intensifica, pero se dan cuenta de ese fracaso, saben que si no son capaces de conseguir $10 billones de créditos no podrán pagar deuda el año entrante o no pueden financiar la guerra o tienen que suprimir toda la planta de personal estatal o adoptar la que menos les gusta: cesar pagos. Esa es la realidad que encuentra Uribe y los obliga a afrontar otras urgencias, que ya no son simplemente la defensa del poder hacendatario; deben solucionar el lío fiscal y lo hacen desde su punto de vista, sin tocar los subsidios que el presupuesto entrega por el lado del gasto al sistema financiero colombiano ? comparativamente más grandes que el recorte de salarios a todos los empleados públicos? y sin afectar por el lado de los ingresos, los privilegios tributarios generados por el impuesto de la renta construido para los grandes detentadores del poder económico y social del país, mucho mayores, en volumen de pesos, a lo que cuesta el regresivo IVA del 2 % a la canasta familiar impuesto en la nueva Reforma Tributaria. Reforma que si hubiese quitado los subsidios, exenciones y descuentos tributarios a esos sectores privilegiados, pudo significar un ajuste fiscal realmente democrático y progresivo. El Gobierno decidió dejar quietos esos privilegios y optó por tocar salarios de empleados, tocar IVA por el lado de los ingresos y atacar la demanda y el consumo, precisamente la causa de la crisis hoy reconocida hasta por el ortodoxo Banco de la República. Ese factor de corto plazo que está asegurando el estancamiento económico, el Gobierno lo transmite en el Referendo. Es decir, hay un segundo discurso en el Referendo con otra lógica, que no es la lógica hacendataria sino la del capital financiero que se ubica en forma prioritaria y transforma, desde el lado del Gobierno, su propia posición sobre el Referendo y llega incluso a debilitarlo. Se mantienen unas preguntas que tienen que ver con la lógica del capital financiero en su ajuste fiscal del presupuesto y en asegurarse el pago de la deuda. Manejo simbólico Pero además hay un manejo concienzudo y muy funcional de lo que se podría llamar la opinión pública. Es un manejo irracional de los símbolos de los llamados imaginarios populares. Ese manejo no es desordenado o por falta de conocimientos sino que responde a lógicas representativas de intereses que ni Pastrana, Samper o Gaviria estimularon, como por ejemplo, pretender afrontar el déficit fiscal disminuyendo el número de los congresistas. El presupuesto anual total del Congreso se acerca a los $200 mil millones, y el Presupuesto de la Nación es de $67 billones; el porcentaje es de apenas el 0.2%. Luego, si reduce un poco al Congreso el ahorro es menos del 0.1% del gasto, algo insignificante. Pensar que la reducción del Congreso ayuda a disminuir el déficit fiscal es racionalmente una estafa. Se juega y se manipula eficazmente el imaginario popular. En el común del ciudadano no importa el ahorro en pesos sino que son 50 "bandidos" menos, y eso moviliza rápidamente a la ciudadanía en apoyo de ese proyecto político. Pretender congelar salarios de trabajadores de más de dos salarios mínimos, que son la mayoría de los empleados públicos, no asegura acabar el déficit fiscal. Se restringirá la demanda y seguramente disminuirá el crecimiento económico, situación recurrente desde Pastrana hasta hoy; por tanto los tributos no van a ser los esperados y se va a agrandar aún más lo que se quiere arreglar: el déficit fiscal. Nuestros desempleados -que no ganan ni un salario mínimo-, y la mayoría de los trabajadores colombianos que ganan menos de dos salarios mínimos -cerca del 80% del conjunto laboral- piensan que aquellos con mas de 2 salarios mínimos son unos privilegiados, que ese recorte salarial vale la pena y como les aseguraron que así se genera empleo, votaron masivamente la propuesta de Uribe. ¿Qué hay detrás de esa propuesta? Nada diferente a intentar fragmentar aún más a la sociedad Colombiana en la base pues se sabe que quien gana tres, cuatro, cinco salarios, incluso hasta diez, no es el poderoso, es un ciudadano igual casi al otro, tal vez con mejor suerte laboral. Lo terrible es que la sociedad empieza a enfrentarse a sí misma atendiendo a una llamada desde el poder colocando a la mayoría de des o subempleados en contra de aquellos "privilegiados" empleados. Allí caerá el sindicalismo y todo tipo de organización social y política, arrinconado por las masas populares: ésa es la diabólica intención del proyecto Uribista. Un tema por fuera del Referendo es el tema de la guerrilla: hoy no se les llama guerrilleros sino terroristas. Se vincula y se moviliza a toda una sociedad en la lucha contra el terror. Es una idea simbólica pues se busca a los culpables de nuestros problemas. Es una verdad a medias, pues cualquiera que haga un análisis racional de la historia colombiana sabe que la guerrilla no es la culpable de la hecatombe nacional; pero la -lucha contra el terrorismo- sirve como fuerza movilizadora y lleva finalmente a concepciones y decisiones autoritarias legitimadas por las mayorías ciudadanas, hacia una salida radicalmente distinta de la idea inicial de la Constitución del 91 y su Estado Social de Derecho. No a profundizarla democráticamente sino a ser posible un estado autoritario no con la fuerza pura estilo Turbay sino basada en consensos y aceptaciones. Cabe analizar el caso de la penalización del consumo de drogas. Carlos Gaviria haría una exposición magistral de porqué no hay que penalizar el consumo y de lo que significa la libertad individual, incluso se puede argumentar profundamente sobre el papel de la droga en los orígenes de la cultura humana. Pero desde la irracionalidad, la clase media teme que sus hijos limpios y pulcros se junten en la calle con un "ñero" sucio y terminen consumiendo drogas en El Cartucho. En el Referendo se manipulan todos esos imaginarios construidos alrededor de la clase media y la salida es enviar a la cárcel o penalizar los "desechables"; eso mueve a millones de personas. No es posible que la mayor parte de la sociedad -hasta en un 80% como lo mostró una encuesta reciente- esté de acuerdo con que a los muchachos drogadictos se los lleven a la cárcel. Pero esa es la cruda realidad, se está estimulando el ascenso del irracionalismo y el autoritarismo dentro de la sociedad colombiana tal como ascendió el nazismo en la Alemania hitleriana a costa de judios, gitanos, comunistas y homosexuales. Ruptura política Han existido por años, desde el lado de fuerzas democráticas, el M19 incluido, grandes esfuerzos por implementar una propuesta de reforma política. Estamos hablando de proyectos históricos diferentes, uno ya agotado, que expresa la crisis actual integral de toda nuestra sociedad, y la posibilidad de que un proyecto histórico con nuevas fuerzas sociales se pueda instalar pacíficamente en el poder y conduzca por vías diferentes a la guerra a esta sociedad. Es lo que yo llamo una ruptura política. Nuevas reglas de juego pueden permitir que eso suceda pacíficamente. Una salida positiva a la crisis nacional implica, obviamente, que esas fuerzas sociales nuevas se potencien, tengan instrumentos políticos, lleguen a ser verdaderas fuerzas políticas, que no terminan compradas o se abstengan. Si se puede acceder al poder de manera pacífica no hay necesidad de hacer la guerra. Ese es otro interés social que está en discusión, bastante arrinconado por cierto. Cuando el Presidente Uribe fue elegido y anunció -antes de posesionarse- su intención de hacer una reforma política, diversas organizaciones políticos y sociales democráticos de Colombia, reunidos en el Polo Democrático decidimos, ante el temor de lo que podía presentar Uribe y la avalancha "Uribista", colocar una propuesta de referéndum diferente, con elementos técnicos que ayudaran a un aglutinamiento de fuerzas, le articulamos unos puntos sociales neurálgicos en el desmonte de la propuesta neoliberal tales como la educación, la salud, y los servicios públicos. Esa propuesta se presentó a la Registraduría y vino una falla estúpida de estas fuerzas sociales. Para potenciar y colocar como alternativa nuestro referendo frente al de Uribe, el cual iba a empezar a ser discutido dentro del Congreso de la República: había que recoger inicialmente millón y medio de firmas. Se hubiera podido duplicar esa cantidad. Nosotros teníamos a fuerzas sociales con cobertura nacional suficiente como para enfrentar ese reto y, sin embargo, no se recogió una sola firma, porque las grandes organizaciones entraron en elecciones, y prefirieron sus propias elecciones a esta que consideraron coyuntura política, en el fondo porque una izquierda muy tradicional en Colombia, que a todo le dice NO pero nunca propone nada a cambio, decidió que el tema de las elecciones y de las reformas políticas, son temas politiqueros y que el problema fundamental es el hambre de la gente y desconoció que la principal reivindicación de un pueblo es su acceso al poder. * Gustavo Petro Urrego es miembro de la Cámara de Representantes. Versión editada de un Foro que sobre el tema se realizó recientemente en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.