La coyuntura nos hace ponerle atención a redes criminales conformadas por militares retirados que tienen un papel activo en el gobierno, pero sobre todo, que podrían llegar a mantenerlo en el siguiente período de gobierno. Es una sorpresa que el candidato nuevo y externo al mundo político haya pasado a segunda vuelta y con la mayor cantidad de votos. Pero no sorprende que quienes lo acuerpan, quienes crearon el partido que lo postula y quienes lo financian, sean los mismos de siempre: una alianza entre militares y la burguesía conservadora. 

Desde los noventa, la red que a través de la defraudación fiscal en aduanas enriquecía a unos pocos, vinculados al Ejército, se reveló con el escándalo y procesamiento del General Ortega Menaldo. En abril de 2015 se hizo evidente que esta red nunca había sido desmantelada, sino que más bien se modernizó y rearticuló, fortalecida por las nuevas alianzas entre las estructuras paralelas a lo interno del Ejército. Estas estructuras tienen una alianza de larga duración con la burguesía nacional más conservadora, que se extiende en el tiempo hasta el conflicto armado interno. 

Después de la firma de la paz se produjeron reacomodos y surgieron nuevos aliados, en medio de cambios económicos a nivel mundial y local, para pasar a incluir a élites y corporaciones transnacionales, el CACIF y las élites políticas, pero siempre dejando fuera a amplios sectores sociales y políticos. Esta alianza de exclusión, de cara a las revelaciones sobre la operación de La Línea, la caída del binomio presidencial y la posibilidad de que las investigaciones de la CICIG y el MP toquen a miembros de la élite económica que se ubican del lado de los corruptores, impulsa nuevamente reacomodos. 

Antes de su renuncia, Pérez Molina había nombrado a colaboradores en Economía y Competitividad que provienen del ámbito de las telecomunicaciones, antes empleados de una de las empresas de telefonía celular más grande y con una amplia cobertura en el país. Observando a quienes permanecieron en sus puestos en el Ejecutivo hasta que el nuevo presidente Maldonado solicitara su renuncia, junto con estos nombramientos de última hora, vale la pena preguntarse por las disputas y tensiones dentro de la alianza de exclusión: ¿qué reacomodos ocurren en ella? ¿Están surgiendo nuevos aliados? ¿Qué impacto tienen en ella los procesos internacionales? ¿Están reconfigurando el esquema de poder guatemalteco las nuevas fuentes de poder económico y enriquecimiento, como la telefonía y otras tecnologías de información y comunicación?   

Los recuentos y relatos de las manifestaciones y movilizaciones tan grandes que ocurrieron a partir de abril, primero en la capital y luego en los departamentos, principalmente el paro nacional del 27 de agosto, están cargados de detalles y son emotivos. Pero sobre todo, están llenos de esperanza porque fueron eventos que lograron unir en un frente común a actores que han estado organizados históricamente y a otros, sobre todo las juventudes, que se habían mostrado apáticos en el pasado reciente. Después de las elecciones, muchos han empezado a preguntarse el para qué de aquel movimiento. Muchos conjeturan manipulaciones y oscuras conspiraciones. Otros, con la misma emotividad con que relataban lo que ocurría, ahora se dan por vencidos. 

Ante el escenario que las elecciones nos presentan, está claro que los cambios estructurales no ocurrirán pronto, que las condiciones de vida digna siguen siendo un sueño lejano para la mayoría de familias guatemaltecas. Pero se creó una efectiva red de comunicación e intercambio ahí donde antes no existía. Las conversaciones que antes parecían imposibles ahora ocurren: respecto a posiciones políticas, a posibilidades de confluencia, a formas de organización. El acto de salir a la calle y manifestar se asocia a la fiesta en el espacio público. Hay más ganas de saber y conocer qué ocurre en el país y por qué. 

Ante una realidad de reacomodos en las alianzas de los mismos de siempre, el futuro próximo no parece alentador. Pero contando con nuevas formas de expresión y de presión desde las calles, podemos seguir soñando con construir estructuras más solidarias. Y no sólo para exigir a los políticos, a quien sea electo como nuevo presidente y a los diputados del próximo período que inicia en 2016, sino en lo que ocurre cotidianamente en Guatemala. Una vez que se resuelvan las consecuencias más urgentes del deslave en El Cambray II en Santa Catarina Pinula, podremos evaluar, por ejemplo, cómo fue la atención, qué actores y de qué forma se involucraron. Podremos ver si como sociedad se presiona para que respondan los responsables, desde las autoridades que no escucharon las advertencias de CONRED hasta quienes a sabiendas de lo que ocurría, permitieron que la extracción ilegal de material siguiera socavando la ladera. Es en estas circunstancias tan humanas cuando podremos saber si en realidad, esto apenas empieza. 

Guatemala, 15 de octubre del 2010.