El núcleo central del litigio que en estos días mantiene en alerta a los gobiernos de la Argentina y del Uruguay se centra en los riesgos reales de contaminación de las aguas del río Uruguay, y de la población que vive a ambas márgenes del mismo, a consecuencia de la instalación de las dos plantas de celulosa en Fray Bentos. El gobierno uruguayo y la consultora contratada por el Banco Mundial, institución que desde hace veinte años viene promoviendo la construcción de este tipo de plantas en el Sur, consideran que esos riesgos, si bien existen, se pueden atenuar e incluso evitar, de lo que resulta por ende una inversión muy conveniente para el país que la recibe. El gobierno argentino y las organizaciones ambientalistas de los dos países involucrados sostienen lo contrario, e invocan, en respaldo de su posición, algunas experiencias recientes, como las de las plantas de Ence en Pontevedra, España, y de Arauco en Valdivia, Chile. La inquietud, en todo caso, tiene sus razones. Las dos plantas, situadas a unos pocos kilómetros de distancia, van a producir 1,6 millones de toneladas de celulosa por año, mientras que en las 11 plantas ubicadas en Argentina se producen 900.000. Ese altísimo nivel de producción ha hecho sostener a muchos que el del Río Negro será el mayor complejo celulósico del mundo. Greenpeace ha señalado que la situación no debe percibirse como una disputa entre la Argentina y el Uruguay, sino, en cambio, como un problema común que debe ser enfrentado entre ambos. Ello así, debido a que a escala global hay una expansión de la industria papelera que busca nuevos territorios para instalarse. Según Julio César Villalonga, director de Greenpeace en Argentina, Uruguay y Paraguay, los dos países deberían fijar, de común acuerdo, estándares muy claros y rigurosos, acerca de cómo desarrollar la industria. De modo tal de incluir medidas muy estrictas, de alto nivel tecnológico, tanto para las nuevas plantas que se radiquen, como así también para la reconversión de las existentes. El conflicto que atañe a las dos naciones presenta, a su vez, una dimensión jurídica internacional. El marco jurídico regulatorio se encuentra marcado por el tratado celebrado entre la Argentina y Uruguay en 1975, conocido como Estatuto del río Uruguay, con la finalidad de regular en forma conjunta, entre otros asuntos, las cuestiones ambientales derivadas de los usos y actividades que se desarrollen en la cuenca de este curso de agua. Dicha protección ambiental exige la consulta al país vecino toda vez que el otro planee llevar a cabo un emprendimiento susceptible de dañar alguno de los objetivos del tratado, entre ellos el medio ambiente. También prevé la creación de la Comisión del Río Uruguay (CARU), que debe reunirse periódicamente a efectos de monitorear el cumplimiento del tratado y de examinar las actividades en cada una de las márgenes, proponiendo soluciones concertadas. Ante el surgimiento de conflictos como el de las plantas papeleras, se contempla un procedimiento conciliatorio. Por último, de no lograrse una solución, el Estado afectado puede recurrir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para someterle la solución de la controversia. Habrá que ver si finalmente Argentina concreta la demanda ante la Corte, cosa que no ha hecho jamás, ni siquiera en ocasión de otros conflictos internacionales más graves que el actual -con Chile, por los hielos continentales y por el Beagle; con Inglaterra por las Malvinas-. De hacerlo, sería difícil que la Corte dispusiese a modo de medida cautelar la suspensión de las obras. Sin embargo, la mera posibilidad de que así suceda introduce en la pulseada un margen de incerteza que no es menor: a partir de entonces las empresas corren con el riesgo de que unos años después de inauguradas, el gobierno uruguayo, por resolución de la Corte, les exija, por ejemplo, cambiar de tecnología. Lo cual supondría para ellas una altísima e indeseada inversión económica. En todo caso, resta valorar el papel desempeñado por las potenciales víctimas en ambas orillas del Río Uruguay. Entrerrianos, primero, y algunos uruguayos, después, no tardaron en percibir que la clase política estaba lejos de tomar conciencia de la magnitud del problema, situación que los motivo a salir a la calle y a manifestar. De ese modo, lograron colocar las urgencias medioambientales en la agenda gubernamental y en la opinión pública. - Martín Lozada es Juez Penal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina: mjudicial@bariloche.com.ar