Hoy 13 de febrero se cumplen tres años de la primera crisis que puso en cuestión al régimen político boliviano. Gonzalo Sánchez de Lozada, en concordancia con las exigencias de los organismos financieros internacionales, pretendía aplicar un impuesto al salario que no diferenciaba a los sectores de menores ingresos y ciegamente buscaba contribuir al equilibrio fiscal. Los policías cuestionaron el “impuestazo” y canalizaron tras sus uniformes y su capacidad de presión la bronca popular. “Febrero negro” ha sido denominada la gesta que incluyó cruentos enfrentamientos entre la policía, parapetada en los techos del Ministerio de Relaciones Exteriores y las dependencias del Grupo Especial de Seguridad – GES, y las fuerzas del ejército que reforzó al destacamento de Los Colorados encargado de la seguridad del Palacio de Gobierno y que finalmente no distinguió entre la policía levantada y la ciudadanía que protestaba activamente. El centro de la ciudad de La Paz se convirtió en un campo de batalla, los organismos de derechos humanos a pesar de sus esfuerzos no lograban conseguir un alto al fuego, los responsables del gobierno no fueron capaces de cuestionar y revertir la impertinencia social de sus decisiones y, como suele ocurrir en estas circunstancias aparecieron también grupos que desataron actos de vandalismo. Aunque resulta difícil, es necesario mirar más allá de las víctimas y del dolor que dejó Febrero 2003, incluidos no sólo policías y militares sino también trabajadores de los servicios de salud e inocentes ciudadanos que cayeron bajo las balas de francotiradores, tratando de comprender sus implicancias políticas y sociales. Febrero cubrió de luto a Bolivia pero también marco un punto de quiebre con el sistema político. La policía asumió una condición ciudadana y en la práctica cuestionó su papel de garante del orden público, normalmente concentrado en acciones de carácter represivo. La administración comprobó su incapacidad para imponer medidas de carácter antipopular y de ejercer un equilibrio entre el consenso y el uso de la fuerza. El movimiento popular comprendió su potencialidad para neutralizar políticas dirigidas a mantener su exclusión y afectar sus intereses. Febrero 2003 aportó en el camino abierto por la guerra del agua de Cochabamba del 2000que enfrentó la entrega del recurso a una empresa transnacional y dio paso al cuestionamiento final de la democracia boliviana – post dictaduras, mediante las acciones de Octubre del mismo año que provocaron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y el ulterior similar camino que debió tomar su vicepresidente Carlos Mesa en el 2004. La democracia con las características que le dieron los partidos tradicionales no solucionó los problemas del pueblo boliviano, simplemente fracasó. Hoy se tiene la esperanza de una alternativa y es de esperar que el gobierno del Movimiento Al Socialismo MAS genere procesos y mecanismos que marquen diferencias con la exclusión y la coerción como sustentos exclusivos de la vida política. En los meses siguientes se podrá confirmar si la esperanza se convierte en realidad y este camino exige también que se den muestras de una firme voluntad de castigo a los culpables y reparación a las víctimas. - José Pinto, ALAI – La Paz