Los hechos son discutibles. Unos sostienen que un grupo de trabajadores, unos 10, absolutamente minoritario frente a la totalidad de los que cumplen funciones allí, ocupó las instalaciones de una curtiembre en Las Piedras, con apoyos de distinta índole, que se convirtió en otro hito de la demostración evidente que el “país está careciendo de una reglamentación que regule estas acciones”. Otros sostienen – como algún dirigente del PIT-CNT qué él personalmente, en una visita que realizó a la planta ocupada, estuvo tomando mate con “40” trabajadores (de tan solo “uno de los turnos” en la aplicación de la medida), o sea prácticamente la totalidad de los que allí trabajan en la curtiembre y que, de acuerdo a sus dichos, todos comparten la acción que fue el resultado de las largas dilatorias de la empresa a soluciones importantes diferencias laborales. Negro o blanco, no hay matices. Son posiciones absolutamente contradictorias que demuestran con claridad la necesidad de un mecanismo idóneo para encausar el diálogo y evitar, como en este caso, que muchos trabajadores se queden sin sustento porque una planta industrial mediana se encuentre al borde del cierre. Se afirma también que esa medida de fuerza fue la respuesta a una política empresarial basada en maniobras permanentes con el fin de dejar fuera de la empresa a los operarios afiliados al sindicato de los trabajadores curtidores. Por supuesto, la versión de los empresarios, es distinta: estos afirman que la situación en la empresa era insostenible por la in conducta de un sector, el mismo que encabezó la ocupación. La falta de mecanismos concretos para resolver el extremo determinó que los propietarios de la empresa, apoyados por otro grupo de trabajadores, ingresaran a la fuerza, produciéndose hechos de violencia. El Ministerio de Trabajo, por su parte, nuevamente reiteró su planteo de que la norma les otorga el derecho a los trabajadores, porque se afirma que la ocupación es una extensión del derecho de huelga amparado por la Constitución de la República. Norma que ni es explicita en la letra de la Constitución y - decimos nosotros - al no estar reglamentada puede determinar situaciones, que grupos absolutamente minoritarios que no representan a la mayoría de los trabajadores, pueden adoptar extremos, de esas características, provocando situaciones de tensión y enfrentamiento - como la ocurrida - que pongan en peligro la vigencia de una fuente de trabajo, el cierre definitivo de una planta, la existencia misma de la organización sindical y, por supuesto, vehículice el crecimiento de la pobreza. Algunos se preguntan además. ¿El derecho de propiedad, no está también garantizado por la Constitución de la República, así como su usufructo? ¿O se caerá en la tesis sesentista de algún alto funcionario del Ministerio de Trabajo que sostuvo que la "propiedad" de una planta industrial debería considerarse compartida entre el propietario y los trabajadores, que son los que ponen su fuerza al servicio de la producción? ¿Nos gustaría conocer de boca del funcionario o del ministro de esa cartera cual es la norma de derecho positivo en que basa su afirmación? De lo contrario, deberíamos alarmarnos todos – incluso los trabajadores agremiados en sindicatos vinculados a la central obrera - por haber ingresado en el año del disparate, en el cual algunos teorizan enormidades sobre aspectos importantes que hacen a la vida de la comunidad, sin advertir que las acciones que apuntalan - por falta de reglamentación - tienden a carcomer a la sociedad misma, desalentando inversiones e inversores, impidiendo que las empresas logren niveles de producción en los cuales el crecimiento de la productividad debería ser una constante que sirva para mejorar también las condiciones de trabajo. Por supuesto que ese concepto no debe ir en desmedro del trabajador con el qué todas las empresas deben cumplir los convenios acordados, pues no estamos metidos en una selva y el capital no tiene piedra libre para la explotación a mansalva del trabajo. Pero, al respecto de todos estos hechos ¿nos gustaría saber cual sería la actitud del ministro Bonomi si un día encontrara su Ministerio ocupado por un número reducido de trabajadores? ¿Y cual sería su posterior posición si al pasar entre ellos le rompieran con palos los vidrios del vehículo que lo conducía? ¿Y la del director de Trabajo, sobre qué teorizaría? ¿Qué hará ahora el Ministerio de Trabajo con la ocupación de la dependencia del CODICEN? Además nos preguntamos, como es posible que el dirigente obrero que citamos al principio, largamente reporteado, sostuviera que en la asamblea en que se resolvió reocupar la planta, “reconquistada” por los patrones, se acordó hacerlo en la mayor paz. ¿Quién no observó como una turba atacó los vehículos, incluso policiales, quebrando los vidrios del que transportaba – según dijo un asombrado locutor – a integrantes de la empresa? Existe un decreto que establece que la Policía no actuará en los casos de ocupaciones de empresas. ¿Qué hace entonces el propietario de la misma? ¿Busca el fin de la acción que le impide producir a la planta dejando pasar el tiempo para que la falta de cobro de jornales determine el deterioro de la medida? ¿Acepta las exigencias de los ocupantes o se resigna a cerrar definitivamente la planta, perdiendo sus instalaciones y su capital? ¿O es impulsado, como en este caso, a actuar por la vía de los hechos para abrirse camino a la empresa que, la considera suya? ¿O que no es suya, como sostiene ese alto funcionario de marras? Y luego, como definir el hecho de que la Policía concurra a la empresa, retomada por sus propietarios, a pedirles que abandonen el local porque afuera hay una turba y los representantes del Ministerio del Interior no podían garantizar su seguridad. Se manejaron versiones de que los empresarios de la curtiembre de Las Piedras no están dispuestos a continuar adelante. Para ellos lo ocurrido es demasiado grave y - de acuerdo a la versión que nos ha llegado - entienden que es una demostración palmaria de que en el Uruguay "no se puede trabajar" Grave, afirmación ¿O no?, en un país que busca con desesperación el desarrollo. Por supuesto, y esto también lo sabemos. Muchos empresarios no son ángeles de pecho y también que muchos de los reclamos que realizan los trabajadores son justos. Pero - decimos nosotros - la aplicación a mansalva del derecho de huelga e incluso de ese extremo no explicitado en la carta magna que es la ocupación del lugar de trabajo, sin una adecuada y detallada metodología que establezca el diálogo, ¿no se vuelve en definitiva en contra los propios intereses de los que buscan soluciones con su lucha? Así se demostró en muchos conflictos en que los sectores más radicalizados a favor de la ocupación fueron, con el pasaje de los días, perdiendo fuerza quedando a la larga destruida toda posibilidad de organización de los trabajadores. Perdiendo fuerza por el desánimo del resto de los trabajadores que se veían impedidos de dar sus opiniones contrarias a las medidas en las asambleas, porque eran “señalados” por su opiniones divergentes como “carneros”, representantes de los “intereses de la empresa”. Esos procesos provocan siempre la destrucción de la organización sindical, el aislamiento de los sectores radicalizados y, siempre, un deterioro de las relaciones laborales que favorece a las patronales. Esperemos estar equivocados y que el remanso de paz vía la negociación llegue a esa empresa, todo se solucione, mejorando las relaciones laborales, para que los capitalistas sigan arriesgando su dinero por el desarrollo propio que está ligado al del país y los trabajadores puedan desarrollar sus labores cobrando un salario digno. Claro, esa es una aspiración que al releerla nos parece idílica, porque no habrán puntos de coincidencia si no existe un marco para ese diálogo, un arbitro muñido de un reglamento adecuado, que maneje normas estrictas, modernas y adecuadas que determinen que lo que hoy es un derecho nada más literal cuya aplicación desemboca en aberrantes resultados, se convierta en un elemento más que habilite a la necesaria negociación en la sociedad. Sin seguridad jurídica para las partes, es más que evidente, no hay posibilidad alguna de que el país se modernice y desarrolle. - Carlos Santiago es periodista.