Desde hace varios días estoy tentado en escribir sobre la extradición de los militares implicados en el affaire Eugenio Berríos, porque las opiniones de Eleuterio Fernández Huidobro me han conmocionando. ¿Cómo es posible que un veterano militante social, un hombre que vivió largamente la lucha por reconquistar la democracia, que fue víctima de quienes actuaron cumpliendo los mandatos del Departamento de Estado, dieron el golpe de Estado y aplicado la Doctrina de la Seguridad Nacional, entre otras lindezas, se introdujeron de pies y cabezas, en el Plan Cóndor, cuya expresión tardía fue el secuestro y el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos en Uruguay, se oponga abiertamente a una decisión de la Suprema Corte de Justicia que es la primera en el país que afecta a la “clase” militar? Es, sin duda, un tema apasionante para que reflexionemos en conjunto. Ya que se está juzgando un delito que comenzó en Chile y culminó en Uruguay con el asesinato con cuatro disparos de Berríos, lo que ocurrió durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, luego del de transición a la democracia encabezado por Julio María Sanguinetti. Una acción presuntamente coordinada entre los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, evidentemente dentro de los lineamientos de ese Plan Cóndor, que involucró a muchas personas y, por supuesto, a las instituciones militares. ¡Ello parece innegable! Fernández Huidobro dice que si los tres militares extraditados son culpables de algo, también hay más culpables en nuestro país, que podrán seguir durmiendo tranquilos, porque nadie los juzgará ni, siquiera, investigará. ¿Vamos a verlo? Pero, a diferencia de unos y otros –no discutiendo la razón que le asiste al destacado senador– los tres militares fueron extraditados, no por una razón caprichosa de algún jerarca, sino por una acordada de la Suprema Corte de Justicia que por unanimidad de sus integrantes resolvió aceptar la solicitud de la Justicia chilena, siempre y cuando, se cumplieran los extremos dictados por el juez interviniente en Uruguay, que reclamó que los inculpados tengan instancias para defenderse ante la Justicia del país trasandino. Por razones periodísticas en el momento en que se produjo el secuestro y el asesinato de Berríos, trabajábamos en un diario con cronistas policiales con buenas fuentes informativas quienes lograron, antes que el propio gobierno de la época, la información precisa de lo que estaba ocurriendo. Por decisión de la secretaría de redacción del diario en que cumplíamos funciones, entendimos que debíamos –dada la importancia del tema– antes de publicar los hechos informar a las autoridades. En aquel momento se llamó al ministro del Interior, doctor Juan Andrés Ramírez, que luego de un largo silencio en el teléfono agradeció que se lo impusiera de un asunto que desconocía. El velo que todo lo ocultaba comenzó a descorrerse cuando Berríos escapara de la vivienda en que se encontraba confinado en el balneario Parque del Plata, pidiendo ayuda en la Comisaría del lugar. Ello determinó que la información comenzara a circular por otros conductos y llegara incluso a algunas fuentes periodísticas mucho antes, incluso, que al propio Ministerio del Interior. Ramírez, llamó, de inmediato, al presidente Lacalle, que se encontraba de gira por Europa, quién resolvió volver al país para ponerse al frente de una situación desconocida para el Gobierno, producto –se entendió en aquel momento- de acciones de una aplicación tardía del Plan Cóndor, en la qué, sordamente, se estaban moviendo servicios de inteligencia con el conocimiento pleno –estimamos– de mandos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente supimos que el ministro de Defensa Nacional, doctor Mariano Brito, vivía en el mismo limbo informativo que su colega del Interior y que todo el resto del gobierno. Se trataba, entonces, de una operación enteramente de los “servicios” que utilizando su compartimentación habitual, mantuvieron un “secreto” absoluto sobre el operativo ordenado desde Chile. En lo formal, por supuesto, fue mucho más que un secuestro: lo que ocurrió fue una acción de terrorismo internacional, llevada adelante por integrantes de servicios de inteligencia de dos o tres países (al parecer funcionarios argentinos también habrían tenido su papel en todo el asunto), quienes concretaron en sus andanzas varios delitos penales, cada uno de ellos de una peor tipificación, que culminaron en el asesinato de la víctima que estuvo secuestrada durante largo tiempo. ¿Cuál fue el papel de los tres militares que serán extraditados? Formalmente no podemos ponernos a tipificar delitos, porque no sabemos nada del código penal y menos de los agravantes y atenuantes que puedan tener, pero lo que es cierto e indiscutible, que estos personajes (2 en actividad y 1 retirado), que partieron a Chile, estuvieron directamente involucrados, con distinto grado de responsabilidad, en las acciones vinculadas al caso Berríos y que la Justicia chilena los ha procesado por asociación para delinquir. Tampoco hemos tenido acceso al expediente respectivo. Por supuesto, fueron peones de brega, pero –más allá de que haya otros militares y también civiles, vinculados también a los “servicios”, responsables y quizás con culpas aparentemente más graves– estos tres señores aparecieron vinculados directamente en el caso porque la fiscalía chilena manejó pruebas concretas contra ellos que determinaron su procesamiento (en ausencia) en los Tribunales chilenos y el consecuente pedido de extradición. Proceso judicial, además, cuya documentación llegó a Uruguay y fue analizada por un juez competente que habilitó el pedido chileno, estableciendo algunas condiciones que les dan garantías a quienes serán extraditados, tramite que fue además ratificado con el voto unánime de los cinco miembros del máximo órgano del poder judicial de nuestro país. Claro, el abogado defensor de los militares sostiene que existe una contradicción en la Justicia uruguaya, porque si bien la Suprema Corte habilita su extradición, el caso fue archivado, “oportunamente”, en el juzgado de Pando por “falta de pruebas”. Lo que no dice ese jurisconsulto, que el trámite llevado adelante por el juzgado en Pando estuvo plagado de contratiempos, de documentación que desaparecía, de presiones y amenazas de muerte contra magistrados y de hasta balaceras en contra de la sede judicial. La Justicia se debió debatir contra una serie de acciones, que han quedado impunes, de grupos no identificados que consiguieron su objetivo: que se archivara el caso. Ahora, mientras está planteada la polémica estalló la campaña de los “patriotas” que pretenden que no se “viole la soberanía nacional”, extraditando a estos militares. Por supuesto que encabezada por los “nostálgicos” del golpe de Estado y repetidores hasta el cansancio ¡todavía!, de la doctrina de la seguridad nacional, que justifican todo lo ocurrido, hasta los asesinatos más crueles, escudándose que eran “soldados” que actuaban en una “guerra”, aunque los contendientes fueran niñas de 18 y 19 años, desarmadas, que fueron asesinadas brutalmente con ametralladoras pesadas, o personas como Luis Martirena y su señora, que si bien pensaba distinto y creía que el camino era insurreccional, era un hombre pacífico que fue masacrado junto a su mujer aquel 15 de abril como respuesta a otras acciones armadas. O el escribano Fernando Miranda, cuyos restos acabamos de sepultar hace pocas semanas, luego de estar desaparecido por muchos años, asesinado seguramente de la peor manera en una sesión de tortura dentro de una unidad militar. Estos señores se han olvidado de los dos (que podrían ser tres), vuelos de la muerte: ¿en ellos no se violó la soberanía del país? ¿Qué podemos decir del campo se concentración para uruguayos enclavado en plena ciudad de Buenos Aires, automotores Orletti, manejado por oficiales de nuestras fuerzas armadas? Y, ¿que podemos decir de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz? Y de tantos otros… Nos preguntamos: ¿Si mañana la justicia argentina pide la extradición de algunos militares o civiles, responsables, de estos crímenes, también vamos a alegar que se estará violando nuestra soberanía? Quienes actuaron directamente en esas acciones –claro que en algunas, las más complejas, porque se ensuciaban los calzoncillos– recurrían a bestias como Anibal Gordon para que les resolviera su cobardía, son los que encabezan la lucha contra las extradiciones. (Sobre el punto se debería conocer, alguna vez, de donde salían los fondos con que se le pagaban los “servicios” a este asesino) Los mismos que pisotearon todo, que se llevaron por adelante todo, que poco les importó la Constitución de la República y las demás instituciones de la Nación y que el pasado 14 de abril –lo que es increíble– encabezaron actos presuntamente privados, recordando a los “caídos en defensa de las instituciones” También los derechistas más recalcitrantes, como el diputado Daniel García Pintos y su grupo “palo y palo”, se movilizaron, hablando de que se está violentando la soberanía y, además, sosteniendo que a estos militares los deberían haber juzgado los uruguayos, olvidando que el expediente durmió un sueño lleno de sobresaltos, por más de una década, en un juzgado de Pando, cuyo último titular, resolvió archivarlo, por no encontrar “mérito” para iniciar una investigación sobre el tema, salteándose –por supuesto– todo el resto de esa historia. Pero ahora viene lo difícil. ¿Cómo analizar que también que un sector del MPP, concretamente los tupamaros, encabezado en lo visible por el senador Eleuterio Fernández Huidobro, plantea objetivamente lo mismo? Porque, es evidente, que no podemos igualar una cosa con la otra, no debemos entreverar termos con alfajores, y decir que el planteo del senador del MPP en la superficie es coincidente con los de esa derecha apátrida, porque es demasiado fuerte y ingresaríamos en un análisis injusto para quien desde siempre ha sido un baluarte de la lucha del pueblo por sus libertades democráticas. Pero es natural que planteemos nuestra perplejidad sobre el tema y la polémica pública que se ha desencadenado. Pero no podemos, por ello, dejar pasar algunas cosas. Por ejemplo la afirmación de otro viejo dirigente tupamaro, Julio Marenales, que entiende que el meteórico viaje que tuvo a nuestro país la presidente de Chile, Michelle Bachelet, que pasó algunas horas en Montevideo, tenía el objetivo de “presionar” a Tabaré Vázquez para que habilitara la extradición de los militares a Chile. Por supuesto, el tema nos preocupó e hicimos averiguaciones. Se nos indicó que ese tema nunca estuvo en las conversaciones entre los dos mandatarios. ¿Entonces que es lo que pasa? Por supuesto que lo tres militares extraditados no son ellos solos los responsables de lo ocurrido con Berríos, que hay muchos más. Puede que sean “perejiles”, como los califica Fernandez Huidobro, nosotros preferimos el término, “peones de brega”. Recordemos que hasta quién en aquel momento era ministro de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, quedó lateralmente involucrado en una acción de “inteligencia”, pues fue quién aseguró que la fotocopia manejada, con una fotografía del químico chileno leyendo un diario italiano, con fecha posterior a la que después se supo era la de su asesinato -evidentemente falsificada- era real. Dijo en la oportunidad que él había hecho analizar la carta que acompañaba dicha fotocopia por el perito de la Policía, Washington Curbelo, quién determinó que la firma del químico era la “auténtica”. Claro, la maniobra de “inteligencia” surtió efecto hasta que unos años después, en El Pinar, apareció un cadáver, con cuatro impactos de bala, y pudo determinarse que era el del químico chileno. ¿A qué queremos llegar? Qué al igual que lo que dice Fernández Huidobro, es evidente que también existen civiles que son responsables, como los hubo durante el golpe del Estado, que es injusto que esa “factura” le sea solo endilgada a algunos de los que llevan uniforme aunque, dejando a otros más importantes, fuera del juego. Haciendo un análisis “fotográfico” de los actos en que se recordó –reiteramos ese insólito titulo, “a los caídos en defensa de las instituciones”- allí se encuentren muchos de los que debieran estar en el banquillo de los acusados, faltando los civiles y, por supuesto, quienes, en el Departamento de Estado, comenzando por el mandamás de ese momento, Henry Kissinger, siguen dando vueltas por el mundo vendiendo sus memorias sin tomar conciencia de lo que le hicieron a los pueblos del continente. De la argumentación que utiliza Fernández Huidobro, contraria a las extradiciones, no nos queda nada… No hay un solo argumento que nos convenza. Y en lo que no estamos de acuerdo es en el llamado que hizo el senador a los mandos a tener una actitud firme y expedirse en torno al tema. En esto discrepamos en lo más profundo porque esos señores jefes de las Fuerzas Armadas tienen solo que acatar al poder civil y cumplir, al pie de la letra cada una de las directivas. Esto está en la esencia del funcionamiento institucional del país y una trasgresión no deberá ser tolerada en ningún caso. - Carlos Santiago es periodista, secretario de redacción de Bitácora