El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el viernes 7 la búsqueda y captura a nivel internacional y la extradición para el ex jefe de Estado de facto de Guatemala, Efraín Ríos Montt y otros siete presuntos implicados en los delitos de genocidio. En un acta de notificación, dictó la prisión provisional sin fianza de estas ocho personas para que sean aprehendidas y puestas a disposición de la autoridad judicial española a fin y efecto de responder de los delitos que se les imputan, entre ellos de genocidio, torturas, terrorismo, detenciones ilegales, y pide su detención y extradición. Luego que, durante su visita a Guatemala para realizar la indagatoria no lo lograra debido a los recursos interpuestos por la defensa de los militares. Los afectados, además de Ríos Montt, son el ex jefe de Gobierno también de facto, general Oscar Humberto Mejía Víctores, el ex ministro de Defensa, general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, el ex director de la Policía Nacional Pedro García Arredondo, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército general, Benedicto Lucas García, el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz y el ex presidente de la República de Guatemala Fernando Romeo Lucas. Este último falleció en el mes de mayo en Venezuela, incluido en el auto porque aún no hay constancia oficial de su muerte. Pedraz además ordenó el embargo de todos los bienes a efecto de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias. La Audiencia está investigando los abusos de la guerra civil que afectó a Guatemala, en concreto el periodo comprendido entre 1978 y 1986, a raíz de la demanda presentada en 1999 por la premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú. CIJ criticó fallo de CC que detuvo audiencia contra Ríos Montt La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, criticó el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual impidió que Efraín Ríos Montt, declarara ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonso, por delitos cometidos contra ciudadanos españoles durante el incendio de la embajada de España, el 31 de enero de 1980 en el que murieron 37 personas, además por el asesinato de cuatro sacerdotes españoles. Así mismo la fiscal del Ministerio Público (MP) Delia Dávila informó que solicitó el miércoles 5 a la Corte de Constitucionalidad (CC) revocar dicho amparo provisional otorgado a Efraín Ríos Montt por el caso de genocidio. Según defensor de Ríos Montt, éste goza de amnistía El abogado defensor de José Efraín Ríos Montt, Francisco Palomo, manifestó que el general, goza de amnistía tras un acuerdo del Congreso de la República, 32-88 emitido en 1988, con cuyo beneficio será imposible que España lo pueda juzgar. El Tribunal Constitucional de España afirmó el 5 de octubre de 2005 en un fallo histórico que España es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos fuera de España, incluso aunque no haya víctimas españolas, al entender que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales". Ejecutivo analizará si orden de captura tiene competencia en el país Según el Vicepresidente de la República, Eduardo Stein Barillas, el ejecutivo tiene que analizar la orden de captura de ocho ex funcionarios guatemaltecos buscados por la justicia española, si la misma tiene competencia en el país. Aseguró que el gobierno está en disposición de colaborar con la justicia española "siempre y cuando sea bajo un marco jurisdiccional adecuado". José Luís Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), dijo "aquí no se han agotado las vías judiciales guatemaltecas y, entonces, no proceden las instancias internacionales. Estas son acciones que buscan mantener vigente el tema y así presionar a las partes acusadas". Movimiento social satisfecho por orden de captura internacional Los movimientos pro Justicia y de Derechos Humanos expresaron congratulación y esperanza por la orden de captura internacional, contra los acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad guatemaltecos. Claudia Samayoa, del movimiento de Derechos Humanos, informó que hay satisfacción por la decisión de la justicia española y expresó que las órdenes de captura vienen a confirmar que los sindicados deben ser escuchados en juicio, respetando sus garantías, para que respondan por los sucesos en el conflicto armado interno. La orden de captura deberá seguir el procedimiento correspondiente, luego que la INTERPOL y el ministerio de Relaciones Exteriores la canalicen; similar procedimiento se seguirá con las eventuales solicitudes de extradición, anticipó la dirigente. Carmen Aída Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack (FMM), indicó que las órdenes de aprensión y la instrucción para la búsqueda de cuentas bancarias constituyen pasos muy importantes. Agregaron que planifican realizar diferentes acciones en contra de militares acusados de genocidio, terrorismo, tortura y detenciones ilegales durante el conflicto armado. Como primera medida está buscar la derogación por parte de la corte de Constitucionalidad (CC) de decretos sobre amnistía, la cual beneficia a los militares de enfrentar a la justicia, otra medida será buscar que se deroguen 24 decretos de amnistía aprobados por los diferentes gobiernos de ex militares y civiles del país. Defensa de militares planea iniciar antejuicio contra juez Pedraz La defensa de militares contra quienes la justicia española emitió orden de captura, inició contactos en Europa y anunció acciones contra el juzgador. Los abogados, incluso, buscarían pedir antejuicio contra el juzgador, al considerar que incurrió en prevaricato que según el Código Penal de Guatemala, en su artículo 462 establece: el juez, que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 10 años. Sobre las acciones que emprenderá la defensa, Eduardo De Léon, director de la Fundación Menchú, institución impulsora de la demanda, se limitó a comentar: "Están en su derecho, pero que no olviden que no es lo mismo accionar en España que en Guatemala". Justicia favorece a militar detenido por desaparición de siete personas La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), bajo el mandato especial de averiguación 2-2001, otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acusó de secuestro, delitos contra los deberes de humanidad y detención ilegal al coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa, y a los ex comisionados militares Gabriel Álvarez Ramos, Salomón Maldonado Ríos y José Domingo Ríos Martínez, por el secuestro y desaparición de de Jacobo, Miguel y Raúl, de apellido Chegüén, y de Inocente, Antolín, Valentín y Santiago, de apellido Gallardo, todos señalados por el Ejército de pertenecer, en ese entonces, a la guerrilla, en la aldea El Jute, Chiquimula, en 1981, por lo que pidió la captura de los sospechosos y el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, la ordenó. Sin embargo el 16 de junio recién pasado, la misma Sala sobreseyó el proceso a favor del coronel Sánchez, quien al momento de la desaparición forzada de las víctimas de El Jute era comandante de la Zona Militar de Zacapa. En su resolución expuso que la sustracción de los desaparecidos y su presunto traslado a esa zona militar se enmarca en las acciones de los verbos rectores prevenir, impedir, perseguir y reprimir, con el objeto de contener impulsos delictivos de los señalados como guerrilleros. Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, afirma que la resolución de la Sala no sólo niega la justicia a las víctimas de El Jute, sino prologan la impunidad en los más de 45 mil casos de víctimas de desaparición forzada. - "Centro de Estudios de Guatemala" La Semana en Guatemala, Resumen de Noticias del 3 al 10 de julio de 2006