La impunidad y el débil marco legal que existe en Guatemala hacen del país uno donde, según el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Philip Alston, “se puedan cometer asesinatos y salir libre”. Ésta fue una de las conclusiones a las que llegó después de reunirse durante la semana con representantes de distintos sectores para evaluar la situación del país. El relator comentó el jueves 24 que aunque el Estado no es responsable de las 5 mil ejecuciones que se registran cada año, sí lo es por no investigar, perseguir y enjuiciar a los culpables. De esos asesinatos, sólo el 5% de los perpetradores llega a ser condenado. Alston añadió que la cifra anual de ejecuciones sobrepasa en promedio a las muertes violentas durante los 36 años de guerra civil que vivió el país, entre ellas, el asesinato de mujeres, que se ha incrementado en los últimos años. Comentó que hay denuncias de limpieza social que deben ser investigadas, en relación con los cuerpos de posibles pandilleros, asesinados en los últimos meses, que tenían muestras de tortura y con notas en las escenas de los crímenes. El funcionario criticó la falta de acción de la sociedad civil, la indiferencia de la comunidad internacional, la renuencia a pagar impuestos por parte de empresarios y los retrasos en la agenda legislativa para la aprobación de leyes de seguridad, que a su juicio son parte del problema. “Se piensa que habrá una varita mágica para arreglar el problema, pero esto sólo se soluciona con cambios de fondo a las instituciones”, dijo. A decir de Alston, Guatemala se encuentra en una encrucijada, en la que una vía es caer en las prácticas de hace dos décadas, de mano dura, y la otra es la reforma de las instituciones dedicadas a velar por la seguridad, “pero la realidad parece ser que ante la falta de apoyo y fondos, la primera opción no sólo es la más atractiva, es la única”. El relator expuso: “Cambien la frase ’mano dura’ por ’doctrina de seguridad nacional’ y tienen casos como los que pasaron en Argentina, Uruguay, Brasil”. El representante de Naciones Unidas presentará su informe final en dos meses, pero entregará un borrador al gobierno en dos semanas. El martes 22, Alston se reunió con 30 representantes de organizaciones sociales, que le entregaron un informe sobre casos de asesinatos considerados como ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas por la policía, el ejército y grupos paralelos. El informe se refiere a diversos sectores que han sido víctimas de este tipo de violencia: campesinos, mujeres, niños de la calle, reos, pandilleros y defensores de derechos humanos. En el documento se afirma que este año en el país se han cometido 408 ejecuciones extrajudiciales: 347 contra hombres, 51 contra mujeres y 10 contra niños. Enfatiza 17 asesinatos de defensores de derechos humanos que se han cometido en los dos últimos años. Pero los casos más numerosos que han podido registrar las organizaciones son de pandilleros ejecutados en forma extrajudicial. En el informe se exponen seis asesinatos en que los testigos identifican a policías como victimarios. Respecto a los feminicidios, se habló de 359 casos ocurridos este año. - Fuente: La Semana en Guatemala, Resumen de noticias, del 21 al 28 de agosto de 2006, CEG.