Vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad humana básica.  Es una precondición para el desarrollo humano, la dignidad y el bienestar.  Es una responsabilidad central de los Gobiernos proveer la seguridad humana de sus ciudadanos.

La comunidad internacional ha reconocido que la violencia armada y el conflicto impiden la realización de las Metas de Desarrollo del Milenio y que la prevención del conflicto y su resolución, la reducción de la violencia, los derechos humanos, el buen gobierno y la construcción de la paz son pasos claves hacia la reducción de la pobreza, promoviendo crecimiento económico y mejorando las vidas humanas.

Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.  Junio de 2006

1.  Introducción.

Guatemala es heredera de un pasado con un Estado autoritario, represivo y excluyente.  Durante el conflicto armado la violencia institucionalizada fue parte de la política del Estado: uso de la violencia desde el poder, militarización y represión masiva.  Sumado a lo anterior, la relación entre poderes económicos y grupos de la guerra sucia, que utilizaron los escuadrones de la muerte, la violencia y la muerte como mecanismos de ejercicio de poder, con total impunidad.

Los Acuerdos de Paz, concluidos en 1996, sentaron las bases mínimas para un proyecto o modelo de país, pero hoy lejos se está de alcanzar lo establecido en ellos.  La debilidad del Estado para ejercer su papel de garantizar el bien común dificulta el logro de los objetivos trazados por los Acuerdos.  La institucionalidad estatal está profundamente debilitada.

Los Acuerdos de Paz generaron una agenda nacional de fortalecimiento del Estado y sus instituciones, y un cambio en su relación con la sociedad; sin embargo, el poder económico impuso la agenda neoliberal de privatizaciones y de reducción del Estado.

En Guatemala, la ciudadanía circunscribe su participación a los procesos electorales, dejando de lado su rol de fiscalización de los gobernantes.  La construcción de la democracia requiere procesos en los que la actuación de los estados y la participación de los ciudadanos es decisiva.  La confianza es decisiva.

La debilidad del sistema democrático no ha creado ese poderoso instrumento de control que es la formación de opinión pública, por lo cual lejos se está de corregir la realidad del país, caracterizada por la inseguridad y la violencia institucionalizada.

“Toda la cuestión de la limpieza social afecta sobre todo a la juventud, una juventud estigmatizada como delincuente, por lo que la sociedad esta aceptando que se produzcan estos hechos.  Cualquier grupo de jóvenes que camine libremente por la calle se expone a ser reprimido por los agentes”[1], Abner Paredes, encargado del Departamento de Juventud el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

La impunidad continúa siendo la norma, y las instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad a la población, como es el caso de la Policía Nacional Civil (PNC), están infiltradas por el crimen organizado, y sus actuaciones a través de escuadrones de la muerte son parte de una política institucional, responsables de las ejecuciones extrajudiciales y de la limpieza social que el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) ha denunciando en sus distintos informes a lo largo de todo 2006.

En este sentido, el tema de los derechos humanos cobra aún más importancia, porque los aparatos clandestinos y estructuras paralelas son utilizadas para amenazar y hasta asesinar a los defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, etc.

Situación Actual de Seguridad: Violencia, el principal indicador según la PNC.

n      Homicidios en 2005: 5338

n      Homicidios en 2006: 5885

n      17 muertes violentas al día en 2006; en México ocurren 9

n      Homicidios de mujeres: 582, en 2006, la cantidad mayor entre los países de América Latina

n      Homicidios de niños: 229, la cifra más alta de América Latina

n      Mas del 90% de homicidios son cometidos con armas de fuego

n      Los costos de la violencia en 2005 fueron por 14,000 millones de quetzales, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

n      Impunidad en el 97.3% de los homicidios, según el Ministerio Público (MP)Grupos de las fuerzas de seguridad realizan ejecuciones extrajudiciales

2.  Causa: La Debilidad del Estado.

Guatemala enfrenta un amplio frente de rezagos en materia estatal y no se ha podido, hasta la fecha, lograr un verdadero Estado Democrático de Derecho.  Siempre se ha privilegiado la dominación por la coerción o el uso de la fuerza como elemento para mantener las profundas desigualdades, controlando a la población e imponiendo el poder.  Durante casi todo el siglo XX, el Ejército fue el guardián y el ejecutor de este tipo de Estado represor y violento.

De esta manera, se oprimió a la sociedad, convirtiendo esto en la normalidad.  La opresión y el autoritarismo caracterizaron así a las relaciones personales y sociales.  La obediencia a ese Estado fue sustentada por el miedo a la represión o la violencia.

La elite económica guatemalteca fue incapaz de ejercer democráticamente el poder, basado por el contrario en la exclusión, la explotación y la represión de las mayorías.  El Ejército fue usado para cuidar de sus intereses, con el beneplácito de Estados Unidos, que a su vez los utilizó en la llamada Guerra Fría.

Así, el conflicto armado interno, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) dejó 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos, además de 2 millones de desplazados internos y casi 100 mil refugiados, por la acción del Ejército y las fuerzas de seguridad, con el consecuente rompimiento del tejido social.

La firma de los Acuerdos de Paz planteó la construcción de un nuevo tipo de Estado y de relación con la sociedad; sin embargo, el incumplimiento de los mismos ha traído el incremento de los problemas de inseguridad ciudadana, la falta de justicia, la impunidad y la presencia de militares en el Estado.  Estos son problemas aún no resueltos.

Lo anterior, sin mencionar el tema de la memoria y el esclarecimiento histórico, en el que el deslinde de las responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos está aún pendiente.

Hoy, la ausencia de un aparato estatal eficiente en materia de justicia y seguridad permite que resurjan grupos y estructuras que, siguiendo casi siempre la vieja usanza contrainsurgente, tratan de eliminar toda “supuesta amenaza”.  Van tras la eliminación de todo aquello que amenaza su estatus de impunidad por crímenes de lesa humanidad, pero algunos también están al servicio de quienes desean tener control sobre las instituciones y las estructuras de poder local para favorecer sus negocios en el mundo de la delincuencia organizada, la corrupción a gran escala y la narcoactividad[2].

En definitiva, desde el conflicto armado hasta la fecha, las estructuras de poder han recurrido a la violencia y al asesinato como forma de enfrentar la conflictividad interna.  En el pasado se utilizaban mediante la política contrainsurgente represiva y actualmente mediante la política de represión contra “la delincuencia”.  Para lograr este objetivo es esencial mantener un sistema de total impunidad.

3.  El Contexto Actual: Homicidios, ejecuciones extrajudiciales, limpieza social, violencia contra los defensores de derechos humanos

El reciente asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto, y la posterior ejecución, dentro de una cárcel de máxima seguridad, de cuatro policías sindicados del hecho, han dejando ver, una vez más, que la violencia y la impunidad se han incrustado dentro del Estado.

El hecho anterior se suma a los miles de asesinatos no resueltos, a la violencia, inseguridad e impunidad que reina en el país y que se ha venido denunciando y describiendo desde hace mucho tiempo.

Sandra Morán[3], dirigente del Sector de Mujeres, indicó que lo preocupante de esta situación es que hayan surgido nuevamente los llamados escuadrones de la muerte y que estén haciendo una limpieza social dirigida a jóvenes.

“Creemos que no es posible que el Estado permita la existencia de estos grupos y se tienen que hacer esfuerzos para hacer una investigación.  Creemos que también tienen que hacer mayores esfuerzos para el tema de la seguridad, porque el incremento de la violencia en contra de todas las personas es espantoso”, expresó.

HOMICIDIOS POR PERÍODO DE GOBIERNO

FUENTE: PNC

Nota: El dato sobre el período inconcluso de Óscar Berger es hasta marzo de 2007.

Las Ejecuciones Extrajudiciales.

Acontecimientos recientes han permitido conocer una práctica institucional de ejecuciones extrajudiciales de presuntos miembros de pandillas juveniles o narcotraficantes; los hechos más significativos han sido el asesinato y tortura de los diputados salvadoreños y su piloto; el asesinato de cuatro presuntos responsables, en la cárcel El Boquerón; las ejecuciones en la toma de la Granja Penal Pavón, el año pasado; y las ejecuciones de miembros del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), entre otros.

El propio Director General de la PNC reconoció que de los 5,582 homicidios cometidos en 2006, 1,337 fueron contra personas vinculadas a actividades delictivas.

Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en enero del presente año se cometieron al menos 49 ejecuciones extrajudiciales en el país.  De ese número, 48 fueron de hombres[4].

Familiares de las víctimas denunciaron que los responsables fueron agentes de la PNC.  Según Mario Polanco, dirigente del GAM, el estudio resalta que las ejecuciones extrajudiciales son en contra de presuntos delincuentes.  En esta categoría se incluye las violaciones en contra de personas que han sido asesinadas por presunción de delito.

Ataques contra los Defensores de Derechos Humanos[5]

Está demostrado que hay grupos, estructuras y expresiones políticas que pretenden mantener incólume la denegación de justicia a las víctimas del conflicto armado interno, y que se valen de los mecanismos de la impunidad y de la violencia para lograrlo.  En este escenario, los aspectos que causan mayor preocupación son que la sociedad en general permanece indiferente y que las instituciones del Estado siguen un comportamiento similar, en la medida que actúan con ineficiencia, sin compromiso y sin voluntad de ofrecer resultados concretos.  Sólo así se explica que nada ocurra en materia de investigación criminal y de persecución penal tras la perpetración de los hechos violentos mencionados, pese a que han sido denunciados formalmente ante los órganos competentes.

En 2006 se reportaron 278 ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que implica un incremento sobre los 224 experimentados en 2005.

Los ataques reportados a la Unidad se distribuyeron en 21 de los 22 departamentos de la República, quedando exento de ataques El Progreso.  Siguiendo la tendencia de los últimos seis años, el 44% de los ataques se concentran en el departamento Guatemala, con 117 ataques.  Los departamentos que le siguen en número de ataques son: Quetzaltenango (23), El Petén (22), Baja Verapaz (18), Escuintla (14), Izabal (11) y Alta Verapaz (11).  Este año la conducta de ataques en otros departamentos no coincide necesariamente con los mapas de la violencia durante el conflicto armado interno, como ocurrió en 2005.  De hecho, la violencia en cada uno de estos departamentos tiene explicaciones propias relacionadas a factores como el conflicto armado interno, la lucha por la tierra, la lucha por el desarrollo, la lucha medioambiental, la lucha sindical y la lucha por la justicia.

Durante el período 2000-2005, la tendencia había sido que las mujeres mantuvieran un ritmo de ataque similar.  Sin embargo, el año 2006 significa una ruptura a ese continuum, en tanto que comparativamente hubo un aumento de 8% en el número de mujeres defensoras agredidas durante este año.

Los actos de hostigamiento y generación de miedo siguen siendo las agresiones más frecuentes contra defensoras y defensores durante el año 2006.  Sin embargo, la preocupación primordial se centra en el hecho del aumento de asesinatos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, así como la continuación de la tendencia de 2005 del aumento de intentos de asesinatos.

Hay un aumento de ataques sufridos por las y los defensores que tienen a la PNC como objeto de su actividad.  En esta rama es notorio el aumento proporcional de 0% a 9%.

En el informe del año 2005 se hizo un llamado de atención ante la generalización de la práctica de la intimidación y de las acciones de amenazas en el marco de la emergencia del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales.

El año 2006 muestra que emergió un nuevo actor entre aquellos grupos de interés que puedan estar afectando la actividad de los defensores: la Policía Nacional Civil, durante este año aumentaron las denuncias contra la Policía, por el involucramiento de agentes en ejecuciones extrajudiciales y varios de los casos demostrativos llevan hacia algunas conclusiones sobre su posible participación como responsables de las agresiones.

La situación de las defensoras y defensores de derechos humanos continuará deteriorándose durante 2007, ya que hay indicios muy serios de que las instituciones de seguridad del Estado empiezan a comprometerse en varias de las agresiones en contra de ellas y ellos.

El año electoral es propicio para que se agraven los ataques, no sólo por el clima de violencia política que reina, sino también porque muchos intereses económicos y poderes locales ligados a la correlación de fuerzas están desesperados por lograr sus metas durante este último año de gobierno.

4.  La Violencia y la Represión como Mecanismo de Poder.

Las políticas implementadas por las autoridades evidencian que la violencia se utiliza desde el Estado como mecanismo de poder.  En este sentido, se pueden señalar las siguientes:

Ø      Incorporación de ex militares en puestos claves en la PNC; aproximadamente 30 ocupaban puestos importantes en inspectoría, subdirecciones y asesorías.

Ø      Patrullajes conjuntos y creación de la fuerza militar de seguridad ciudadana.

Ø      Labores de inteligencia en manos militares.

Ø      Fuerzas “especiales” antisecuestros con participación de Ministerio Publico, PNC, Ejército y particulares.

Asimismo, el abuso policial en contra de mujeres ha sido la regla, según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).  De 100 mujeres detenidas, el 26% informaron haber sido víctimas de agresiones verbales, físicas o sexuales al momento de ser capturadas.  El 34% reportaron haber recibido mal trato cuando fueron ingresadas a las comisarías policiales y 25 mujeres haber sido víctimas de tortura.

Los investigadores de la PNC han disminuido, de 700 en 2001, a 643 en 2006, de los cuales sólo 435 ejercen labores de investigación criminal y de ellos sólo 16 están a cargo de la investigación de homicidios de mujeres.

DETENCIONES POR MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES (SEGÚN LA PNC)

El Ministerio Público

Si bien el Ministerio Publico (MP) es la institución más fortalecida presupuestariamente, sus niveles de efectividad no han aumentado.  El plan de política de persecución penal e instrucciones generales no se implementan en la práctica.

Hasta junio de 2006, el MP contaba con 1,180 agentes y auxiliares fiscales, lo que representa una tasa de 9.63 por cada cien mil habitantes[6].  En la ciudad de Guatemala existen 100 fiscales y auxiliares en la fiscalía de delitos contra la vida[7].

Actualmente existe un 97.3 % de impunidad en la resolución de los homicidios, según cálculos del libro de labores del MP en 2006[8].

Empresas Privadas de Seguridad:

n      150 mil agentes privados

n      30 mil registrados en DECAM

n      Oficina de Control de la PNC con 6 agentes

n      Falta de voluntad política para promover legislación adecuada

Armas y Municiones:

n      50 millones de municiones vendidas en 2006

n      No hay planes de desarme, hay permisividad

n      Falta de voluntad política para promover legislación adecuada

(Fuente: Ministerio de Gobernación)

La debilidad institucional, las políticas represivas y el uso de la violencia por parte del Estado, han generado y agravado el clima de inseguridad pública, lo cual tiene como consecuencia directa varios fenómenos:

1. Aumento de la criminalidad, liderada por verdaderos ejércitos de delincuentes, que cuentan con mejor armamento, tecnología y equipos.

2. Aparición de empresas privadas de seguridad, muchas de ellas mejor dotadas que las fuerzas de seguridad pública.

3. Tenencia y portación por particulares de todo tipo de armas, sin control.

5.  PNC: ¿Depuración o Refundación?

Fallas desde el origen.

En Guatemala, durante el conflicto armado, la Policía Nacional (PN) tuvo hasta 2 mil efectivos, y su accionar dependía del Ejército en una labor de cooperación contrainsurgente.  En 1965 se creó la Policía Militar Ambulante, con 10 mil efectivos, bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, con el objetivo de colaborar con la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda en la prestación de servicios de protección de las fincas de los terratenientes que pagaban dicho “servicio”.

En el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC) se establecieron una serie de compromisos en materia de seguridad pública.  Uno de los más importantes fue la creación de una nueva Policial Civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación.  De esta manera, en cumplimiento de este compromiso se creó la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se fusionaron los dos antiguos cuerpos policiales en uno, teniendo como fundamento jurídico el Decreto 11-97 del Congreso de la República, Ley de la Policía Nacional Civil.  La formación policial fue asumida por la Unión Europea y desarrollada por el “Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad”, a través de la Guardia Civil Española en 1997.

Sin embargo, el año 1998 marca el inicio de un débil sistema de seguridad ciudadana, con el nacimiento de PNC.  El porqué está en haber dejado similares estructuras a las que se tenían en la PN.  Gran parte de esa estructura radica en su personal.  De hecho, el 90% de los policías que formaban parte de la extinta PN se recicló y pasó a formar parte de la PNC, pero con mayor ventaja: la mayoría se posicionó en mandos medios y altos, tras recibir un curso de pocos meses.  “Si lo vemos en función del tiempo de servicio, los PNC que entraron en 1998 estarían, si mucho, en puestos de oficial tercero”, expuso Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP).

Carmen Rosa de León Escribano, integrante del Consejo Asesor de Seguridad (CAS) de la Presidencia de la República, advierte que para revertir esa situación es necesario apostar a la formación que brinda la Academia, con el fin de crear liderazgos de carrera policial.  “Una gran falla es la ausencia de capacitación.  También se evidencia la ausencia de un cuerpo de inteligencia policial, pero que, efectivamente, se dedique a investigar a los malos”[9], dijo.

Por otro lado, según comentó el vicepresidente Eduardo Stein, la disolución de la PNC para convertirla en un ente de corte militar, o al menos con vínculos más estrechos con la institución castrense, es una de las fórmulas que el Ejecutivo tiene en sus planes, aunque parecería que no aprenden la lección.

El ministro de la Defensa, General Cecilio Leiva, comentó que la propuesta ha sido planteada en otras ocasiones, pero que, debido a los acontecimientos recientes, ha sido puesta de nuevo en la mesa.  Incluso, deja ver que existe la estructura en los institutos Adolfo V.  Hall para comenzar a formar a estos nuevos policías-soldados.  Leiva detalla que una iniciativa como ésta emularía la formación en escuelas militares de agentes de la seguridad pública, como sucede con los carabineros en Chile, Argentina, Italia y Colombia.  “En Colombia, el mando lo tiene el Ministro de la Defensa; ellos tienen el Ejército y la Policía Nacional, que se encarga del control del orden público, el narco y el crimen organizado”.

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) se pronunció en contra, ya que incorporar la Policía al Ejército rivaliza con los Acuerdos de Paz, “Esto sería un retroceso; la participación del Ejército en la seguridad ciudadana sólo puede darse durante una emergencia”, manifestó[10].

Algunos analistas coinciden en que la depuración de la PNC que pretende realizar el gobierno no debe basarse únicamente en el despido de los "malos" elementos o de los que no llenen los requisitos para permanecer en la institución, y en que debe ir dirigida al desmantelamiento de las estructuras que están enquistadas en el interior de las instituciones públicas y fuera del Estado.

Carmen Aída Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack, refiere que las autoridades deben apuntar a eliminar los grupos clandestinos que usan a los efectivos de la PNC para cometer delitos.

Carmen Rosa de León Escribano, también directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), dice que las reformas deben ser acompañadas de instancias internacionales que puedan aportar su experiencia para efectuar una adecuada depuración.  Para ella, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sería una herramienta que ayudaría a la desarticulación de los grupos que trabajan al margen de la ley.

Ambas analistas coinciden en que la depuración debe ser transversal.  Es decir, que atraviese a las instituciones vinculadas a la seguridad.  La medida debe incluir al Sistema Penitenciario, jueces y fiscales del Ministerio Público.

El gobierno busca modificar la Ley Orgánica de la PNC, con el objetivo de dar baja a unos mil efectivos que no satisfacen requisitos, ha dicho el presidente Óscar Berger, quien ordenó al Ministerio de Gobernación que modifique su Acuerdo 420-2003, Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, el problema de la depuración ha sido los malos procedimientos del propio Ministerio de Gobernación.

Las enmiendas al reglamento irían encaminadas a que el director de la Policía, con aval del ministro de Gobernación, pueda suspender a los agentes, sin goce de sueldo, durante 180 días, por haber cometido faltas graves, mientras se tramita la destitución[11].

Hay que tener en cuenta que desde hace seis años, la PNC fue emplazada por juzgados de Trabajo, lo que implica que antes de destituir a un agente, un juez del ramo tiene que autorizarlo.

El presidente del Organismo Judicial, Eliú Higueros, dijo que si no se sigue un debido proceso de destitución, los jueces están llamados a velar para que esto se cumpla[12].

El MP cuenta en su haber con unos 600 expedientes de elementos de la PNC señalados por delitos como corrupción y abuso de autoridad, entre otros[13].

En este sentido, es de destacar que la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC mantiene pendientes de investigación 1,684 casos correspondientes al periodo 2005 y los primeros cuatro meses de 2006.  Únicamente logró concluir 587 pesquisas, pues cuenta con sólo 38 investigadores para atender denuncias procedentes de todo el país.

A lo largo de ese año, la ORP evidenció que la cantidad de denuncias la había desbordado a tal punto que se había convertido en un ente incapaz de investigar, pues logró concluir sólo 536 averiguaciones.  En proceso mantiene 1,035, sin tomar en cuenta las que se han acumulado en 2007.

Actualmente existen 38 investigadores en la ORP para atender aproximadamente 1,624 denuncias de 2006.  (Fuente: IMASP).

60 casos de agentes policiales muertos en 2006, algunos de los cuales habían presentado denuncias a la ORP.  (Fuente: OACNUDH).

Las cifras del IMASP evidencian un incremento en casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales.  El primer delito, en un 50%, y el segundo apunta a una proyección también en aumento.  Asimismo, destaca la participación de mandos medios de la PNC en hechos delictivos.  Aunque son los agentes quienes más figuran en las denuncias, oficiales, subinspectores y hasta inspectores también son señalados.

6.  Resistencia a la CICIG.

Desarrollar un instrumento como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretende variar la lógica de violencia-impunidad desde el poder, y tiene especial importancia y trascendencia, así como complejidad y dificultad, por ser Guatemala el país más violento de la región: en 2006 se registró un mayor número de asesinatos de mujeres, con 568, y de niños, 229, según estadísticas oficiales[14].

Para entender la necesidad de la creación de la Comisión es necesario conocer los índices de impunidad que hay en el país y la incapacidad de las instituciones nacionales para garantizar una convivencia pacífica.  Al no haber instituciones ni un Estado que lo hagan, a partir de la solución de la conflictividad de una manera ordenada, mediante el estado de Derecho, nos enfrentamos a un alto nivel de violencia, reflejado en casi 6 mil homicidios por año, 97.3% de ellos cometidos con total impunidad[15].

Este contexto debió llevar al Congreso a la aprobación de la CICIG de urgencia nacional, ya que la problemática expuesta se podría enfrentar con un instrumento como ese ente, como parte de algunos avances institucionales.

Sin embargo, ni siquiera la crisis que sufre el país permitió su aprobación; al contrario, se evidenció que las lógicas del poder plantean seguir usando la violencia como instrumento de dominación.

La consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la legalidad del acuerdo de creación de la CICIG, aunque no puede considerarse un fracaso, sí demoró y causó que se desaprovechara la mejor coyuntura para la aprobación.

n      El Ejecutivo presentó la propuesta al Congreso el 28 de febrero, nueve días después del asesinato de tres diputados salvadoreños al PARLACEN.

n      En el Congreso se intentó aprobarla de urgencia nacional, pero no contó con votos suficientes.

n      Se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la diputada Zury Ríos, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

n      Se envío a consulta a la Corte de Constitucionalidad, con el apoyo de la Gran Alianza Nacional (GANA), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Unionista (PU) y el FRG.

n      Después del dictamen regresa a la misma comisión.

La iniciativa de ley que dispone la aprobación del acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno para el establecimiento de la CICIG fue presentada al Congreso de la República por el Organismo Ejecutivo con fecha 28 de febrero del 2007 y recibió el número de iniciativa 3625.

Se prevé que la CICIG dará apoyo técnico al Estado para que éste sea capaz de enfrentar el flagelo histórico que significan ciertos poderes, que desde el conflicto armado y hasta la fecha se han entronizado y han utilizado la violencia para ejercer el poder con mecanismos de impunidad.

La CICIG no será la solución al problema de la impunidad, pero apoyará a las instituciones nacionales de justicia para superarla en un proceso de largo plazo.

Constituirá una presencia internacional autónoma, que permitirá avanzar en el proceso contra la impunidad.  Deberá ser acompañada de una voluntad política, no sólo del gobierno, sino del Estado.

La limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales, cuya existencia han reconocido las autoridades, son llevadas a cabo por grupos incrustrados dentro del Estado, y es un tema que la CICIG podrá abordar.  El mayor aporte de la Comisión será precisamente contra la infiltración de esas instituciones.

La vigencia inicial de la Comisión será de dos años, renovable, si hubiera un acuerdo entre las partes.  Algo que se espera de ella es que al concluir su mandato deje instituciones de justicia más fuertes, con mejores capacidades de investigación criminal, con un mejor marco jurídico, ya que una de sus funciones será hacer recomendaciones sobre políticas públicas.

La oposición a la creación de la CICIG y las resistencias deliberadas para evitar que se investiguen los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, de cuya existencia se benefician los poderes fácticos económico y militar, provienen de éstos.  Los detractores pueden tener distintas vestimentas.  Podrían, incluso, lucir la toga jurídica del litigante, la cobertura parlamentaria, la dignidad jurisdiccional, la investidura pública para la investigación criminal o el traje de empresario emergente.  Son, en esencia, todos aquellos que, directa o indirectamente, se benefician con la persistencia de la impunidad[16].

7.  Reflexiones Finales

o       La crisis de las instituciones de seguridad es consecuencia de las políticas gubernamentales implementadas hasta la fecha, la falta del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la falta de voluntad política para la implementación de una reforma de los sectores seguridad y justicia, necesarias en el proceso de transición.

o       No existen políticas de seguridad preventiva, ni de investigación criminal, ni de fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.  Al contrario, se han debilitado las instituciones y la investigación criminal, lo que permite el funcionamiento de este ciclo de violencia e impunidad.

o       Nuevamente la violencia y la muerte son el mecanismo de enfrentar la conflictividad por parte del poder económico, utilizando a las fuerzas de seguridad para desarrollar una lógica represiva.  Existe una política institucional represiva con métodos ilegales de utilización de violencia con total impunidad.

o       El cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación es un buen inicio; sin embargo, hace falta el cambio de políticas, hay un nuevo discurso, pero se necesitará voluntad política para pasar del discurso a los hechos.  Seguramente, habrá muchos sectores sociales que apoyarán los cambios necesarios.

o       Habrá que desarrollar, como en el tiempo del conflicto armado, mecanismos nacionales e internacionales de denuncia, observancia y exigencia al Gobierno para el respeto del derecho a la vida.

o       Se debe exigir la persecución penal de grupos armados que realizan ejecuciones extrajudiciales y sus responsables institucionales

o       Se debe impulsar cambios de orientación del paradigma represivo instalado en las instituciones de seguridad, con cambios de políticas y aprobación de leyes de contenido democrático y de acuerdo al paradigma de seguridad democrática, que conlleven a la desmilitarización de la seguridad ciudadana.

o       Realizar una depuración y refundación real de las instituciones de seguridad a todos los niveles, creando y fortaleciendo los mecanismos legales de carrera y una reforma policial que incluya la creación de la policía de investigación criminal.

o       El Congreso de la República debe aprobar de urgencia nacional e implementar la CICIG y los instrumentos legales complementarios para su aplicación, como la agenda legislativa en seguridad y justicia.  Además, se deben implementar leyes aprobadas como la del combate contra el crimen organizado, la del Sistema Penitenciario, la del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI).  Es necesaria la aprobación y la implementación del Sistema Nacional de Seguridad, y es fundamental la implementación de una política de restricción de armas que incluya un plan nacional de desarme, así como una legislación adecuada.

o       Ante la situación vigente, es necesario el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y auditoría social de la sociedad civil en temas de seguridad, justicia y derechos humanos.  Debemos revertir la situación actual y aprovechar la oportunidad para realizar los cambios y retomar el camino de los Acuerdos de Paz, así como el paradigma de la seguridad democrática.

Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

Mayo de 2007

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