Sumario 1. El suceso
2. Para entender el suceso: un poco de historia
3. A quiénes beneficia el aumento del salario mínimo. Evaluación empresaria
4. Conclusiones 1. El suceso El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil acordó por amplia mayoría el 28 de junio pasado un aumento del salario mínimo. Las negociaciones fueron dirigidas por el Ministro de la Cartera Laboral, Carlos Tomada. Sobre 28 consejeros, 23 votaron a favor. El núcleo duro de los actores sociales que apoyaron el acuerdo fueron la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General de Trabajo (CGT). Se abstuvieron 5 actores sociales, pertenecientes 3 a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y 2 a organizaciones representativas de la pequeña y mediana empresas urbanas y rurales (Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APyME, y Federación Agraria Argentina, FAA), todas estas en favor de un aumento superior. Entre 2004 y 2006 el salario mínimo, vital y móvil registró tres aumentos, a partir de los $ 200 vigentes hasta mediados de 2003 El aumento acordado será progresivo: el nuevo salario mínimo será de $700 a partir del 1º de agosto, $780 a partir del 1º de septiembre y luego del 1º de noviembre quedará en $800. Se benefician por el aumento 772 mil trabajadores de la economía privada. Si se suman eventuales aumentos a las asignaciones familiares (que financia el presupuesto nacional) y otros beneficios, el aumento total para noviembre llegará a aproximadamente 880$, que era la cifra que exigía la CGT. El salario mínimo, vital y móvil es definido por la Ley de Contrato de Trabajo, que en el artículo 116 establece que se debe asegurar al trabajador “vivienda digna, alimentación adecuada, educción de sus hijos, asistencia sanitaria, vestimenta, transporte y esparcimientos, y que el monto del salario, por ende, debe ser fijado de modo tal que cubra esas necesidades”. El hecho de que el debate tripartito sobre el salario mínimo haya concitado la atención de la gran prensa, es un indicador más del actual interés de la sociedad argentina sobre el curso de la política económica neodesarrollista del gobierno de Kirchner, dentro de la cual se destaca la importancia de las políticas públicas laborales según un enfoque oficial cercano al “neokeynesianismo”. El nuevo paso —monitoreado por el gobierno— surge como una nueva diferenciación positiva contra las políticas neoliberales vigentes hasta la crisis de 2001 que se sostenían en los principios del “libre mercado”, la desregulación de los mercados de trabajo y la negación absoluta de toda política pública laboral que fijase pisos salariales. 2. Para entender el suceso: un poco de historia El aumento del salario mínimo debe ser entendido como un componente de las políticas públicas salariales del gobierno nacional destinadas a aumentar la capacidad de consumo popular y por ende de recuperación del mercado interno. El salario mínimo es el piso mínimo salarial que cubre la “canasta de pobreza”.[1] El aumento del salario mínimo en Argentina es el indicador de base para estimular aumentos de salarios en toda las categorías salariales, en un país donde tras la crisis de diciembre de 2001, al caer el empleo y aumentar el trabajo precario y el trabajo en negro, los salarios perdieron entonces un 31% de su capacidad adquisitiva y, luego, a partir de 2003 comenzaron su lenta recuperación. A partir de esa fecha —en los marcos de las políticas neodesarrollistas— se han creado miles de puesto de trabajo cada año, los salarios medios han mejorado notablemente, pero la pérdida salarial sólo pudo ser compensada totalmente por algunos sectores. El desempleo cayó del 20,4% al 11,4% entre agosto de 2003 y agosto de 2006. Pero el 11,4% actual incluye todavía a los 1.500 beneficiarios de planes de subsidios al desempleo. No obstante el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional total, este aumento es limitado: pasó del 26% al 29% entre 2004 y 2006, todavía muy por debajo de los valores anteriores a 2001. Es decir, no aparecen todavía evidencias de un mejoramiento definitivo en el bienestar de la clase trabajadora. En la actualidad la capacidad de compra de los salarios medios (unos 1.000$) es similar a la de los años ’40 del siglo pasado, en los años en que se constituyó el peronismo. La demanda laboral ha aumentado entre 2004 y 2006, como resultado del crecimiento constante del PBI a un ritmo del 9% anual. El nivel y el ritmo de la actividad son muy positivos. Al mismo tiempo, ha aumentado la productividad del trabajo. Pero la precariedad laboral es alta: en 2005, sobre 10.100.000 trabajadores de la economía privada en todas las categorías, excluidos los desocupados, sólo el 30% son trabajadores protegidos por las negociaciones colectivas, el 22% son subocupados y el 48% son trabajadores en negro. En este contexto de conformación de un mercado de trabajo segmentado, el cumplimiento de los valores del salario mínimo se constituye en una herramienta no sólo para mejorar los salarios, sino también para estimular al Estado, los sindicatos y los empresarios comprometidos con una economía productiva a combatir el trabajo en negro y la subocupación. 3. A quiénes beneficia el aumento del salario mínimo. Evaluación empresaria Como hemos dicho, cuando en noviembre se llegue a los 880$ se beneficiarán 772.000 trabajadores/as. ¿Por qué no son tantos los trabajadores beneficiados? Porque en muchas oficinas, comercios y pequeñas industrias los empleadores acuerdan salarios y condiciones de trabajo con el trabajador al margen de los convenios colectivos de actividad. Mientras para la mayoría de los empleados el piso salarial es el del convenio, para un amplio sector ese piso es el salario mínimo. También debe destacarse que los empleados del servicio doméstico, los trabajadores rurales, gran parte del empleo público y 2 millones de trabajadores “en negro” ganan menos de $800. A estos últimos trabajadores, por no estar registrados, no se les aplica el mínimo. Se conoce que con el actual mínimo de $630 hay 1 millón de trabajadores en negro por debajo de esa cifra.[2] El gobierno ha destacado con razón que en actividades que ya acordaron actualizar los salarios por vía de las convenciones colectivas, los actuales salarios básicos están por encima de los nuevos mínimos. Por eso no generan presiones salariales masivas. Pero, también el gobierno admite que el nuevo salario mínimo legitimará aún más los pedidos de aumentos salariales de los sindicatos involucrados en las negociaciones en curso. Las empresas reconocen que el nuevo salario mínimo no impactará sobre las empresas. Incluso afirman que entre los 772.000 trabajadores beneficiados hay muchos que ganan un adicional “en negro”. El representante de la UIA en las negociaciones, Dr. Daniel Funes de Rioja, admitió que “fue más allá de la pauta que tenían los empresarios” (que era de 750$), pero que “se preservó el gradualismo”. La UIA también terminó aceptando que el monto del salario mínimo acordado es aplicable a todas las provincias y regiones del país, pese a que había sostenido que se debían aplicar diversos montos según el tipo de economía, niveles salariales y pautas de consumo diferentes que coexisten la variada y asimétrica geografía nacional. 4. Conclusiones El aumento del salario mínimo de 630$ a 880$ con adicionales, es el resultado de un acuerdo entre el Presidente Kirchner y la CGT. Las organizaciones empresarias habían aceptado desde mayo pasado la iniciativa presidencial, porque saben dos cosas: 1º que los sucesivos aumentos de salarios desde 2004 son moderados, y b) que necesarios para mejorar el funcionamiento de la economía, estimulando la productividad y reduciendo paulatinamente la pobreza. Son las empresas quienes deben hacer esfuerzos para mejorar los salarios, porque necesitan la cooperación de los trabajadores y los sindicatos para mejorar sus performances productivas. El organismo que acordó el nuevo aumento del salario mínimo es el Consejo del Salario. Se trata – como hemos visto- de un organismo tripartito de 28 miembros, en el cual están representados los sectores sociales. El gobierno de Kirchner ha utilizado con inteligencia al Consejo del Salario para establecer vínculos con el mundo del trabajo (empresarios, sindicatos y centros de tecnología aplicada) y de ese modo ampliar la base de sustentación del poder político nacional. El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ha demostrado en estos años una gran pericia para canalizar la conflictividad laboral en las instituciones de las negociaciones colectivas y en el Consejo del Salario. Como se analiza en este artículo, las mejoras laborales han sido moderadas pero constantes entre 2003 y 2006 (período de gobierno de Kirchner) pero todavía se está lejos de lograr que el estado de la economía y de las empresas pueda generar, para la mayoría de los trabajadores, salarios medios cercanos a la canasta básica de necesidades cubiertas, que asciende a unos 1.580$. El aumento del salario mínimo, además de beneficiar a 772.000 trabajadoras y trabajadores más castigados por la pobreza, es un indicador testigo que legitima las aspiraciones de mejoras salariales de todos los trabajadores. Como es sabido, la mayoría de los empresarios —especialmente los grandes— no apoya políticamente a Kirchner. Desconfían del llamado “populismo”, y creen que las políticas laborales fortalecen demasiado a los sindicatos. Pero son conscientes de la inevitabilidad de esta fase en curso de “políticas públicas laborales neodesarrollistas”, con fuerte intervencionismo estatal para garantizar que el país termine de superar las negativas secuelas económicas .laborales y sociales que ha producido la gran crisis de diciembre de 2001. En las negociaciones del Consejo del Salario cinco delegados pertenecientes a tres organizaciones se negaron a avalar el acuerdo, desde posiciones ubicadas “hacia la izquierda”. Estas organizaciones fueron la CTA, APyME y FAA, la primera representando a un 10% del total de los trabajadores sindicalizados organizados en sindicatos, y las dos últimas a sectores de pequeños y medianos empresarios. La CTA planteó que el aumento del salario mínimo debería acercarse paulatinamente a los 1.580$, que es el “valor referencial” de la canasta básica para un argentino tipo. También la CTA planteó la universalización del sistema de asignaciones familiares (70$ por trabajador), un seguro de empleo y formación y la generalización de la ayuda anual escolar de 130$ por hijo. La propuesta de la CTA, apoyada por APyME y la FAA, expresa a sectores sociales y económicos minoritarios pero activos, que creen que Kirchner se ha volcado hacia los intereses del gran capital. Pero la CTA no tiene gran implantación sindical entre los trabajadores de la economía privada. Tampoco la CTA y sus aliadas, APyME y FAA, cuentan con aliados políticos importantes dentro del gobierno o en la dispersa y confusa oposición política al gobierno nacional. El gobierno de Kirchner pretende, con medidas como aumentar los salarios mínimos, proseguir las negociaciones colectivas, ampliar la cobertura de los sistemas de jubilaciones y pensiones y combatir el trabajo en negro, entre otras, garantizar la “paz social” de cara a las elecciones presidenciales de 2007. La CGT y corrientes industrialistas dentro de las organizaciones empresarias coinciden en este punto con el gobierno. Este es el principal resultado político del acuerdo tripartito laboral que hemos analizado en este artículo. - Julio Godio, Director del Instituto del Mundo del Trabajo (IMT) [1] “Salarios y mercado interno”, Le Monde Diplomatique 85, 2006. [2] Ismael Bermúdez, “Un aumento que alcanzará...”, Clarín, 29/7/06. Revista Digital: www.equipofederaldetrabajodigital.org